4 de diciembre de 2008

Alternativa 71, revista sudcaliforniana

Alternativa es una revista crítica y literaria que siempre ha tenido la pretención de ser mensual. Sin embargo, en 26 años de existencia ha publicado sólo 101 números porque sus editores han hecho lo posible, más que para mantener su periodicidad, para sostenerla como medio de expresión independiente. Durante la primera época de la revista, entre los años 1982 y 1997, se publicaron 31 números. En esta segunda época, menos intermitente, desde 1999 se han publicado 70.

Alternativa publica ensayos, artículos, textos literarios y material gráfico de personas que viven o están interesadas en Baja California Sur. También incorpora textos que los editores consideran útiles para la sociedad local. El objetivo continuo ha sido ser un foro de expresión de los intereses, las preocupaciones y las soluciones de los sudcalifornianos, y con tal propósito Alternativa ha editado un número especial sobre Ambientalismo y desarrollo turístico, con análisis sobre el papel de las ONG y el modelo de construcción de fraccionamientos para extranjeros en las costas sudcalifornianas.

Este número 71 fue editado con el apoyo del Fondo Acción Solidaria, A.C. Dado el costo de la impresión, aún es incierto si Alternativa 71 será impresa (a color o blanco y negro), si se distribuirá electrónicamente como un PDF, como una página de internet o se aprovecharán las tres vías juntas. Pero su distribución comenzará el 15 de enero de 2009.

El presente mensaje es una invitación a conocer el índice del número y a considerar una manera de apoyar este proyecto independiente mediante la colocación de publicidad, la donación en especie (de la impresión, por ejemplo) o la difusión entre sus contactos.

Más información puede ser obtenida dirigiéndose a sandinogamez@gmail.com

24 de noviembre de 2008

Lo que es de todos es de cada uno


En La Paz se está generando un proceso ciudadano notable: una toma de conciencia sobre la ciudad, el bienestar colectivo y el desarrollo económico. La forma que ha tomado este proceso es aún indefinible, pero tiene que ver con la inteligencia, el amor a la naturaleza y al prójimo, y una esperanza, también difusa aunque positiva.

En su consecuencia es una crítica del modelo económico basado en la construcción de fraccionamientos costeros para extranjeros. En su causa hay elementos políticos: el modelo ha propiciado una separación social indignante: la riqueza colectiva se ha privatizado o se quiere privatizar en beneficio de unos cuantos con la anuencia de quienes detentan el poder público.

Los afectados por esta toma de conciencia ciudadana son quienes creen que lo que es de todos es de nadie: una generación de nuevos ricos que no quieren a su ciudad ni a su tierra, y mucho menos a sus vecinos. La experiencia de la privatización de las tierras públicas en El Mogote en 2001 por parte del gobierno del estado y el comportamiento de los constructores de Paraíso del Mar a lo largo de siete años fueron un ejemplo ampliamente difundido. Su repetición constante en otros desarrollos inmobiliarios dejó una clara asociación que ha podido confirmarse en los proyectos del Cerro de la Calavera (otro símbolo natural en proceso de destrucción), El Caimancito, Costa Baja, La Gaviota, Balandra (ahora propiedad social de los paceños), El Coyote, El Rosario-La Sorpresa, Punta Arena-La Ventana y el condohotel de nueve pisos del Malecón. Hay una poco sana relación entre gobernantes y “desarrolladores”.

El gobierno municipal también ha mostrado cuál es su papel en este negocio: cobra los impuestos y derechos de ley a estos desarrollos de lujo como si fueran terrenos baldíos sin desmontar o, en el peor de los casos, no les cobra nada: el XII Ayuntamiento, para dar el más caro ejemplo, debió exigir en efectivo el valor comercial del diez por ciento de los lotes de Paraíso del Mar (27 hectáreas) y hubiera recibido varios cientos de millones de dólares por ese motivo. De haberlos pagado, Paraíso del Mar quizá habría convencido a La Paz de que deseaba sinceramente contribuir al desarrollo de la ciudad. Pero no. Entregó cien hectáreas de monte, lejos de la costa, entre el ejido Chametla y El Centenario, y el XII Ayuntamiento, presidido por Víctor Castro Cosío, aceptó este desigual intercambio aunque violaba la Ley Estatal de Desarrollo Urbano (Art. 74, párr. II).

¿Por qué ninguno de los poderes públicos de B.C.S. y sus municipios se hicieron socios de estos desarrollos turísticos si las perspectivas de inversión eran tan buenas y lo que se utilizaba eran terrenos públicos? Seguramente el razonamiento fue: “si lo que es de todos es de nadie, y la Constitución federal, la estatal y las leyes municipales dicen que lo que es del gobierno es de todos, entonces lo que es del gobierno es de nadie y no hay que cuidarlo: hay que privatizarlo.”

Si cuentan con este apoyo estatal y municipal, y son favorecidos por el poder público como nadie en este estado, ¿por qué entonces se quejan tanto los “desarrolladores”?

Recientemente algunos de ellos han insistido en culpar a “los ambientalistas” de detener o intentar obstruir el desarrollo económico de la ciudad. ¿Son “los ambientalistas” quienes han puesto obstáculos a Paraíso del Mar de Gravi, al condohotel de Decope o al Fideicomiso F/934 Deutsche Bank México propietario de Entremares? No.

Hacen bien estas voces en atribuirles tanta fuerza a un grupo cada vez más grande de ciudadanos de La Paz que participan con sus conocimientos y sus opiniones en la revisión de estos proyectos de gran impacto para la ciudad. Pero aún no se ha visto un solo “ambientalista” que haya detenido un “desarrollo”. Quienes lo han hecho han sido unas entidades abstractas, poco conocidas y usualmente ignoradas: las leyes.

La mayoría de las veces, aprovechando su cercanía con los gobernantes, los desarrolladores se preocupan mucho en no cumplirlas y los gobernantes se ocupan poco en hacer que se cumplan. Por ello los ciudadanos se ven obligados a exigir y a estar atentos a su cumplimiento, y a recordar a funcionarios y desarrolladores sobre las responsabilidades civiles, administrativas y penales de sus omisiones.

Lejos de ser una molestia, los “ambientalistas” deberían ser reconocidos por utilizar su tiempo libre, gratuitamente, para promover el estado de derecho en Baja California Sur y en La Paz. ¿Habría promovido por sí mismo el fideicomiso F/934 Deutsche Bank México la consulta pública sobre su proyecto Entremares? ¿Habría hecho lo mismo la empresa Gravi para solicitar su opinión a los pobladores de La Paz sobre el camino de acceso a El Mogote, recientemente clausurado por violar la ley? ¿Decope hubiera detenido la construcción de su torre en el malecón?

Tuvieron que ser obligados por la ley.

A empresarios como estos, que piensan que los habitantes de La Paz deben callar y obedecer, cada vez les será más difícil vender el paisaje, los recursos naturales y la tranquilidad de los paceños. Cada vez más habitantes de esta ciudad saben que no deben confiar ni en la competencia ni en la fidelidad de los “servidores públicos” hacia los intereses colectivos, ni en las engañosas promesas de “empleos y bienestar” que se asocian a las inversiones en fraccionamientos costeros para extranjeros y que en la actual crisis han quedado desnudas en su verdadera naturaleza.

Han sido muchos años de discursos y acciones huecas de una fosilizada clase política y un pequeño sector empresarial estimulando y defendiendo un modelo excluyente. Ahora tenemos por sus acciones y omisiones una serie de problemas que están a la vista y que requerirán de mucha creatividad para resolverlos. Pero, he aquí lo interesante: nunca La Paz había tenido tantos cerebros y corazones dispuestos.

