El Caimancito: Una casa presidencial estatal

El Instituto Sudcaliforniano de Cultura se encuentra editando el libro ‘La casa presidencial del Caimancito’. La instrucción para realizar esta obra de carácter histórico provino del gobernador del estado, Marcos Covarrubias, como una idea original para celebrar la remodelación del equivalente sudcaliforniano de la casa presidencia federal de Los Pinos.

El Caimancito, como es bien conocido, fue construido con dinero de la federación durante la presidencia de Miguel Alemán (1946-1952), que coincidió con el periodo de Agustín Olachea como jefe político del Territorio Sur de la Baja California (1946-1956). Miguel Alemán, el constructor de Acapulco, se había hecho de grandes extensiones de tierra en las cercanías de La Paz, así como Agustín Olachea en El Mogote, previendo sin duda que llegaría un día en que la bahía sudcaliforniana alcanzaría el destino de la bahía guerrerense.

¿Cuál es el papel que tuvo la casa presidencial del Caimancito en la vigorosa vida cultural que tuvo la ciudad de La Paz en la década de 1950? Baste decir que en ese lugar en 1958 se escenificó teatralmente por vez primera el desembarco de Hernán Cortés, dando por formalmente inaugurada la celebración de las Fiestas de Fundación de La Paz que el gobierno del estado y el ayuntamiento de La Paz están obligados por tradición a organizar cada 3 de mayo.

La casa presidencial fue entregada como un obsequio material y simbólico de la federación al nuevo Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, nacido en 1974. La transición de una casa de descanso del presidente de la república a residencia protocolaria del gobernador del estado sudcaliforniano fue un homenaje federal a la soberanía y el orgullo estatales. Así como el presidente tiene la casa presidencia de Los Pinos en Chapultepec, así el gobernador de Baja California Sur debía tener El Caimancito.

Para lo que queremos reflexionar aquí debe recordarse que la casa presidencial de Los Pinos fue establecida por el presidente socialista Lázaro Cárdenas, para evadir el aura monárquica que tenía el Castillo de Chapultepec debido a su uso como residencia y despacho por Maxiliano de Habsburgo, Porfirio Díaz y Álvaro Obregón. También por los inconvenientes prácticos de vivir en Palacio Nacional, como lo habían hecho Benito Juárez o Francisco I. Madero. Los Pinos fue, en este sentido, como muchas de las acciones del cardenismo: un acto concreto para marcar distancia con el pasado autoritario y al mismo tiempo para facilitar la tarea de gobierno.

Un propósito o justificación similar, o al menos una parte de ella, debió ser el motivo por el cual el quinto gobernador sudcaliforniano, Leonel Cota, determinó la conversión de El Caimancito en un espacio público ajeno al protocolo gubernamental. Junto con la venta del avión del gobernador y la transformación del edificio usado en comodato por el Partido Revolucionario Institucional en Albergue de Asistencia Social (administrado por el DIF estatal) para los usuarios foráneos del Hospital Salvatierra, la acción del quinto gobernador planteaba un mensaje sobre la dirección de su política y su alejamiento del cuarto gobernador, Guillermo Mercado.  La casa de El Caimancito primero se remodeló para que funcionara como un acuario y después como centro de convenciones. Ambos proyectos fracasaron y el lugar quedó semiabandonado. Luego, durante el periodo de Narciso Agúndez vio perder medio kilómetro de playa y arrecifes, por la privatización del terreno destinado a crecimiento futuro.

La remodelación que ha iniciado este año, además de las simbólicas, tiene justificaciones económicas: los integrantes del gobierno del estado, el congreso y el tribunal superior de justicia requieren de un recinto para recibir de manera protocolaria a sus pares de la federación, de otros estados y de otros países. El gasto de dinero público por la renta o acondicionamiento de locales, hoteles, restaurantes, salones o centros de convenciones se verá así disminuido, al menos en la capital del estado.

En cierta forma, es un nuevo inicio de la historia de esa casa. Estamos seguros que la investigación organizada por la directora del Archivo Histórico del estado, maestra Elizabeth Acosta, y la redacción encargada al escritor Christopher Amador —en su calidad de coordinador de la Red Estatal de Bibliotecas y reconocido autor de un gran número de composiciones literarias— generará investigaciones e interpretaciones subsiguientes sobre sus cualidades prácticas y sus usos simbólicos.

Las casas de gobierno no son meros edificios de habitación y oficina del ejecutivo o jefe político en turno. Su arquitectura y ubicación dan un mensaje claro sobre el uso del poder público: la “casa del rey”, único edificio administrativo remanente de la época colonial en La Paz, construida en piedra, fue destruida por el ejército estadunidense antes de abandonar la península luego de la invasión de 1846-1848. En 1881 la primera casa de gobierno del jefe político local fue construida adyacente a la plaza principal, hoy Jardín Velasco, de frente a la catedral. Su destrucción en la década de 1960, bajo criterios de ruina estructural, fue vista como una afrenta por los sudcalifornianos. Fue decidida por un jefe político que por sus acciones prepotentes hizo renacer el Frente de Unificación Sudcaliforniana, un comité ciudadano que se creó con gran prestigio durante el gobierno de Francisco J. Múgica (1941-1946). La agrupación de los años 1960 fue continuada por el movimiento Loreto 70 que, al igual que la anterior pero con otros protagonistas, enarbolaba la demanda de “gobernador nativo o con arraigo”. ¿A qué se debió que una de las primeras acciones del primer gobernador de Baja California Sur, Ángel César Mendoza Arámburo fuera reconstruir la casa de gobierno y abrirla como espacio público para uso cultural en 1981? ¿Acaso no fue por un clamor popular? (Hay preguntarse también por qué todos los gobiernos dejaron inconclusa la construcción: nunca cerraron la cuadra e incluso hoy una asociación de comerciantes la usufructúa como estacionamiento y proyecta una plaza comercial privada.)

