Construir condominios en las costas no es el único camino

27 de mayo de 2008

La conservación como estrategia de desarrollo económico para la sociedad sudcaliforniana se ha confundido por los tomadores de decisiones locales en la misma medida como tienden a confundir, haciéndolos sinónimos, al desarrollo inmobiliario en la zona de costa con el desarrollo turístico.

El desarrollo inmobiliario en los litorales se basa estrictamente en la especulación de bienes raíces cerca del mar para la construcción de segundas residencias (verticales u horizontales) destinadas a compradores de altos ingresos, en el caso sudcaliforniano casi siempre extranjeros estadunidenses. Por lo general estos conjuntos residenciales tienen servicios agregados como marinas y campos de golf, pero puede haber hoteles, casinos, clubes y centros comerciales. En especial se promueven como sitios aislados, de contacto controlado (o nulo) con la población local en la que se instalan.

La población local, por su parte, debido a esta exclusión deja de recibir la mayoría de los beneficios que podría obtener de la llegada de los nuevos residentes o visitantes. Además, como los nuevos asentamientos se colocan siempre en los mejores lugares, aquellos con riqueza paisajística o natural de la región, pierde mucho de lo que ya tenía.

Este es un modelo de rápido crecimiento y una de las políticas públicas más promovidas desde la administración estatal y las municipales en Baja California Sur porque genera un aumento significativo en los ingresos en el corto plazo, por los gastos de construcción y el pago de derechos (aunque estos a veces se omiten, como un “estímulo” para la inversión). Sin embargo, en el mediano y largo plazos consume una mayor cantidad total de recursos financieros públicos para detener, aminorar o revertir los problemas sociales que el modelo trae consigo.

Los desarrollos inmobiliarios en la costa sudcaliforniana garantizan convertirse en modelos de autosuficiencia colocando sus propias plantas generadoras de energía eléctrica, desalinizadoras de agua y procesadoras de desechos. Sin embargo, al aumentar el número de estos desarrollos y su tamaño, esta autosuficiencia se convierte pronto en un lastre para la población local, porque provoca un rápido aumento de inmigrantes nacionales (y de las zonas rurales de la misma entidad hacia las ciudades) atraídos por la promesa de un empleo.

La especulación de bienes raíces en la zona de costa dirigida a compradores de altos ingresos encarece el acceso a una vivienda digna en las ciudades y poblados vecinos para los habitantes locales y los recién llegados. Así, se obliga a una expansión de la mancha urbana hacia los terrenos de menor valor, implicando la construcción de viviendas baratas (pequeñas y muy juntas) y el acarreo de servicios públicos a zonas marginales, lo que exige por parte de los pobladores locales, del municipio y la federación una inversión cuantiosa para solventar el aumento en el consumo de energía, de agua y la generación de basura. Además, la lejanía de los nuevos asentamientos, su dispersión, su alta densidad demográfica y pobre planeación congestiona las vías de tránsito, rompe el equilibrio de los ecosistemas vecinos a la ciudad y genera contaminación atmosférica, visual y auditiva.

En resumen, los beneficios económicos que acarrea la instalación de desarrollos o fraccionamientos exclusivos en la costa sudcaliforniana, en particular en las áreas de mayor riqueza paisajística o en biodiversidad, sólo llegan a los pequeños grupos de individuos que asisten como intermediarios entre el propietario de la tierra y el comprador final. Porque incluso éste termina recibiendo las externalidades negativas, como ha quedado demostrado en otras regiones del país (véase Puerto Peñasco, Son., y Rosarito, B.C.N.) y del mundo (el sur de España y la Riviera Francesa, por ejemplo), donde el crecimiento explosivo de desarrollos inmobiliarios costeros terminó por bajar el propio valor de esos desarrollos, a la par que desplazó geográfica y económicamente a la población nativa y afectó gravemente los recursos naturales de la zona.

Este final inevitable del desarrollo inmobiliario en las regiones costeras y el costo económico de su declive es una lección que deberían aprender los tomadores de decisiones sudcalifornianos y los ciudadanos que los respaldan, si es que les interesa un futuro próspero para la población local de Baja California Sur.

Pero se advierte en sus declaraciones que pocos funcionarios públicos, empresarios y políticos locales han pensado en utilizar la experiencia acumulada en otros países, en otros estados y aquí mismo. En especial, parece que se encuentran convencidos de que los otros modelos de desarrollo que no incluyen el desarrollo inmobiliario costero carecen de fundamento o sólo son válidos como utopías o buenos deseos.

No conocen o no parecen conocer que en Baja California Sur ya existe una gran cantidad de estudios de caso, además de análisis comparativos y revisiones históricas sobre la manera como se ha dirigido el crecimiento económico en Baja California Sur en los últimos años, y que advierten sobre sus consecuencias y han ofrecido algunas soluciones.

