2 de febrero de 2018

Baja California Sur contra la #MineríaTóxica




Sandino Gámez

En 2017 se cumplió una década exacta de la lucha de los sudcalifornianos contra la minería tóxica en las zonas de recarga de sus acuíferos.
En Baja California Sur existen muy pocas fuentes de agua y los proyectos mineros, planeados para la extracción de oro con el uso de millones de toneladas diarias de sustancias tóxicas, precisamente desean colocarse sobre las zonas de recarga de los acuíferos.
La principal, de la que depende la vida cotidiana de tres cuartas partes de la población en el estado, es la Sierra de la Laguna, el único bosque alto de pino-encino en la península al sur del paralelo treinta. Desde 1994 un área natural protegida por decreto federal.
¿Cómo es posible que otorguen concesiones mineras en zonas de recarga del acuífero y especialmente en un área natural protegida con la categoría de Reserva de la Biósfera? Bueno, con ese absurdo que han sufrido innumerables comunidades en México y Latinoamérica es con el que han tenido que enfrentarse los sudcalifornianos desde 2007.
Antes de 2007 ya habían enfrentado la privatización de playas, espacios públicos en ciudades y campos y, sobre todo, la típica mentira oficial de nuestro tiempo en Sudcalifornia: que desde el sector público se va a hacer algo y se termina haciendo lo opuesto.
Durante los años 2001 a 2007 el enemigo social era la codicia de empresarios inmobiliarios, más bien especuladores de bienes raíces, y gobernantes y funcionarios sin escrúpulos, que lastimaron el tejido social diseñando planes de desarrollo urbano para beneficio de los grandes propietarios de predios y las constructoras de vivienda en detrimento de los habitantes actuales de las ciudades de La Paz y Los Cabos.
En esos años de gobiernos surgidos del PRD y el PT hubo tiempo suficiente entre la población para entender que el periodismo estaba controlado y que el discurso político dominante debe comprenderse al revés, no importa la denominación política del gobernante.
Proyectos enormes, que involucraron cambios a la vida cotidiana especialmente de los paceños, como campos de golf, megaplazas comerciales, centrales eléctricas, puentes vehiculares, espectaculares publicitarios y urbanizaciones para extranjeros en la costa, hicieron tangible la total falta de humanidad en los planeadores o tomadores de decisiones.
¿Cómo era posible que “gobiernos de izquierda” fueran precisamente los más depredadores de los bienes públicos de los sudcalifornianos? ¿Esto era el cambio prometido por el fin del partido único en el gobierno?
Hacia 2007 ya se habían ganado las primeras batallas sociales y jurídicas para conservar un área emblemática hoy para los paceños: Balandra, y se avisoraba que los sudcalifornianos, tradicionalmente quietistas, comenzaba a dejar de ver con malos ojos el activismo social.
La llegada de las empresas mineras a Baja California Sur se dio en 2007 con el mismo guión que los “desarrollos turísticos”: venían a traer empleo.
Había una serie de contradicciones, sin embargo. Nosotros nos quejábamos y nos seguimos quejando de que las urbanizaciones costeras sudcalifornianas (i.e. “los desarrollos turísticos”) basen su atractivo en la segregación del territorio a los locales, un abuso de la escasa  disposición de agua en una zona árida y una externalización de los efectos ambientales.
Pero la minería de tajo abierto es aún peor. También utiliza enormes cantidades de agua, pero además explosivos y sustancias tóxicas, y se sostiene en una paradoja: ¿cómo es posible que sea una actividad redituable la obtención de un gramo de oro por tonelada de roca procesada?
La minería aurífera moderna, cuando ya casi no existen yacimientos de oro puro, es una actividad económica que deforesta, destruye el suelo, libera arsénico al aire y tiene un largo historial de accidentes que terminan contaminando los mantos freáticos, esto es, los acuíferos.
Son tantas las ocasiones en que las empresas mineras han recurrido al despojo de las poblaciones habitantes del suelo a ser “explotado” y tantas las veces que se han apoyado en el hostigamiento violento, el crimen y el asesinato para llevar a cabo sus fines que sólo puede considerarse que la minería tóxica es la expoliación hecha sistema.
¿Cómo permitirle la entrada a Baja California Sur?
