Criminalizar a los jóvenes se ha convertido en un deporte muy ejercitado por los políticos de este país. Bajo un aparente celo por hacer cumplir las leyes —y proteger a la juventud de sí misma— se lanza a los cuerpos policíacos a acosar a los que están en vías de ser ciudadanos o que llevan poco tiempo en ese arte. Lo sucedido en la discoteca New’s Divine de la Ciudad de México ha sido un suceso ejemplar de este acoso y de lo que cuesta socialmente. Políticamente sólo cuesta si se es un presidenciable como Ebrard o se pertenece a un partido ajeno a las televisoras (o ambas cosas, como en este caso). El resto de las ocasiones no hay escándalo, ni castigo a los responsables de los abusos. En particular cuando se trata de entidades periféricas, con sociedades poco consolidadas, como la nuestra. Aquí, entre 1993 y 1996, durante la presidencia municipal del panista Adán Ruffo Velarde se formó un cuerpo paramilitarizado de policía, llamado Tiburones Negros, reclutado entre jóvenes que habían estudiado artes marciales. El resultado fue un bello espectáculo de enfrentamientos continuos a golpes, algunas muertes de adolescentes y jóvenes adultos y una sistemática violación de la integridad personal de las todas personas que visitaban los centros nocturnos, que circulaban por la ciudad de noche y que se atrevían a defender sus derechos ciudadanos. Ruffo después dirigió la Secretaría de Seguridad Pública estatal de 2005 a 2006 y algunos de los viejos Tiburones aún pueden encontrarse en la Dirección de Seguridad y Tránsito Municipal.
En La Paz de ahora, donde los policías siguen teniendo los mismos sueldos propiciadores de corrupción, donde los problemas sociales se han agravado por un nulo respeto a la planeación urbana, un modelo de desarrollo económico alienante y una pobre dirección de la clase política local, el planteamiento de un “toque de queda” para los menores de edad a partir de la media noche sigue esta misma directiva de no atacar las causas sino sólo concentrarse en lo que tiene más impacto mediático.
El proponente de esta medida, Francisco Martínez Mora, reciente ex candidato a la alcaldía del XIII Ayuntamiento paceño, siendo diputado local había propuesto al municipio de La Paz que reglamentara el uso del Malecón, en especial el tránsito de bicicletas y patinetas. El XII Ayuntamiento respondió con una norma absurda que obligaba a los ciclistas a bajarse al arroyo vehicular. Promovente de dicha norma cuando fue regidor en ese periodo, el líder de un partido que nunca ha recibido votos directos de los ciudadanos en esta entidad, Álvaro Fox Peña, ha declarado su apoyo al toque de queda con una perla declarativa: “legalmente los menores de edad no deben de andar en la calle a deshoras de la noche, al igual que los ancianos porque corren el mayor riesgo de ser víctima de un accidente” (El Sudcaliforniano, 31-vii-08). Toda la nota escrita por Miguel Rubio revela la imagen que Álvaro Fox tiene de los paceños, muy cercana a la de Martínez Mora y su agrupación política, Sudcalifornianos Unidos (SUN). : “si los padres de familia fuéramos responsables no habría necesidad para decretar un toque de queda para los menores de edad, pero no es así, por lo que es pertinente llegar a estos extremos a fin de evitar que nuestros hijos caigan en el vicio, o en el peor de los casos pierdan la vida en manos de la delincuencia, por darle a cambio una vida de libertinaje”. Pareciera que Álvaro Fox vive en Sodoma y no en La Paz.
La alcaldesa Rosa Cota Montaño ha señalado que “pensar en aplicar esta medida sería muy drástico” (El Peninsular, 30-vii-08, nota de Carmen Diestro) y, luego de hacer una llamado a la conciencia paternal, ha indicado cuáles son los alcances de la policía municipal: “hemos hecho hincapié en que independientemente de que los elementos encuentren a los menores cometiendo algún acto irregular, que no tomen la autoridad por propia mano, que los detengan y platiquen con ellos”.
A todos estos políticos habría que recordarles que aún se encuentran vigentes las garantías individuales en este país (sobre todo el artículo 11º constitucional), que los menores de edad, por definición, carecen de responsabilidad sobre sus actos y que la policía es famosa por el abuso de su fuerza, no por su capacidad de diálogo. Criminalizar a los jóvenes, como se hace con los grafiteros y noctámbulos, es insertarlos justamente ahí donde se supone que nuestros políticos no quieren que entren. Legalizar la captura policíaca de jóvenes por el sólo hecho de serlo y exigirnos a los paceños que abandonemos nuestra ciudad por las noches es más una medida para suprimir a una generación que para protegerla.
Las causas de la delincuencia, el alto consumo de drogas ilegales y legales, la “vagancia” y el grafiti tienen más que ver con las acciones de Martínez Mora como diputado, Álvaro Fox como regidor y Rosa Cota como directora del DIF (y ahora con su función de alcaldesa) que con la irresponsabilidad de los padres de familia. Mientras que estos tienen que trabajar o buscar trabajo, vivir en colonias alejadas o sin servicios, sufrir la inflación y la incertidumbre por el futuro, los Martínez, Fox y Cota, los políticos profesionales, se dedican únicamente a hacer declaraciones, legislar o gobernar, remunerados ampliamente con dinero público (en el más barato de los casos).
Si se nos consultara a quién preferimos fuera de circulación: a los jóvenes noctámbulos o a este tipo de políticos paternalistas, probablemente disminuirían en mucho los menores de edad mental gobernando esta media península.
(El Sudcaliforniano, 2-viii-08, p. 4)