No sólo tienen significado la estructura física o la ubicación geográfica del edificio público donde despacha o reside el gobernador o jefe político: también la manera como se le denomina. Por ejemplo, lo que conocemos hoy como el Centro Cultural La Paz, fue hasta 2005 Palacio Municipal. Pero cuando se construyó e inauguró en 1910 se le llamaba oficialmente Casa de la Ciudad, y desde ella despachaba el presidente municipal de La Paz. ¿Cuál es la diferencia entre una Casa de Gobierno y un Palacio de Gobierno? ¿O entre una Casa de la Ciudad y un Palacio Municipal? La respuesta es ideológica: la denominación de “palacios” para los recintos administrativos o de protocolo de los jefes políticos es una reminiscencia colonial y monárquica que los gobernantes locales sudcalifornianos evitaron entre 1881 y 1914. El uso de la denominación “casas” —aunque los edificios no tuvieran el uso habitacional de la autoridad política sino el meramente administrativo— elimina el carácter aristocrático y establece uno republicano. En las repúblicas, como se sabe, todos los ciudadanos son iguales ante la ley y se gobiernan con un presidente, una palabra que significa: ‘el que se sienta primero’.

¿Pero quién vive o despacha en un palacio?

Esta es una reminiscencia virreinal que también permanece en la denominación de “gobernador”. Cuando se decretó la república como forma de gobierno en México en la primera constitución política (1824) se eliminó el título de emperador y el resto de las denominaciones aristocráticas, y se estableció el cargo de “presidente”. También se sustituyó el de “alcalde” por “presidente municipal”. Pero se conservó el nombre y cargo de “gobernador”. La estructura republicana mexicana: presidente de la república > gobernador > presidente municipal, claramente tiene un fallo de coherencia. El gobernador de una entidad federativa, desde el nombre, se le están otorgando cualidades no republicanas que hacen muy evidentes las fallas democráticas en la composición del poder al interior del Estado, en nuestro caso el sudcalforniano.

Parecerá ingenuo creer que modificar el título del jefe del poder ejecutivo estatal redundará en una mayor democratización de la vida política local, pero al menos sería una curiosidad notable a nivel nacional: sólo los sudcalifornianos tendríamos un “presidente estatal”. Así podríamos presumir de contar con un “Presidente de los Estados Unidos Mexicanos”, un “Presidente del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur” y cinco “Presidentes de los Honorables Ayuntamientos”. En cierta forma sería un acto de demostración de la auténtica soberanía y libertad del pueblo sudcaliforniano.

Pero más notable sería que los sudcalifornianos y sus gobernantes tuvieran así siempre presente el propósito general de la separación de los poderes del Estado y el propósito particular de la concentración del Poder Ejecutivo estatal en una sola persona.

En este sentido podemos ver que el título escogido por los editores del libro proyectado por el Instituto Sudcaliforniano de Cultura es gratamente apropiado. El libro ‘La casa presidencial de El Caimancito’ quizá marque así el inicio de una renovación no sólo física sino simbólica y política para un estado de la nación mexicana que cumplirá cuarenta años de edad el 8 de octubre de 2014.

¿A quién no gustan los cambios que mejoran lo que disfrutamos todos? Nuestra vida política, los espacios públicos, el fondo y la forma.

Finalmente, ante tan relevante misión que tienen los investigadores asignados a la edición del libro, es sencillo prever el buen éxito de sus esfuerzos. Tanto Acosta como Amador han realizado ediciones de libros muy importantes o significativos antes. Basta con mencionar ‘La guía familiar de Baja California (1700-1900)’ —editada recientemente por el Archivo Histórico que lleva el nombre de su autor Pablo L. Martínez— y el primer libro sobre Víctor Bancalari, un muy conocido pero hasta ahora poco leído escritor sudcaliforniano: ambos son iniciativas de Acosta, la primera, y de Amador, la segunda.

Insistimos en expresar nuestra esperanza de ver aparecer múltiples esfuerzos de investigadores particulares y especialistas académicos que secunden la labor de estos comprometidos y capaces servidores públicos del Instituto Sudcaliforniano de Cultura.

sandinogamez@gmail.com

El palacio de hierro

 Todo ciudadano debe saber quiénes son sus gobernantes. Especialmente los de las ciudades, especialmente los de las capitales. Este conocimiento es obligatorio porque cumple con una promesa hecha hace mucho tiempo por nuestros patres, para que nosotros en el presente viviéramos con algo de tranquilidad, lejos de la guerra y cuidadosos con nuestros hijos. El campo —los habitantes de lo que no es ciudad— ha guardado este compromiso siempre, en la guerra defendiéndonos y en la paz alimentándonos. La ciudad, por supuesto, también devuelve beneficios. El problema es cuando la ciudad declara, por así decirlo, una campaña contra el campo, encareciendo las medicinas, oprimiendo su vida y explotando indecorosamente su trabajo.