Los paceños recibieron los casinos en ese tiempo con escepticismo, pero los recibieron. La retórica gubernamental decía que, dada la “vocación turística” de Baja California Sur, los casinos serían un atractivo útil para generar empleos y “derrama” de divisas. Pero los casinos no se establecieron al interior de los “desarrollos turísticos” sino en los centros comerciales de los habitantes locales.
Junto a los casinos se instalaron casas de empeño y, muy poco tiempo después, aumentó en una proporción nunca vista los robos a casa habitación, a automóviles y patios. El consumo de “cristal” o “chuky” se disparó al alza y el estado alcanzó los primeros lugares nacionales por suicidio.
¿Acaso no estábamos listos en 2007 para recibir la mejor de todas las actividades económicas del mundo, la más antigua, la que contaba con mayores raíces en Sudcalifornia, la que más necesitaban nuestros pueblos casi fantasmas, pero otrora prósperos por la minería?
Una decena de concesiones mineras se habían delimitado ya en todo el territorio sudcaliforniano. Pero, organizados como son, parece que las lideraba (y lidera) la más grande, de capital canadiense  en ese entonces (aunque con todas sus acciones en Nueva York), llamada Paredones Amarillos. El “proyecto” se llamaba así por el nombre del sitio a explotar, antaño fuente de pepitas de oro puro, en las faldas de la Sierra de la Laguna, como hemos dicho, la principal fuente de agua de los habitantes de Baja California Sur.
Paredones Amarillos, como buen ‘bróker’ no se requería la paciencia de las inmobiliarias especuladoras del suelo, para colocar a sus agentes en los puestos de gobierno, ayudándolos a escalar los peldaños de la función pública, de uno en uno, o a saltos. La cantidad de recursos a su disposición le permitía simplemente comprarlos.
Así contrató a quien fuera el delegado de la Procuraduría Federal para la Protección del Ambiente para que le resolviera la parte jurídica ambiental y reclutó al más exitoso de los reporteros diaristas de entonces para dirigir la campaña mediática. Así comenzó a cumplir su promesa de generación de empleos: ya llevaba dos.
Con el panorama que estos “agentes locales” le dieron, suponemos, compró de una sola vez todos los medios de comunicación dominantes, impresos y electrónicos, a todos los reporteros de la fuente de política y mostró una abultada cartera para financiar “proyectos políticos”, asociaciones civiles y organizaciones de “trabajadores de la minería”.
Si alguien revisa los periódicos y revistas de esos años, así como grabaciones de noticiarios de radio y televisión local percibirá que siempre daban una nota favorable sobre la “actividad minera” y muy pocas veces nombraban a los opositores: sólo como “agentes de intereses” oscuros, retrógradas o ignorantes.
Se sorprenderá mucho quien haga el seguimiento de esta historia por los medios dominantes. Pues todo en ellos indica que un proyecto como Paredones Amarillos había de “cumplir” con todos los procedimientos legales y comenzar sus actividades inexorablemente, como ha sucedido en todos los estados del país con los proyectos de megaminería.
En Baja California Sur, sin embargo, los paceños, quizá por primera vez sin que los haya convocado un partido político, salieron a la calle ese 2007, en marchas y festivales, cientos de jóvenes divulgaron de boca en boca y mediante volantes impresos una verdad muy sencilla: sólo existe la minería tóxica, ninguna minería está libre de efectos adversos sobre la salud humana o el medio ambiente. El agua vale más que el oro.
A la par, organizaciones de la sociedad civil locales colocaban recursos legales en el ayuntamiento o el gobierno del estado para que la prohibieran, evitaran darle los permisos de cambio de uso de suelo o, de plano, le negaran acceso al uso del agua, principal recurso, junto con el territorio, para este tipo de minería.
Resultó tan sorpresiva esta respuesta activa de los paceños al proyecto minero que la empresa cambió su estrategia a la par que su nombre. De Paredones Amarillos ahora se llamaría:
“Concordia”. Con este nombre salió a pedir una revisión crítica del proyecto y que se le señalaran los cambios necesarios para cumplir “las normas”. Concordia creó una asociación civil “filantrópica” para “apoyar” el desarrollo de las comunidades cercanas a la futura mina.
Nosotros podemos decir que parecía que también estaba buscando los líderes que habían generado la movilización o, cuando menos, el grupo que coordinaba una respuesta tan unívoca entre sectores tan dispersos como trabajadores, empresarios o estudiantes. Detrás de la “Concordia” se estaba generando una típica estrategia de intervención social.
