Baja All Exclusive: la otra cara de los desarrollos turísticos en Sudcalifornia

Documental de Carmina Valiente. Guión: Carmina Valiente y Sandino Gámez. 50 minutos. La Paz, México, 2010. Historias de la desigualdad y marginación que sufre la población local a causa del modelo de urbanización costera para extranjeros llamado comercialmente "desarrollo turístico".
Baja All-Exclusive. Documental completo from 7Filos Producciones on Vimeo.

Nulo interés de la Dirección de Ecología de La Paz para proteger Balandra: Colectivo Balandra

La Paz, Baja California Sur (10/08/2011).- A pocos días de que el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Rafael Elvira Quesada, asegurara que el área Balandra será protegida mediante un decreto federal, el director de Ecología del XIV Ayuntamiento de La Paz, Víctor Daniel Hernández Valdez, externó que “el asunto de Balandra es cuestión de enfoques” y que la manera como se ha tratado el tema en los últimos cinco años ha sido “amarillista”.

            Hernández Valdez hizo estas declaraciones durante una reunión de trabajo con tres representantes del Colectivo Balandra, cuatro regidores y el director general de Desarrollo Urbano y Ecología municipal el 8 de agosto pasado en la Sala de Cabildo del Palacio Municipal de La Paz. La reunión, propuesta por el Colectivo Balandra, una asociación ciudadana que ha promovido la creación del área protegida de Balandra desde 2005, tenía como objetivo solicitar a los regidores paceños una postura definida del XIV Ayuntamiento sobre la creación del área natural protegida.

            El Colectivo expuso la historia y la situación legal reciente de la protección de Balandra, una zona con poco más de dos mil hectáreas de playas, manglares y cuencas hídricas a 20 kilómetros al norte de La Paz, y que se ha mantenido en su estado natural. Ninguno de los regidores presentes: Silvia García González, José Yakaélel Ramírez Pérez, Ricardo Fiol Higuera y Norma Alicia Castañeda Quintero, ni el director general de Desarrollo Urbano y Ecología, Franco Díaz Urnieto, emitieron una palabra acerca del tema después de escuchar la exposición.

            La única intervención por parte del XIV Ayuntamiento de La Paz fue del director de Ecología, Víctor Daniel Hernández Valdez. Este funcionario municipal, doctor en ciencias y profesor investigador de tiempo completo en el Centro de Investigaciones Científicas y del Mar (CICIMAR), desestimó los estudios técnicos que justifican la creación del área natural protegida de Balandra que se encuentra en proceso de decreto por el gobierno federal. Aunque enseguida aclaró que no había leído ninguno de estos estudios.

            El XIV Ayuntamiento de La Paz asumió sus funciones en los últimos días de abril y desde el mismo día de la toma de posesión, la presidenta municipal Esthela Ponce Beltrán expresó que “revisaría el caso de Balandra”, siendo ésta la única demanda social que mencionó con un nombre propio en su primer discurso. Pero en declaraciones periodísticas subsiguientes, el director de Ecología Hernández Valdez manifestó su desconocimiento total del tema. Al 8 de agosto de 2011 es evidente que es un asunto que sigue sin interesarle.

            Así mismo, es lamentable la total falta de interés de los regidores del XIV Ayuntamiento de La Paz y del director general de Desarrollo Urbano y Ecología ante una demanda social que ha alcanzado las más altas tribunas del estado y del país. No sólo el Congreso de Baja California Sur ha hecho el exhorto al gobierno federal para apresurar la creación del área, también el Senado de la República y la Cámara de Diputados en pleno han hecho eco de esta exigencia de los sudcalifornianos.

            La postura del director de Ecología del XIV Ayuntamiento de La Paz, Víctor Daniel Hernández Valdez, pone en entredicho las palabras de la presidenta municipal de La Paz, Estela Ponce Beltrán, en su discurso de bienvenida al secretario Elvira Quesada el 4 de agosto de 2011. La alcaldesa dijo que Balandra era un espacio natural “de los más queridos por todos los sudcalifornianos y especialmente por los paceños” y que “jamás vamos a permitir que se destruya la naturaleza que ha llevado millones de años en conformarse”.

            Finalmente, esta posición de indiferencia es un insulto a los más de 25 mil ciudadanos de este municipio que han exigido la protección de un espacio emblemático con su firma y a los muchos miles que han dispuesto un enorme esfuerzo social para proteger el patrimonio natural de los paceños. De ahí el lema “Balandra es nuestra” que ha mantenido nuestro colectivo y que ha permeado en todos los sectores de la población paceña y sudcaliforniana, excepto en los encargados de la protección del medio ambiente del Municipio de La Paz.

