Sandino Gámez Vázquez
Ponencia presentada el 28 de enero de 2022 en el Foro por el Arte y la Cultura Los Cabos
para el Mundo. Cabo San Lucas, Baja California Sur, México /
Hay una enorme legitimidad en convocar a la comunidad artística y cultural de Cabo San Lucas, Los Cabos y Baja California Sur a participar en un foro ciudadano, organizado por ciudadanas y bajo una expectativa de recuperación de la dignidad y el civismo para los gremios y para la sociedad sudcaliforniana.
Que sea un foro realizado físicamente en el extremo sur del estado, en tiempos de pandemia y virtualidad, en la floreciente región de Los Cabos le otorga representatividad a nivel nacional, no sólo entre los municipios sudcalifornianos. Que suceda a cuatro meses del inicio de un gobierno estatal y ayuntamientos surgidos de la elección del 2 de junio de 2021, es además un tiempo adecuado, realista, en el que ya se puede hacer un balance informado y crítico del proceso de transformación social de Baja California Sur y cada uno de sus municipios.
No puede desligarse, en un foro cultural, el aspecto político-electoral reciente. No es posible desligarlo porque, como ha demostrado el presidente de la república y líder del movimiento de transformación nacional Andrés Manuel López Obrador, hay una función profunda de la cultura y el arte en los procesos revolucionarios.
Como evidencia toda historia del arte y la cultura: las corrientes estéticas de ruptura están asociadas por oposición y contraste con las corrientes estéticas precedentes. Pero comúnmente la ruptura estética es una consecuencia de la ruptura en el orden político.
¿Es el movimiento de la cuarta transformación una ruptura en el orden político? Quizá en el nivel nacional así sucede: la legitimidad de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador no sólo se encuentra en el número o proporción de votos con la que fue electo jefe de Estado por seis años. La legitimidad mayor del presidente está en el cumplimiento de la práctica totalidad de sus cien promesas de campaña.
AMLO prometió un plan de transformación nacional desde las instituciones federales en compromisos muy concretos y ha cumplido con honestidad, pese a todas las dificultades que se puedan exhibir. ¿Quién defendería al presidente hoy si en lugar de haber cumplido sus promesas de campaña las hubiera simplemente ignorado, torcido o cumplido sólo en apariencia y no de hecho?
Baja California Sur tiene, desde hace cuatro meses, nueva legislatura, nuevo gobierno estatal y nuevos ayuntamientos, casi todos llegados por un voto popular que los asoció con AMLO y el movimiento de transformación nacional. ¿Están por realizar un programa, a nivel estatal y municipal, como el que ha prometido y cumplido el presidente AMLO a nivel nacional? Todavía no sabemos, pero el asunto no es ya entre AMLO y la nueva clase gobernante de Baja California Sur, sino entre esta clase gobernante y el pueblo sudcaliforniano.
Creo que todas y todos conocemos cómo el presidente actual de México, el compañero Andrés Manuel López Obrador, decidió que el actual gobernador de Baja California Sur, el compañero Víctor Manuel Castro Cosío, fuera “superdelegado”, como se les decía hasta 2021 a coordinadores de proyectos federales o personas titulares de la Delegación de Bienestar a nivel estatal.
Andrés Manuel López Obrador eligió, como era su facultad y deber, a Víctor Manuel Castro Cosío como su representante personal ante los sudcalifornianos, en cuanto a nivel de gobierno federal se refiere. Pero la gubernatura de Baja California Sur se la dimos quienes votamos por él: el pueblo sudcaliforniano. Muchas y muchos de ustedes saben, además, la historia de la contienda interna para que el actual gobernador fuera nombrado candidato por el partido Movimiento de Renovación Nacional, MORENA.
Puede que algunas y algunos crean que el profe Víctor ganó la contienda interna porque negoció puestos y presupuestos. No, compañeras y compañeros. No se confundan. Ganó porque las mejores mujeres y los mejores hombres de la militancia de MORENA defendieron su precandidatura.
