Sandino Gámez
En 2017 se cumplió una década exacta de la lucha de
los sudcalifornianos contra la minería tóxica en las zonas de recarga de sus
acuíferos.
En Baja California Sur existen muy
pocas fuentes de agua y los proyectos mineros, planeados para la extracción de
oro con el uso de millones de toneladas diarias de sustancias tóxicas,
precisamente desean colocarse sobre las zonas de recarga de los acuíferos.
La principal, de la que depende la
vida cotidiana de tres cuartas partes de la población en el estado, es la
Sierra de la Laguna, el único bosque alto de pino-encino en la península al sur
del paralelo treinta. Desde 1994 un área natural protegida por decreto federal.
¿Cómo es posible que otorguen concesiones
mineras en zonas de recarga del acuífero y especialmente en un área natural
protegida con la categoría de Reserva de la Biósfera? Bueno, con ese absurdo
que han sufrido innumerables comunidades en México y Latinoamérica es con el
que han tenido que enfrentarse los sudcalifornianos desde 2007.
Antes de 2007 ya habían enfrentado
la privatización de playas, espacios públicos en ciudades y campos y, sobre
todo, la típica mentira oficial de nuestro tiempo en Sudcalifornia: que desde
el sector público se va a hacer algo y se termina haciendo lo opuesto.
Durante los años 2001 a 2007 el
enemigo social era la codicia de empresarios inmobiliarios, más bien
especuladores de bienes raíces, y gobernantes y funcionarios sin escrúpulos,
que lastimaron el tejido social diseñando planes de desarrollo urbano para
beneficio de los grandes propietarios de predios y las constructoras de
vivienda en detrimento de los habitantes actuales de las ciudades de La Paz y
Los Cabos.
En esos años de gobiernos surgidos
del PRD y el PT hubo tiempo suficiente entre la población para entender que el
periodismo estaba controlado y que el discurso político dominante debe
comprenderse al revés, no importa la denominación política del gobernante.
Proyectos enormes, que
involucraron cambios a la vida cotidiana especialmente de los paceños, como
campos de golf, megaplazas comerciales, centrales eléctricas, puentes
vehiculares, espectaculares publicitarios y urbanizaciones para extranjeros en
la costa, hicieron tangible la total falta de humanidad en los planeadores o
tomadores de decisiones.
¿Cómo era posible que “gobiernos
de izquierda” fueran precisamente los más depredadores de los bienes públicos
de los sudcalifornianos? ¿Esto era el cambio prometido por el fin del partido
único en el gobierno?
Hacia 2007 ya se habían ganado las
primeras batallas sociales y jurídicas para conservar un área emblemática hoy
para los paceños: Balandra, y se avisoraba que los sudcalifornianos,
tradicionalmente quietistas, comenzaba a dejar de ver con malos ojos el
activismo social.
La llegada de las empresas mineras
a Baja California Sur se dio en 2007 con el mismo guión que los “desarrollos
turísticos”: venían a traer empleo.
Había una serie de contradicciones,
sin embargo. Nosotros nos quejábamos y nos seguimos quejando de que las
urbanizaciones costeras sudcalifornianas (i.e. “los desarrollos turísticos”) basen
su atractivo en la segregación del territorio a los locales, un abuso de la
escasa disposición de agua en una zona
árida y una externalización de los efectos ambientales.
Pero la minería de tajo abierto es
aún peor. También utiliza enormes cantidades de agua, pero además explosivos y
sustancias tóxicas, y se sostiene en una paradoja: ¿cómo es posible que sea una
actividad redituable la obtención de un gramo de oro por tonelada de roca
procesada?
La minería aurífera moderna, cuando
ya casi no existen yacimientos de oro puro, es una actividad económica que
deforesta, destruye el suelo, libera arsénico al aire y tiene un largo
historial de accidentes que terminan contaminando los mantos freáticos, esto
es, los acuíferos.
Son tantas las ocasiones en que las
empresas mineras han recurrido al despojo de las poblaciones habitantes del
suelo a ser “explotado” y tantas las veces que se han apoyado en el
hostigamiento violento, el crimen y el asesinato para llevar a cabo sus fines
que sólo puede considerarse que la minería tóxica es la expoliación hecha
sistema.
¿Cómo permitirle la entrada a Baja
California Sur?