Vimos entonces historietas anónimas de muy cara manufactura con historias para demonizar a los activistas contra la minería tóxica. Vimos un viaje de decenas de “los más influyentes” reporteros y periodistas paceños, todos los gastos pagados, hacia otra mina del consorcio en la sierra de Sonora para mostrar la inocuidad del proyecto minero. Vimos estudios académicos de centros de investigación estatales hechos a modo para justificar la minería aurífera a cielo abierto sobre un acuífero en la zona de amortiguamiento de un área natural protegida federal.
“Concordia” no funcionó. Los “empresarios” canadienses vendieron sus acciones al Grupo México, el más influente consorcio minero en el país pues lo integran televisoras nacionales, periódicos, bancos, casinos, y son sus empleados ciertos jueces, secretarios de estado, senadores y diputados.
El Grupo México cambió el nombre al “proyecto”. Ahora se llama “Los Cardones”. Manchó de inició esta nueva etapa la ominosa compra de la mayoría de los regidores del XIV Ayuntamiento de La Paz que intentaron simular una sesión de cabildo en un domicilio particular para aprobar el cambio de uso de suelo a la minera.
Fallaron también. Por la presión social y la indignación ciudadana.
Todos, juntos, por distintos medios, muy públicos, como pequeños espacios en medios de comunicación masivos, en mítines o reuniones oficiales, comunicamos también, pero a la clase política y gobernante, una resolución sencilla: todo político o servidor público que esté a favor de la minería tóxica está a favor de la contaminación de las fuentes de agua de los sudcalifornianos y, por lo tanto, no merece ser representante social en Sudcalifornia.
Tan fuerte llegó a ser esta resolución pública que todavía hoy la minería tóxica es un tema tabú entre la clase política y muchos medios de comunicación que no se atreven a tratar el tema, ni a favor ni en contra.
(Podemos recordar, por ejemplo, que Marcos Covarrubias Villaseñor y sus contendientes a la gubernatura de Baja California Sur en las elecciones de 2011 tuvieron que comprometerse mediante documentos públicos a no favorecer proyectos mineros en las zonas de recarga de los acuíferos. También Carlos Mendoza Davis, poco después de tomar posesión del cargo de gobernador en septiembre de 2015, pronunció “un rotundo no a la minería tóxica”, en la ceremonia de instalación del XV Ayuntamiento de La Paz.)
La minería es una actividad que la Constitución federal hace de regulación exclusiva por parte de la federación. Pero los ordenamientos territoriales son estatales y municipales. Lo mismo la protección de la salud y el derecho a un medio ambiente sano. Por ello resulta claro que tanto los gobernadores (pese a sus discursos), los presidentes municipales y regidores correspondientes, así como especialmente los legisladores sudcalifornianos han sido omisos en generar la protección jurídica a los acuíferos del estado.
Instrumentos como el Programa de Ordenamiento Ecológico Local de La Paz, el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de La Paz, el Atlas de Riesgo del Municipio de La Paz y muchos otros que ya se han estudiado, redactado, pero no formalizado por cobardía por parte de los actores políticos, ya pudieran estar protegiendo de manera permanente las fuentes de agua, literales fuentes de vida, de los habitantes de Baja California Sur.
Mientras tanto, vale que lo sepan las empresas mineras, nacionales y transnacionales (es algo que ya saben nuestros propios políticos): la población de La Paz y de Baja California Sur seguirá educando a sus generaciones más jóvenes en el conocimiento de la naturaleza y el patrimonio común a todos quienes viven en esta media península. Distinguimos bien entre el discurso y los hechos. Los únicos empleos que queremos y necesitamos son los que mantienen libres de contaminantes los ecosistemas que nos dan agua y alimento.
Celebramos una década de lucha contra la minería tóxica. Comenzamos una segunda. Los sudcalifornianos no se cansan. Más bien, como dice el Cid Campeador en su canto inaugural de la lengua española: “Por necesidad batallo. // Mas ya sobre la silla, // se va ensanchando Castilla // al paso de mi caballo”. Por luchas como ésta los sudcalifornianos han desarrollado su civismo, su participación política y, sobre todo, su justo derecho a vivir en paz y prosperidad en su propia tierra. 