7 de noviembre de 2008

Los regidores y el condohotel de nueve pisos


El día jueves 6 de noviembre de 2008, los regidores, la síndico y la presidenta municipal del XIII Ayuntamiento de La Paz recibieron en comparecencia al Director de Desarrollo Urbano y Ecología municipal, Marco Antonio Domínguez Valles, para que les informara sobre el proceso técnico de autorización del proyecto del Condohotel que la empresa Decope desea construir en el Malecón con más de los cuatro niveles o doce metros que le autorizan las leyes municipales.
El promovente del proyecto inmobiliario, Carlos Estrada, solicitó hace meses al Ayuntamiento de La Paz su aprobación. Esta solicitud fue acompañada de un dictamen técnico favorable del director Domínguez Valles, respaldado a su vez en las “opiniones técnicas” del Colegio de Arquitectos de La Paz y en un comité de imagen urbana municipal constituido según “usos y costumbres” (una figura jurídica inexistente en Baja California Sur), a decir del propio director de Desarrollo Urbano.
Ante la urgencia del señor Estrada —es decir, de un solo ciudadano de La Paz— y la rara disposición del Ayuntamiento para aprobar sin ningún cuestionamiento su proyecto del edificio de nueve niveles en la zona del Malecón, un grupo de nueve regidores (de trece) solicitaron esta comparecencia que duró poco más de dos horas.
Lo expresado ahí es muy significativo porque los regidores pueden, al autorizar la construcción de este edificio, cambiar radicalmente el aspecto, el uso y el destino del principal paseo de los habitantes de La Paz y el mayor atractivo turístico de esta ciudad.
Precisamente, quienes más énfasis ponen en las características de la zona del proyecto son los promoventes del edificio. No se trata sólo de Carlos Estrada: el regidor Carlos Garzón y la presidenta municipal Rosa Cota en declaraciones públicas lo han mencionado, y lo subraya también el “dictamen técnico” de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología municipal. Señalan que su ubicación urbana y la vista de la Ensenada de La Paz que permite es lo que daría valor a la inversión. Por este valor agregado en provecho de un individuo, queda implícito, vale la pena eliminar la planeación urbana de la ciudad.
En esta sesión de Cabildo del 6 de noviembre, repetidas veces el director de Desarrollo Urbano dijo que el proyecto de condohotel de 9 pisos no estaba acorde con el Plan de Desarrollo Urbano (PDU) de La Paz aprobado hace pocos meses y registrado hace pocos días. Sin embargo, también repetidas veces, cuestionó la falta de homogeneidad en las leyes y normas municipales, los vacíos jurídicos y normativos y la carencia de patrones de medidas (“dígame, señor regidor, qué es alto o bajo impacto, déme una definición jurídica que pueda usar”, le exigió al regidor Manuel López). Por ello sólo puede calificarse como brillante para un arquitecto, pero extremadamente maliciosa para un servidor público, la manera cómo defendió su aprobación al proyecto de nueve pisos subrayando que era un dictamen “técnico” cuando lo que hizo fue interpretar, siguiendo su criterio personal y el de otras personas favorables al promovente (como el presidente del Colegio de Arquitectos que trabaja directamente para Decope), las leyes y normas municipales que antes había calificado de imprecisas.
No sorprendió al Cabildo que el director Domínguez afirmara que el promovente Carlos Estrada no hubiera entregado todavía el proyecto ejecutivo del condohotel de nueve pisos. ¿Cómo se hicieron entonces los dictámenes favorables si no se tuvo toda la información relativa al caso? En otro momento la regidora Rosa Montaño preguntó al director por qué sólo había considerado las opiniones a favor en su dictamen, sin considerar las opiniones en contra de un sector creciente de la sociedad civil paceña. Domínguez respondió que a él no le había llegado “por oficio” alguna de esas opiniones. Pero no aclaró tampoco si la había convocado, por oficio, a hacerlo. Seguramente ninguna ley ni reglamento se lo ordena, por supuesto.
Hasta el momento, ni la dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, ni el Cabildo ni alguna otra dependencia municipal ha puesto a disposición del público mayor información sobre el edificio de nueve niveles que la aparecida en la prensa, y la falta de sensibilidad social de los promoventes es irritante. El regidor Carlos Garzón, por ejemplo, había dicho en un programa radiofónico que el proyecto de condohotel de nueve pisos se aprobaría sin duda, aunque habría que tropezarse “con algunas piedras sociales”. En esta comparecencia, sin embargo, su participación fue discretamente medida sólo para implicar la subordinación del PDU y las leyes municipales que impiden la construcción de edificios con más de cuatro pisos en el Malecón, ante la supremacía de la ley estatal. No mencionó que ésta es muy general, justamente, porque supone que los Ayuntamientos harán planes precisos de ordenamiento como el PDU.
Además de Carlos Garzón, muy vinculado al sector de la construcción que lidera Decope, expresaron su opinión a favor del edificio de nueve pisos en el malecón los regidores Edna Durán, Óscar Castro y Ventura Moyrón. La regidora Durán criticó la miopía de quienes habían hecho un Plan de Desarrollo Urbano que impedía que La Paz fuera como muchas otras ciudades de México y el mundo (no mencionó cuáles) y que los empleos eran necesarios: “no es posible que nuestros egresados profesionistas anden de empacadores o acomodadores en las tiendas de autoservicio”. En el mismo tenor, los regidores Castro y Moyrón hablaron de la politización del asunto y de la importancia de darle prontitud a la decisión “para dar certidumbre a los inversionistas”. “Ya se nos fue una inversión muy buena”, expresó Castro, sin precisar más.
Los regidores apenas mencionaron lo que significa la planeación urbana como estrategia económica y el proceso social que significó la creación del Plan de Desarrollo Urbano (en el que participó destacadamente Decope) que ahora se quiere desechar para favorecer a una empresa o a un individuo. No se formuló la pregunta de por qué el Cabildo, el Ayuntamiento y las leyes municipales deben adaptarse a un solo inversionista y a su visión económica, en lugar de exigirle que adecue su proyecto a los cuatro niveles (o 12 metros) bien justificados del PDU, ni por qué el grueso de la sociedad paceña tiene que subordinarse a los objetivos económicos del sector empresarial, de la construcción o de los servicios turísticos de este municipio.
Es cierto que estos grupos son los más organizados: pero es porque son muy pocos individuos. También es verdadero, aunque relativo, que con sus negocios mueven una parte importante de la economía local (no toda), pero esto lo hacen por lucro personal y no por otorgar un beneficio colectivo. Dejar que conduzcan el destino de todos, la planeación de la ciudad y el orden jurídico no puede ser bueno ni para ellos mismos.
Con este asunto del condohotel de nueve pisos, en resumen, los regidores y la presidenta municipal, por su propio gusto, se encuentran determinando su futuro como conductores de la vida colectiva de este municipio.

22 de octubre de 2008

José Soto Molina

Luego de ver que ahora son extranjeros quienes construyen ciudades en Baja California Sur, Cd. Constitución asemeja el último proyecto nacionalista de una época en que la tierra era la base de la vida ciudadana de este estado (y no la venta de la tierra a extranjeros, como ahora). Trazadas en cuadrícula a mitad del semidesierto (nada más falso de que ahí hay nada), sus anchas calles arboladas con altos eucaliptos (que a veces sueltan ramas a causa de los vientos) quedaron atestiguando las grandes esperanzas de sus constructores. Todavía su paseo de pinos salados —idéntico en función, colocación y forma al de Insurgentes— recuerda un objetivo: hacer agradable la estancia a los nuevos habitantes.

Era una visita por trabajo. Había que sortear los charcos remanentes de los recientes ciclones, tener la suerte de un suelo húmedo, sin embargo; caminar por la plaza bajo los árboles lustrosos por el agua, ver que hay menos sombreros y que se sigue pareciendo en los acentos y los colores de la piel y fachadas a Cd. Obregón, en pequeño. Todo fue uno. La diferencia es la reconstrucción del bulevar central, carretera transpeninsular, paseo transconstitucional: se rompía un poco el encanto. El palacio municipal, un pie de casa de palacio, guardado por un busto de bronce sospechoso de Carranza, el constitucionalista, contrastaba también con el campo deportivo, también construido en los setentas, vigilado a lo lejos por la estatua enorme de Agustín Olachea, el Francisco J. Mújica de los cincuenta del Valle.

El palacio, a eso iba, en obras como la carretera, tiene detrás una biblioteca y en seguida una serie de escuelas. Ésta, que podríamos llamar la biblioteca central constituyente, está bien acondicionada y atendida. A ella iba.

Sólo tenía unas horas para encontrar a José Soto Molina, cronista e historiador ahora sin sueldo del municipio (en serio, no tienen cronista por no poder o no querer pagarle un sueldo). Como en historia artificial, sólo tenía de él sus referencias culturales y no su domicilio: los cuentos de Califerne, la edición facsímil de la biografía de Bibbins sobre Manuel Márquez de León, los ensayos en ‘Alternativa’, sus raras visitas a mis padres.

Comondú en otro tiempo era tan próspero que con cincuenta mil habitantes bien distribuidos por el municipio tenía varios periódicos, prensas, cine, bailes, un concierto una vez de Agustín Lara, y una fértil discusión ideológica en prepas, sindicatos y asociaciones de propietarios. José Soto de todo esto ha escrito y publicado, y tiene mucho material inédito.

Hoy que hay miles de antenas para televisión de paga, pero ningún diario y una sola revista, una sola estación de radio, y estando ahora fuera de la liga de Beisbol del Pacífico, un intelectual como José también viene sobrando, no es valorado y, pese a todo, sigue produciendo.