Nuestros campesinos distan mucho de ser esclavos pero, para evidenciar el abandono en que los citadinos tendemos a dejarlos, conviene recordar la famosa revuelta de Espartaco en los tiempos de la república de Roma, las rebeliones campesinas en Alemania en el siglo XVI, en Francia, España y México a principios del XIX, y nuestra revolución de 1910. La única relación entre todas ellas se encuentra en que han sido manifestaciones armadas que sucedieron cuando había una gran opulencia en las ciudades y una gran miseria en el campo.

 La revolución mexicana de 1910 es ejemplo que podemos ver más de cerca y que fácilmente mostrará la silueta de lo que indico: en el momento de mayor esplendor de treinta años de paz porfírica, de lujo francés y bienestar material, las fuerzas del subsuelo salieron a la superficie, el pueblo rural derribó la puerta y la fiesta terminó.

Los intelectuales de la época, citadinos y encadenados al orden imperante, hablaron entonces de las fuerzas del subsuelo que subían para apagar las luces de la superficie. Era la barbarie en un nuevo embate contra la civilización. Eran los bárbaros zapatistas que venían a destruir el jardín japonés que cultivaba el brillante poeta José Juan Tablada en su casita de San Ángel. Era el indio ignorante que pensaba que el "mayor estropicio" era uno de sus oficiales. Véanse las letras que acompañan las fotos de Casasola de la toma de la Ciudad de México en 1914 para apreciar en pequeño el gran desprecio que sentía la clase alta y sus siervos de las ciudades sobre quienes vivían en el campo.

Nadie esperaba la gran rebelión. Ocho años antes, el hacendado Francisco I. Madero había predicho que los conflictos de la clase política, de no ser resueltos bajo los principios de la democracia (liberal y burguesa, claro), terminarían por desencadenar el caos, la anarquía. Madero no era profeta preciso, puede verse en La sucesión presidencial de 1910: él se refería al militarismo, no a la irrupción armada de la clase campesina, cansada de sostener sobre su espalda el progreso de la nación.

Por supuesto, hay que tranquilizarse, todas las revueltas campesinas han sido sofocadas tarde o temprano, aniquilando al caudillo o a sus seguidores, o deportando en masa a sus niños y mujeres. Como demostraron los yaquis de Sonora, los mayas de Yucatán y los zapatistas de Morelos, los campesinos no pueden alejarse mucho de sus tierras. Por ello siempre la solución ha sido atacarlos desde la base, destruyendo su estructura como grupo. Con la excepción de Lázaro Cárdenas, todos los gobernantes mexicanos en casi dos siglos han resuelto el problema campesino por la fuerza, sin llegar siquiera a concebir que había otra causa para las rebeliones que una "natural inclinación de los ignorantes por la violencia".

El uso de la fuerza, con la amplitud que puede ofrecer la eficiencia de un Estado, puede detener por años el descontento campesino; pero, como ya se ha visto más de tres veces en el curso de nuestra historia, una vez que se debilita la clase política decae también la correcta administración de la fuerza y empieza a subir la marea.

No es difícil considerar que nuestros días tienen una circunstancia muy diferente de las décadas anteriores, de los treinta años de Porfiriato o todo ese periodo anterior a la Reforma que parece tener poco o nada que ver con el México del presente. Lo cierto es que es el mismo país, las condiciones son similares y la nuestra ha sido una historia ininterrumpida. La diferencia estriba en que hoy el México rural es pequeño en comparación con el pasado. Si antes de 1930 sólo un veinte por cierto de la población vivía en las ciudades, hoy hay una relación casi inversa: un treinta por ciento a lo más radica en el campo. De esta forma cualquiera podría concluir que ya no es posible una rebelión como las sucedidas en la revolución o en la independencia. Los cristeros, la guerrilla de Lucio Cabañas en Guerrero, los zapatistas de Marcos en Chiapas, han sido focos aislados que obedecen a intereses diferentes de los que pueden exigir los campesinos.

Pero esto no es cierto.

La exigencia violenta es verdad que ha sido poco frecuente y todavía más rara la ocasión en que su envergadura ha hecho peligrar el estado de las cosas. Pero ha habido una demanda continua a través del aparato legal, con la protesta pacífica o con la resistencia civil. Los archivos de los gobiernos estatales y nacionales de dos siglos guardan miles de peticiones hechas por los pueblos indios, por comunidades campesinas o por organizaciones agrarias, para que se instaure la justicia o para que se derogue aquella ley que planea la destrucción de su forma de vida.

Hoy el campo mexicano se va despoblando. El Tratado de Libre Comercio y las políticas neoliberales han tenido éxito en su propósito de convertir a los campesinos mexicanos en proletarios oferentes de mano de obra barata en Estados Unidos. Desde De la Madrid, los gobiernos títeres han trabajado a conciencia para destruir la independencia alimentaria de México. Ahora el país no produce lo que consume, tiene que importar una cantidad cada vez mayor de granos básicos, de carnes y de leche. ¿De dónde?, de los campos agrícolas estadunidenses, donde trabajan los mexicanos emigrados. Un círculo perfecto.