Por esto, doblemente, la persona que actualmente detenta la responsabilidad del poder ejecutivo estatal no le debe el cargo al presidente de la república: se la debe sólo al pueblo de Baja California Sur, a sus votantes directos y a sus compañeras y compañeros de partido que lo llevaron al puesto. Esto mismo sucede con diputadas, diputados, presidentas y presidentes municipales, y regidoras y regidores.
La legitimidad del gobernador Castro y su actual gobierno, como del resto de quienes obtuvieron su cargo por voto popular, está, pues, unida a lo que sucedió en la campaña electoral y el día de la elección. ¿Cómo podría ser de otra forma?
Sin embargo, hemos tenido que dejar para otro momento un análisis más profundo, compañeras y compañeros, sobre el significado de la cuarta transformación en Baja California Sur. El tiempo es breve en estos días y conviene ser doblemente breve para no abusar de la voz de nuestra amiga querida y de la atención de las personas presentes.
Nosotras venimos a escuchar y luego también a compartir un análisis somero sobre las primeras acciones gobierno de Víctor Manuel Castro Cosío para cumplir con dos promesas de campaña muy concretas: aumentar el presupuesto y descentralizar la aplicación de los recursos gubernamentales a “cultura”.
Estas promesas surgieron de un diagnóstico basado en el V Informe de Gobierno de Carlos Mendoza Davis que manifestaba un abandono manifiesto del sector cultural en todo el estado para concentrar los recursos públicos en la construcción del Museo de Arte en la antigua Casa de Gobierno, en el primer cuadro de la capital del estado.
Es decir, la inversión pública en materia cultural se concentró no sólo en la capital del estado sino además sólo en el centro histórico y, específicamente, en un edificio. La decisión para que esto fuera así, además, estuvo centrada en la decisión del gobernador del estado, por motivos familiares: su padre, el primer gobernador constitucional de Baja California Sur, Ángel César Mendoza Arámburo (1975-1981), había dejado como su única promesa incumplida la reconstrucción completa del edificio derribado durante la modernización urbana del jefe político Bonifacio Salinas Leal (1960-1965).
De otra forma, compañeras, si no es por generosas palabras de Ángel César Mendoza Arámburo, expresadas en diversas entrevistas entre los años 2012 y 2014, es posible que ese histórico predio todavía fuera, en gran parte, un baldío que se rentaba como estacionamiento. El gobierno de Carlos Mendoza Davis reportó en su V Informe que destinó cinco millones de pesos para “servicios culturales” y $56 millones para “infraestructura cultural”. Aquellos cinco millones “se aplicaron” en “acciones” en los municipios sudcalifornianos de manera muy significativa: la gran mayoría del recurso público se ejerció en La Paz y Los Cabos, una cantidad mínima en Mulegé y Loreto, y nada en absoluto se destinó a Comondú. Todo esto según el mismo Quinto Informe de Gobierno.
Este centralismo presupuestal del gobierno del estado en los últimos años del sexenio de Carlos Mendoza Davis en el rubro de “cultura” no es único sino que abarca también, por ejemplo, las acciones de pavimentación. Recomiendo asomarse al Sexto Informe de Gobierno, a las tablas de la página 19 del anexo gráfico y estadístico. Las acciones de pavimentación y el número de metros cuadrados están concentrados, cómo no, en La Paz. Mientras que Comondú y Los Cabos tienen un registro de cero acciones y metros cuadrados en diversos años del gobierno de Mendoza Davis.
Nosotras no sabemos ni entendemos este comportamiento de la administración estatal anterior. Pero sí nos parece digno de atención que en rubros tan definidos como cultura y pavimentación el presupuesto se ejerza de tal manera que deja fuera a la gran mayoría de las comunidades del estado. ¿Sucedió esto con otras acciones del gobierno anterior?