Cuerpos académicos de la UABCS, CIBNOR, CICIMAR y CICESE, y organizaciones no gubernamentales como Niparajá, ISLA, COBI y Pronatura, entre otras que residen en la propia capital del estado, se han dedicado exclusivamente a cumplir con esta importante función de generar conocimiento, acumular información y concretar análisis sobre las condiciones naturales, sociales, económicas y culturales de Baja California Sur. Sus resultados se encuentran con facilidad en sus respectivas páginas de Internet, en sus bibliotecas y con sus investigadores, siempre accesibles.

No la única pero la principal de sus sugerencias, debido a las condiciones agresivas del modelo inmobiliario costero promovido por la administración estatal, ha sido la conservación o protección de las zonas de mayor interés por su riqueza paisajística, biodiversidad o fragilidad social, mediante la regulación estricta de las actividades económicas.

Tomadores de decisiones poco informados pueden decir que la creación de un área natural protegida (ANP) limita el desarrollo económico y social de las comunidades establecidas en la región y les impide cualquier posibilidad de desarrollo futuro.

Pero ya existen muchas experiencias exitosas que demuestran, precisamente dentro de las áreas naturales protegidas de Baja California Sur, que los pobladores locales pueden beneficiarse ampliamente como productores de alimentos, constructores y prestadores de servicios turísticos, si no se les abandona a los deseos de los especuladores inmobiliarios.

El diario de Junípero Serra y su viaje de Loreto a San Diego en 1769

Noviembre de 2007

Con la expulsión de los jesuitas en 1767, la administración borbónica de los reyes españoles dio principio a una serie de reformas que tenían por objetivo producirle mayores beneficios financieros a la Corona, asegurarle el control de las colonias americanas e impedir la injerencia de otras potencias en sus fronteras.

Frontera última y en extremo estratégica para dominar el Pacífico, la península de California tuvo el honor de ser recorrida personalmente por el motor de esta nueva política en la Nueva España, el visitador José de Gálvez. De las muchas disposiciones del visitador, la de fundar asentamientos humanos permanentes en las bahías de Monterrey y San Diego, al norte del paralelo 32º, es una de las que ofrecen la perspectiva más clara tanto de las ideas estratégicas de los borbones para defender sus colonias como del papel que tuvieron las misiones en el noroeste de la Nueva España.

Así, además de ordenar la salida de una flota de cuatro embarcaciones, Gálvez mandó a Serra realizar una expedición por tierra con el objetivo de reducir indios, explorar y fundar poblaciones permanentes en lugares adecuados. El objetivo final era el establecimiento de una misión junto al puerto español que se habría de construir en la bahía de San Diego o de Monterrey.

Como se sabe, tanto Gálvez como Serra tuvieron éxito. San Diego y su bahía sirvieron con eficacia a la expansión española en la Alta California y a partir de 1848 a la anglosajona. Durante su vida Junípero Serra fundó muchas otras misiones en la Nueva España y tuvo una vida que sus contemporáneos ya consideraban brillante. El viaje por tierra que dio origen a la misión de San Diego –y a media docena de asentamientos por el camino– se encuentra relatada por él mismo en un diario que abarca poco más de tres meses, comienza con una misa en Loreto y termina con una misa en la playa de la bahía de San Diego. Abunda el texto en anécdotas de todo tipo –desde un burricidio–, en descripciones geográficas y comentarios que denotan el carácter del autor. Pero también se encuentran implícitos los mecanismos de conversión de indios y el sentido mismo de la misión californiana: servirse de la mano de obra de los indios para colonizar con españoles las regiones apartadas del imperio.

El diario ha sido editado por Carlos Lazcano Sahagún en un libro en rústica tamaño carta que además contiene una carta del franciscano a sus familiares en España, una relación del mismo viaje escrita por Francisco Palou, fotografías, y una introducción puntual de Lazcano. También puede leerse en Francisco Palou, Recopilación de Noticias de la Antigua y de la Nueva California (1767-1783), México, Porrúa ("Sepan cuántos" 117), 1998, 318-363.

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*Diario de fray Junípero Serra en su viaje de Loreto a San Diego (1769), ed., introd. y notas de Carlos Lazcano Sahagún, Chihuahua, Provincia Franciscana de S. P. y S. P. de Michoacán-gob. del edo. de B. C. N., 120 pp.

Que hacía un libro falta

Noviembre de 2007

A finales del siglo XIX Joaquín García Icazbalceta reunió una serie de vocablos mexicanos que póstumamente publicó su hijo con el título de Vocabulario de mexicanismos. Llegó a la letra G y según afirma José Luis Martínez fue resultado del autoexilio del campo de las letras que se impuso el escritor por penas familiares y por los ataques que le hicieron en "la cuestión guadalupana". El erudito se entretenía en sus ocios llenando "cedulitas".

La importancia de esta actividad de Icazbalceta se ve a lo lejos en el tiempo. Muchos de sus contemporáneos conocían el significado de guacamote, el aspecto del giote y las propiedades del garambullo. Los que no conocían tales palabras seguramente era porque no lo necesitaban, no estaban en contacto con lo que designaban o ya tenían un nombre para ello. El pasatiempo del escritor decimonónico era en su utilidad un testimonio para el futuro y para quienes desearan acercarse a un léxico que no era el suyo, por ser extranjero o por no movcrse dentro de determinado sector social.