Los secretarios de Agricultura de los últimos dos sexenios se han reconocido a sí mismos como agentes comerciales importadores de granos de Estados Unidos a México; han defraudado a la nación pasado por alto el cobro de aranceles establecidos en el TLC para proteger la producción local y han descapitalizado y prácticamente despojado a los pequeños agricultores.

Cualquier país con una clase política mínimamente patriota hubiera visto que todas estas acciones están encaminadas a agregar a la dependencia económica una dependencia alimentaria. Una nación que no puede alimentarse a sí misma se encuentra en el momento último de su existencia como tal, a punto de mendigar o prostituirse para no morir de hambre.

Curiosamente, quienes mendigan y se prostituyen son nuestros gobernantes y sus secretarios de Estado. Para no morir de hambre, para no prostituirse ni mendigar, las mujeres y hombres de campo mexicano trabajan fuera de su país y sostienen con su salario a los que se quedan.

Los hombres y las mujeres de la ciudad deberíamos tener presente estas condiciones no sólo al ir al mercado a comprar víveres o al ver en televisión el fugaz reporte de una manifestación en algún remoto pueblo de Oaxaca. No sólo al despreciar a quien desprecie el trabajo campesino o el perfil indígena de quien trabaja en los campos agrícolas. Es nuestro deber vigilar las acciones de nuestros representantes y funcionarios públicos para que manden obedeciendo y para deponerlos cuando se alejen de los intereses colectivos y se acerquen cada vez más a los privados.

No sucederá, como podría pensarse, que en lo mejor de la fiesta venga una nube de enmachetados a tumbar la puerta. El machete, lo demostraron los campesinos de Texcoco, es sólo un símbolo de la dualidad de la vida del campo: herramienta y defensa contra alimañas.

Si abandonamos el campo mexicano, permitiendo que se encarezcan los alimentos, que los gobernantes hagan negocios con la función pública y se concentre la riqueza en pocas manos, quien terminará la fiesta con un delicado llamado a la puerta serán fusiles extranjeros (o nacionales verde olivo, da lo mismo), sólo para dar aviso a los presentes que vienen a proteger la fiesta de una multitud de desheredados que se acerca.

Guión visual para el video musical “Besitos en el cuello”, interpretado por los Grandes del Pardito

Pasa un tiburón ballena.

Una pareja de buzos lo observan. Ella lo toma de la mano como para llamar su atención. Está emocionada por el gran pez. Él se estremece al contacto.

En la lancha, al quitarse de la cabeza el equipo, a ella el cabello le cae húmedo sobre un hombro; lo exprime y alcanza a ver que él, todavía con el neopreno, la mira desde el timón un instante para luego ocuparse de prender el motor. Hay alguien más sobre la embarcación, pero sólo se aprecia que arregla el equipo en javas de plástico. Ella voltea a su cabello y al horizonte. Se ven los cerros de la ensenada de Cabo Pulmo en el instante que el sol entra detrás de ellos.

Hay sonrisas en la playa. Mientras él y el otro empujan la lancha para salir del agua y se les une un señor mayor, ella corre hacia una pareja que la espera en la parte seca. Es un gringo viejo, la señora es trigueña, de cincuenta, guapa, indefectiblemente mexicana, ambos vestidos al estilo de Todos Santos; la joven se lanza a los brazos abiertos del gringo.

El padre paga al señor mayor de la lancha y el tercero sobre la embarcación lleva cosas hacia la caja de una Titán blanca. Ella ayuda a la mujer a subir al estribo, deteniendo la puerta y dándole el brazo. Platican muy sonrientes.

Él la mira mientras enrolla una cuerda o manguera a lo largo de su brazo.

Antes de entrar al carro, ella lo mira, le sonríe sin verle y entra.

Él también apenas sonríe, pero su sonrisa se amplía.

Pasa un grupo de mobulas. Los buzos se agitan y las señalan, sólo uno se mantiene igual.

En la playa, mientras el grupo se despide del señor mayor, él enrolla una cuerda y mira el horizonte con el sol cayendo. Alguien se despide de él y él asiente.

Va en una Toyota Pathfinder café subiendo el cerro de Cabo Pulmo. Luego baja el llano-arroyo de La Ribera. Pasa por la virgen de San Bartolo. Deja cruzar unos niños en El Triunfo. Antes de la Y mira pasar un grupo de caballos y toma el camino de Todos Santos. La picap ve la Casa de la Cultura y la Misión. Pide una dirección. Le señalan. Se estaciona frente a una casa antigua con huerta.

En una imagen en retroceso de su viaje (como en un ánime de samuráis) se ve como él sale de la casa de Milo en Cabo Pulmo (una casa que es un cámper, con una ramada, junto a un cuarto en construcción). Y es Milo, el señor que cobra, quien lo despide.

Duda, pero toca la aldaba.

Es el gringo viejo quien abre. Le sonríe, algo le dice con amabilidad, pero cruzado en el umbral no hace ningún movimiento que signifique que lo va a dejar entrar. Él se despide sonriente, algo apenado, enseñando una palma al voltear la espalda hacia su carro. El gringo quita la cara sonriente ante la espalda.

Está cargando gasolina en la estación de Todos Santos, mirando hacia el frente pensativo. En la bomba de al lado se coloca un Nitro nuevo, con los vidrios abajo, manejado por un júnior. Hay tres jóvenes mujeres en el carro, con arreglos de fiesta, una adelante y dos en el asiento trasero. El júnior abre la puerta, baja, dice algo al de la gasolinería, cierra y se encamina al baño.