Los paceños recibieron los casinos
en ese tiempo con escepticismo, pero los recibieron. La retórica gubernamental
decía que, dada la “vocación turística” de Baja California Sur, los casinos
serían un atractivo útil para generar empleos y “derrama” de divisas. Pero los
casinos no se establecieron al interior de los “desarrollos turísticos” sino en
los centros comerciales de los habitantes locales.
Junto a los casinos se instalaron casas
de empeño y, muy poco tiempo después, aumentó en una proporción nunca vista los
robos a casa habitación, a automóviles y patios. El consumo de “cristal” o
“chuky” se disparó al alza y el estado alcanzó los primeros lugares nacionales
por suicidio.
¿Acaso no estábamos listos en 2007
para recibir la mejor de todas las actividades económicas del mundo, la más
antigua, la que contaba con mayores raíces en Sudcalifornia, la que más
necesitaban nuestros pueblos casi fantasmas, pero otrora prósperos por la
minería?
Una decena de concesiones mineras
se habían delimitado ya en todo el territorio sudcaliforniano. Pero,
organizados como son, parece que las lideraba (y lidera) la más grande, de
capital canadiense en ese entonces (aunque
con todas sus acciones en Nueva York), llamada Paredones Amarillos. El “proyecto”
se llamaba así por el nombre del sitio a explotar, antaño fuente de pepitas de
oro puro, en las faldas de la Sierra de la Laguna, como hemos dicho, la
principal fuente de agua de los habitantes de Baja California Sur.
Paredones Amarillos, como buen ‘bróker’
no se requería la paciencia de las inmobiliarias especuladoras del suelo, para
colocar a sus agentes en los puestos de gobierno, ayudándolos a escalar los
peldaños de la función pública, de uno en uno, o a saltos. La cantidad de
recursos a su disposición le permitía simplemente comprarlos.
Así contrató a quien fuera el
delegado de la Procuraduría Federal para la Protección del Ambiente para que le
resolviera la parte jurídica ambiental y reclutó al más exitoso de los
reporteros diaristas de entonces para dirigir la campaña mediática. Así comenzó
a cumplir su promesa de generación de empleos: ya llevaba dos.
Con el panorama que estos “agentes
locales” le dieron, suponemos, compró de una sola vez todos los medios de
comunicación dominantes, impresos y electrónicos, a todos los reporteros de la
fuente de política y mostró una abultada cartera para financiar “proyectos
políticos”, asociaciones civiles y organizaciones de “trabajadores de la
minería”.
Si alguien revisa los periódicos y
revistas de esos años, así como grabaciones de noticiarios de radio y
televisión local percibirá que siempre daban una nota favorable sobre la
“actividad minera” y muy pocas veces nombraban a los opositores: sólo como
“agentes de intereses” oscuros, retrógradas o ignorantes.
Se sorprenderá mucho quien haga el
seguimiento de esta historia por los medios dominantes. Pues todo en ellos indica
que un proyecto como Paredones Amarillos había de “cumplir” con todos los
procedimientos legales y comenzar sus actividades inexorablemente, como ha
sucedido en todos los estados del país con los proyectos de megaminería.
En Baja California Sur, sin
embargo, los paceños, quizá por primera vez sin que los haya convocado un
partido político, salieron a la calle ese 2007, en marchas y festivales,
cientos de jóvenes divulgaron de boca en boca y mediante volantes impresos una
verdad muy sencilla: sólo existe la minería tóxica, ninguna minería está libre
de efectos adversos sobre la salud humana o el medio ambiente. El agua vale más
que el oro.
A la par, organizaciones de la
sociedad civil locales colocaban recursos legales en el ayuntamiento o el
gobierno del estado para que la prohibieran, evitaran darle los permisos de
cambio de uso de suelo o, de plano, le negaran acceso al uso del agua,
principal recurso, junto con el territorio, para este tipo de minería.
Resultó tan sorpresiva esta
respuesta activa de los paceños al proyecto minero que la empresa cambió su
estrategia a la par que su nombre. De Paredones Amarillos ahora se llamaría:
“Concordia”. Con este nombre salió a pedir una
revisión crítica del proyecto y que se le señalaran los cambios necesarios para
cumplir “las normas”. Concordia creó una asociación civil “filantrópica” para
“apoyar” el desarrollo de las comunidades cercanas a la futura mina.
Nosotros podemos decir que parecía
que también estaba buscando los líderes que habían generado la movilización o,
cuando menos, el grupo que coordinaba una respuesta tan unívoca entre sectores
tan dispersos como trabajadores, empresarios o estudiantes. Detrás de la
“Concordia” se estaba generando una típica estrategia de intervención social.