Lo busqué sin encontrarlo ya muy tarde o en domingo, preguntando en las sucursales de los diarios, en una de las dos únicas oficinas abiertas del Ayuntamiento (la otra era la del alcalde). Todos lo conocían pero no lo suficiente para darme un dato que me llevara a verlo. Sólo el bibliotecario recordaba uno de sus libros. Creyó que yo le preguntaba por uno de los libros de José Soto y no por su persona.

Esperaba un teléfono o la noción de su domicilio, porque no contesta nunca los correos y me hubiera gustado darle una sorpresa. Fui yo el sorprendido: el bibliotecario no encontró ninguno de sus libros. Me dijo que lo conocía de vista porque sus hijos lo esperan o él esperaba a sus hijos leyendo en la biblioteca. En eso llegó la directora de la biblioteca. Él preguntó si no había visto esos libros; con gran rapidez le respondió que habían sido “dados de baja”. Mi amigo el bibliotecario se puso sombrío. Pregunté si significaba que ya no estarían disponibles al público y que por tanto podría regalarme alguno. Me llevó más atrás de ese único estante donde ponen los libros de escritos o escritores sudcalifornianos (tampoco estaba Gilberto Ibarra).

Había como un pasillo o antiguo baño lleno de cajas apiladas casi hasta el techo. “Habría que buscar en eso”, dijo muy resignado a no intentarlo. Recordé la historia de Víctor Ramos sobre cómo terminan esos libros rescatados de la basura o enviados hacia el basurero. Pensé en la historia del Valle de Santo Domingo, una historia desde la política muy digna de un cronista municipal a sueldo y editada modesta como corresponde a un ayuntamiento en crisis. Todo ese esfuerzo constituyente retirado de la biblioteca principal de Constitución y negada su presencia en otros municipios.

Salí ligeramente desconcertado. “Un árbol grueso se corta a sí mismo las raíces”. Hice una imagen en la cabeza para acordarme de esto, a la vez que iba buscando también esa palabra antónima de la acción de constituirse. No encontré a Soto como deseaba. Me encontré su doble ausencia doblemente.

Por eso decidí arrojarle este recado. Para ver si un día Constitución se digna y Soto responde.

7 de octubre de 2008

La desaladora de La Paz


 Sandino Gámez Vázquez


Hay muy poca información oficial sobre la planta desalinizadora de agua de mar que el gobierno del estado y el ayuntamiento de La Paz planean construir en esta ciudad capital, pero es suficiente para saber que es un mal negocio para las finanzas públicas, para el bolsillo de los paceños, para el medio ambiente de la bahía y para el futuro de esta ciudad.
Sobre este tema de fundamental importancia para los habitantes de La Paz las autoridades de los tres niveles de gobierno no han considerado en ningún momento la participación de los ciudadanos, ni siquiera de los cuatro centros de investigación científica —con decenas de especialistas sobre el tema— que existen en esta ciudad. Tampoco las páginas de Internet del gobierno del estado, del ayuntamiento o del SAPA La Paz contienen más información sobre el tema que la superficial ofrecida en los boletines de prensa.
Gracias a estos, podemos saber que el director regional de la Comisión Nacional del Agua, Celso Castro Sánchez, ha dicho que esta desaladora es la única alternativa al agotamiento de los mantos freáticos, que es una decisión ya tomada por las autoridades de los tres niveles y que sus 200 litros por segundo (lps) resolverían el abasto de agua en la ciudad (El Sudcaliforniano, 21-vii-08). El director del organismo gestor del agua en el municipio (SAPA La Paz), Alejandro Vizcaíno, la presidenta municipal, Rosa Cota, al igual que sus pares del trienio pasado y el actual gobernador han manifestado una idéntica opinión.
De manera reciente, hemos sabido que el director de SAPA compareció ante el cabildo del XIII Ayuntamiento paceño para informar sobre la justificación del proyecto elaborada por la consultora privada Consagua (El Sudcaliforniano, 3-ix-08). Dio datos sobre los niveles actuales de extracción de los 22 pozos que satisfacen la demanda de agua de esta ciudad y los comparó con la capacidad de recarga del acuífero. Mencionó que el déficit era de 2.7 millones de metros cúbicos (m3) anuales, por la recarga de 27.8 millones de m3 y una extracción de 30.5.
Cabe señalar, sin embargo, que este empleado municipal ha dado al público cifras sobre el agua en esta ciudad que son sustancialmente diferentes a las que se encuentran en la página de Internet de SAPA. Así, por ejemplo, mientras dice ahora al cabildo que el organismo operador a su cargo extrae 967 litros por segundo, hace un mes declaró a Aracely Hernández (El Sudcaliforniano, 22-viii-08) que se extraían 650 litros por segundo (lps). La página oficial de SAPA informa —detalladamente— que son 502 lps. en los 22 pozos del acuífero. ¿En cuál dato podemos confiar?
También, según sea el tiempo, el medio de comunicación y el empleado público, el costo y los beneficios de la desaladora van de 200 a 330 millones de pesos, y de 15, 70 y 220 mil las personas que recibirían su servicio. El precio de producción del metro cúbico de agua iría de 8 a 12.50 pesos. Ante tal heterogeneidad de criterios, vale recordar que la desaladora para La Paz será idéntica a la de Los Cabos tanto en su capacidad como en la forma de su operación. Sesenta por ciento de su costo de construcción es absorbido por la federación, diez por ciento por el gobierno del estado y el ayuntamiento, y el treinta restante por la empresa que gana la licitación.
Pese a la inversión pública aplicada, dicha empresa mantiene el derecho sobre la totalidad de las utilidades que se generen y sólo se compromete a entregar dentro de veinte años la planta desaladora operando y con refacciones suficientes en bodega. El contrato obliga a la empresa a vender el agua potable al organismo operador municipal y éste se compromete a comprársela. En ningún momento la empresa paga derechos de concesión por el uso de un bien público.
Según el director de SAPA Los Cabos, Antonio Agúndez Montaño, la compañía española propietaria de la planta desalinizadora de Cabo San Lucas, Inima, vende el m3 de agua desalinizada y lista para el consumo humano a 12.50 pesos (La Jornada, 2-vi-08). Digamos que la desaladora trabaja sólo la mitad del día, durante un año los 200 lps terminan convertidos en 3.15 millones de m3 que representan 39.4 millones de pesos. Celso Castro, de la CNA, ha dicho que el costo de producción es de 8 pesos el m3, así que la empresa sólo gastó 25.2 millones de pesos. La diferencia, 14.2 millones de pesos, indica que en tres años Inima habrá recuperado su inversión (recuérdese que sólo aportó 30 por ciento del total). Los 17 años que le quedan de usufructo de la desaladora le otorgarán 241.4 millones de pesos en utilidades. Todo esto si no aumenta el precio a lo largo del tiempo y sólo produce agua 12 horas al día.
El SAPA Los Cabos revende el agua desalada a 3.3 pesos el m3, con lo que subsidia 9.2 pesos por m3. En 3.15 millones de m3 de agua (seguimos calculando 12 horas de funcionamiento al día), significa un subsidio de poco menos de 29 millones de pesos anuales. Es importante resaltar que el mismo año en que se puso en marcha la planta desalinizadora el superávit del Ayuntamiento de Los Cabos se esfumó y registró su primer déficit. Y que, según el director de SAPA de ese municipio, la desalinizadora sólo atiende la demanda de 15 mil personas.
Puede comprenderse, con estos cálculos básicos (hechos con cifras a la baja) por qué el Ayuntamiento de Puerto Peñasco ha decidido que es más conveniente comprar la tecnología y la capacitación para instalar una planta desaladora que será de su propiedad en todo momento. Con ello podrá destinar las utilidades posibles como subsidio, evitando así un hueco en las finanzas municipales y un traslado de recursos locales a una empresa transnacional.
Para el caso de La Paz, la idea de la desaladora es con mucho una opción no sólo inviable económicamente en el sentido que se está planeando. Su colocación dentro de la Bahía de La Paz involucra un tipo de contaminación por desechos que no se registra en Cabo San Lucas por la dinámica marina de su ubicación.
La desaladora cabeña recoge 400 litros de agua marina con 35 partes por mil, produce 200 litros de agua potable y descarga 200 litros de agua saturada con 70 partes por mil de sal. Estos se desechan en mar abierto, precisamente donde se unen las corrientes del golfo y el Pacífico. La desaladora de La Paz está planeada para construirse en la zona de Punta Prieta, donde se encuentra la más antigua de las dos termoeléctricas de la ciudad. Debido al sistema de corrientes de la Bahía de La Paz en ese punto, incluso aunque la boca de la descarga fuera a tres kilómetros en cualquier dirección, la salmuera viajará al interior de la bahía y, especialmente, al interior de la ensenada de Arípez, acumulándose y afectando la gran cantidad de especies de fauna marina juveniles que se crían en esta zona.
Otro de los inconvenientes que los promotores de la desaladora en La Paz no consideran públicamente es el gasto en energía. Cálculos conservadores indican que 40 por ciento del costo de producción de agua desalada se debe a la electricidad invertida en el proceso. De hecho, en el mundo aún no existe una planta desaladora que tenga una eficiencia mayor a los 3 kilowats hora (kwh) por metro cúbico de agua. Con este rendimiento, la desaladora de La Paz gastaría 2,160 kw cada hora, cuando menos, lo que equivale al consumo de energía eléctrica de todo el alumbrado público del municipio en un día completo (SHCP, 2007), o al consumo promedio (0.4 kwh) de más de cinco mil casas habitación. Extrañamente, sin que se haya vinculado de manera pública, este incremento en la demanda ya se encuentra previsto por la CFE: se construirán tres nuevas termoeléctricas en La Paz, no sólo para cubrir las necesidades de esta ciudad, sino para la de Los Cabos (donde se proyecta la ampliación de su desaladora). Al igual que con la salmuera, los desechos de las termoeléctricas, por su ubicación y las corrientes de aire de la zona, terminan sobre la ciudad de La Paz, como podemos ver cada mañana y tarde.
¿Es necesaria la planta desaladora de La Paz? Es muy interesante ver cómo ni la CNA, ni el gobierno del estado ni el ayuntamiento de Comondú se han propuesto construir una desaladora para apoyar la recuperación del acuífero del Valle de Santo Domingo, mucho más dañado que el de La Paz. En ese valle de Comondú se aplicarán 50 millones de pesos para construir represos, pozos de infiltración, lagunas de absorción, canales de conducción y otra infraestructura hidráulica para generar un aumento en la captación subterránea del agua de lluvia. Al mismo tiempo, sin que medie ningún escrúpulo, en Los Cabos se permite que la compañía española GreHansa conduzca el agua dulce de la Sierra de la Laguna hacia sus terrenos a un costado de Cabo Pulmo mediante un acueducto que le otorgará 150 lps y sólo le costará 90 millones de pesos (El Sudcaliforniano, 20-ix-08).
Si como dice (y no se contradice posteriormente) el director de SAPA La Paz, el déficit entre extracción y recarga del acuífero de La Paz es de 2.7 millones de m3 anuales, para que entre en equilibrio hay que dejar de extraer 86 lps o hay que aumentar la recarga en esa cantidad. La opción de traer agua de un acuífero lejano tampoco es inviable (los acueductos de la ciudad ya suman una distancia de 62 km), pero sería mejor reparar las fugas de agua de la ciudad para que no se pierda más del cincuenta por ciento de lo extraído (250, 325 o 483 lps), como ahora, aumentar la capacidad de la planta de tratamiento de aguas residuales (sólo procesa la mitad del agua desechada y tal vez menos, según se aprecia por los cotidianos olores), obligar a los constructores de vivienda a colocar dos sistemas de drenaje (agua gris y agua negra), colectar el agua de lluvia que cae en la ciudad y, especialmente, terminar con el modelo de desarrollo económico basado en grandes fraccionamientos turísticos costeros y en la extensión de la mancha urbana sobre las zonas de recarga del acuífero.
En todo caso, ¿por qué sólo se toma la opción más cara, menos rentable, más contaminante, menos sustentable, más entrópica, menos incluyente, en fin, más neoliberal? ¿Por qué se ha cerrado la decisión y la información sobre una medida que afecta a las generaciones actuales y futuras, a las finanzas públicas y al medio ambiente de la Bahía de La Paz?
Así, más que una solución, el pago de cientos de millones de pesos durante 20 años a una empresa extranjera por la venta de un bien público parece el secuestro de los pocos beneficios futuros que puede llegar a tener esta ciudad con su crecimiento. Es increíble que sus gobernantes no puedan asegurarle algo mejor que seguir el destino de Cabo San Lucas o algo peor: ser su servidor.
sandinogamez@gmail.com