            Por estos motivos, el Colectivo Balandra exige a la presidenta municipal Esthela Ponce una definición pública y concreta sobre la creación del área natural protegida de Balandra, y la rectificación de la política ambiental del municipio hacia la defensa de los intereses colectivos de los paceños.

Para mayor información, por el Colectivo Balandra: Mary Belle Cruz Ayala; Mario Sánchez; Sandino Gámez.

Balandra es nuestra y vamos a protegerla

Desde hace miles de años, la zona de Balandra ha sido un espacio fundamental para la vida de los seres humanos en esta parte de la Tierra. A los sudcalifornianos, a los habitantes de La Paz de ahora, nos ha tocado la fortuna de tenerla cerca e intocada, con sus playas que nos permiten tener la experiencia de nuestros antepasados, sus manglares que dan vida a nuestra bahía, sus cerros y valles cubiertos de cactáceas que hacen un paisaje majestuoso, de orgullo para nosotros y de sorpresa para quienes nos visitan.

            Por el uso que le hemos dado socialmente y por su importancia biológica, desde 2004 muchos paceños pedimos formalmente al Ayuntamiento de La Paz que convirtiera esa zona de casi dos mil hectáreas en un área natural protegida municipal. Era una previsión justificada: se estaba afectando toda la costa cercana a La Paz para convertirla en fraccionamientos para extranjeros, equivalentes a pequeñas ciudades, como Paraíso del Mar en El Mogote o Costa Baja junto a Punta Prieta.

            El xi Ayuntamiento de La Paz decretó el área, pero poco tiempo después la justicia federal dio un amparo a los propietarios, entre ellos la empresa del hijo de un ex presidente de la república, Miguel Alemán. La empresa se llama Balandro y sus títulos de propiedad fueron expedidos a ese ex presidente en la Ciudad de México pocos años después de terminar su mandato. Esa familia sólo tuvo interés en Balandra hasta que comenzó el auge inmobiliario especulativo que hizo crisis en todo el mundo en 2009. En ningún momento mostró su plan de desarrollo inmobiliario. Pero se filtraron varios proyectos posibles, algunos incluso se pueden localizar en Internet. Contienen marinas para yates en la bella bahía, condominios y hoteles en los cerros, casas y campos de golf en el bosque de cactos. Todo nuestro patrimonio natural intocado estaría perdido: el uso recreativo y el acceso mismo, la salud del manglar, el mayor de la bahía de La Paz, el paisaje atractivo.

            Para comenzar de nuevo la protección jurídica del área, formamos el Colectivo Balandra. Este es un grupo informal de estudiantes, profesores, profesionistas, periodistas, trabajadores, escritores, artistas, ciudadanos en general y organizaciones de la sociedad civil. Hicimos muchas actividades de información, recogimos 20 mil firmas y conseguimos que el Congreso estatal detallara en la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente de B.C.S. (leepa) el procedimiento de creación de áreas municipales. Hubo un apoyo nulo del gobierno de Narciso Agúndez (2005-2011); también frialdad en el Congreso del Estado, presidido entonces por Rosa Delia Cota Montaño, y titubeos en el xii Ayuntamiento, presidido por Víctor Castro Cosío. Sin embargo, muchísimas personas dentro del gobierno, el congreso y el municipio ayudaron a que la ley se reformara y se publicara, a que se realizara una gran cantidad de estudios justificativos, y a que el ayuntamiento paceño decretara finalmente el área natural protegida municipal (anp) de Balandra en marzo de 2008, en la última sesión del cabildo del xii Ayuntamiento.

            De 2008 a 2010 diversos especialistas trabajaron en la creación de los reglamentos para el área y los proyectos de mejoramiento de los servicios de la playa. En 2008, la Fraccionadora Balandro, de la familia Alemán, pidió un amparo contra la leepa y contra el decreto de creación del área protegida municipal. En primera instancia les fue negado. Pero en 2009 les fue admitido porque en revisión de segunda instancia ni el gobierno de Narciso Agúndez ni el Congreso del Estado ofrecieron argumentos para oponerse. El xiii Ayuntamiento de La Paz lo hizo tímidamente y de último momento. El argumento principal del amparo concedido es que la empresa Balandro no tuvo oportunidad para defenderse de la ley y del decreto, y que la leepa es anticonstitucional porque los municipios sólo pueden “participar en la creación” y no “crear” áreas naturales protegidas, según la ley federal. Finalmente, en su penúltima sesión, este xiii Ayuntamiento anuló el decreto de creación del anp de Balandra.