La misma importancia se puede atribuir al Diccionario de mejicanismos que Francisco J. Santamaría hizo público en 1959, un tomazo que va de la A a la Z. Desde entonces una obra léxica tan general y por ello tan costosa en tiempo, esfuerzo y dinero sólo ha podido realizarse con apoyo institucional. Así, una obra de próxima aparición, el Diccionario del español de México (El Colegio de México, bajo la dirección de Luis Fernando Lara) ofrece una perspectiva de la lengua que se habla en México como antes no se había podido realizar. Sus consideraciones metodológicas y su extensión obligan a pensarla como una obra que hace patente la diversidad regional y local del español en México, y por ello apuntala su unidad cultural.

El panorama que ofrece una obra general como ésta no debe creerse que opaca los intentos anteriores (de altísimo mérito si se piensa sólo en los medios para manejar la información) y tampoco debe provocar una evaluación negativa de las obras interesadas en hablas muy específicas, de regiones, estados o ciudades. Por el contrario, los defectos propios del carácter general de aquélla se subsanan con la especificidad de éstas y por tal camino se enriquece también la cultura nacional a la vez que los hablantes se hacen concientes de su identidad particular.

Una aportación en este sentido es la segunda edición que Gilberto Ibarra Rivera ha hecho de El habla popular en Baja California Sur, primero aparecida en 1989, corregida y aumentada en 2001. El autor señala en la introducción a la obra que el tópico "merece ser tratado con mayor profundidad por verdaderos especialistas" pero que es su deseo que lo que él ha investigado sirva como motivación para estudios posteriores.

(…) este trabajo fue realizado a través de una ardua investigación llevada a cabo con la carencia de un método especial que el caso requería, pero supliéndolo con el entusiasmo y recurriendo en forma directa a las personas más representativas de los diferentes grupos sociales, a fuentes de consulta y a encuestas , así como auxiliándome con algunos de mis alumnos que, en forma voluntaria, una vez motivados, se ofrecieron a colaborar entusiastamente. (12)

El habla popular en Baja California Sur es ciertamente una buena base para los estudios de la lengua en Sudcalifornia, como dice Héctor Domínguez Rubalcava en la contraportada del libro. De hecho hasta ahora Ibarra es el único que ha enfocado directamente una investigación con interés lingüístico y en específico lexicográfico sobre este estado, aunque dado es recordar que en La Paz, San José del Cabo y el pueblo de Mulegé se realizó una minuciosa encuesta para la elaboración del Atlas lingüístico de México (bajo la dirección de J. M. Lope Blach y la estructura del Colmex) pero sin el interés semántico coloquial que mueve la obra de Ibarra Rivera.

Una ligera mirada al vocabulario, sobre todo en las letras E y F, ilustran sobre muchas palabras que difícilmente hubieran pasado a la lengua escrita por sí mismas pero que ahora gracias al profesor tienen abierta la posibilidad al menos en la narrativa y la poesía, quizá más en el teatro, si no sucede que se churan sublimes espíritus ante la idea.

Los vocablos que se consignan en el libro se encuentran explicados en su acepción local (y para el criterio aplicado ver lo transcripto arriba) seguido en muchos casos de la cita de un autor –sudcaliforniano o que escribe sobre esa tierra– que corrobora el sentido señalado. Si la palabra tiene uso dentro del contexto regional o nacional se señala en cada caso.

Por ejemplo, los vocablos bandido, bichi y futi son explicados de la siguiente manera:

Bandido, da. s. y adj. El vocablo no únicamente se aplica al individuo fuera de la ley sino al que demostrando astucia juega un doble papel, o en los amores o en la picardía.- 2. Cuando la persona muestra ser graciosa, salerosa, ocurrente, se aplica en tono cariñoso, demostrándole aprecio y muchas veces complicidad en sus actos.

Bichi. adj. Persona completamente desnuda, o bien, animal cuando carece de pelaje. Se dice: niño bichi, perro bichi. etc. El vocablo es de uso común en el noroeste y al parecer es de origen cahita. // …entró medio bichi, llorando por que se le había desinflado su pompa… (F. Arámburo. La California nuestra, 1989, p. 73).- […] Apresuré el paso, y para mi gran sorpresa me di cuenta que se trataba de un niño, ¡un niño completamente bichi! (A. Magallanes C., p. 4).

Futi. m. Miedo, recelo, temor, como en la expresión: le dio futi nadar en el mar. Utilízase de forma repetida para mayor significancia: futi-futi.

(Cabiendo recordar al lector, por si se crió en torre de marfil, que la expresión va acompañada del gesto con la mano de unir estirados todos los dedos intermitentemente.)

Además de su vocabulario, la obra tiene una sección titulada "Expresiones comunes", en su mayoría frases hechas, giros trópicos y verdaderos modismos endémicos del estado. Parece viable utilizarlos para hacer un estudio de la coloquialidad en Sudcalifornia sobretodo en el humor, la ironía y la analogía, una perspectiva ideológica que puede explotarse de múltiples maneras.