3 de agosto de 2008

Un toque de queda para Martínez Mora

Criminalizar a los jóvenes se ha convertido en un deporte muy ejercitado por los políticos de este país. Bajo un aparente celo por hacer cumplir las leyes —y proteger a la juventud de sí misma— se lanza a los cuerpos policíacos a acosar a los que están en vías de ser ciudadanos o que llevan poco tiempo en ese arte. Lo sucedido en la discoteca New’s Divine de la Ciudad de México ha sido un suceso ejemplar de este acoso y de lo que cuesta socialmente. Políticamente sólo cuesta si se es un presidenciable como Ebrard o se pertenece a un partido ajeno a las televisoras (o ambas cosas, como en este caso). El resto de las ocasiones no hay escándalo, ni castigo a los responsables de los abusos. En particular cuando se trata de entidades periféricas, con sociedades poco consolidadas, como la nuestra.

Aquí, entre 1993 y 1996, durante la presidencia municipal del panista Adán Ruffo Velarde se formó un cuerpo paramilitarizado de policía, llamado Tiburones Negros, reclutado entre jóvenes que habían estudiado artes marciales. El resultado fue un bello espectáculo de enfrentamientos continuos a golpes, algunas muertes de adolescentes y jóvenes adultos y una sistemática violación de la integridad personal de las todas personas que visitaban los centros nocturnos, que circulaban por la ciudad de noche y que se atrevían a defender sus derechos ciudadanos. Ruffo después dirigió la Secretaría de Seguridad Pública estatal de 2005 a 2006 y algunos de los viejos Tiburones aún pueden encontrarse en la Dirección de Seguridad y Tránsito Municipal.

En La Paz de ahora, donde los policías siguen teniendo los mismos sueldos propiciadores de corrupción, donde los problemas sociales se han agravado por un nulo respeto a la planeación urbana, un modelo de desarrollo económico alienante y una pobre dirección de la clase política local, el planteamiento de un “toque de queda” para los menores de edad a partir de la media noche sigue esta misma directiva de no atacar las causas sino sólo concentrarse en lo que tiene más impacto mediático.

El proponente de esta medida, Francisco Martínez Mora, reciente ex candidato a la alcaldía del XIII Ayuntamiento paceño, siendo diputado local había propuesto al municipio de La Paz que reglamentara el uso del Malecón, en especial el tránsito de bicicletas y patinetas. El XII Ayuntamiento respondió con una norma absurda que obligaba a los ciclistas a bajarse al arroyo vehicular. Promovente de dicha norma cuando fue regidor en ese periodo, el líder de un partido que nunca ha recibido votos directos de los ciudadanos en esta entidad, Álvaro Fox Peña, ha declarado su apoyo al toque de queda con una perla declarativa: “legalmente los menores de edad no deben de andar en la calle a deshoras de la noche, al igual que los ancianos porque corren el mayor riesgo de ser víctima de un accidente” (El Sudcaliforniano, 31-vii-08). Toda la nota escrita por Miguel Rubio revela la imagen que Álvaro Fox tiene de los paceños, muy cercana a la de Martínez Mora y su agrupación política, Sudcalifornianos Unidos (SUN). : “si los padres de familia fuéramos responsables no habría necesidad para decretar un toque de queda para los menores de edad, pero no es así, por lo que es pertinente llegar a estos extremos a fin de evitar que nuestros hijos caigan en el vicio, o en el peor de los casos pierdan la vida en manos de la delincuencia, por darle a cambio una vida de libertinaje”. Pareciera que Álvaro Fox vive en Sodoma y no en La Paz.

La alcaldesa Rosa Cota Montaño ha señalado que “pensar en aplicar esta medida sería muy drástico” (El Peninsular, 30-vii-08, nota de Carmen Diestro) y, luego de hacer una llamado a la conciencia paternal, ha indicado cuáles son los alcances de la policía municipal: “hemos hecho hincapié en que independientemente de que los elementos encuentren a los menores cometiendo algún acto irregular, que no tomen la autoridad por propia mano, que los detengan y platiquen con ellos”.

A todos estos políticos habría que recordarles que aún se encuentran vigentes las garantías individuales en este país (sobre todo el artículo 11º constitucional), que los menores de edad, por definición, carecen de responsabilidad sobre sus actos y que la policía es famosa por el abuso de su fuerza, no por su capacidad de diálogo. Criminalizar a los jóvenes, como se hace con los grafiteros y noctámbulos, es insertarlos justamente ahí donde se supone que nuestros políticos no quieren que entren. Legalizar la captura policíaca de jóvenes por el sólo hecho de serlo y exigirnos a los paceños que abandonemos nuestra ciudad por las noches es más una medida para suprimir a una generación que para protegerla.