            Del amparo concedido a Fraccionadora Balandro hemos adquirido esta experiencia: no podemos dejar de presionar a nuestros gobernantes porque se vuelven indolentes ante las demandas sociales. ¿Cómo es posible que estando la gran mayoría de la población de La Paz activamente interesada, convencida y movilizada para que las autoridades protejan uno de sus lugares socialmente más queridos y valiosos, estas autoridades fueran incompetentes u omisas para defender el interés público y abdicaran ante el interés de un particular que sólo busca lucrar con la venta de la tierra, la destrucción del paisaje y la privatización de un bien social?

            Sin embargo, el área no está desprotegida. No sólo gran parte de los paceños estamos por su protección formal y seguiremos exigiendo un nuevo decreto. También actualmente el Programa de Ordenamiento Urbano de La Paz establece que esa área está destinada para su conservación natural, y todo proyecto de urbanización requiere previamente de estudios de impacto ambiental. Si el xiv Ayuntamiento se lo propone ninguna empresa podrá realizar obras destructivas en la zona mientras se obtiene una protección jurídica firme para Balandra.

            También se encuentra en proceso un decreto presidencial para hacer de Balandra un área natural protegida federal. Todos los estudios justificativos y todos los procedimientos administrativos han sido realizados. Sólo falta que el presidente de la república Felipe Calderón firme y publique el decreto en el Diario Oficial de la Federación. Sospechosamente, esto lleva sin realizarse casi dos años. Por eso tenemos que presionar al presidente Calderón, desde aquí y cuando venga a Baja California Sur. En la página www.balandraesnuestra.org hay un formato para exigirle la publicación del decreto, quien guste puede enviársela; hemos sido miles. También el gobierno del estado podría decretar la protección del área e incluso expropiarla a sus dueños de papel. Eso le ganaría al gobernador Marcos Covarrubias un respeto histórico.

            Ahora pedimos firmeza al xiv Ayuntamiento de La Paz que encabeza la presidente Estela Ponce. Firmeza para proteger el interés público de los paceños como administradora principal de la cosa pública de nuestro municipio, la base jurídica de nuestra sociedad. La presidenta Ponce y el nuevo Cabildo del xiv Ayuntamiento de La Paz tienen un deber para con nosotros. Debe encontrar la mejor manera, debe probar todas las maneras, de proteger el área de Balandra, un símbolo de lo que queremos, la piedra donde detuvimos la privatización de lo que es de todos, un regalo de nuestros antepasados, una herencia para nuestros descendientes.

            Nosotros, las ciudadanas y los ciudadanos de La Paz, se los recordaremos de continuo.

Aunque no votes, sí cuentas

Dicen que cada pueblo tiene el gobierno que se merece. El pueblo sudcaliforniano habrá de demostrar la validez de este dicho durante y después de las elecciones locales del próximo 6 de febrero de 2011. Es la primera y quizá la única vez que los sudcalifornianos podrán elegir ayuntamientos y una legislatura con un periodo de duración de cuatro años y medio, en lugar de los tres años comunes. Esto significa que los regidores y los presidentes municipales tendrán el tiempo suficiente para establecer administraciones competentes y solucionar los graves problemas que arrastran los ayuntamientos. También, al contar con una mitad más que su periodo regular, los diputados locales podrán debatir, consensuar y expedir las leyes que requiere Baja California Sur para favorecer los intereses de la sociedad local.

Bajo esta circunstancia histórica, insisto: probablemente irrepetible, los sudcalifornianos deberían estar más interesados en comprender y valorar las propuestas de las planillas edilicias, la orientación ideológica de los candidatos a diputados y la plataforma política de los partidos que los tienen en sus listas. Tal vez acudiendo a las oficinas de los partidos políticos o quizá a las casas de campaña de los candidatos se puedan conseguir estos documentos básicos. Deben existir en alguna parte, porque se supone que es un requisito obligatorio exigido por el Instituto Estatal Electoral para registrar candidatos o planillas (artículos 32 a 37 de la Ley Electoral de B.C.S.). En los hechos, lo único que el ciudadano común tiene a su disposición para decidir su voto son las declaraciones públicas, los eslóganes de campaña, los volantes y trípticos y, en mayor medida, las fotos de los rostros de los candidatos. En estas condiciones, ¿cómo decidir cuál es la propuesta política, el perfil ideológico y el plan de acciones que mejor conviene a nuestros municipios y estado?