Él está viendo el Nitro. Ella está en el asiento de copiloto, mirándolo a su vez con grato asombro. La mira como si un objeto de vidrio estuviera a punto de romperse. Las demás muchachas también lo miran. El hechizo acaba cuando ella prevé la llegada del júnior, que entra serio al Nitro. Ella queda oculta detrás de su cuerpo. Las demás chicas vuelven a su expresividad festiva. Le cierra la perspectiva de la ventana el cuerpo del empleado. Le está dando una nota.

El Nitro se aleja, pero alcanza a ver su perfil y una sonrisa. Su cara se ilumina.

Es un baile de plaza donde tocan Los Grandes del Pardito. Él está con sus amigos, todos vestidos al estilo de Santiago (todos con nada en las manos). Está explicando con los brazos el acercamiento a una manta gigante. Los amigos dejan de prestarle atención y miran discretos hacia su espalda. Él se voltea y la ve con sus amigas, vestidas como jóvenes de San José. La cara de ella es una interrogante. La de él (los amigos como a punto de arrojarse en precisa picada hacia el agua) como a punto de ver romper algo ya roto. Pero ella sonríe (y las amigas a su detrás se carcajean). Sólo se ve cómo a él —luego de un discreto suspiro— se le ilumina la cara.

El penúltimo tiro: los dos grupos juntos en la plaza viéndolo contar sobre la mantarraya, ella muy cerca de él, detrás mirones (volteando hacia los músicos y de espaldas a la cámara) y enseguida el baile (o los bailadores), detrás los Grandes, sobre un escenario, detrás la iglesia de la misión de San Javier y detrás el gran cerro con el tono de la tarde. Es 3 de diciembre.

Baja All Exclusive: la otra cara de los desarrollos turísticos en Sudcalifornia

Documental de Carmina Valiente. Guión: Carmina Valiente y Sandino Gámez. 50 minutos. La Paz, México, 2010. Historias de la desigualdad y marginación que sufre la población local a causa del modelo de urbanización costera para extranjeros llamado comercialmente "desarrollo turístico".
Baja All-Exclusive. Documental completo from 7Filos Producciones on Vimeo.

Nulo interés de la Dirección de Ecología de La Paz para proteger Balandra: Colectivo Balandra

La Paz, Baja California Sur (10/08/2011).- A pocos días de que el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Rafael Elvira Quesada, asegurara que el área Balandra será protegida mediante un decreto federal, el director de Ecología del XIV Ayuntamiento de La Paz, Víctor Daniel Hernández Valdez, externó que “el asunto de Balandra es cuestión de enfoques” y que la manera como se ha tratado el tema en los últimos cinco años ha sido “amarillista”.

            Hernández Valdez hizo estas declaraciones durante una reunión de trabajo con tres representantes del Colectivo Balandra, cuatro regidores y el director general de Desarrollo Urbano y Ecología municipal el 8 de agosto pasado en la Sala de Cabildo del Palacio Municipal de La Paz. La reunión, propuesta por el Colectivo Balandra, una asociación ciudadana que ha promovido la creación del área protegida de Balandra desde 2005, tenía como objetivo solicitar a los regidores paceños una postura definida del XIV Ayuntamiento sobre la creación del área natural protegida.

            El Colectivo expuso la historia y la situación legal reciente de la protección de Balandra, una zona con poco más de dos mil hectáreas de playas, manglares y cuencas hídricas a 20 kilómetros al norte de La Paz, y que se ha mantenido en su estado natural. Ninguno de los regidores presentes: Silvia García González, José Yakaélel Ramírez Pérez, Ricardo Fiol Higuera y Norma Alicia Castañeda Quintero, ni el director general de Desarrollo Urbano y Ecología, Franco Díaz Urnieto, emitieron una palabra acerca del tema después de escuchar la exposición.

            La única intervención por parte del XIV Ayuntamiento de La Paz fue del director de Ecología, Víctor Daniel Hernández Valdez. Este funcionario municipal, doctor en ciencias y profesor investigador de tiempo completo en el Centro de Investigaciones Científicas y del Mar (CICIMAR), desestimó los estudios técnicos que justifican la creación del área natural protegida de Balandra que se encuentra en proceso de decreto por el gobierno federal. Aunque enseguida aclaró que no había leído ninguno de estos estudios.

            El XIV Ayuntamiento de La Paz asumió sus funciones en los últimos días de abril y desde el mismo día de la toma de posesión, la presidenta municipal Esthela Ponce Beltrán expresó que “revisaría el caso de Balandra”, siendo ésta la única demanda social que mencionó con un nombre propio en su primer discurso. Pero en declaraciones periodísticas subsiguientes, el director de Ecología Hernández Valdez manifestó su desconocimiento total del tema. Al 8 de agosto de 2011 es evidente que es un asunto que sigue sin interesarle.

            Así mismo, es lamentable la total falta de interés de los regidores del XIV Ayuntamiento de La Paz y del director general de Desarrollo Urbano y Ecología ante una demanda social que ha alcanzado las más altas tribunas del estado y del país. No sólo el Congreso de Baja California Sur ha hecho el exhorto al gobierno federal para apresurar la creación del área, también el Senado de la República y la Cámara de Diputados en pleno han hecho eco de esta exigencia de los sudcalifornianos.