Las causas de la delincuencia, el alto consumo de drogas ilegales y legales, la “vagancia” y el grafiti tienen más que ver con las acciones de Martínez Mora como diputado, Álvaro Fox como regidor y Rosa Cota como directora del DIF (y ahora con su función de alcaldesa) que con la irresponsabilidad de los padres de familia. Mientras que estos tienen que trabajar o buscar trabajo, vivir en colonias alejadas o sin servicios, sufrir la inflación y la incertidumbre por el futuro, los Martínez, Fox y Cota, los políticos profesionales, se dedican únicamente a hacer declaraciones, legislar o gobernar, remunerados ampliamente con dinero público (en el más barato de los casos).

Si se nos consultara a quién preferimos fuera de circulación: a los jóvenes noctámbulos o a este tipo de políticos paternalistas, probablemente disminuirían en mucho los menores de edad mental gobernando esta media península.

(El Sudcaliforniano, 2-viii-08, p. 4)

24 de junio de 2008

El político pobre

Es difícil hablar de probidad en la política de estos años. La mayoría piensa que probidad viene de pobre y por lo tanto se razona que un político probo es un pobre político. Siempre se tiene que recordar a Juárez para esto. Recordar que a su muerte, siendo presidente de la república, se encontró una cantidad irrisoria guardada en su monedero, cantidad que no alcanzaba ni para sus funerales y mucho menos para mantener a su familia. Por sus buenos méritos y la naturaleza de la insolvencia del fallecido, el Congreso de la Unión determinó conceder una pensión a su viuda y a sus hijos, para que no se diera el penoso caso de que México tuviera en la miseria a los descendientes de quien le había sido tan incondicional.

El caso de Juárez es insoslayable a la hora de hablar de la probidad porque nunca se volvió a ver un caso similar, al menos en lo que se tiene de memoria. Parece que sus sucesores en la presidencia fueron más previsores y no se diga en quienes llegaron a aspirar el cargo. Hubo muchos otros patriotas, claro, fieles servidores al país, que a pesar de haber sido puestos donde había (como dice el dicho), no guardaron nada para sí. La mayoría murieron en la miseria y han sido enterrados en el olvido.

Por eso hablaré de un pasado más remoto, veinticinco siglos atrás, en la cuna de la cultura occidental, la Atenas de la batalla de Maratón, el arquetipo de la democracia, la ciencia y el arte.

Atenas tuvo un Juárez entre sus gobernantes: un hombre llamado Arístides, que luego de grandes servicios a su patria murió en la miseria y el gobierno tuvo que hacerse cargo de sus hijos y su viuda. En esa época, Atenas, como casi todas las repúblicas de entonces, era gobernada por un poder ejecutivo bicéfalo, una suerte de mellizos, limitados en su poder únicamente por una asamblea que los elegía y deponía según plazos establecidos. Arístides co-gobernaba en compañía de otro hombre célebre (en esa época hubo cantidad de hombres notables, no sólo en Atenas, es más, no sólo en Grecia, sino en el Mediterráneo entero, pero debe tenerse presente que de Atenas es de quien nos ha quedado memoria más fiel por motivos que sería largo resumir). Este compañero de Arístides, vuelvo al tema, se llamaba Temístocles y era hombre tan capaz como él. Entre ambos ampliaron los dominios atenienses a su mayor extensión, defendieron la ciudad de los enemigos y, en cierta forma, prepararon la edad de oro griega, la época de Sócrates y Pericles.

En cuanto a caracteres, usando un símil de los libros sagrados, Arístides a Temístocles era como la mano derecha a la mano izquierda, como el pilar dorado al pilar verde. Arístides era un hombre que buscaba la virtud en el gobierno sobre el ideal estoico griego. Cuando acudía a la guerra —y entonces eso era lo común— comandaba las tropas como gran estratega, era valiente (en esa época el general combatía en la primera línea) y magnánimo con los vencidos, el botín lo repartía generosamente entre los soldados y oficiales, y sólo reservaba la parte del Estado. Nada guardaba para sí. En sus discursos y en la diplomacia buscaba el bien general, aunque disgustaba a la mayoría. Sus ciudadanos, los democráticos atenienses, alentados por los oligarcas, lo condenaron un día por ese carácter a una pena curiosa que exhibe la complejidad de nuestros antepasados culturales de Occidente: decretaron que Arístides debía pasar al ostracismo, esto es, lo inhabilitaron para ejercer cualquier cargo público, para hablar en el foro e incluso para permanecer dentro de las murallas de Atenas.

Estos años el protagonista fue Temístocles, de quien se decía que “era largo de manos, pero sabio”. Gran general, gran orador, verdaderamente era el gemelo de Arístides, pero con una diferencia: Temístocles era el hombre que todos querían ser, “largo de manos, pero sabio”. Aclamado, trajo inmensos botines a Atenas de las repúblicas conquistadas (cuenta Tucídides que cuando los atenienses advirtieron a los habitantes de una pequeña isla del Egeo que debían pagar tributo o serían esclavizados, los isleños —de una isla como son las del Egeo, rocosa y desolada— replicaron que esa petición era injusta, que no era justo que sólo por ser débiles tuvieran que volverse súbditos de los fuertes, los atenienses respondieron que en efecto no era justo —sabían de lo que hablaban, recuérdese que ellos prácticamente inventaron la filosofía—, pero así era el mundo, ellos tenía la fuerza, pagaban o serían invadidos, por ellos o por otros. Como habían de hacer muchos embajadores en esa época, dice Tucídides, al escuchar esto los enviados de la isla lloraron).

Los cargos públicos en Atenas eran extrañamente honorarios, los funcionarios no percibían sueldo, por eso no se veía mal que el general se quedara con algo del botín de los conquistados; los soldados y oficiales, por supuesto, también recogían lo que podían de los despojos. Lo único que reprocharon sus contemporáneos a Temístocles es que fuera “largo de manos”. Pero era sabio.

No hay mucho más que decir. A su muerte, Arístides, hijo de Lisímaco, fue el ejemplo de los filósofos griegos para demostrar que la virtud no era sólo un ideal sino que podía practicarse con honor en la vida pública. Estas son palabras muy grandes en nuestros días. Las palabras se las lleva el viento. A largo plazo, como decía Keynes, todos vamos a morir. Plutarco, el biógrafo de Arístides, sólo usa a Temístocles como su contraste. Todos los demás eran como Temístocles. Nadie volvió a ser como Arístides.

Los políticos que aspiran a gobernarnos siguen un espíritu más cercano a Temístocles, de quien dijo Plutarco: “Y Temístocles, dándose a cultivar amistades, alcanzó un influjo y poder de ningún modo despreciable; así es que a uno que le propuso que el modo de gobernar bien a los atenienses sería el que se mostrase igual e imparcial a todos, le respondió: ‘No querría sentarme en una silla en la que no alcanzaran más de mí los amigos que los extraños.’”

Este es el riesgo que la ley supone puede limitar. Pero la ley la ejecutan los mismos políticos, cuando son parte de los poderes del Estado. En realidad no es la ley quien debe limitarlos.

Son los ciudadanos. El espíritu de Arístides. La vida de Juárez.

¿Para qué acceder al poder? ¿Para hacer dinero? ¿Para qué hacer dinero? ¿Para acceder al poder? “‘No querría sentarme en una silla en la que no alcanzaran más de mí los amigos que los extraños’; pero Arístides, manteniéndose solo, siguió en el gobierno otro camino particular: lo primero, porque ni quería tener condescendencias injustas con sus amigos ni tampoco disgustarlos no haciéndoles favores; lo segundo, porque veía que el poder de los amigos alentaba a muchos para ser injustos, y él entendía que el buen ciudadano no debía poner su confianza sino en hacer y decir cosas justas y honestas.”

18 de junio de 2008

El debate sobre PEMEX y sus consecuencias

Con el debate sobre la reforma energética que se encuentra en su etapa final en el senado de la república, los ciudadanos mexicanos hemos visto, escuchado y leído que existe una gran cantidad de personas altamente preparadas, informadas y ocupadas por el destino de este país. Especialistas académicos y no académicos, ex funcionarios y funcionarios en activo, partidistas y ciudadanos no militantes, han demostrado con datos, análisis e ideas que la propuesta de Felipe Calderón es sólo la continuación de la política económica aplicada en México desde Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988): socializar las pérdidas y privatizar las ganancias.

La propuesta calderonista no afecta la estructura orgánica fraudulenta y onerosa que tiene PEMEX desde la época de Manuel Ávila Camacho (1940-1946). Tampoco promueve el desarrollo de la industria petrolera nacional para no depender de la tecnología extranjera o de las importaciones de los refinados del petróleo. Se propone exclusivamente eliminar el monopolio estatal de PEMEX garantizado por el artículo 27° constitucional, para que empresas trasnacionales se beneficien de las ganancias que produce la extracción, el transporte y el procesamiento del petróleo mexicano.