Se trata de una ficción pura, lo sabe la mayoría del electorado. Los partidos son sombras grises de lo establecido no sólo por la teoría política, sino especialmente por la Constitución Mexicana: “entidades de interés público” cuyo fin es “promover la participación del pueblo en la vida democrática” y, “como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan” (Art. 41,i).

Pero incluso si los partidos mostraran una plataforma ideológica, la escasa relación entre partidos y candidatos en la última década no ayudan al ciudadano elector a establecer una diferencia significativa entre los candidatos sobre los que debe elegir. A esto hay que agregar, además, que al menos en Baja California Sur el Instituto Estatal Electoral en su campaña promocional de las elecciones locales no ha advertido en ningún momento a los ciudadanos sobre cuáles son las atribuciones y cómo es el funcionamiento interno de los ayuntamientos y el congreso del estado.

Dado el elevado costo del Instituto Estatal Electoral y el hecho de que sólo se nota su actividad en la víspera de una elección estatal, ¿cómo es que no cumple su responsabilidad manifiesta de “promover y difundir los principios y valores de la cultura democrática” (Art. 86 de la Ley Estatal Electoral de Baja California Sur). Lo que hace en la actualidad es solamente llamar a votar. ¿Acaso no es lo más básico explicar clara y sencillamente al ciudadano el poder que está delegando con su voto?

Si los ciudadanos supieran más sobre el funcionamiento del congreso local y las funciones de los diputados, ¿no tendrían mayores oportunidades para discernir cuál es el candidato más conveniente para representarlo? En una sociedad que se rige por leyes, leyes aprobadas por diputados, ¿no es necesario pedir un mínimo de sabiduría de la vida y respeto por la justicia en el candidato de nuestra elección?

En el caso de los ayuntamientos esto es aún más complejo porque la suma de los regidores tiene más peso en las decisiones del cabildo que el presidente municipal. ¿Pero quién escoge a los regidores? Esta es la parte más opaca del sistema electoral de Baja California Sur y la que tiene las consecuencias más graves sobre la sociedad local. Porque los regidores deciden los cambios de uso de suelo, aprueban la instalación de los nuevos asentamientos humanos, otorgan los permisos para la instalación de expendios de bebidas embriagantes, donan o venden las áreas de uso común o “demasías” en ciudades o pueblos, fraccionamientos o colonias, entre muchas otras facultades sobre el desarrollo territorial y costero de los municipios.

Es tan grande el poder de los regidores que a ellos les debemos en los últimos cinco años la instalación de las macroplazas comerciales en los cruces de las principales vialidades de La Paz, la escasa aportación financiera de los “desarrollos turísticos” a los municipios y los conflictos de tráfico en todos los nuevos asentamientos urbanos de esta capital. ¿Quién escogió a estos regidores tan poco útiles para el interés colectivo de los habitantes de nuestras ciudades y pueblos? En apariencia los ciudadanos que acuden a votar. Pero no. No hay siquiera un proceso interno en los partidos para su selección. Las listas de regidores se establecen por cuotas de poder o sobre la base de favores económicos para la campaña electoral. Por ello el nivel político de los regidores con gran frecuencia es mínimo: son familiares cercanos de políticos influyentes, empleados de confianza de empresarios o líderes de partidos familiares o de membrete. Pese a su carácter determinante en la conducción de la cosa pública en los municipios, prácticamente ningún regidor es conocido o, mejor, reconocido al final de su gestión.

En los hechos, el sistema electoral sudcaliforniano está diseñado para que los electores sólo pongan atención en los candidatos a gobernador y a presidentes municipales. Se nos pide, de esta manera, que votemos por ciertas personas, básicamente una sola. Y una vez que la hayamos votado y haya salido electa, nuestra participación ya no es necesaria.