26 de diciembre de 2017

B.C.S.: La renovación democrática desde el municipio libre




Sandino Gámez / 

En Baja California Sur, como en el resto de México, existe una crisis de credibilidad sobre las instituciones públicas, la clase gobernante, los partidos políticos y la misma idea de la democracia.
Esta crisis se refleja no sólo en la baja participación ciudadana en los procesos electorales, sino también la indiferencia de los ciudadanos sobre las acciones de gobierno y el estado de salud de las instituciones, las cuales se han deteriorado profundamente en las últimas décadas.
La misma palabra “política” o “políticos” tiene una connotación comúnmente negativa, al grado de ser asociada directamente con la corrupción, el fraude o el robo de los recursos públicos.
¿Cómo recuperar (o generar) la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y, en especial, en la política y la democracia?
En primer lugar, es necesario garantizar que los representantes populares sean verdaderos representantes. En democracia eso sólo se consigue de manera esencial mediante su elección directa, así como sometiendo sus decisiones de mayor influencia social al escrutinio público.
En México, la Constitución Política federal establece al municipio libre como la base jurídica organizativa territorial de nuestro país. En Baja California Sur, esta estructura básica carece de representación directa de la población en el ayuntamiento, pues el ciudadano sólo tiene acceso a votar por el presidente municipal.
Los regidores, los integrantes el cuerpo colegiado que compone el cabildo y deciden por votación todos los asuntos de competencia municipal y que afectan de manera más directa al ciudadano, se registran en una fórmula que el ciudadano sólo conoce si da vuelta a la boleta para votar al presidente municipal.
Así, tanto los regidores electos carecen de relación con el votante como el ciudadano carece de relación con sus supuestos representantes, quienes una vez instalados en el ayuntamiento deciden asuntos de suma gravedad, como la privatización del espacio público, la administración de los servicios públicos, las licencias de alcoholes o la planeación territorial y urbana.
Una regiduría es el cargo de elección popular que influye de manera más directa e inmediata en el ciudadano, además de ser el primer escalón de un político de carrera. ¿Por qué entonces no tiene una relación directa con los ciudadanos a través del voto?
Hemos visto en Baja California Sur diversos ayuntamientos cuyos regidores han funcionado más como agentes o empleados de empresas privadas o de grupos de interés privado. Sin embargo, dadas las reglas políticas actuales, han actuado con total impunidad, sin contar siquiera con un castigo político por sus acciones.
Así, para renovar la cultura política de nuestro estado, dar representación política a los ciudadanos en el nivel más básico de gobierno y comenzar a cultivar la confianza del ciudadano sudcaliforniano la democracia, proponemos dos reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur:
Uno. Elección directa por mayoría relativa de los regidores mediante subdistritos, en boleta diferente al presidente municipal, conservando la representación proporcional para las primeras minorías.
Dos. Revocación o refrendo del mandato a la mitad del periodo de todos los cargos electos por voto popular en el estado y los municipios, con excepción del gobernador. Esto bajo el principio de que el voto ciudadano es un voto de confianza hacia el cargo electo y que, por lo tanto, el ciudadano debe poder retirarlo en el momento en que la ha perdido.
¿Quién puede estar en contra de estas propuestas para renovar la cultura política de Baja California Sur?
Por supuesto: una parte importante de las cúpulas partidistas (de todas las denominaciones) y los grupos de poder fáctico, político o económico. Lo común es que las regidurías se utilicen como mercancía de cambio para obtener apoyos políticos o económicos.
La revocación o refrendo de mandato es impensable que vaya a ser aceptada con docilidad también desde las cúpulas de los partidos políticos o grupos dominantes: existe la plena certeza en ellos de que el ciudadano debe aceptar que su participación se reduce a ir a votar cada tres años por quienes ellos han decidido que elija.
Así se expresa también esta clase política y gobernante en el sentido de que es una “regla de la democracia representativa” que los cargos electos no tienen por qué cumplir sus promesas de campaña ni preguntar a sus representados en los asuntos que les atañen.
Sin embargo, en Baja California Sur las propuestas de elección por voto directo de los regidores y la revocación o refrendo de mandato son factibles de llevarse a cabo mediante iniciativas ciudadanas gracias a los mecanismos establecidos por una nueva Ley de Participación Ciudadana de Baja California Sur recién promulgada.
Ésta indica que si 1.5 por ciento de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral estatal manifiestan por escrito su apoyo a estas iniciativas, el Congreso del Estado las debe recibir y discutir en su pleno. También la referida ley contiene los mecanismos de plebiscito para la promulgación de leyes o cambios constitucionales, de tal manera que incluso si los diputados estatales se resisten a aplicar estas herramientas tan naturales en una democracia los ciudadanos pueden obligar a su instauración, también, por la vía del voto.
Ninguna de estas medidas es de aplicación sencilla dadas las costumbres, los vicios y la negativa expresa de las cúpulas partidistas, la mayoría de los políticos en cargos electos y, particularmente, los gobernantes actuales de Baja California Sur, pues son renuentes a abandonar el monopolio del poder público.
Pero los ciudadanos sudcalifornianos tienen que considerar, especialmente en la crisis actual que vive su estado, si están dispuestos a quedarse cruzados de brazos viendo el deterioro o la destrucción completa de sus instituciones de gobierno, los servicios públicos y la credibilidad de la democracia electoral.
Aquí conviene que el ciudadano sudcaliforniano recuerde las palabras del sabio Hillel, aunque hayan sido acuñadas hace dos mil años en el distante país de Palestina: “Si no somos nosotros, ¿quién? Y si no es ahora, ¿cuándo?