El único defecto práctico de El habla popular en Baja California Sur no tiene que ver con su autor ni con sus intenciones. Tiene que ver con la carencia de auténticas editoriales en el estado que ofrezcan calidad en su diseño y encuadernación, y con la falta de promoción de la lectura y distribución de las obras a lo largo de la media península.

Hasta ahora ha sido el gobierno del estado o los propios escritores quienes financian la impresión de las obras; luego su distribución indefectiblemente es un esfuerzo extra del autor si no quiere depender de la librería del Patronato del Estudiante o confiar en la red de bibliotecas públicas. En todo momento, el conocimiento del libro se reduce a un muy escueto sector de la sociedad sudcaliforniana, retardándose su influencia un tiempo verdaderamente abreviable.

Termina de afectar la vitalidad de estas obras el hecho de que los tirajes sean reducidos y que su redición obedezca a criterios nada metódicos. Así una obra tan amena como Patria Chica es inconseguible en el mercado blanco y así el millar de ejemplares de este libro de Ibarra Rivera será muy poco una vez que se aprecie la magnitud de su importancia.

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*Ibarra Rivera, Gilberto. El habla popular en Baja California Sur, 2ª ed., corregida y aumentada, La Paz , Gobierno del Estado de Baja California Sur, 2001, 308 pp.

Un depósito de desechos tóxicos para La Paz

Octubre de 2007

Es muy fácil comprar un veneno, pesticida, herbicida o defoliante en la ciudad de La Paz, pero es muy difícil deshacerse de él. No existe un lugar adecuado para ello y debería existir. Siendo todavía legal la venta de agroquímicos inorgánicos y no degradables, sólo queda pensar que una parte de todos los residuos peligrosos viene a quedar bajo la tierra donde los paceños sacan su agua para beber, y que otra considerable se integra a sus vidas y a su ambiente rural o citadino.

En el municipio de La Paz la agricultura se encuentra suficientemente extendida como para que la ausencia de un depósito de residuos tóxicos resulte un asunto de consecuencias graves a mediano plazo. Basta sólo ver la proliferación de centros de venta de químicos agrícolas en los últimos dos años para apreciar los riesgos.

Los usuarios de este tipo de productos destinados a aumentar la fertilidad de la tierra o a la eliminación de organismos vegetales o insectos no deseados son por un lado los agricultores del valle de La Paz y por el otro los citadinos con pequeños huertos o patios cultivados. Posiblemente los grandes agricultores aprovechen con toda su eficiencia los productos mencionados, pero en los pequeños usuarios esto es menos probable. Confiemos por un momento que los agricultores grandes son completamente supervisados por la SAGARPA y la SEMARNAT y no se encuentran aplicando químicos cuya vida como elemento tóxico para los alimentos cultivados, el ambiente y los seres humanos que se exponen a su presencia sea peligrosamente larga. Sumemos a esta casta confianza una adicional sobre el uso eficiente, es decir, en su totalidad, de los agroquímicos no orgánicos (y por tanto residuales) en los cultivos de la región. Sólo así estaremos tranquilos de que los mantos freáticos que proveen de agua a La Paz no se encuentran bajo riesgo de contaminación.

Pero luego de este optimista privilegio de la duda sobre la alta conciencia del agricultor y la lealtad para con la ley y la sociedad del funcionario que supervisa la aplicación, todavía falta considerar lo que puede acontecer y lo que con toda seguridad sucede en el caso de los pequeños usuarios de los más usados de todos los residuos tóxicos en una ciudad como La Paz: luego de utilizar una pequeña cantidad, el resto es guardado o desechado. Quien conozca los efectos de los agroquímicos en la salud humana, en el ambiente y la manera como interaccionan con los organismos para la función a que están destinados, no guardará estos residuos tóxicos en su casa, ni cerca de su casa y probablemente ni cerca del cultivo donde ya aplicó el producto químico agrícola. Si tiene este conocimiento tampoco lo tirará a la basura o lo dejará en cualquier lugar dentro o fuera de la ciudad.

La visión más simplista dirá que en primer lugar estos productos no deben comprarse para ser usados en el jardín o la huerta y que su uso debe estar en manos de especialistas. Sin embargo es un hecho cotidiano en la actualidad que su venta es completamente libre y que los particulares no tienen necesidad de poseer conocimientos especializados (aunque sea deseable). Para lo que aquí se señala es suficiente con tener conciencia de la relación estrecha entre el ambiente y nuestras acciones. De esta forma, el ayuntamiento o el gobierno del estado, por la responsabilidad que les ha asignado la sociedad, deben establecer un depósito de desechos tóxicos para que los particulares puedan deshacerse de los que les son inútiles y para garantizar que no terminen integrados (al menos no en su forma peligrosa) al ambiente citadino, rural, silvestre o marino.

