26 de diciembre de 2017

B.C.S.: La renovación democrática desde el municipio libre




Sandino Gámez / 

En Baja California Sur, como en el resto de México, existe una crisis de credibilidad sobre las instituciones públicas, la clase gobernante, los partidos políticos y la misma idea de la democracia.
Esta crisis se refleja no sólo en la baja participación ciudadana en los procesos electorales, sino también la indiferencia de los ciudadanos sobre las acciones de gobierno y el estado de salud de las instituciones, las cuales se han deteriorado profundamente en las últimas décadas.
La misma palabra “política” o “políticos” tiene una connotación comúnmente negativa, al grado de ser asociada directamente con la corrupción, el fraude o el robo de los recursos públicos.
¿Cómo recuperar (o generar) la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y, en especial, en la política y la democracia?
En primer lugar, es necesario garantizar que los representantes populares sean verdaderos representantes. En democracia eso sólo se consigue de manera esencial mediante su elección directa, así como sometiendo sus decisiones de mayor influencia social al escrutinio público.
En México, la Constitución Política federal establece al municipio libre como la base jurídica organizativa territorial de nuestro país. En Baja California Sur, esta estructura básica carece de representación directa de la población en el ayuntamiento, pues el ciudadano sólo tiene acceso a votar por el presidente municipal.
Los regidores, los integrantes el cuerpo colegiado que compone el cabildo y deciden por votación todos los asuntos de competencia municipal y que afectan de manera más directa al ciudadano, se registran en una fórmula que el ciudadano sólo conoce si da vuelta a la boleta para votar al presidente municipal.
Así, tanto los regidores electos carecen de relación con el votante como el ciudadano carece de relación con sus supuestos representantes, quienes una vez instalados en el ayuntamiento deciden asuntos de suma gravedad, como la privatización del espacio público, la administración de los servicios públicos, las licencias de alcoholes o la planeación territorial y urbana.
Una regiduría es el cargo de elección popular que influye de manera más directa e inmediata en el ciudadano, además de ser el primer escalón de un político de carrera. ¿Por qué entonces no tiene una relación directa con los ciudadanos a través del voto?
Hemos visto en Baja California Sur diversos ayuntamientos cuyos regidores han funcionado más como agentes o empleados de empresas privadas o de grupos de interés privado. Sin embargo, dadas las reglas políticas actuales, han actuado con total impunidad, sin contar siquiera con un castigo político por sus acciones.
Así, para renovar la cultura política de nuestro estado, dar representación política a los ciudadanos en el nivel más básico de gobierno y comenzar a cultivar la confianza del ciudadano sudcaliforniano la democracia, proponemos dos reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur:
Uno. Elección directa por mayoría relativa de los regidores mediante subdistritos, en boleta diferente al presidente municipal, conservando la representación proporcional para las primeras minorías.
Dos. Revocación o refrendo del mandato a la mitad del periodo de todos los cargos electos por voto popular en el estado y los municipios, con excepción del gobernador. Esto bajo el principio de que el voto ciudadano es un voto de confianza hacia el cargo electo y que, por lo tanto, el ciudadano debe poder retirarlo en el momento en que la ha perdido.
¿Quién puede estar en contra de estas propuestas para renovar la cultura política de Baja California Sur?
Por supuesto: una parte importante de las cúpulas partidistas (de todas las denominaciones) y los grupos de poder fáctico, político o económico. Lo común es que las regidurías se utilicen como mercancía de cambio para obtener apoyos políticos o económicos.
La revocación o refrendo de mandato es impensable que vaya a ser aceptada con docilidad también desde las cúpulas de los partidos políticos o grupos dominantes: existe la plena certeza en ellos de que el ciudadano debe aceptar que su participación se reduce a ir a votar cada tres años por quienes ellos han decidido que elija.
Así se expresa también esta clase política y gobernante en el sentido de que es una “regla de la democracia representativa” que los cargos electos no tienen por qué cumplir sus promesas de campaña ni preguntar a sus representados en los asuntos que les atañen.
Sin embargo, en Baja California Sur las propuestas de elección por voto directo de los regidores y la revocación o refrendo de mandato son factibles de llevarse a cabo mediante iniciativas ciudadanas gracias a los mecanismos establecidos por una nueva Ley de Participación Ciudadana de Baja California Sur recién promulgada.
Ésta indica que si 1.5 por ciento de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral estatal manifiestan por escrito su apoyo a estas iniciativas, el Congreso del Estado las debe recibir y discutir en su pleno. También la referida ley contiene los mecanismos de plebiscito para la promulgación de leyes o cambios constitucionales, de tal manera que incluso si los diputados estatales se resisten a aplicar estas herramientas tan naturales en una democracia los ciudadanos pueden obligar a su instauración, también, por la vía del voto.
Ninguna de estas medidas es de aplicación sencilla dadas las costumbres, los vicios y la negativa expresa de las cúpulas partidistas, la mayoría de los políticos en cargos electos y, particularmente, los gobernantes actuales de Baja California Sur, pues son renuentes a abandonar el monopolio del poder público.
Pero los ciudadanos sudcalifornianos tienen que considerar, especialmente en la crisis actual que vive su estado, si están dispuestos a quedarse cruzados de brazos viendo el deterioro o la destrucción completa de sus instituciones de gobierno, los servicios públicos y la credibilidad de la democracia electoral.
Aquí conviene que el ciudadano sudcaliforniano recuerde las palabras del sabio Hillel, aunque hayan sido acuñadas hace dos mil años en el distante país de Palestina: “Si no somos nosotros, ¿quién? Y si no es ahora, ¿cuándo?

2 comentarios:

Adan Hipolito Acevedo Sanchez dijo...

Opino que en la cuestión de referendum, el gobernador tambien debe estar sometido a esto. Todos somos ciudadanos con los mismos derechos y obligaciones.

Sandino Gámez dijo...

Coincidimos. De hecho el gobernador es el que más debe estar obligado a poner en manos de los ciudadanos su cargo a la mitad del periodo de gobierno. Pero para que esto se aplique en Baja California Sur hace falta que se modifique o adiciones la Constitución federal. Mientras tanto, la modificación y adición de la Constitución estatal permitiría que todos los cargos electos por voto popular, con excepción del gobernador, puedan ser valorados a la mitad de sus periodos.