3 de febrero de 2016

Punta Lobos de Todosantos: ¿qué resolvió el uso de la fuerza pública?

Sandino Gámez Vázquez


Me incluyo entre los muchos sudcalifornianos que están extrañados de que el gobierno del estado haya hecho uso de la fuerza con el propósito de terminar el plantón que ha colocado una parte muy importante de la población originaria de Todos Santos y El Pescadero contra un proyecto inmobiliario estadunidense.

El Estado tiene el privilegio legal del uso de la fuerza, pero hemos visto en persona y seguido en libros que han cruzado cientos o miles de años que el uso de la fuerza, aunque sea legítima, sólo produce más violencia. Por eso la justicia sólo la admite en legítima defensa. Un gobierno que basa su autoridad en el uso de la fuerza para resolver asuntos políticos es un gobierno muy débil.

¿Quién desea en el gobierno del estado que haya violencia contra movimientos sociales en Baja California Sur? Este caso es además muy sensible: se han documentado decenas de casos en el que las empresas inmobiliarias extranjeras han despojado de su tierra y el acceso a los recursos naturales en nuestro estado. De entrada, la historia reciente de Sudcalifornia está con los pescadores. Así como nosotros.

Más aún, dado que el Poder Ejecutivo, por voz del Secretario General de Gobierno, ha justificado la medida de fuerza como necesaria y en el mismo día de su declaratoria el juzgado segundo de distrito (Poder Judicial) ha dado el amparo a los socios de la Cooperativa Punta Lobos, la posición del Gobierno del Estado de Baja California Sur ha quedado en entredicho. ¿Qué queda después del uso de la fuerza? Los pescadores continúan su plantón y cada vez somos más los que estamos con ellos, así sea de corazón y opinión.