Actualmente los expendedores de agroquímicos tienen la obligación de regresar a la empresa que les provee los productos que caducan, es decir, que no son vendidos en cierto tiempo. Concediendo (pues queremos ser optimistas) que así suceda, todavía falta corregir una falla que pone en duda la ejecución de todas estas precauciones que se encuentran (o deben estar) codificadas y supervisadas por organismos públicos federales y locales en este municipio y su ciudad capital: muchos lugares de venta, especialmente los más pequeños, son a la vez bodega y exhibidor; en ellos el ambiente se encuentra tan viciado por la mezcla de venenos, que tanto compradores como inspectores (y por supuesto los mismos vendedores) se encuentran arriesgando continuamente su salud.

La naturaleza residual de muchos productos agrícolas e industriales que se utilizan al interior de las ciudades, los pueblos o sus cercanías, tiene consecuencias que incluso cuando son indirectas no igual de graves. Basta tener presente la alta incidencia de enfermedades degenerativas, crónicas y cancerígenas que afectan a la niñez y adultos maduros en casi todos los valles agrícolas de México para considerar con cuidado el uso y destino de las sustancias tóxicas que se aplican a los cultivos que sirven de alimento al ganado o a los seres humanos en el municipio de La Paz y el resto del estado.

La existencia de un depósito seguro que administre estas sustancias peligrosas será una carga singular para el dinero público, pero los beneficios serán muy grandes en el mediano y largo plazo, especialmente si se agrega a su instalación un programa permanente de divulgación sobre los efectos nocivos de los químicos agrícolas e industriales de uso cotidiano, de las precauciones para su uso y de las alternativas para su extinción.

El XII Ayuntamiento de La Paz permuta oro por espejitos

Septiembre de 2007

En un futuro próximo, cuando pueda accederse a los documentos oficiales apropiados y no sólo a las notas de prensa, el XII Ayuntamiento de La Paz será llamado el ayuntamiento de los especuladores de tierras y el presidente municipal será identificado con una fracción (una suerte de mister ten percent) y no con el supuesto hombre de izquierda Víctor Castro Cosío. De refilón, se mostrará que los regidores de ese duodécimo cabildo, al intentar ser diputados locales en la elección de febrero de 2008, sólo iban por más y mejores sueldos, y no porque desearan beneficiar a la comunidad protegiendo sus intereses.

El Ayuntamiento de La Paz, por decisión arbitraria e ilegal de su cabildo y de su presidente municipal, y contraviniendo lo que dicta la Ley de Desarrollo Urbano de Baja California Sur, condonó al fraccionamiento Paraíso del Mar, del cual Luis Cano Hernández es vocero y socio, la pequeña cantidad de 250 millones de dólares, es decir, poco más de 2,500 millones de pesos (“Dona Paraíso del Mar 100 hectáreas en El Centenario”, nota de Aracely Hernández, El Sudcaliforniano, 16-iii-07).

El fraccionamiento Paraíso del Mar debió entregar la propiedad del diez por ciento de sus lotes vendibles a la comunidad de La Paz para que ésta les diera el destino que mejor le pareciera. La Ley de Desarrollo Urbano de B.C.S., vigente, en su artículo 74, párrafo II, así lo señala. Ese mismo artículo dice que para el caso de “fraccionamientos localizados fuera de los centros de población o que no requieran equipamiento urbano, el fraccionador podrá solicitar al ayuntamiento respectivo la celebración de un convenio por el que se le autorice a cubrir en efectivo el importe de la donación a que está obligado”.

En ninguna parte la ley señala que el Ayuntamiento podrá celebrar un convenio con el fraccionador en otro sentido. Aun más, la ley indica de manera expresa que no será el Ayuntamiento o el fraccionador quienes determinarán el valor de esta transacción, sino que se fijará “conforme al valor comercial de la superficie que le hubiere correspondido donar en los términos de esta ley, de conformidad al avalúo que emita el Instituto Mexicano de Valuación de Baja California Sur”.

El XII Ayuntamiento de La Paz, presidido por Castro Cosío y compuesto por una serie de personas que se han registrado como candidatos a diputados locales por el PRD, PAN, PT y Convergencia, en uso de atribuciones que los ciudadanos de La Paz no les confirieron y que la ley no les permite, celebraron un convenio con la empresa Paraíso del Mar para “permutar” —es decir, cambiar— las 26.5 hectáreas que le corresponde entregar en donación a la comunidad paceña por cien hectáreas de monte en un predio al sur del centro de población del ejido El Centenario y al suroeste del aeropuerto de La Paz.

Estas cien hectáreas, según el propio gobierno de B.C.S., tenían en 2006 un valor comercial de 1.5 millones de pesos por hectárea, es decir, 15 millones de pesos en conjunto (citado por Gustavo Alcocer, en el Plan de Desarrollo Urbano de La Paz, tabla en p. 62, http://www.lapaz.gob.mx/sistemaimages/upload23/archivo395.pdf).