Así, lo acontecido en la administración de Carlos Mendoza Davis en materia cultural demuestra lo determinante que el interés y la voluntad personal del gobernador del estado en la aplicación de los recursos públicos. También que existe una inercia histórica en la centralización del presupuesto estatal.
¿Qué sucederá en este nuevo periodo de gobierno en materia de cultura?
Ya existen dos convocatorias del instituto estatal de cultura que pueden señalarse como el primer intento de descentralización y aplicación de los recursos prometidos por el hoy gobernador: Piedritas Pintas y La Cultura nos Une en los Municipios. Sin embargo, al día de hoy, la cantidad presupuestal y el número de proyectos involucrados están muy lejos de representar una diferencia con el gobierno de Carlos Mendoza Davis.
Piedritas Pintas fue una convocatoria en noviembre y diciembre de 2021 para agentes culturales de todos los municipios. Con ella se estrenó la administración “cultural” “estatal”: otorgó 30 apoyos de doce mil pesos cada uno. Es decir, trescientos sesenta mil pesos en total.
La Cultura nos Une en los Municipios, por otra parte, es una convocatoria vigente y establece que se otorgará hasta quinientos mil pesos por municipio a proyectos que no deberán exceder los cincuenta mil pesos de financiamiento solicitado. Como tenemos cinco municipios en Baja California Sur, esto significa que la convocatoria cuenta con dos millones y medio de pesos en total.
Así, tenemos, en número redondos, el ejercicio de 2.86 millones de pesos de inversión pública estatal en materia cultural para proyectos en los municipios: $360 mil en 2021 y $2.5 millones en 2022. ¿Esto es significativo en cuanto a descentralización de las acciones y el presupuesto público estatal en materia de cultura?
Para saberlo, hay que revisar el total del presupuesto de egresos para 2022, aprobado ya por el Congreso del Estado de Baja California Sur: el gobierno del estado de Víctor Manuel Castro Cosío dice que el 1.4 por ciento del presupuesto será para “recreación, cultura y otras manifestaciones sociales”. Esto hace un total de 256 millones de pesos.
Sin embargo, para el Programa Estatal de Cultura, es decir, para el funcionamiento específico del Instituto Sudcaliforniano de Cultura, incluyendo todas sus áreas, edificios y convocatorias, el presupuesto es de 117 millones de pesos para este 2022.
¿Cómo se ejercerá este presupuesto? Dice la ley de egresos para el año 2022 que el “Programa Estatal de Cultura” se divide así:
Dirección General del Instituto Sudcaliforniano de Cultura: $28.6 millones
Fondos Mixtos: $2.7 millones
Casa de la Cultura del Estado “Armando Manríquez Manríquez”: $4.3 millones
Bibliotecas Públicas: $17.3 millones
Museo Regional de Antropología e Historia de B.C.S.: $5 millones
Escuela de Música del Estado: $12 millones
Centro de Artes y Tradiciones Populares de B.C.S.: $708 mil pesos
Coordinación Administrativa y Financiera del ISC: $8 millones
Coordinación de Fomento Editorial: $5.7 millones
Archivo Histórico Pablo L. Martínez: $4.5 millones
Galería de Arte Carlos Olachea: $156 mil pesos
Asesoría Jurídica: $209 mil pesos
Coordinación Técnica: $822 mil pesos
Dirección General del Museo de Arte de B.C.S.: $8 millones
Banda de Música del Estado: $100 mil pesos
Teatro de la Ciudad: $10 millones
Coordinación de Difusión: $4.5 millones
Centro Cultural La Paz: $4.1 millones
Hay que decir que la totalidad de las instancias señaladas están en la ciudad de La Paz, y que aún no se ha transparentado cómo se distribuirán estos recursos: qué parte es nómina, gasto corriente, proyectos internos o proyectos externos.