Una consecuencia de esta acción policíaca en favor de una empresa inmobiliaria extranjera es hacer evidente el riesgo de la concentración del uso de la fuerza pública en una sola instancia. En esto cabe sonar la alarma a todos los sudcalifornianos.

No debe haber un mando único policial en Baja California Sur bajo la dirección del encargado de la política interna del estado. Es mejor que exista una o varias corporaciones de policía estatales y cinco municipales en Baja California Sur. Es mejor para evitar arbitrariedades peligrosas similares o peores a la que este 2 de febrero de 2016 hemos visto en Punta Lobos de Todos Santos.

El poder de la fuerza pública no puede quedar en manos de una sola entidad que decide, sin orden judicial, el desalojo de trabajadores que están resguardando su fuente de trabajo.
Días antes de esto, autoridades estatales han hostigado con acciones judiciales a los líderes de los trabajadores en plantón y han acusado absurdamente de “invasión de propiedad privada” y “obstrucción de vías de comunicación” a quienes documentan y difunden todos los eventos de esa justa lucha.

No hay nada más odioso que el uso del aparato estatal para fines particulares represivos. Es un doble mal uso de los recursos públicos.

¿Cómo cerrará el nuevo gobierno la brecha profunda que esta acción ha provocado en la sociedad que le dio su confianza en las urnas? ¿Cómo se compensará el daño que se ha realizado a la imagen de la policía estatal ante la opinión pública?

sandinogamez@gmail.com





25 de octubre de 2015

Ser radical es empezar por la raíz

Sandino Gámez Vázquez



Dicen que la verdad no se transmite sino se dispone su comprensión en un arreglo indirecto. Que se acomodan objetos que indican al nuevo (o neófito) el nombre del dios. Al hablar de la patria sucede algo similar. Es imposible decir exactamente lo que pienso, pero daré un rodeo para no llegar al suelo, al menos no tan pronto.

La patria era el campo en que los romanos antiguos guardaban los restos de sus familiares, sus patres o antepasados. Era un terreno sagrado y nadie que no fuera del clan o gens (esto es, que fuera un pariente) podía pisarlo. El jefe de familia hacía, en esa época, de sacerdote de la religión familiar —básicamente un culto a los ancestros, como entre los chinos— y guardaba con celo cierto secreto que sólo transmitía a su primogénito.

El secreto era éste: mientras la patria (el campo sagrado o camposanto) perteneciera a la familia y se hicieran los ritos apropiados, la familia seguiría por siempre; porque en realidad los antepasados eran los del futuro y los del presente eran los antepasados. Por ello, cuando los romanos eran invadidos por enemigos peleaban con grande fuerza, porque no peleaban sólo por su presente sino por su siempre: su religión familiar los hizo invencibles excepto en dos o tres ocasiones.

Al acabar la época romana, al empezar la Edad Media en Europa, la relación había cambiado y la patria no existía en el sentido sagrado más que para unas cuantas familias, las poseedoras de la propiedad de la tierra por un difuso derecho llamado derecho divino, pero que tenía su origen verdadero en un derecho de fuerza. La nobleza feudal prescribía que el propietario absoluto de la tierra era el dios (a veces el dios de sus padres, a veces simplemente Dios), quien tenía un representante para establecer el gobierno entre los hombres: el rey. Siendo el representante absoluto del propietario absoluto de la propiedad de la tierra, el rey disponía para algunos de sus allegados grandes extensiones de ésta, con todo y mujeres y hombres, para que la defendieran y se sirvieran de ella. Cuando este hombre, señor feudal, caballero, conde, marqués, duque, etc., combatía contra un enemigo, lo hacía en defensa de sus derechos de propiedad, no porque ésta, la propiedad de la tierra, fuera sagrada; porque todo era sagrado en vista de su posesión absoluta por el dios. Ni siquiera el panteón familiar recibía grande atención, porque la religión medieval implicaba una paradoja entre vida, muerte y fama que se resolvía con la erección de estatuas en las tumbas de los muertos y la crónica por escrito de su vida, para su (casi) eterna fama. Para el reposo del alma ya había un lugar fuera de la tierra (a veces arriba, a veces abajo), como puede verse en Dante.