Las 26.5 hectáreas del Paraíso del Mar tienen un valor comercial mínimo de 10 millones de dólares (esto es, más de 100 millones de pesos) cada hectárea, por tener vista o colindar con el mar, además de encontrarse en una posición geográfica privilegiada que otras naciones utilizan para colocar centros de investigación o bases navales. Este valor comercial puede calcularse mediante los precios que ofrecen las agencias de bienes raíces estadunidenses y las establecidas aquí (en el buscador Google, con las palabras: price+acre+beachfront+baja). La propia página de Paraíso del Mar contiene artículos de consultoras y medios estadunidenses que destacan lo “barato” que es comprar acres con vista al mar en “Baja” y algunas de ellas informan un precio de 4 millones de dólares por acre, como bloomberg.com.

El conjunto de Paraíso del Mar, que fue comprado al pueblo de Baja California Sur en 40 millones de pesos (útiles para pavimentar con asfalto y sanear ocho kilómetros de calles, según los números que coloca el gobierno de B.C.S. ante cada obra de este tipo), tiene ahora un valor comercial mínimo de 26,500 millones de pesos, sólo en propiedad raíz. Una vez construida su segunda etapa, el emporio tendrá un valor cercano a los tres billones de pesos (porque contará con varias miles de propiedades, entre casas, villas y condominios, cada una vendida a un precio mínimo de 200 mil dólares, véase http://www.paradiseofthesea.com).

¿Por qué el gobierno de Baja California Sur inicialmente no fraccionó y vendió por sí mismo y para beneficio de las finanzas públicas una parte o todo lo que era propiedad de los sudcalifornianos? No es posible aducir que el gobierno anterior tuvo una falta de recursos financieros para desarrollar por sí mismo un fraccionamiento modelo en El Mogote. Pudo haber hecho lo mismo que Luis Cano inmediatamente después de recibir las escrituras de ese filón de oro: hipotecarlo en un millón de dólares a un extranjero (como atestigua la escritura 58107, volumen 907, redactada por el notario número 7 de Baja California Sur, Héctor Castro Castro, el 16 de junio de 2004).

El caso del XII Ayuntamiento es todavía más explícito. ¿Por qué un Ayuntamiento que cuenta con ingresos propios anuales por apenas 331 millones de pesos no aplicó la ley de desarrollo urbano estatal para beneficiar las finanzas municipales y, por ende, para beneficiar a los habitantes presentes y futuros del municipio de La Paz?

El XII Ayuntamiento se justifica diciendo que las cien hectáreas del intercambio serán destinadas para la construcción de viviendas para trabajadores. El 18 de septiembre de 2007 presentó de hecho la manera en que se cumplirá con este objetivo: mediante un “Proyecto de Ciudad Satélite”. En estas cien hectáreas “se ofertará suelo urbano autorizado, 4 mil lotes, con todos los servicios e infraestructura necesarios para el desarrollo y promoción de vivienda económica, con la ventaja de que los desarrolladores podrán empezar la construcción de inmediato y no correrán con gasto de compra de tierra, pago de licencias, trámites e impuestos, así como tampoco, de urbanización.” (“Anuncian proyecto de ciudad satélite de La Paz”, nota de Salvador Salgado Gutiérrez, El Peninsular, 19-x-07, p. 12.) Pero los trabajadores sí tendrán que comprar al precio comercial sus viviendas con menos de 150 metros cuadrados de superficie (cien hectáreas, menos lo destinado a calles, entre cuatro mil lotes).

Los terrenos adyacentes a esta “Ciudad Satélite” se verán beneficiados por el acarreo de servicios y la apertura de accesos hasta esa zona alejada del centro urbano de La Paz. Los propietarios de estos grandes predios destinados a urbanizarse a costa del dinero público son los mismos que entregaron las cien hectáreas en permuta al Ayuntamiento por las 26.5 hectáreas de Paraíso del Mar, además de aquellos que tuvieron información privilegiada para ver lo que se planeaba. Todo esto puede confirmarse mediante una lectura superficial del Plan de Desarrollo Urbano de La Paz que acaba de aprobar no el cabildo de La Paz sino el gobernador Narciso Agúndez.

¿Cual es el papel en todo esto del poco honorable XII Ayuntamiento de La Paz? ¿Cuál es la misión de Víctor Castro Cosío, José María Hernández Manríquez, Armando Martínez Vega, Álvaro Fox Peña, Ady Margarita Núñez Abín, Kikey López Díaz, Arturo Flores González, Silvia Puppo Gastélum, Armando Ferrer Calderón, Martín Inzunza Tamayo, Fernanda Villarreal González, Francisco Javier López Romero, Jorge Espinoza Vargas y Raúl Ramírez Águila, ante este gran proyecto inmobiliario especulativo transtrienal?

Dos que es una misma: socializar las pérdidas, privatizar las ganancias. ¿Cómo puede remediarse tanta ilegalidad y cohecho?

Luis Cano para gobernador

Abril de 2007

Tristemente, un ayuntamiento que parecía venir a marcar una diferencia frente a los anteriores se encuentra a punto de pasar a la historia como el legitimador de un proyecto de bienes raíces que pone en riesgo no sólo la prosperidad futura de ciudad de La Paz, sino su misma existencia como asentamiento humano. El cabildo de este XII Ayuntamiento está a un mes escaso de mostrar para qué sirve el poder político y para qué sirven los políticos una vez que llegan al gobierno.