Volteemos hacia atrás y recordemos cuántas ocasiones los candidatos una vez electos cumplieron sus compromisos de campaña. ¿Por qué, si es que somos una democracia, no tenemos herramientas probadas para evitar que nuestras colectividades dependan de voluntades únicas? ¿Es imposible exigir a los gobernantes y representantes un mínimo de coherencia? ¿Estamos condenados a ser rehenes en los asuntos públicos de la competencia o incompetencia de unas pocas personas? Estas personas, a las que llamamos políticos, y que cuando detentan un cargo público llamamos gobernantes o “representantes populares” son los menos capaces y menos interesados en que el actual estado de las cosas cambie.

Después de este 6 de febrero de 2011, tanto si se acudió a votar, si se nulificó el voto o no se ejerció este derecho a elegir entre un grupo de políticos tan relacionados entre sí que es casi indistinto quién resulte vencedor, el día 7 de febrero se seguirá siendo un ciudadano y habitante de este estado. Y a partir de marzo y abril seguirá siendo afectado por las decisiones de los regidores, el criterio de los diputados locales y, especialmente, el fabuloso poder conferido constitucionalmente a la persona que lleva el cargo de gobernador de los sudcalifornianos.

Así, no sólo los que votan tienen derecho a exigir a quien votaron el cumplimiento de sus promesas de campaña. También los que no votaron por él o los que no acudieron a votar deben exigir el cumplimiento de los preceptos constitucionales de hacer una administración de la cosa pública para el bien común. Por esto la cuestión no es votar o no votar, ni elegir al menos peor o anular el voto. La cuestión es qué hacer durante los próximos cuatro años y medio para que estas personas investidas con cargos públicos de elección popular actúen en beneficio del interés colectivo y no del interés de pequeños grupos económicos o políticos, como acostumbran.

En la resolución de este importante, decisivo y fundacional asunto se requieren muchas manos y mentes, pero no hay nadie más obligado que un sudcaliforniano o una sudcaliforniana. ¿En qué otro lugar de México existe un gobernador para tan sólo seiscientos mil habitantes? ¿Acaso la fortuna no nos ha concedido la oportunidad más fácil de tener el gobierno que nos merecemos?

Un fantasma se corporiza

Un fantasma recorre Baja California Sur: el fantasma de la sociedad civil organizada.

Es un fantasma formado por múltiples voluntades de ciudadanas y ciudadanos unificadas por un solo deseo: defender el derecho de los sudcalifornianos a decidir qué tipo de desarrollo queremos para Sudcalifornia.

De Guerrero Negro a Cabo San Lucas, este fantasma de la participación ciudadana ha tomado cuerpo en torno a demandas concretas: libre acceso a las playas, disminución del tamaño de los desarrollos turísticos, mejor planeación urbana, fin a la corrupción en la función pública y prohibición a la minería tóxica.

El fantasma recorre pueblos y ciudades, colonias, barrios y ranchos marginales y marginados; la clase media, la clase trabajadora e incluso la clase alta de los empresarios y profesionistas.

Recorre los caminos nuevos de los medios electrónicos y alternativos que ha abierto una nueva generación de periodistas. Mientras que deja vacíos los medios tradicionales tan parecidos a panteones con su letra escrita o hablada como lápidas.

El fantasma es éste y se corporiza: es la opinión pública, son los ciudadanos organizados, es el valor civil de conocer y hacer valer los derechos.

Es un fantasma que poco a poco va teniendo un cuerpo formado por personas y comunidades que ya no esperan que todo lo resuelva el gobierno.

Es, en fin, un espíritu complejo: el que ordena a los gobernantes mandar obedeciendo y a los negociantes subordinarse en todo al interés colectivo.

Es un fantasma que asusta a algunos, pero para Sudcalifornia es un espíritu benéfico.

Es un fantasma tomando cuerpo.

Para el año 2011

Una búsqueda de armonía social y ambiental para Sudcalifornia

Entrevista a Susana Mahieux sobre la fundación y primeros años de la Sociedad de Historia Natural Niparajá, A.C.

Así como con los bienes, hay herencias que son inmateriales e incluso más valiosas que las materiales. El caso de la Sociedad de Historia Natural Niparajá, A.C., lo comprueba. Pero sólo quien conozca el vínculo íntimo de la primera presidenta de su Consejo Directivo con esta California y la conservación de su naturaleza podrá tener lo que los estadunidenses llaman la pintura completa, expresada en apenas una pequeña parte del cuadro entero.

