En días pasados fue posible leer en El Peninsular Digital declaraciones del presidente en B.C.S. de la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex) Guillermo Beltrán Rochín implicando que el reconocimiento jurídico a las parejas del mismo sexo formaba parte de los factores que han contribuido a la corrupción de las fuerzas policiales.
La declaración es importante, porque quien la pronuncia preside la delegación de una confederación que tiene afiliadas a 36 mil empresas, entre ellas las más importantes en Baja California Sur, como Banamex, Cemex, Apasco, Bimbo, Wal-Mart, las dos cerveceras, el Nacional Monte de Piedad y TV Azteca. Según su página web, las empresas afiliadas generan el 36 por ciento del Producto Interno Bruto y el 42 por ciento de los empleos de todo México.
La Coparmex también forma parte del Consejo Coordinador Empresarial (CCE, dirigido a nivel nacional por la Asociación de Banqueros de México, y en Baja California Sur por el grupo de los desarrolladores turísticos: el periodo anterior por Luis Cano Hernández de Gravi y actualmente Carlos Estrada Talamantes de Decope). Por esta circunstancia, la declaración de Beltrán Rochín debe apreciarse no como la opinión de un individuo, sino de la parte más patronal del bien organizado sector empresarial.
En conjunto, la nota publicada en El Peninsular Digital tiene el propósito de otorgar una opinión favorable sobre las Fuerzas Armadas de México, en especial sobre la 3ra. Zona Militar. Pero en lo interno expresa una sustancia ideológica que merece atención.
La nota se titula: “Dejaron de ser confiables las autoridades policíacas” (El Peninsular Digital, 13-viii-10, redactada por Alberto González). Ahí, el líder empresarial describe a grandes rasgos un estado de descomposición de la legalidad en Baja California Sur. Sobre la fuente del mal resume:
“Si se hubiera actuado a tiempo, nada de lo que está pasando habría sucedido, pero se comenzó a impedir que los padres corrigieran a sus hijos, que los políticos hicieran compromisos sucios con gente sucia, en lugar de hacerlos con los empresarios; se permitió que hubiera uniones entre parejas del mismo sexo y ahora ahí están las consecuencias de la descomposición social.”
La declaración completa busca denunciar la corrupción de los cuerpos de seguridad pública, como se ha dicho. Pero va mucho más allá. Expone dos de los lugares comunes del pensamiento conservador de derecha al que pertenece un grupo notable (aunque no formal) de empresarios y políticos sudcalifornianos.
Hace un año, con la intención de disminuir la criminalidad en La Paz, ese grupo propuso el establecimiento de una prohibición policíaca municipal para que los menores salieran de sus casas después de las diez de la noche (El Sudcaliforniano, 28-vii-08 y 15-viii-08). Ésta parece ser la ocasión cuando “se comenzó a impedir que los padres corrigieran a sus hijos”, aunque también puede ser cuando México ratificó la convención de los derechos de las niñas y los niños en 1990.
En cuanto a que los políticos hicieron “compromisos sucios con gente sucia, en lugar de hacerlos (los compromisos sucios) con los empresarios”, se trata de una confesión de parte (es decir, un autogol). Pero hay que dejar abierta la puerta a la posibilidad de que existan empresarios que no se presten a hacer compromisos sucios con los políticos (sean estos sucios o limpios). ¡No podemos creer que los organismos empresariales estén liderados por empresarios que les gustaría estar suciamente comprometidos!
El tercer componente al que el líder empresarial sudcaliforniano atribuye la descomposición social (parece que de B.C.S. y de México) es al otorgamiento de derechos jurídicos a las parejas del mismo sexo en el Distrito Federal y a la validación en los demás estados de estos derechos que acaba de resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
¿Cuál es la solución para tanta perversidad que rodea el imaginario del presidente del Centro Empresarial de la Coparmex de Baja California Sur?
“Si la sociedad no quiere que el día de mañana le secuestren al padre o a la madre, que le maten al hijo o que éste se vuelva drogadicto, ésta es la oportunidad de participar, mandando un correo electrónico a Denuncia.3zm@mail.sedena.gob, o llamando por teléfono a la III Zona Militar, pidió la Coparmex.”
Tanta complejidad de pensamiento y tanta seguridad en establecer soluciones concretas comprueba la necesidad de no dejar solos a los empresarios sudcalifornianos decidiendo nuestro destino común. Incluso obliga a revisar sus compromisos con los políticos que actualmente gobiernan o están por gobernar. ¿Quién no puede preocuparse de que un día lleguen a encargarse de Sudcalifornia personas que piensan que un Estado de Derecho es igual que un Estado de Derecha o, peor, de Ultraderecha?
(Para expresiones distintas de sudcalifornianos sobre la diversidad y la discriminación en Baja California Sur lea el número 72 de Alternativa de B.C.S., descargable libremente.)
golfodecalifornia.blogspot.com
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