En el mes de mayo, si no sucede que la población de La Paz presiona para que hagan lo contrario, los regidores del XII Ayuntamiento de La Paz van a aprobar un “Programa de Actualización del Desarrollo Urbano de La Paz” (PDU) que, lejos de proponer una solución a los problemas presentes y futuros de la ciudad, se encuentra enfocado en la legalización de fraccionamientos, la dotación de servicios (en particular de agua) y de accesos viales en la zona litoral de la ensenada de Arípez, El Centenario, El Mogote y Balandra.

Este PDU se encuentra explícitamente enfocado en estas zonas por el alto valor comercial que les concede su ubicación geográfica y —aquí está el quid— porque son la propia justificación del citado Programa “de Actualización”, como puede leerse en su resumen público, disponible en la página de Internet del gobierno de B.C.S.

Uno, ciudadano común, supondría que un plan de desarrollo urbano, como quiere ser este PDU, planearía la urbanización de La Paz desde un punto de vista orgánico, con un trazado de vialidades, una combinación de zonas residenciales y de vivienda popular, una conservación de áreas verdes originales, una ubicación de espacios recreativos y una distribución de los servicios de salud, educación y cultura, bajo una óptica humanista y moderna (estudiada y aplicada desde 1850), que permitiera que los paceños tuviéramos una mejor calidad de vida o que, al menos, conserváramos la que actualmente se encuentra en proceso de retirada. Es otra la intención.

Los regidores de La Paz que van a aprobar este PDU son los mismos que no pudieron resolver uno sólo de los problemas fundamentales de la ciudad: no mejoraron el transporte público, no aliviaron la saturación de vialidades primarias, no eliminaron la corrupción de la policía u ofrecieron una modesta solución viable al problema del agua. Por el contrario, ejecutaron acciones lesivas a los intereses de los habitantes de La Paz: permitieron un aumento en la degradación visual de la vía pública con la colocación de espectaculares publicitarios, toleraron la instalación de fraccionamientos sin accesos apropiados, aumentaron impuestos y cometieron el peor de los negocios posibles al aceptar cambiar (permutar) las áreas de donación del fraccionamiento Paraíso del Mar en El Mogote por terrenos en El Centenario sólo cuatro veces más extensos e inubicables.

Aunque no el único, este último caso es el que evidencia con mejor nitidez la defensa de los intereses privados que realiza el actual cabildo, en especial de los pocos propietarios que van a resultar beneficiados por el PDU en proceso de aprobarse. Sobre esta permuta, el regidor presidente de la comisión de Desarrollo Urbano del XII Ayuntamiento, el médico Álvaro Fox, del Partido Convergencia, la resumió así: “La ley lo permite”. Pero esto es mentira. La Ley de Desarrollo Urbano de B.C.S. dice a la letra en su artículo 74:

En relación a la obligación señalada en la fracción II de este articulo (“Donar [por parte del fraccionador] al municipio el 10% del área lotificable vendible”), para el caso de fraccionamientos localizados fuera de los centros de población o que no requieran equipamiento urbano, el fraccionador podrá solicitar al ayuntamiento respectivo la celebración de un convenio por el que se le autorice a cubrir en efectivo el importe de la donación a que está obligado, debiendo determinarse el monto de dicho pago conforme al valor comercial de la superficie que le hubiere correspondido donar en los términos de esta ley, de conformidad al avalúo que emita el instituto mexicano de valuación de Baja California Sur.

De haber cumplido con la ley, es decir, de haber exigido el valor comercial de las 25 hectáreas en cuestión, en lugar cambiarlas por 100 hectáreas de El Centenario (“destinadas a construir viviendas de interés social”), el Ayuntamiento de La Paz hubiera recibido recursos suficientes no sólo para comprar diez veces esas 100 hectáreas de El Centenario, sino además para construir las casas y los servicios necesarios en ellas. Lo que hizo el cabildo no está permitido por la ley: tan sólo no está prohibido explícitamente. El cabildo hizo uso de lo que los abogados llaman una chicanada: respetar la letra y violar el espíritu de la ley.

¿Cómo es posible que un cabildo como éste se otorgue a sí mismo la facultad de proyectar el futuro de la ciudad de La Paz de aquí a 25 años? Un cabildo que cambia 25 hectáreas de oro por 100 hectáreas de tierra. ¿Cómo confiar los asuntos de todos a un grupo de individuos que valoran de manera tan despreciable la propiedad pública?

El PDU que este tipo de regidores quiere aprobar fue elaborado por un consultor queretano con menos de dos años de residencia en la entidad. Esto sería irrelevante en cualquier otra situación. Todos aquí hemos llegado antes o después, por nuestros padres o por nuestro propio pie. El consultor, sin embargo, para proyectar el futuro de la ciudad de La Paz, esto es, de sus habitantes, no consultó más que a una mínima cantidad de personas en pequeños talleres a lo largo de pocos meses de un año. En un foro auspiciado por COVYDE, A.C., en noviembre de 2006, y ante la pregunta de por qué no consultó a un sector más representativo de la sociedad local para redactar su PDU, este ingeniero consultor lo resumió así: “No encontré opinión pública a la cual consultar”.