Susana Mahieux, presidenta de Niparajá durante sus primeros 19 años, nació en Santa Rosalía, la ciudad minera al norte de Baja California Sur fundada en 1885 por la empresa francesa El Boleo. Su padre Pedro Mahieux fue el último director de la mina y ella nació apenas cuatro años antes de que estallara la segunda guerra mundial. La ocupación que Alemania hizo de Francia, los estragos de la liberación por los Aliados y las turbias noticias que llegaban cada vez más explícitas sobre los horrores que vivía Europa hicieron que su familia intentara traer a los suyos a vivir junto al Golfo de California.

El ingeniero francés siempre tuvo un gran amor por su nueva tierra, el monte, la vida silvestre, la vida en los ranchos. Fue contagioso. Cuando cerró el Boleo en 1954 se mudó a Sonora, llevando consigo parras de la misión de Loreto y San Ignacio. En Sonora estableció plantaciones de vid que muchos imitaron. En poco tiempo se empezó a producir en Hermosillo el brandy Pedro Domecq en una planta llamada Pedro Mahieux. Los dos Pedros se hicieron muy amigos y Pedro Domecq, el iniciador de la fundación conservacionista Pronatura, invitó al ingeniero a incorporarse en las acciones de la organización. En ese tiempo Pedro Mahieux también se involucró en la experimentación del cultivo de salicornia en Bahía de Kino. La salicornia se regaba con agua de mar y cuando le devolvieron sus tractores todos oxidados no le importó, el experimento había sido un éxito.

Hacia 1990 Pronatura seguía siendo una organización de base (grassroot, como dicen los anglosajones), y en el Noroeste de México estaba instalada sólo en Sonora. Como al resto de América Latina, en esos años había llegado a México la preocupación ambiental como un discurso apolítico que daría origen a muchas organizaciones de la sociedad civil en la década siguiente.

En los noventa, sin embargo, las organizaciones fueron muy pequeñas, constituidas esencialmente por sus consejeros. En la década siguiente, gracias a las cláusulas ambientales del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, grandes fundaciones estadunidenses financiaron los programas de las ONG conservacionistas mexicanas. En ocasiones lo hicieron a través de otras fundaciones mexicanas u otras ONG estadunidenses. Pronto, en muchos casos, estas últimas fueron reemplazadas por un trato directo con las fundaciones extranjeras o nacionales.

Podría decirse que Niparajá comenzó cuando estaba compuesta por tres consejeros, un coordinador y un contable (esto es, en 2001), pero se hizo presente desde la primera semana siguiente a su conformación oficial el 27 de noviembre de 1990.

Cabe decir que ésta es la virtud inicial de Niparajá. Su conformación primero fue de hecho y sólo tiempo después fue de derecho. La fundación se hizo en presencia de varias personas, entre ellas Enrique Hambleton, la propia Susana Mahieux, el ciudadano mexicano Thimoty Means; los académicos universitarios Fermín Reygadas, Juan Guzmán y Luis Herrera Gil. La primera acción de Niparajá fue reunir a personas interesadas en el medio ambiente. Vinieron de Santa Rosalía y Loreto, acudieron también científicos locales, representantes de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (sarh) y el jefe de zona de la Armada de México.

A Susana le tocó lidiar con la molestia (todavía muy de esta época) de ser preguntada por personas que se sorprendían al ver a una mujer en su puesto de presidenta de una organización civil.

En sus palabras confiesa que comenzaron teniendo una visión muy parcial del conjunto. Pero fue por atacar la problemática más inmediata que consiguieron hacerse la pintura completa. “Se hablaba ya de cambio climático global, pero nosotros comenzamos preocupados por la basura, los plásticos que caen al mar, los lobos marinos ahogados por enredarse en mallas o piolas.”

Puede servir como ejemplo de esta ingenuidad contar que uno de los temas tratados en la primera reunión eran las hieleras llenas de pescado —capturado por ellos mismos— que los turistas se llevaban . “El entonces representante del Centro de Investigación Pesquera, Luis Flesher, prácticamente nos regañó por nuestra falta de visión comprehensiva, explicándonos que el problema era la falta de vigilancia, la pesca furtiva, la depredadora pesca industrial y la contaminación en las costas, no unas hieleras.”

El trabajo comenzó con la educación ambiental, visitando a los quinto y sexto años de las escuelas de La Paz, contando sobre la naturaleza, las maravillas que había bajo la superficie del mar y en los cerros y valles enmontados, las maravillas que todavía hay y las que tal vez no estén en el futuro si no las cuidamos ahora. Fue un esfuerzo entusiasta de cerca de ocho participantes, dos días a la semana y pronto generó cansancio en la mayoría.