La patria no tuvo sentido nuevamente sino hasta la revolución francesa y el reinvento por los burgueses de la república. La república necesitaba a la patria tal como los señores feudales necesitaban la idea de la fidelidad al dios. Los burgueses declararon que todos los hombres eran iguales (tardarían más de un siglo en señalar lo mismo para las mujeres) y por tanto, en el gobierno de los hombres no podían existir relaciones de subordinación sino por la función encargada (por todos los hombres) a sus gobernantes. Así pusieron el nombre de ‘presidente’, esto es ‘el que se sienta primero’, al que tenía la más alta responsabilidad, bajo la idea de que sólo tendría este privilegio: que una vez reunidos todos (pues la república es la cosa pública: los asuntos comunes), estando todos de pie, él sería el primero en sentarse. Ni siquiera sería el primero en hablar, para eso habría un ‘vocal’ (y aquí se ve también la idea de república que tenían los tenochtitlanos, porque llamaban ‘el que habla primero’ a su gobernante).

Conocedores de la vieja historia de Europa, los burgueses republicanos del siglo XVIII, rehuyeron de la paternidad del dios feudal, eclesiástico y católico, y escogieron la protección de una antigua divinidad femenina del Mediterráneo o, más bien, decidieron utilizar sus atributos para simbolizar a la república y la patria. La figura más emblemática, que reúne en el título de La Libertad los atributos de la república y la patria, es la pintada medio siglo después por Delacroix: una mujer con gorro frigio, los senos al aire y sosteniendo la bandera de Francia como árbol, que encabeza una carga del pueblo de Marsella, hasta entonces escondido en una trinchera. Esta alegoría de la patria dando ánimo al pueblo para su defensa se propagó igual que una epidemia entre casi todas las naciones que luchaban por su independencia al principio del siglo XIX en América. Más que la seriedad masónica, hierática, fálica y patriarcal de los independentistas estadunidenses; los pueblos hispanoamericanos siguieron el modelo francés (al inicio, al menos) y construyeron su símbolo de patria ayudados por la feminidad genérica de la palabra y el uso natural de la diosa madre de los habitantes originales de la mayoría de sus países, los indios.

La patria que poseemos nosotros en nuestro lenguaje (incluso algunos en su mente y sus corazones), luego de tener su justificación europea, fue pronto identificada con Guadalupe, antes Tonantzin, que es como decir, ‘la dueña de los días’ o ‘madrecita’, una divinidad muy difundida en casi todo lo que hoy es México, excepto en una gran zona del noroeste. Guadalupe fue el símbolo que sirvió de unificador entre las élites mestizas y las criollas al decretar la independencia de México en 1821. Pero su uso guerrero (es decir, para convocar a los indios a la guerra) fue sustituido con rapidez, dando paso a una alegorización de su figura similar a la de una cueva: oscura, profunda e inmoble.

La patria adquirió su sentido bélico nuevamente sólo hasta que el país fue invadido por Estados Unidos entre 1846-48 y le fue mutilada la mitad de su territorio. Su caracterización no fue, sin embargo, la de una mujer indígena como Tonatzin. Los indios (todavía mayoría en la población mexicana) ya no fueron llamados a las armas para defenderla. De hecho no participaron más que forzados por la “leva” o conscripción obligada. Y también, ¿por qué lo harían? Quienes debieron (y lo hicieron muchos, es cierto) eran los criollos y los mestizos. La república era de ellos. Los indios, a decir de Manuel Payno, eran sólo parte del paisaje, y sólo dejando de ser indios serían mexicanos, dijo luego Ignacio Manuel Altamirano. Pero se sabe también que varios pueblos indígenas ofrecieron pelear contra el invasor estadunidense a cambio de derechos de propiedad sobre sus tierras y la exención de las alcabalas y otros tributos que les tenían impuestos. Horrorizados por las consecuencias políticas, económicas y sociales que provocaría el dar igualdad jurídica a los indios, la república de los criollos prefirió perder la mitad del territorio nacional (pero sólo, por supuesto, donde no tenían grandes intereses económicos).