Con la apertura del debate en el senado, además, diversos medios impresos y electrónicos han hecho y publicado investigaciones profundas que exhiben las causas verdaderas de la crisis de la paraestatal y del interés del grupo en el poder para obligarle a legalizar sociedades de riesgo con el capital privado. Las causas: en el camino de su extracción hasta su venta unos pocos intermediarios (entre ellos particulares, funcionarios públicos y líderes sindicales) se quedan con enormes ganancias mediante fideicomisos en paraísos fiscales (no sujetos a auditorías), sueldos y prestaciones de fábula, abultamiento de nóminas, tráfico de plazas al interior de la paraestatal, y desvíos de recursos para campañas electorales o negocios particulares lesivos a las finanzas de PEMEX.

El gobierno federal quiere convencer a los mexicanos que esta empresa pública tiene como única opción la asociación con capital foráneo “porque no hay dinero” para buscar más petróleo. Pero tanto a este sexenio como al de Vicente Fox ha tocado en suerte administrar un periodo de enormes ganancias por el aumento histórico de los precios mundiales del petróleo, en el que la extracción de un barril de petróleo tiene un costo menor a los diez dólares y se vende en los mercados internacionales en más de cien.

El secretario de Hacienda Agustín Carstens dice que todo este dinero se esfuma en la compra de gasolina al extranjero (Estados Unidos, esencialmente). Explica: un aumento en el petróleo redunda en un aumento en la gasolina. La secretaria de Energía Georgina Kessel profetiza que el petróleo se acaba, se acaba. El resto acusa: mientras discutimos, otros se están enriqueciendo, “como Brasil”, asociado a Halliburton.

Este alarmismo de los funcionarios y sus corifeos es coherente con la frecuente falta de argumentos de los proponentes o simpatizantes de la propuesta gubernamental en el debate (y en los medios). No explican por qué no se han construido refinerías para no comprar gasolina a Estados Unidos (una refinería cuesta lo mismo que un año de importaciones: con dos refinerías se dejaría de importar gasolina), pero en especial no aclaran por qué PEMEX no comercializa directamente el petróleo con sus compradores foráneos para maximizar sus ganancias.

La respuesta la dio una de las ponentes, la Dra. María Fernanda Campa: los promoventes de las reformas constitucionales para abrir la explotación petrolera mexicana a empresas extranjeras son empleados ¡de esas mismas empresas! Cabe recordar que Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, sus secretarios de Hacienda, de Energía, Agricultura y Comunicaciones, al dejar sus cargos públicos fueron recompensados con puestos en los consejos de administración de empresas trasnacionales beneficiadas por sus “reformas estructurales” a la Constitución, el TLCAN y sus “olvidos” (Usabiaga dixit) a la hora de cobrar aranceles a las importaciones… de esas mismas empresas trasnacionales.

Así se entiende por qué, mientras la tendencia en todos los demás países productores de petróleo del mundo se dirige a fortalecer la propiedad social en sus recursos energéticos y a eliminar el capital privado, especialmente el trasnacional, estas personas plantean lo contrario. Mientras que las empresas petroleras estatales en el resto del mundo hacen asociaciones transitorias, puntuales y sin compartir ganancias, sobre todo las futuras, el gobierno de Felipe Calderón desea lo opuesto.

¿Cómo explicar que en 20 años de privatización continua de la propiedad social y pública, siguiendo estrechamente todos las recomendaciones de los teóricos neoliberales, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, México siga avanzando con menos de un tres por ciento de crecimiento anual? ¿Cómo explicar que Bolivia, con dos años de no aplicar el modelo neoliberal, nacionalizando el agua, los energéticos y protegiendo a sus campesinos (y bajo una crisis secesionista), duplique el crecimiento de la economía mexicana?

El debate que está por concluir en el senado, sin embargo, no servirá para hacer cambiar de opinión a los diputados y senadores de los que depende la reforma que legaliza la privatización de las ganancias de PEMEX. Tienen su guión y se expresan como nuestro ex regidor paceño Álvaro Fox (que no fue electo por los ciudadanos —como todos los regidores— y afectó el patrimonio municipal para beneficiar a especuladores de bienes raíces durante el XII Ayuntamiento): ésta es una democracia representativa, la población nos escoge, nosotros decidimos, si no quieren que sea así, “cambien las reglas” (‘El Sudcaliforniano’, 11-vi-08, p. 3).

Pero representar no es suplantar, ni el abogado es el propietario, ni la voz es el pensamiento y mucho menos la mano es todo el cuerpo. En especial, alguien electo por un pequeño por ciento de los ciudadanos, como los presidentes municipales de B.C.S., el gobernador, los diputados locales y federales, los senadores o el presidente de la república, no representan más que eso: a un pequeño por ciento.

Y si como dicen los doctores en derecho: la sociedad no se adapta a las reglas, sino las reglas a la sociedad, con este debate y la consulta nacional sobre la privatización de PEMEX hay un paso más en el cambio de las reglas para evitar gobiernos o representantes que creen que los ciudadanos son menores de edad, incluso aquí, en Sudcalifornia.

http://resistenciabcs.blogspot.com

10 de junio de 2008

Balandra: un símbolo de lo que queremos

Durante mucho tiempo no pensamos que las playas al norte de La Paz tuvieran dueño. De niños no existía la idea de propiedad de las playas y cerros más que en lo que concernía a su uso temporario: el pescador dentro de su panga y el ranchero siguiendo su ganado. Nuestros padres contribuían a tal idea llevándonos los fines de semana a playas que sólo tenían campistas como nosotros o a cerros donde la única presencia humana visible eran algunos vidrios junto al sendero de las cabras.

Hacia 1998 nos enteramos que el Ayuntamiento de La Paz vendió el Cerro de la Calavera (una pequeña sierra al norte del malecón) y que el gobierno del estado de B.C.S. en 2001 vendió también la mitad de la península de arena frente al puerto que llamamos El Mogote, un enorme lugar de La Paz donde ahora se nos niega la entrada.

Esto ya había pasado antes, a finales de los ochenta en la playa Costa Baja: con una cerca de piedra rosa se le cerró el paso a los paceños que la visitaban. Un funcionario federal de la entonces llamada Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (hoy Semarnat) abrió una entrada a golpes de marro (muchas fotos) y los paceños pudimos entrar otra vez a disfrutar de sus piedras con corales, peces de colores y moluscos fáciles de ver en el agua que la mojaba. Hasta que en 2003 comenzaron las obras de dragado y construcción del emporio inmobiliario Costa Baja (recogimos pedazos de corales en las playas adyacentes).

En una sucesión de pocos años, alrededor del 2000, aquellos que no sabíamos de la especulación de bienes raíces ni de la privatización de la propiedad pública comenzamos a ver interminables cercas de piedra, alambres de púas y mallas ciclónicas a lo largo de las carreteras hacia Pichilingue y hacia San Juan de la Costa cada fin de semana que íbamos a las playas. Los edificios que se fueron levantando en La Concha, Pedregal de La Paz, El Caimancito (ahora Playa La Paz) y Costa Baja nos enseñaron que no sólo perdemos el acceso sino también la vista al mar y a la sobria belleza de nuestros cerros.

La barrera de “desarrollos” que nos separaba del medio marino y terrestre a los paceños se terminaba en Pichilingue. Para escapar de ella se tomaba el camino hacia Balandra-El Tecolote-El Coyote y podía verse, sin cercas ni letreros que hoy anuncian el futuro “for sale”, un paisaje de cerros y bosques de cactos que nada tiene que ver con lo humano presente: cerros hijos del jurásico, cardones que parecen los espartos de Cadmo.

Y podíamos escoger entre El Coyote para los aventureros, El Tecolote para los más sociales y Balandra para los niños. En Balandra notábamos con sorpresa nunca acabada la mancha verde y azul del manglar y los esteros junto a los pardos, ocres, grises y blancos de los alrededores. Una playa pequeña que esconde una playa más grande que oculta, a su vez, muchas pequeñas zonas de arena separadas por el agua y los cerros.

En 2004 nos enteramos que el Ayuntamiento de La Paz había intentado sin éxito hacer de Balandra un área natural protegida, algo como la Sierra de la Laguna o la Biósfera de El Vizcaíno, algo como la selva del lacandón. Un área natural protegida. Balandra. El Ayuntamiento no pudo. Los dueños se amparan. Balandra tiene dueño. Todo lo bonito que había después de Pichilingue tiene dueño (nos preguntamos: ¿cómo y para qué se apropiaron de eso?, ¿por qué hasta ahora sacan sus títulos?, ¿a quién pertenecía todo en un principio?). Un fin de semana vimos aparecer sobre el cerro más alto de Balandra una gigantesca torre con una antena para los teléfonos de Telcel. Había aparecido el primer forúnculo del progreso turístico.