Como conclusión a esta etapa convocaron a un concurso para que los niños de quinto y sexto años escribieran un mensaje sobre la protección del medio ambiente. Recibieron 600 participaciones y el primer reconocimiento se le otorgó a una niña de San José de Magdalena. Cuenta Susana que estaban en la antesala de la televisora de Francisco King (Tim Means había comprado una bicicleta para que fuera el primer premio y Susana unas mochilas como premios secundarios). Luego de unas cuantas preguntas a la niña descubrieron que la autora intelectual del escrito había sido su madre, lo que bien mirado ofrece otra perspectiva de los buenos resultados obtenidos. La gran difusión que tuvo Niparajá gracias a este concurso tuvo como aderezo que el grupo Maná les precedió en el estudio de televisión cuando hicieron entrega del premio.

Uno de los primeros donativos que recibió Niparajá fue de la Secretaría de Turismo federal. Cinco mil dólares con los que establecieron un fondo para la elaboración de un libro. La manera como abordaron Susana y Enrique Hambleton al secretario de turismo federal es representativa. Le habían avisado a éste que Susana y Enrique lo buscarían durante su comida con el gobernador Víctor Liceaga. Cuando ellos llegaron a plantearle el asunto que les ocupaba en esos meses —la contaminación producida por la termoeléctrica de Punta Prieta en La Paz—, el secretario buscó algo en sus bolsillos. Seguramente tenía una respuesta que había preparado para el caso. Pero no la encontró y sólo atinó a decir que en Manzanillo las cosas estaban “mucho más difíciles”.

Un gran número de personas dieron su tiempo en esta primera década. Todo era trabajo voluntario y por ello era ligeramente disperso. En cierto momento se dieron cuenta que la educación ambiental, aunque muy necesaria, tenía resultados a largo plazo y comenzaron a concentrarse en resultados más mediatos aunque de problemas muy grandes.

El punto de quiebre fue la edición impresa del Diagnóstico ambiental de Baja California Sur, primero de su tipo en Sudcalifornia. Se trataba de un documento promovido en cada estado del país por la Fundación Mexicana para la Educación Ambiental. Luego de un mes de empezados los trabajos sobre el libro, esta organización pidió a Niparajá que aportara un peso por cada dos que ella pondría. Fue un momento difícil porque Fermín Reygadas, quien estaba a cargo del libro, había dado mucho de su tiempo y no tenían dinero propio para compensarlo. Así la posibilidad de hacer el Diagnóstico se tambaleó. De dos académicos que harían la coordinación del estudio, terminó siendo un esfuerzo —insuficiente, a decir de ella misma— de Susana como editora. La mayoría de los autores de los capítulos seguían el método novohispano de citar una gran cantidad de autores de otras obras; y se resistían a colocar sus dudas o a hacer explícita la falta de investigación sobre los temas ambientales. Pese a los defectos, el estudio demostró cuánto había por investigar en Baja California Sur para conocer el verdadero estado de la naturaleza marina y terrestre y los efectos negativos de las acciones humanas sobre ella.

El diagnóstico fue presentado ante la primera secretaria de Medio Ambiente de México, Dra. Julia Carabias. La suerte dispuso que el primer libro que se le envió —previo a la presentación— tuviera todas las hojas en blanco. Pero el libro fue muy bien recibido y dio a Niparajá un reconocimiento muy importante que le permitió tener la confianza de las fundaciones conservacionistas más grandes.

Hacia el año 2000, se recibió el primer donativo para crear reservas ecológicas. La donación involucraba que miembros del Consejo de Niparajá asistieran a conferencias y talleres en Estados Unidos sobre la compra de tierras estratégicas para disminuir el tamaño de los desarrollos turísticos residenciales que estaban (y siguen) proyectados para construirse en las costas. La especulación inmobiliaria con bienes raíces estaba (y sigue) afectando los litorales de muchos países, como España o Costa Rica, y casi todos los estados del Golfo de California. Esto era especialmente evidente en La Paz desde el año 2000, cuando se anunciaron los proyectos de Costa Baja, Paraíso del Mar y Balandro, entre otros, todos adyacentes a la ciudad capital, pero también fuera de la Bahía de La Paz, hacia el norte y hacia el sur.