Vimos entonces historietas
anónimas de muy cara manufactura con historias para demonizar a los activistas
contra la minería tóxica. Vimos un viaje de decenas de “los más influyentes”
reporteros y periodistas paceños, todos los gastos pagados, hacia otra mina del
consorcio en la sierra de Sonora para mostrar la inocuidad del proyecto minero.
Vimos estudios académicos de centros de investigación estatales hechos a modo
para justificar la minería aurífera a cielo abierto sobre un acuífero en la
zona de amortiguamiento de un área natural protegida federal.
“Concordia” no funcionó. Los
“empresarios” canadienses vendieron sus acciones al Grupo México, el más
influente consorcio minero en el país pues lo integran televisoras nacionales,
periódicos, bancos, casinos, y son sus empleados ciertos jueces, secretarios de
estado, senadores y diputados.
El Grupo México cambió el nombre
al “proyecto”. Ahora se llama “Los Cardones”. Manchó de inició esta nueva etapa
la ominosa compra de la mayoría de los regidores del XIV Ayuntamiento de La Paz
que intentaron simular una sesión de cabildo en un domicilio particular para
aprobar el cambio de uso de suelo a la minera.
Fallaron también. Por la presión
social y la indignación ciudadana.
Todos, juntos, por distintos
medios, muy públicos, como pequeños espacios en medios de comunicación masivos,
en mítines o reuniones oficiales, comunicamos también, pero a la clase política
y gobernante, una resolución sencilla: todo político o servidor público que
esté a favor de la minería tóxica está a favor de la contaminación de las
fuentes de agua de los sudcalifornianos y, por lo tanto, no merece ser
representante social en Sudcalifornia.
Tan fuerte llegó a ser esta
resolución pública que todavía hoy la minería tóxica es un tema tabú entre la
clase política y muchos medios de comunicación que no se atreven a tratar el
tema, ni a favor ni en contra.
(Podemos recordar, por ejemplo,
que Marcos Covarrubias Villaseñor y sus contendientes a la gubernatura de Baja
California Sur en las elecciones de 2011 tuvieron que comprometerse mediante
documentos públicos a no favorecer proyectos mineros en las zonas de recarga de
los acuíferos. También Carlos Mendoza Davis, poco después de tomar posesión del
cargo de gobernador en septiembre de 2015, pronunció “un rotundo no a la
minería tóxica”, en la ceremonia de instalación del XV Ayuntamiento de La Paz.)
La minería es una actividad que la
Constitución federal hace de regulación exclusiva por parte de la federación.
Pero los ordenamientos territoriales son estatales y municipales. Lo mismo la
protección de la salud y el derecho a un medio ambiente sano. Por ello resulta
claro que tanto los gobernadores (pese a sus discursos), los presidentes
municipales y regidores correspondientes, así como especialmente los
legisladores sudcalifornianos han sido omisos en generar la protección jurídica
a los acuíferos del estado.
Instrumentos como el Programa de Ordenamiento
Ecológico Local de La Paz, el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de
Población de La Paz, el Atlas de Riesgo del Municipio de La Paz y muchos otros
que ya se han estudiado, redactado, pero no formalizado por cobardía por parte
de los actores políticos, ya pudieran estar protegiendo de manera permanente
las fuentes de agua, literales fuentes de vida, de los habitantes de Baja
California Sur.
Mientras tanto, vale que lo sepan
las empresas mineras, nacionales y transnacionales (es algo que ya saben
nuestros propios políticos): la población de La Paz y de Baja California Sur
seguirá educando a sus generaciones más jóvenes en el conocimiento de la
naturaleza y el patrimonio común a todos quienes viven en esta media península.
Distinguimos bien entre el discurso y los hechos. Los únicos empleos que
queremos y necesitamos son los que mantienen libres de contaminantes los
ecosistemas que nos dan agua y alimento.
Celebramos una década de lucha
contra la minería tóxica. Comenzamos una segunda. Los sudcalifornianos no se
cansan. Más bien, como dice el Cid Campeador en su canto inaugural de la lengua
española: “Por necesidad batallo. // Mas ya sobre la silla, // se va
ensanchando Castilla // al paso de mi caballo”. Por luchas como ésta los
sudcalifornianos han desarrollado su civismo, su participación política y,
sobre todo, su justo derecho a vivir en paz y prosperidad en su propia tierra.