De manera tradicional, la opinión pública se manifiesta en los medios de comunicación. En una entidad en la que prácticamente todos los medios de comunicación carecen de independencia con respecto del gobierno y de los poderes económicos locales y regionales, es natural que la opinión pública no pueda manifestarse a través de ellos. El consultor leyó los diarios de la entidad, vio la tele, escuchó la radio y sólo pudo decir: todos están de acuerdo con este modelo de desarrollo.

El consultor no consultó a las cámaras industriales, de la construcción o de comercio, a los diversos colegios de profesionistas, a las asociaciones civiles o a los sindicatos. No pidió opiniones a ninguno de la multitud de especialistas científicos del CIBNOR, CICIMAR y la UABCS que viven en la ciudad y estudian la bahía, los alrededores y a los habitantes de La Paz. Es más, no consultó uno sólo de sus libros, ninguno de los múltiples estudios acumulados durante décadas sobre esta zona y población.

El consultor no encontró una opinión pública a quien consultar porque no la buscó: no le interesaba.

¿Cómo es entonces que el consultor pudo hacer un proyecto que implica la afectación total de los mantos freáticos del valle de La Paz, la triplicación del número de habitantes y de la mancha urbana; que afecta por entero el sistema de corrientes de la ensenada de La Paz, que pone en riesgo la riqueza marina de la bahía, que elimina la armonía social dividiendo la ciudad entre ricos y pobres; en fin, que subordina la economía y la cultura de los habitantes de esta ciudad a un proyecto que carece de otro enfoque teórico que el producido por una simple especulación: la especulación de terrenos baldíos con vista al mar?

Esto es lo único en lo que fue voluntariamente sincero el ciudadano consultor que redactó el PDU. Carente de imaginación, en el resumen “para el público”, única herramienta que el cabildo de La Paz otorgó a la ciudadanía para comentar este proyecto, el ingeniero consultor subrayó con amplias elipses la ensenada de Arípez (o ensenada de La Paz) y una zona que bautizó “Delegación Balandra”, ubicada en el llano al norte de ciudad y que es atravesada por el libramiento urbano hacia Pichilingue. En la ensenada de La Paz, para hacer aún más explícito su modelo de pensamiento, el consultor planeó la creación de tres islas artificiales conectadas por un puente con tierra firme entre El Comitán y la marina Fidepaz, y un corredor “turístico ecológico” paralelo —pero por el lado del mar— a la franja de manglares que abundan entre esos mismos dos puntos. Su argumento: hay que crear valor paisajístico, ahora nadie accede a esos lugares, “son playas de fango”, con el acceso habrá plusvalía, “las islas se pueden concesionar para poner condominios, restaurantes y hoteles”.

En el foro de COVYDE, donde pronunció estas ideas (y donde estuvo también Álvaro Fox y otros regidores y funcionarios municipales), asombrado porque nadie lo consideraba un genio a la altura del arte (creando valor a partir de la nada) y acosado por las protestas de los asistentes por su nula percepción de los problemas ecológicos y sociales de su risible e indignante modelo, se le ocurrió defenderse arguyendo que la venta o concesión de los espacios públicos de alto valor paisajístico era una manera segura para hacer llegar recursos a las zonas deprimidas de la localidad. “Ahí tienen la venta de El Mogote, nada se obtenía de él, se vendió y se llevaron servicios a partes necesitadas de la ciudad”. Cuando se le mencionó que de esa venta sólo habían salido 40 millones de pesos, mismos que sólo alcanzaron para pavimentar cuatro kilómetros de ciudad, sólo atinó (o desatinó, mejor dicho) a pronunciar algo así como que era culpa de nosotros.

Ese Programa de Actualización del Desarrollo Urbano de La Paz no debería aprobarse. Debería diseñarse uno sobre la base de los verdaderos intereses de los paceños y las verdaderas condiciones de la localidad, así se tardara su confección uno, dos o tres años más. Los regidores, en el fondo, lo saben. Pero se trata del plan maestro de grandes intereses vinculados estrechamente a las más altas esferas del poder político y económico de Baja California Sur. Son intereses que ya han definido el futuro de la ciudad de La Paz. Para ellos los habitantes actuales y futuros son sólo una circunstancia del paisaje, algo para vender a los turistas, meros souvenirs. Los regidores son o quieren ser sus empleados.

Llamarles a la razón (a la razón social), a la previsión de los daños, a la proyección de modelos alternativos de desarrollo, a la formación de valores y recursos humanos, en fin, a la creación de una estrategia colectiva para modelar el futuro, no es suficiente. Ya han escuchado el canto de las sirenas y se han amarrado al timón.

“El cabildo tomará una decisión de autoridad”, dijo el autoritario regidor Álvaro Fox. “Pondremos desaladoras”, dijo el previsor presidente municipal. Parcharemos. No haremos bien el camino: parcharemos cuando haya que parchar.