El donativo y la capacitación permitieron la creación del primero de los programas de conservación de Niparajá enfocado en los procesos de la tierra, sociales y ambientales. Actualmente es un proyecto que ha establecido 4,667 hectáreas para conservación o aprovechamiento sustentable en el corredor San Cosme-El Mechudo, y ha participado de manera esencial en los procesos de ordenamiento ecológico del territorio y el apoyo a la organización de las comunidades de pescadores, pequeños propietarios, ejidatarios o rancheros en la zona.

(Cabe aquí explicar por qué algunas organizaciones conservacionistas compran tierras para convertirlas en reservas ecológicas. Las tierras que son propiedad de Niparajá no se pueden volver a vender. Por su naturaleza constitutiva como sociedad sin fines de lucro bajo las leyes mexicanas, en el caso de que la organización se extinga, estos bienes inmuebles sólo podrán ser transmitidos en donación a otra organización de la sociedad civil similar, quien tampoco podrá enajenarlos. Con esta disposición se asegura la continuidad del propósito que se le confirió al uso de la tierra desde el principio. Los gobiernos federal y estatal, y los ayuntamientos, también tienen esta facultad: la creación de áreas protegidas y la expropiación por causa de interés público.)

Para Susana, el problema principal en Baja California Sur es la falta de gobernanza: la falta de eficacia, calidad y buena orientación de las políticas públicas, para beneficio colectivo y para un óptimo desarrollo de la sociedad. Y señala que Niparajá ha sido una organización que siempre solicita y escucha a los científicos y especialistas antes de ofrecer sus observaciones críticas o proponer soluciones. Un ejemplo sintético es el tema del agua, el recurso más importante y el más escaso en esta entidad. Niparajá ha establecido una relación de varios años con universidades e institutos científicos del estado de Arizona, E.U., porque es una entidad que tiene condiciones de escasez de agua similares a Sudcalifornia y superaron el reto de eficientar la administración del recurso en sus organismos paraestatales. “¿Por qué resolvieron estos que son los mismos problemas que tenemos nosotros? Porque tienen sectores independientes y profesionales para ocuparse del agua”, señala.

(Aquí puede recordarse esta anécdota. Una vez Niparajá invitó a dos especialistas en recursos hídricos de la embajada de Francia en México que colaboraban con la Comisión Nacional del Agua. Funcionarios públicos y consejeros volaron con los invitados, para ver directamente las zonas de captación de agua en la Sierra de la Laguna. En la plática —dentro de la cabina— uno de los investigadores franceses preguntó al entonces director del organismo operador del sistema de agua potable local cuál era el porcentaje de fugas en la red de la ciudad de La Paz. Éste contestó: “diez por ciento”. Sorprendido, el investigador comentó que era una red más eficiente que la de cualquiera de los países más tecnificados de Europa.)

Niparajá también ha colaborado para fortalecer la presencia y los recursos científicos del Comité Técnico de Aguas Subterráneas de La Paz, un cuerpo ciudadano en el que participan académicos y usuarios que se reúne periódicamente con los especialistas de Arizona y otras partes del mundo. Es un modelo que se utiliza en distintas variantes en todos los programas de Niparajá: escuchar a los especialistas y a los ciudadanos interesados o involucrados; y ser un coadyuvante de la creación de gobernanza y desarrollo y armonía sociales como indispensables para la protección de los ecosistemas.

Para Susana ésta es precisamente la principal cualidad de Niparajá: ser una organización ciudadana con raíces locales, que establece sus propios programas y proyectos, y que cuenta con un excelente personal.

Con todo lo que ha pasado en estos 20 años en Baja California Sur, México y el mundo, Susana se anima a proyectar sus deseos sobre el trabajo que sigue para Niparajá: “¿Cómo me gustaría ver a Niparajá en el futuro? Como un generador y promotor de ideas y soluciones para los problemas ambientales de Baja California Sur; lo que los anglosajones llaman un think-tank, analizándolos con una visión más allá de lo inmediato o de un plazo de veinte años.”

“Los efectos del cambio climático, la progresiva escasez del agua dulce y el desmedido desarrollo turístico residencial en los litorales son asuntos graves para nuestra región que debemos analizar y comenzar a enfrentar. También podemos participar en el desarrollo social de Sudcalifornia con acciones puntuales, mostrando la eficiencia de ciertas actividades económicas alternativas, necesarias y sustentables, algunas de ellas versiones dinámicas de las actividades tradicionales. Y por supuesto seguir comunicando a la población local todo lo que hacemos y por qué lo hacemos.”

www.niparaja.org