De regreso volvimos a ver con más claridad los cerros devastados de Costa Baja, los cactos y árboles tirados en Pedregal de La Paz, los altos muros de fierro y concreto en El Caimancito y La Concha, y los muchos pequeños bares que se construyen en El Coromuel. Al llegar al malecón, la ventana más cercana de los paceños con su mar, vimos los condominios de Paraíso del Mar, colocados donde el sol se mete por las tardes, y nos dimos cuenta que no estaba bien, que no vamos bien.

Comenzamos a entender los insistentes mensajes de nuestro gobierno sobre los beneficios en dinero que nos ha traído y traerá dejar de ver, sentir, saber, oler y oír lo que vivíamos de niños. Comenzamos a entender el lenguaje de los empresarios inmobiliarios reproducido por los medios. Así, cuando supimos que Balandra se convertiría en lo que es Costa Baja (cemento en el agua en vez de corales, barras de hierro en la tierra en lugar de cardones, playas artificiales), la indignación fue más que natural.

Ante una reacción social que no esperaban, los especuladores de bienes raíces (“desarrolladores turísticos”) se mandaron a hacer rápidamente unos trajes sastre de color verde que se ponen —incómodos— muy pocas veces, y los gobernantes locales han comenzado a utilizar continua y religiosamente la palabra sustentable en todos sus discursos y han aumentado los ceros en las cifras que describen el dinero.

Pero en Balandra comprendimos lo que no queremos. La sociedad local entera con su asentimiento, 20 mil ciudadanos con sus firmas y un centenar de activistas con su tiempo obligaron al Congreso local a aprobar una ley en junio de 2007 que permite a los ayuntamientos sudcalifornianos limitar los proyectos turísticos residenciales y cualquier otro que afecte negativamente a la sociedad local. Luego de muchas dudas, y una presión social continua, el Ayuntamiento de La Paz aprobó en marzo de 2008 la creación del área protegida de Balandra. Apenas es el principio.

No queremos que Balandra sea un lugar excepcional sino lo común en el municipio de La Paz y en todo el estado. Porque hemos descubierto la mentira del desarrollo: no se prepara a la población para aprovecharlo, se le construyen guetos para que duerma en ellos, se le separa de lo natural para que compre por mucho dinero lo que podría darse por sí misma con poco esfuerzo.

Aunque falta un camino largo, en Balandra hemos descubierto que podemos detener el engaño del progreso. En sucesivos descubrimientos pronto nos daremos cuenta cómo se desarman las torres metálicas de celulares y, no mucho más adelante, cómo en todo este tiempo la iniciativa privada había estado construyendo sobre El Mogote una espaciosa sede para la próxima universidad pública de Sudcalifornia.

7 de junio de 2008

La desalación de La Paz

Del 28 al 30 de mayo pasado se celebró un seminario en la UABCS sobre el uso y la gestión del agua, con ponentes de varias universidades mexicanas, organizaciones no gubernamentales, organismos públicos locales de operación del agua potable y la presencia de especialistas de la Universidad de Murcia, región del sur de España.

El tratamiento del tema fue diverso pero estuvo centrado principalmente en la desalinización como estrategia gubernamental para la solución de los problemas de abastecimiento de agua potable. La presencia de los investigadores españoles permitió ejercer una comparación: España tuvo una sequía en la década de 1990 que obligó a estimular la creación de la tecnología de potabilización del agua salina y su aplicación.

En sus ponencias, sin embargo, los académicos ibéricos mostraron que lo que parece una solución sencilla (desalinizar) acarrea una serie de consecuencias de órdenes cada vez más complejos. Lo expuesto por los especialistas mexicanos reforzó en varios puntos lo comprobado por la experiencia de una década en el sur de España. Particularmente en cuanto a las similitudes de lo sucedido en la región de Murcia y lo que ocurre en Baja California Sur: no sólo Murcia, todo el sur de España no tiene ya más que unos cuantos kilómetros de costa sin casas o condominios. Esto principalmente por dos circunstancias relacionadas estrechamente: autoridades municipales corruptas y la justificación que les dan las plantas desalinizadoras para revaluar terrenos costeros con el objetivo de establecer desarrollos inmobiliarios.

La mayoría de los ponentes mexicanos evidenciaron que lo sucedido en España es algo que se encuentra en proceso en México, en el Golfo de California y en particular en Baja California Sur. Los planeadores, los tomadores de decisiones, las autoridades políticas consideran que el problema del agua es el único impedimento para el crecimiento de los desarrollos inmobiliarios en las zonas costeras del estado. César Nava Escudero del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y Felipe Correa de la UABC presentaron en sus conferencias algunos de los vacíos en las leyes actuales que permiten, en este momento, que se abuse de la tecnología de la desalinización y se haga negocios privados con recursos públicos al colocar desalinizadoras.

Pablo Uribe del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), residente de La Paz, mostró por su parte y con el ejemplo de Paraíso del Mar en El Mogote, que cuando un desarrollo inmobiliario costero establece una planta desalinizadora como la medida principal para compensar el impacto ambiental de su presencia, nunca se considera el impacto ambiental de dicha desalinizadora, un aspecto al que cabe agregar otros elementos: la desalinizadora no comienza a funcionar hasta que el fraccionamiento costero se encuentra terminado. Durante el proceso de construcción, que puede llevar de tres a cinco años, se emplea un agua que tiene que venir de la población local, la cual, aunque sea agua tratada, no fue considerada dentro de la manifestación de impacto ambiental que dio la autorización al desarrollo inmobiliario y, por lo tanto, sus consecuencias no fueron analizadas, ni serán mitigadas.

Estrechamente relacionado a este punto, Uribe explicó que estos impactos ambientales tampoco consideran las consecuencias del crecimiento poblacional que acarrean los nuevos desarrollos inmobiliarios en la zona de costa: por cada casa, cuarto de hotel o condominio, arriban en promedio (Uribe dixit) cuatro nuevos trabajadores a residir en la ciudad donde se encuentra el fraccionamiento (cabe decir que la dra. Aurora Breceda del CIBNOR dio una cifra de más de diez personas en su conferencia). No llegan a vivir al “desarrollo” inmobiliario, sino a la población local.

Pablo Uribe dejó en este punto su exposición de hechos, pero las consecuencias son claras: los nuevos desarrollos turísticos no sólo deberían instalar desalinizadoras para los compradores o usuarios de sus servicios, sino para cubrir sus necesidades durante la construcción de los edificios y servicios anexos. Pero también para cubrir el crecimiento en la demanda de agua que su instalación genera en la población local donde se instalan. De no ser así, la población local los está subsidiando.

En Los Cabos, por ejemplo, la desalinizadora y el agua que produce son propiedad privada. La compañía española Inima vende el agua (un recurso público de entrada) al organismo operador de aquel municipio a 12.5 pesos el metro cúbico, produce 200 litros por segundo al día e invirtió 83 millones de pesos en la construcción de la planta (25 por ciento del total, el resto fue inversión federal). En menos de tres años habrá recuperado su inversión inicial, pero operará la planta por 17 años más. Un buen negocio para los habitantes de Los Cabos hubiera sido que su Ayuntamiento (o la federación) pagara a Inima por la tecnología y la instalación, y el organismo operador del agua potable del municipio, en efecto, como dice su nombre, operara la planta, ahorrándole a los cabeños mil millones de pesos en veinte años. Probablemente no hubieran visto aumentar el precio que pagan por ese servicio en sus recibos.

En La Paz ya hay “grandes avances” en el proyecto para la instalación de una desalinizadora. El director de la Comisión Estatal de Agua Potable (CEAP) ha manifestado recientemente que el metro cúbico de agua desalinizada costará la mitad que en Los Cabos, pero aún así, como señaló el director del organismo operador de agua potable de La Paz en el anterior Ayuntamiento, se trata de seguir el modelo cabeño en todos los sentidos: es seguro que también la trasnacional Inima ganará la convocatoria y su jugoso contrato de veinte años de operación. Lo que no aclaran estos funcionarios es que la nueva planta desalinizadora para La Paz sólo producirá agua para diez mil personas, como la de Cabo San Lucas. Y aquí vivimos casi 300 mil y aumentando. Entonces, ¿a quién beneficia la desaladora y, en especial, cuál es el problema que resuelve?


27 de mayo de 2008

Construir condominios en las costas no es el único camino

27 de mayo de 2008

La conservación como estrategia de desarrollo económico para la sociedad sudcaliforniana se ha confundido por los tomadores de decisiones locales en la misma medida como tienden a confundir, haciéndolos sinónimos, al desarrollo inmobiliario en la zona de costa con el desarrollo turístico.