Eso sí, queda claro que la cantidad destinada a Fondos Mixtos es idéntica a lo destinado a la convocatoria de La Cultura nos Une en los Municipios. Antes existía en este fondo un Programa de Desarrollo Cultural Municipal, con aportaciones peso a peso de la federación, estados y municipios. Podemos suponer que La Cultura nos Une en los Municipios es una sustitución de nombre para dicho programa, con financiamiento federal.
Hay mucho más por analizar, por supuesto, porque el Instituto Sudcaliforniano de Cultura no es la única entidad o área del gobierno del estado que maneja recursos públicos para servicios culturales destinados al pueblo de Baja California Sur. Está especialmente un presupuesto para “Servicios Culturales” de la Secretaría de Educación Pública estatal, así como partidas específicas para algún tipo de promoción cultural en la gran mayoría de los organismos públicos descentralizados y en prácticamente todas las secretarías del gobierno estatal.
También hay que considerar lo injusto y excesivo que es dejar toda la responsabilidad de generar un desarrollo cultural en el estado a una entidad sólo porque lleva “cultura” en su nombre, el Instituto Sudcaliforniano de Cultura. El ISC es, en realidad, una entidad que refleja las contradicciones del actual servicio público sudcaliforniano. El poder ejecutivo estatal está entrampado en una centralización histórica de las decisiones y una falta de desarrollo institucional que se evidencia cada sexenio, con las “innovaciones” que hacen recordar la frase del Eclesiastés: “no hay nada nuevo bajo el sol”, porque son la repetición de proyectos de anteriores décadas o porque son meros cambios de membrete.
No hay duda que una instancia estatal de cultura puede ser un motor de arranque de iniciativas provechosas y útiles si estuviera dirigida a satisfacer las necesidades de las comunidades sudcalifornianas. Iniciativas que pueden transformar para bien las vidas de las comunidades más marginadas del estado, sobre todo cuando es una instancia en la que se deposita el cuidado de los principales bienes patrimoniales históricos, documentales, artísticos e intangibles del pueblo sudcaliforniano.
Con
estos bienes es que es posible generar un orgullo bien sustentado en la riqueza
y diversidad cultural e histórica que hay en Sudcalifornia. ¿Pero cómo sucederá
algo así si en lugar de la profesionalización del servicio público se sigue "administrando la pobreza" en una continuidad que recuerda la paradoja marxista de la repetición de la historia?
Terminamos recordando que en 2019 el gobierno federal aplicó en todo el país, incluyendo Baja California Sur, un Programa de Cultura Comunitaria, que generó un valioso diagnóstico de los agentes culturales en todo el territorio y enseñó un modelo de participación ciudadana que coloca en el centro los intereses de la comunidad y los derechos culturales de los individuos y las sociedades.
La pandemia afectó su aplicación y continuidad, pero ahí están los resultados documentados de manera muy profusa y sistemática: se encuentran disponibles en la Dirección General de Vinculación Cultural de la Secretaría de Cultura federal. Los resultados por sí mismos requieren de más de una revisión profunda: hay información muy detallada sobre los servicios culturales, la percepción social sobre las prácticas culturales y los datos de contacto y características de los principales agentes culturales de todos los estados.*
También existe una investigación académica previa que demuestra la vinculación entre el desarrollo económico y el desarrollo cultural en nuestro estado. Se publicó como libro con el título: ‘Los usos del patrimonio cultural en Sudcalifornia’ y fue realizada por académicas de la Universidad Autónoma de Baja California Sur.
¿Y qué decir de todas aquellas personas, como ustedes y nosotras, que hemos revisado, analizado, discutido por escrito el funcionamiento del aparato público y las instituciones culturales de Baja California Sur en las últimas décadas?
No estamos buscando que nos inviten a trabajar. Queremos que se conozca una conclusión evidente a nuestra experiencia: El pueblo sudcaliforniano se ha desarrollado por la educación y la cultura. La mayor parte del tiempo a pesar de gobernantes indiferentes o francamente hostiles a estos temas.