            La postura del director de Ecología del XIV Ayuntamiento de La Paz, Víctor Daniel Hernández Valdez, pone en entredicho las palabras de la presidenta municipal de La Paz, Estela Ponce Beltrán, en su discurso de bienvenida al secretario Elvira Quesada el 4 de agosto de 2011. La alcaldesa dijo que Balandra era un espacio natural “de los más queridos por todos los sudcalifornianos y especialmente por los paceños” y que “jamás vamos a permitir que se destruya la naturaleza que ha llevado millones de años en conformarse”.

            Finalmente, esta posición de indiferencia es un insulto a los más de 25 mil ciudadanos de este municipio que han exigido la protección de un espacio emblemático con su firma y a los muchos miles que han dispuesto un enorme esfuerzo social para proteger el patrimonio natural de los paceños. De ahí el lema “Balandra es nuestra” que ha mantenido nuestro colectivo y que ha permeado en todos los sectores de la población paceña y sudcaliforniana, excepto en los encargados de la protección del medio ambiente del Municipio de La Paz.

            Por estos motivos, el Colectivo Balandra exige a la presidenta municipal Esthela Ponce una definición pública y concreta sobre la creación del área natural protegida de Balandra, y la rectificación de la política ambiental del municipio hacia la defensa de los intereses colectivos de los paceños.

Para mayor información, por el Colectivo Balandra: Mary Belle Cruz Ayala; Mario Sánchez; Sandino Gámez.

Balandra es nuestra y vamos a protegerla

Desde hace miles de años, la zona de Balandra ha sido un espacio fundamental para la vida de los seres humanos en esta parte de la Tierra. A los sudcalifornianos, a los habitantes de La Paz de ahora, nos ha tocado la fortuna de tenerla cerca e intocada, con sus playas que nos permiten tener la experiencia de nuestros antepasados, sus manglares que dan vida a nuestra bahía, sus cerros y valles cubiertos de cactáceas que hacen un paisaje majestuoso, de orgullo para nosotros y de sorpresa para quienes nos visitan.

            Por el uso que le hemos dado socialmente y por su importancia biológica, desde 2004 muchos paceños pedimos formalmente al Ayuntamiento de La Paz que convirtiera esa zona de casi dos mil hectáreas en un área natural protegida municipal. Era una previsión justificada: se estaba afectando toda la costa cercana a La Paz para convertirla en fraccionamientos para extranjeros, equivalentes a pequeñas ciudades, como Paraíso del Mar en El Mogote o Costa Baja junto a Punta Prieta.

            El xi Ayuntamiento de La Paz decretó el área, pero poco tiempo después la justicia federal dio un amparo a los propietarios, entre ellos la empresa del hijo de un ex presidente de la república, Miguel Alemán. La empresa se llama Balandro y sus títulos de propiedad fueron expedidos a ese ex presidente en la Ciudad de México pocos años después de terminar su mandato. Esa familia sólo tuvo interés en Balandra hasta que comenzó el auge inmobiliario especulativo que hizo crisis en todo el mundo en 2009. En ningún momento mostró su plan de desarrollo inmobiliario. Pero se filtraron varios proyectos posibles, algunos incluso se pueden localizar en Internet. Contienen marinas para yates en la bella bahía, condominios y hoteles en los cerros, casas y campos de golf en el bosque de cactos. Todo nuestro patrimonio natural intocado estaría perdido: el uso recreativo y el acceso mismo, la salud del manglar, el mayor de la bahía de La Paz, el paisaje atractivo.

            Para comenzar de nuevo la protección jurídica del área, formamos el Colectivo Balandra. Este es un grupo informal de estudiantes, profesores, profesionistas, periodistas, trabajadores, escritores, artistas, ciudadanos en general y organizaciones de la sociedad civil. Hicimos muchas actividades de información, recogimos 20 mil firmas y conseguimos que el Congreso estatal detallara en la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente de B.C.S. (leepa) el procedimiento de creación de áreas municipales. Hubo un apoyo nulo del gobierno de Narciso Agúndez (2005-2011); también frialdad en el Congreso del Estado, presidido entonces por Rosa Delia Cota Montaño, y titubeos en el xii Ayuntamiento, presidido por Víctor Castro Cosío. Sin embargo, muchísimas personas dentro del gobierno, el congreso y el municipio ayudaron a que la ley se reformara y se publicara, a que se realizara una gran cantidad de estudios justificativos, y a que el ayuntamiento paceño decretara finalmente el área natural protegida municipal (anp) de Balandra en marzo de 2008, en la última sesión del cabildo del xii Ayuntamiento.

            De 2008 a 2010 diversos especialistas trabajaron en la creación de los reglamentos para el área y los proyectos de mejoramiento de los servicios de la playa. En 2008, la Fraccionadora Balandro, de la familia Alemán, pidió un amparo contra la leepa y contra el decreto de creación del área protegida municipal. En primera instancia les fue negado. Pero en 2009 les fue admitido porque en revisión de segunda instancia ni el gobierno de Narciso Agúndez ni el Congreso del Estado ofrecieron argumentos para oponerse. El xiii Ayuntamiento de La Paz lo hizo tímidamente y de último momento. El argumento principal del amparo concedido es que la empresa Balandro no tuvo oportunidad para defenderse de la ley y del decreto, y que la leepa es anticonstitucional porque los municipios sólo pueden “participar en la creación” y no “crear” áreas naturales protegidas, según la ley federal. Finalmente, en su penúltima sesión, este xiii Ayuntamiento anuló el decreto de creación del anp de Balandra.

