3 de febrero de 2016

Punta Lobos de Todosantos: ¿qué resolvió el uso de la fuerza pública?

Sandino Gámez Vázquez


Me incluyo entre los muchos sudcalifornianos que están extrañados de que el gobierno del estado haya hecho uso de la fuerza con el propósito de terminar el plantón que ha colocado una parte muy importante de la población originaria de Todos Santos y El Pescadero contra un proyecto inmobiliario estadunidense.

El Estado tiene el privilegio legal del uso de la fuerza, pero hemos visto en persona y seguido en libros que han cruzado cientos o miles de años que el uso de la fuerza, aunque sea legítima, sólo produce más violencia. Por eso la justicia sólo la admite en legítima defensa. Un gobierno que basa su autoridad en el uso de la fuerza para resolver asuntos políticos es un gobierno muy débil.

¿Quién desea en el gobierno del estado que haya violencia contra movimientos sociales en Baja California Sur? Este caso es además muy sensible: se han documentado decenas de casos en el que las empresas inmobiliarias extranjeras han despojado de su tierra y el acceso a los recursos naturales en nuestro estado. De entrada, la historia reciente de Sudcalifornia está con los pescadores. Así como nosotros.

Más aún, dado que el Poder Ejecutivo, por voz del Secretario General de Gobierno, ha justificado la medida de fuerza como necesaria y en el mismo día de su declaratoria el juzgado segundo de distrito (Poder Judicial) ha dado el amparo a los socios de la Cooperativa Punta Lobos, la posición del Gobierno del Estado de Baja California Sur ha quedado en entredicho. ¿Qué queda después del uso de la fuerza? Los pescadores continúan su plantón y cada vez somos más los que estamos con ellos, así sea de corazón y opinión.

Una consecuencia de esta acción policíaca en favor de una empresa inmobiliaria extranjera es hacer evidente el riesgo de la concentración del uso de la fuerza pública en una sola instancia. En esto cabe sonar la alarma a todos los sudcalifornianos.

No debe haber un mando único policial en Baja California Sur bajo la dirección del encargado de la política interna del estado. Es mejor que exista una o varias corporaciones de policía estatales y cinco municipales en Baja California Sur. Es mejor para evitar arbitrariedades peligrosas similares o peores a la que este 2 de febrero de 2016 hemos visto en Punta Lobos de Todos Santos.

El poder de la fuerza pública no puede quedar en manos de una sola entidad que decide, sin orden judicial, el desalojo de trabajadores que están resguardando su fuente de trabajo.
Días antes de esto, autoridades estatales han hostigado con acciones judiciales a los líderes de los trabajadores en plantón y han acusado absurdamente de “invasión de propiedad privada” y “obstrucción de vías de comunicación” a quienes documentan y difunden todos los eventos de esa justa lucha.

No hay nada más odioso que el uso del aparato estatal para fines particulares represivos. Es un doble mal uso de los recursos públicos.

¿Cómo cerrará el nuevo gobierno la brecha profunda que esta acción ha provocado en la sociedad que le dio su confianza en las urnas? ¿Cómo se compensará el daño que se ha realizado a la imagen de la policía estatal ante la opinión pública?

sandinogamez@gmail.com





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