Esperamos sinceramente que el gobierno de Víctor Manuel Castro Cosío venga a darnos la satisfacción de un salto cuantitativo y cualitativo en el desarrollo cultural de las comunidades de Baja California Sur. Pero si esto no ocurre: que estas iniciativas ciudadanas de foros que revisan dicho desarrollo cultural como la presente, aunque nos sean costosas en tiempo, dinero, nervios y esfuerzo, generen año con año la enseñanza necesaria para elegir bien, para presionar bien, para comprender bien, el funcionamiento de la administración pública en el área de cultura, tanto a nivel estatal como municipal y federal.
También esperamos que, sobre la base de ideas generosas como las expresadas por ustedes aquí, la clase política cabeña y la sudcaliforniana en general aprecie la trascendencia, el valor de la inversión en cultura y arte para las comunidades, en particular para dar seguridad espiritual y orgullo a la niñez y juventud sudcaliforniana.
Un abrazo grande y fraterno desde La Paz.
Un agradecimiento enorme a Vicky Güereña por invitarnos, por su voluntad de llamarnos a comenzar una nueva etapa en la vida política y cultural del municipio de Los Cabos y Baja California Sur.
Muchas gracias a todas y todos por su atención.
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*En el caso de Baja California Sur, la Secretaría de Cultura federal encuestó durante el inicio de este programa en 2019 a más de cinco mil personas en ocho comunidades de los cinco municipios del estado. Esta cantidad es 0.6% de la población del estado, con lo que puede considerarse una muestra muy representativa: incluye poblaciones rurales, comunidades de jornaleros y jóvenes creadores que rara vez o nunca tienen acceso a servicios culturales de las instituciones federal y estatal, e incluso en ocasiones tampoco de las municipales.
Las encuestas incluyen un apartado específico, con cuestionarios más largos, que documentan la práctica y el perfil profesional (o “de agenciamiento”, como se dice en la jerga del documento), de casi trescientas personas dedicadas por profesión o pasión a alguna disciplina artística o promotoría de las artes clásicas o de las populares. A estas personas se les dio el reconocimiento de “agentes culturales”, por su participación activa en la comunidad.
Las encuestas están acompañadas, además de un recuento de las actividades realizadas por los facilitadores de la Secretaría de Cultura federal. Los facilitadores tenían por característica su experiencia como agentes comunitarios y un compromiso social en su trabajo. Esto no sólo fue característico de Baja California Sur sino que fue lo común en todo el país.
Hay mucho más para decir sobre lo útil de toda la información reunida y lo provechosa que fue la experiencia reunida por el Programa de Cultura Comunitaria, repito, no sólo para Baja California Sur. Sin embargo, debido a la pandemia por la covid 19, a partir de 2021 el programa entró en suspenso en casi todos sus componentes, especialmente en el uso de la información reunida para generar políticas culturales dialécticas, policéntricas o, bueno, menos centralistas.
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P.D. De manera reciente el ISC publicó una convocatoria, Iniciemos con arte comunitario en los municipios, para que se realicen talleres artísticos en comunidades rurales de los cinco municipios del estado. Confirma nuestro análisis expuesto arriba. Se trata de 51 "estímulos" de 21 mil pesos cada uno: un millón de pesos en total, para talleristas que deben trabajar durante seis meses, dos días de la semana, dos horas cada sesión. En total 96 horas. Todos los gastos del tallerista para dar su taller en la comunidad rural serán cubiertos por sí mismo. No hay seguimiento del método de trabajo sino sólo informes para entregar las ministraciones. La selección de los ganadores será a criterio de un comité dictaminador conformado por dos "representantes" del ISC, dos de la "comunidad artística" (seleccionados por el ISC) y uno del ayuntamiento respectivo.
sandinogamez@gmail.com