            Del amparo concedido a Fraccionadora Balandro hemos adquirido esta experiencia: no podemos dejar de presionar a nuestros gobernantes porque se vuelven indolentes ante las demandas sociales. ¿Cómo es posible que estando la gran mayoría de la población de La Paz activamente interesada, convencida y movilizada para que las autoridades protejan uno de sus lugares socialmente más queridos y valiosos, estas autoridades fueran incompetentes u omisas para defender el interés público y abdicaran ante el interés de un particular que sólo busca lucrar con la venta de la tierra, la destrucción del paisaje y la privatización de un bien social?

            Sin embargo, el área no está desprotegida. No sólo gran parte de los paceños estamos por su protección formal y seguiremos exigiendo un nuevo decreto. También actualmente el Programa de Ordenamiento Urbano de La Paz establece que esa área está destinada para su conservación natural, y todo proyecto de urbanización requiere previamente de estudios de impacto ambiental. Si el xiv Ayuntamiento se lo propone ninguna empresa podrá realizar obras destructivas en la zona mientras se obtiene una protección jurídica firme para Balandra.

            También se encuentra en proceso un decreto presidencial para hacer de Balandra un área natural protegida federal. Todos los estudios justificativos y todos los procedimientos administrativos han sido realizados. Sólo falta que el presidente de la república Felipe Calderón firme y publique el decreto en el Diario Oficial de la Federación. Sospechosamente, esto lleva sin realizarse casi dos años. Por eso tenemos que presionar al presidente Calderón, desde aquí y cuando venga a Baja California Sur. En la página www.balandraesnuestra.org hay un formato para exigirle la publicación del decreto, quien guste puede enviársela; hemos sido miles. También el gobierno del estado podría decretar la protección del área e incluso expropiarla a sus dueños de papel. Eso le ganaría al gobernador Marcos Covarrubias un respeto histórico.

            Ahora pedimos firmeza al xiv Ayuntamiento de La Paz que encabeza la presidente Estela Ponce. Firmeza para proteger el interés público de los paceños como administradora principal de la cosa pública de nuestro municipio, la base jurídica de nuestra sociedad. La presidenta Ponce y el nuevo Cabildo del xiv Ayuntamiento de La Paz tienen un deber para con nosotros. Debe encontrar la mejor manera, debe probar todas las maneras, de proteger el área de Balandra, un símbolo de lo que queremos, la piedra donde detuvimos la privatización de lo que es de todos, un regalo de nuestros antepasados, una herencia para nuestros descendientes.

            Nosotros, las ciudadanas y los ciudadanos de La Paz, se los recordaremos de continuo.

Aunque no votes, sí cuentas

Dicen que cada pueblo tiene el gobierno que se merece. El pueblo sudcaliforniano habrá de demostrar la validez de este dicho durante y después de las elecciones locales del próximo 6 de febrero de 2011. Es la primera y quizá la única vez que los sudcalifornianos podrán elegir ayuntamientos y una legislatura con un periodo de duración de cuatro años y medio, en lugar de los tres años comunes. Esto significa que los regidores y los presidentes municipales tendrán el tiempo suficiente para establecer administraciones competentes y solucionar los graves problemas que arrastran los ayuntamientos. También, al contar con una mitad más que su periodo regular, los diputados locales podrán debatir, consensuar y expedir las leyes que requiere Baja California Sur para favorecer los intereses de la sociedad local.

Bajo esta circunstancia histórica, insisto: probablemente irrepetible, los sudcalifornianos deberían estar más interesados en comprender y valorar las propuestas de las planillas edilicias, la orientación ideológica de los candidatos a diputados y la plataforma política de los partidos que los tienen en sus listas. Tal vez acudiendo a las oficinas de los partidos políticos o quizá a las casas de campaña de los candidatos se puedan conseguir estos documentos básicos. Deben existir en alguna parte, porque se supone que es un requisito obligatorio exigido por el Instituto Estatal Electoral para registrar candidatos o planillas (artículos 32 a 37 de la Ley Electoral de B.C.S.). En los hechos, lo único que el ciudadano común tiene a su disposición para decidir su voto son las declaraciones públicas, los eslóganes de campaña, los volantes y trípticos y, en mayor medida, las fotos de los rostros de los candidatos. En estas condiciones, ¿cómo decidir cuál es la propuesta política, el perfil ideológico y el plan de acciones que mejor conviene a nuestros municipios y estado?

Se trata de una ficción pura, lo sabe la mayoría del electorado. Los partidos son sombras grises de lo establecido no sólo por la teoría política, sino especialmente por la Constitución Mexicana: “entidades de interés público” cuyo fin es “promover la participación del pueblo en la vida democrática” y, “como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan” (Art. 41,i).

Pero incluso si los partidos mostraran una plataforma ideológica, la escasa relación entre partidos y candidatos en la última década no ayudan al ciudadano elector a establecer una diferencia significativa entre los candidatos sobre los que debe elegir. A esto hay que agregar, además, que al menos en Baja California Sur el Instituto Estatal Electoral en su campaña promocional de las elecciones locales no ha advertido en ningún momento a los ciudadanos sobre cuáles son las atribuciones y cómo es el funcionamiento interno de los ayuntamientos y el congreso del estado.