En esta época tan cómica y tan trágica, tan irónica, cuando el salvador de los criollos era Santa Anna, se construyó la primera simbología de la patria que conocemos en nuestras vidas infantiles, la del himno nacional: “Ciña, ¡oh patria!, tus sienes de oliva / de la paz el arcángel divino; / que en el cielo tu eterno destino / por el dedo de Dios se escribió.”

Así los criollos mexicanos ajustaron la paradoja de sus derechos de posesión sobre esta tierra excluyendo de ella por completo y durante casi un siglo a los indios. El significado de esta estrofa es similar en sentido e intención a la idea medieval sobre el origen del poder del rey. A esta nueva nación, llamada mexicana, el dios le confería la posesión de la tierra a través de un ángel que la coronaba con una rama sagrada de olivo. Igual que el rey de la época medieval, ahora la patria devenía en la representante absoluta del dios en la tierra.

Desde entonces tenemos una confusión muy difundida entre patria y nación. Culpa de la rima, quizá, culpa de la idea: no la patria, sino la nación es la que siempre peligra; no la patria sino la nación es la que ordena.

Pasaron setenta años para que esto se aclarara en su fundamento. En 1921, Ramón López Velarde nos dijo dos veces por dos vías: “nuestro concepto de la Patria es hoy hacia dentro. Las rectificaciones de la experiencia, contrayendo a la justa medida la fama de nuestras glorias sobre españoles, yanquis y franceses, y la celebridad de nuestro republicanismo, nos han revelado un Patria no histórica ni política, sino íntima.”

Luego el poeta nos diría cómo darle un nombre más apropiado: suave patria, patria suave. Alejándola así de la sangre y la guerra del poema y la época del santannista Bocanegra. Luego, más cerca de nosotros, los poetas y pintores la han hecho morena. José Emilio Pacheco elaboró, cuando más oficial (y borrosa y detestable) se hacía la idea de patria, su poema “Alta traición”, destinado a remarcar la idea de patria de López Velarde: a mí qué me importan las guerras y los héroes, qué me importa la independencia o la revolución, pero mi vida daría, dice el poeta, por cierta selva y aquel desierto, una montaña y tres o cuatro ríos. Jorge González Camarena, casi al mismo tiempo, hizo una alegoría nueva sobre la patria, que ya estaba en algunos murales de Diego Rivera, pero en actitud sumisa y perdida: ahora González Camarena la puso de pie y soberbia: una mujer mestiza vestida de blanco y su moreno rostro como escudo (como el corazón) de una bandera que sostiene con su mano izquierda. ¿Luis González?, un historiador o muchos decidieron dar un nuevo nombre, una versión sintética, más clara y antigua, de esta suave patria color de la tierra: le dieron el nombre de ‘matria’, y quizá acertaron. Pero la patria sigue siendo la pública y la política por ser la del habla, todavía (especialmente en el discurso televisado). La matria aún es un misterio de los sentimientos originales. Matria, como materia, como madera, es la construcción primera de la esencia de las cosas.

Patria, matria. Sólo alejándola de las banderas y los himnos y las reyertas. Vale sólo sentirla. Leerla o escucharla sólo cuando es pronunciada por los labios o escrita por los dedos de un verdadero poeta, como Velarde o Pacheco, o vista por un pintor como Rivera o González Camarena. De lo contrario va a resultar carente de honor o, como en el caso de su uso por muchos de nuestros líderes y gobernantes, va a resultar algo muy cercano a lo que llamaban los antiguos la blasfemia, con las consecuencias nefastas del caso. En esto cabe ser radical —como jebusita, jacobino o zapatista— y no andarse con medias tintas.

El sentimiento, patria, el pensamiento, matria. O a la inversa: tan igual. Como para no expresarse sino guardarse como el viejo secreto de los primeros romanos. Así no sólo la tierra sino los corazones. Así no sólo el pasado sino el presente.

Así quizás un futuro.