El desarrollo inmobiliario en los litorales se basa estrictamente en la especulación de bienes raíces cerca del mar para la construcción de segundas residencias (verticales u horizontales) destinadas a compradores de altos ingresos, en el caso sudcaliforniano casi siempre extranjeros estadunidenses. Por lo general estos conjuntos residenciales tienen servicios agregados como marinas y campos de golf, pero puede haber hoteles, casinos, clubes y centros comerciales. En especial se promueven como sitios aislados, de contacto controlado (o nulo) con la población local en la que se instalan.

La población local, por su parte, debido a esta exclusión deja de recibir la mayoría de los beneficios que podría obtener de la llegada de los nuevos residentes o visitantes. Además, como los nuevos asentamientos se colocan siempre en los mejores lugares, aquellos con riqueza paisajística o natural de la región, pierde mucho de lo que ya tenía.

Este es un modelo de rápido crecimiento y una de las políticas públicas más promovidas desde la administración estatal y las municipales en Baja California Sur porque genera un aumento significativo en los ingresos en el corto plazo, por los gastos de construcción y el pago de derechos (aunque estos a veces se omiten, como un “estímulo” para la inversión). Sin embargo, en el mediano y largo plazos consume una mayor cantidad total de recursos financieros públicos para detener, aminorar o revertir los problemas sociales que el modelo trae consigo.

Los desarrollos inmobiliarios en la costa sudcaliforniana garantizan convertirse en modelos de autosuficiencia colocando sus propias plantas generadoras de energía eléctrica, desalinizadoras de agua y procesadoras de desechos. Sin embargo, al aumentar el número de estos desarrollos y su tamaño, esta autosuficiencia se convierte pronto en un lastre para la población local, porque provoca un rápido aumento de inmigrantes nacionales (y de las zonas rurales de la misma entidad hacia las ciudades) atraídos por la promesa de un empleo.

La especulación de bienes raíces en la zona de costa dirigida a compradores de altos ingresos encarece el acceso a una vivienda digna en las ciudades y poblados vecinos para los habitantes locales y los recién llegados. Así, se obliga a una expansión de la mancha urbana hacia los terrenos de menor valor, implicando la construcción de viviendas baratas (pequeñas y muy juntas) y el acarreo de servicios públicos a zonas marginales, lo que exige por parte de los pobladores locales, del municipio y la federación una inversión cuantiosa para solventar el aumento en el consumo de energía, de agua y la generación de basura. Además, la lejanía de los nuevos asentamientos, su dispersión, su alta densidad demográfica y pobre planeación congestiona las vías de tránsito, rompe el equilibrio de los ecosistemas vecinos a la ciudad y genera contaminación atmosférica, visual y auditiva.

En resumen, los beneficios económicos que acarrea la instalación de desarrollos o fraccionamientos exclusivos en la costa sudcaliforniana, en particular en las áreas de mayor riqueza paisajística o en biodiversidad, sólo llegan a los pequeños grupos de individuos que asisten como intermediarios entre el propietario de la tierra y el comprador final. Porque incluso éste termina recibiendo las externalidades negativas, como ha quedado demostrado en otras regiones del país (véase Puerto Peñasco, Son., y Rosarito, B.C.N.) y del mundo (el sur de España y la Riviera Francesa, por ejemplo), donde el crecimiento explosivo de desarrollos inmobiliarios costeros terminó por bajar el propio valor de esos desarrollos, a la par que desplazó geográfica y económicamente a la población nativa y afectó gravemente los recursos naturales de la zona.

Este final inevitable del desarrollo inmobiliario en las regiones costeras y el costo económico de su declive es una lección que deberían aprender los tomadores de decisiones sudcalifornianos y los ciudadanos que los respaldan, si es que les interesa un futuro próspero para la población local de Baja California Sur.

Pero se advierte en sus declaraciones que pocos funcionarios públicos, empresarios y políticos locales han pensado en utilizar la experiencia acumulada en otros países, en otros estados y aquí mismo. En especial, parece que se encuentran convencidos de que los otros modelos de desarrollo que no incluyen el desarrollo inmobiliario costero carecen de fundamento o sólo son válidos como utopías o buenos deseos.

No conocen o no parecen conocer que en Baja California Sur ya existe una gran cantidad de estudios de caso, además de análisis comparativos y revisiones históricas sobre la manera como se ha dirigido el crecimiento económico en Baja California Sur en los últimos años, y que advierten sobre sus consecuencias y han ofrecido algunas soluciones.

Cuerpos académicos de la UABCS, CIBNOR, CICIMAR y CICESE, y organizaciones no gubernamentales como Niparajá, ISLA, COBI y Pronatura, entre otras que residen en la propia capital del estado, se han dedicado exclusivamente a cumplir con esta importante función de generar conocimiento, acumular información y concretar análisis sobre las condiciones naturales, sociales, económicas y culturales de Baja California Sur. Sus resultados se encuentran con facilidad en sus respectivas páginas de Internet, en sus bibliotecas y con sus investigadores, siempre accesibles.

No la única pero la principal de sus sugerencias, debido a las condiciones agresivas del modelo inmobiliario costero promovido por la administración estatal, ha sido la conservación o protección de las zonas de mayor interés por su riqueza paisajística, biodiversidad o fragilidad social, mediante la regulación estricta de las actividades económicas.

Tomadores de decisiones poco informados pueden decir que la creación de un área natural protegida (ANP) limita el desarrollo económico y social de las comunidades establecidas en la región y les impide cualquier posibilidad de desarrollo futuro.

Pero ya existen muchas experiencias exitosas que demuestran, precisamente dentro de las áreas naturales protegidas de Baja California Sur, que los pobladores locales pueden beneficiarse ampliamente como productores de alimentos, constructores y prestadores de servicios turísticos, si no se les abandona a los deseos de los especuladores inmobiliarios.

El diario de Junípero Serra y su viaje de Loreto a San Diego en 1769

Noviembre de 2007

Con la expulsión de los jesuitas en 1767, la administración borbónica de los reyes españoles dio principio a una serie de reformas que tenían por objetivo producirle mayores beneficios financieros a la Corona, asegurarle el control de las colonias americanas e impedir la injerencia de otras potencias en sus fronteras.

Frontera última y en extremo estratégica para dominar el Pacífico, la península de California tuvo el honor de ser recorrida personalmente por el motor de esta nueva política en la Nueva España, el visitador José de Gálvez. De las muchas disposiciones del visitador, la de fundar asentamientos humanos permanentes en las bahías de Monterrey y San Diego, al norte del paralelo 32º, es una de las que ofrecen la perspectiva más clara tanto de las ideas estratégicas de los borbones para defender sus colonias como del papel que tuvieron las misiones en el noroeste de la Nueva España.

Así, además de ordenar la salida de una flota de cuatro embarcaciones, Gálvez mandó a Serra realizar una expedición por tierra con el objetivo de reducir indios, explorar y fundar poblaciones permanentes en lugares adecuados. El objetivo final era el establecimiento de una misión junto al puerto español que se habría de construir en la bahía de San Diego o de Monterrey.

Como se sabe, tanto Gálvez como Serra tuvieron éxito. San Diego y su bahía sirvieron con eficacia a la expansión española en la Alta California y a partir de 1848 a la anglosajona. Durante su vida Junípero Serra fundó muchas otras misiones en la Nueva España y tuvo una vida que sus contemporáneos ya consideraban brillante. El viaje por tierra que dio origen a la misión de San Diego –y a media docena de asentamientos por el camino– se encuentra relatada por él mismo en un diario que abarca poco más de tres meses, comienza con una misa en Loreto y termina con una misa en la playa de la bahía de San Diego. Abunda el texto en anécdotas de todo tipo –desde un burricidio–, en descripciones geográficas y comentarios que denotan el carácter del autor. Pero también se encuentran implícitos los mecanismos de conversión de indios y el sentido mismo de la misión californiana: servirse de la mano de obra de los indios para colonizar con españoles las regiones apartadas del imperio.

El diario ha sido editado por Carlos Lazcano Sahagún en un libro en rústica tamaño carta que además contiene una carta del franciscano a sus familiares en España, una relación del mismo viaje escrita por Francisco Palou, fotografías, y una introducción puntual de Lazcano. También puede leerse en Francisco Palou, Recopilación de Noticias de la Antigua y de la Nueva California (1767-1783), México, Porrúa ("Sepan cuántos" 117), 1998, 318-363.

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*Diario de fray Junípero Serra en su viaje de Loreto a San Diego (1769), ed., introd. y notas de Carlos Lazcano Sahagún, Chihuahua, Provincia Franciscana de S. P. y S. P. de Michoacán-gob. del edo. de B. C. N., 120 pp.