Dado el elevado costo del Instituto Estatal Electoral y el hecho de que sólo se nota su actividad en la víspera de una elección estatal, ¿cómo es que no cumple su responsabilidad manifiesta de “promover y difundir los principios y valores de la cultura democrática” (Art. 86 de la Ley Estatal Electoral de Baja California Sur). Lo que hace en la actualidad es solamente llamar a votar. ¿Acaso no es lo más básico explicar clara y sencillamente al ciudadano el poder que está delegando con su voto?

Si los ciudadanos supieran más sobre el funcionamiento del congreso local y las funciones de los diputados, ¿no tendrían mayores oportunidades para discernir cuál es el candidato más conveniente para representarlo? En una sociedad que se rige por leyes, leyes aprobadas por diputados, ¿no es necesario pedir un mínimo de sabiduría de la vida y respeto por la justicia en el candidato de nuestra elección?

En el caso de los ayuntamientos esto es aún más complejo porque la suma de los regidores tiene más peso en las decisiones del cabildo que el presidente municipal. ¿Pero quién escoge a los regidores? Esta es la parte más opaca del sistema electoral de Baja California Sur y la que tiene las consecuencias más graves sobre la sociedad local. Porque los regidores deciden los cambios de uso de suelo, aprueban la instalación de los nuevos asentamientos humanos, otorgan los permisos para la instalación de expendios de bebidas embriagantes, donan o venden las áreas de uso común o “demasías” en ciudades o pueblos, fraccionamientos o colonias, entre muchas otras facultades sobre el desarrollo territorial y costero de los municipios.

Es tan grande el poder de los regidores que a ellos les debemos en los últimos cinco años la instalación de las macroplazas comerciales en los cruces de las principales vialidades de La Paz, la escasa aportación financiera de los “desarrollos turísticos” a los municipios y los conflictos de tráfico en todos los nuevos asentamientos urbanos de esta capital. ¿Quién escogió a estos regidores tan poco útiles para el interés colectivo de los habitantes de nuestras ciudades y pueblos? En apariencia los ciudadanos que acuden a votar. Pero no. No hay siquiera un proceso interno en los partidos para su selección. Las listas de regidores se establecen por cuotas de poder o sobre la base de favores económicos para la campaña electoral. Por ello el nivel político de los regidores con gran frecuencia es mínimo: son familiares cercanos de políticos influyentes, empleados de confianza de empresarios o líderes de partidos familiares o de membrete. Pese a su carácter determinante en la conducción de la cosa pública en los municipios, prácticamente ningún regidor es conocido o, mejor, reconocido al final de su gestión.

En los hechos, el sistema electoral sudcaliforniano está diseñado para que los electores sólo pongan atención en los candidatos a gobernador y a presidentes municipales. Se nos pide, de esta manera, que votemos por ciertas personas, básicamente una sola. Y una vez que la hayamos votado y haya salido electa, nuestra participación ya no es necesaria.

Volteemos hacia atrás y recordemos cuántas ocasiones los candidatos una vez electos cumplieron sus compromisos de campaña. ¿Por qué, si es que somos una democracia, no tenemos herramientas probadas para evitar que nuestras colectividades dependan de voluntades únicas? ¿Es imposible exigir a los gobernantes y representantes un mínimo de coherencia? ¿Estamos condenados a ser rehenes en los asuntos públicos de la competencia o incompetencia de unas pocas personas? Estas personas, a las que llamamos políticos, y que cuando detentan un cargo público llamamos gobernantes o “representantes populares” son los menos capaces y menos interesados en que el actual estado de las cosas cambie.

Después de este 6 de febrero de 2011, tanto si se acudió a votar, si se nulificó el voto o no se ejerció este derecho a elegir entre un grupo de políticos tan relacionados entre sí que es casi indistinto quién resulte vencedor, el día 7 de febrero se seguirá siendo un ciudadano y habitante de este estado. Y a partir de marzo y abril seguirá siendo afectado por las decisiones de los regidores, el criterio de los diputados locales y, especialmente, el fabuloso poder conferido constitucionalmente a la persona que lleva el cargo de gobernador de los sudcalifornianos.

Así, no sólo los que votan tienen derecho a exigir a quien votaron el cumplimiento de sus promesas de campaña. También los que no votaron por él o los que no acudieron a votar deben exigir el cumplimiento de los preceptos constitucionales de hacer una administración de la cosa pública para el bien común. Por esto la cuestión no es votar o no votar, ni elegir al menos peor o anular el voto. La cuestión es qué hacer durante los próximos cuatro años y medio para que estas personas investidas con cargos públicos de elección popular actúen en beneficio del interés colectivo y no del interés de pequeños grupos económicos o políticos, como acostumbran.

En la resolución de este importante, decisivo y fundacional asunto se requieren muchas manos y mentes, pero no hay nadie más obligado que un sudcaliforniano o una sudcaliforniana. ¿En qué otro lugar de México existe un gobernador para tan sólo seiscientos mil habitantes? ¿Acaso la fortuna no nos ha concedido la oportunidad más fácil de tener el gobierno que nos merecemos?