En La Paz se está generando un proceso ciudadano notable: una toma de conciencia sobre la ciudad, el bienestar colectivo y el desarrollo económico. La forma que ha tomado este proceso es aún indefinible, pero tiene que ver con la inteligencia, el amor a la naturaleza y al prójimo, y una esperanza, también difusa aunque positiva.
En su consecuencia es una crítica del modelo económico basado en la construcción de fraccionamientos costeros para extranjeros. En su causa hay elementos políticos: el modelo ha propiciado una separación social indignante: la riqueza colectiva se ha privatizado o se quiere privatizar en beneficio de unos cuantos con la anuencia de quienes detentan el poder público.
Los afectados por esta toma de conciencia ciudadana son quienes creen que lo que es de todos es de nadie: una generación de nuevos ricos que no quieren a su ciudad ni a su tierra, y mucho menos a sus vecinos. La experiencia de la privatización de las tierras públicas en El Mogote en 2001 por parte del gobierno del estado y el comportamiento de los constructores de Paraíso del Mar a lo largo de siete años fueron un ejemplo ampliamente difundido. Su repetición constante en otros desarrollos inmobiliarios dejó una clara asociación que ha podido confirmarse en los proyectos del Cerro de la Calavera (otro símbolo natural en proceso de destrucción), El Caimancito, Costa Baja, La Gaviota, Balandra (ahora propiedad social de los paceños), El Coyote, El Rosario-La Sorpresa, Punta Arena-La Ventana y el condohotel de nueve pisos del Malecón. Hay una poco sana relación entre gobernantes y “desarrolladores”.
El gobierno municipal también ha mostrado cuál es su papel en este negocio: cobra los impuestos y derechos de ley a estos desarrollos de lujo como si fueran terrenos baldíos sin desmontar o, en el peor de los casos, no les cobra nada: el XII Ayuntamiento, para dar el más caro ejemplo, debió exigir en efectivo el valor comercial del diez por ciento de los lotes de Paraíso del Mar (27 hectáreas) y hubiera recibido varios cientos de millones de dólares por ese motivo. De haberlos pagado, Paraíso del Mar quizá habría convencido a La Paz de que deseaba sinceramente contribuir al desarrollo de la ciudad. Pero no. Entregó cien hectáreas de monte, lejos de la costa, entre el ejido Chametla y El Centenario, y el XII Ayuntamiento, presidido por Víctor Castro Cosío, aceptó este desigual intercambio aunque violaba la Ley Estatal de Desarrollo Urbano (Art. 74, párr. II).
¿Por qué ninguno de los poderes públicos de B.C.S. y sus municipios se hicieron socios de estos desarrollos turísticos si las perspectivas de inversión eran tan buenas y lo que se utilizaba eran terrenos públicos? Seguramente el razonamiento fue: “si lo que es de todos es de nadie, y la Constitución federal, la estatal y las leyes municipales dicen que lo que es del gobierno es de todos, entonces lo que es del gobierno es de nadie y no hay que cuidarlo: hay que privatizarlo.”
Si cuentan con este apoyo estatal y municipal, y son favorecidos por el poder público como nadie en este estado, ¿por qué entonces se quejan tanto los “desarrolladores”?
Recientemente algunos de ellos han insistido en culpar a “los ambientalistas” de detener o intentar obstruir el desarrollo económico de la ciudad. ¿Son “los ambientalistas” quienes han puesto obstáculos a Paraíso del Mar de Gravi, al condohotel de Decope o al Fideicomiso F/934 Deutsche Bank México propietario de Entremares? No.
Hacen bien estas voces en atribuirles tanta fuerza a un grupo cada vez más grande de ciudadanos de La Paz que participan con sus conocimientos y sus opiniones en la revisión de estos proyectos de gran impacto para la ciudad. Pero aún no se ha visto un solo “ambientalista” que haya detenido un “desarrollo”. Quienes lo han hecho han sido unas entidades abstractas, poco conocidas y usualmente ignoradas: las leyes.
La mayoría de las veces, aprovechando su cercanía con los gobernantes, los desarrolladores se preocupan mucho en no cumplirlas y los gobernantes se ocupan poco en hacer que se cumplan. Por ello los ciudadanos se ven obligados a exigir y a estar atentos a su cumplimiento, y a recordar a funcionarios y desarrolladores sobre las responsabilidades civiles, administrativas y penales de sus omisiones.
Lejos de ser una molestia, los “ambientalistas” deberían ser reconocidos por utilizar su tiempo libre, gratuitamente, para promover el estado de derecho en Baja California Sur y en La Paz. ¿Habría promovido por sí mismo el fideicomiso F/934 Deutsche Bank México la consulta pública sobre su proyecto Entremares? ¿Habría hecho lo mismo la empresa Gravi para solicitar su opinión a los pobladores de La Paz sobre el camino de acceso a El Mogote, recientemente clausurado por violar la ley? ¿Decope hubiera detenido la construcción de su torre en el malecón?
Tuvieron que ser obligados por la ley.
A empresarios como estos, que piensan que los habitantes de La Paz deben callar y obedecer, cada vez les será más difícil vender el paisaje, los recursos naturales y la tranquilidad de los paceños. Cada vez más habitantes de esta ciudad saben que no deben confiar ni en la competencia ni en la fidelidad de los “servidores públicos” hacia los intereses colectivos, ni en las engañosas promesas de “empleos y bienestar” que se asocian a las inversiones en fraccionamientos costeros para extranjeros y que en la actual crisis han quedado desnudas en su verdadera naturaleza.
Han sido muchos años de discursos y acciones huecas de una fosilizada clase política y un pequeño sector empresarial estimulando y defendiendo un modelo excluyente. Ahora tenemos por sus acciones y omisiones una serie de problemas que están a la vista y que requerirán de mucha creatividad para resolverlos. Pero, he aquí lo interesante: nunca La Paz había tenido tantos cerebros y corazones dispuestos.
