8 de diciembre de 2010

Una búsqueda de armonía social y ambiental para Sudcalifornia

Entrevista a Susana Mahieux sobre la fundación y primeros años de la Sociedad de Historia Natural Niparajá, A.C.

Así como con los bienes, hay herencias que son inmateriales e incluso más valiosas que las materiales. El caso de la Sociedad de Historia Natural Niparajá, A.C., lo comprueba. Pero sólo quien conozca el vínculo íntimo de la primera presidenta de su Consejo Directivo con esta California y la conservación de su naturaleza podrá tener lo que los estadunidenses llaman la pintura completa, expresada en apenas una pequeña parte del cuadro entero.

Susana Mahieux, presidenta de Niparajá durante sus primeros 19 años, nació en Santa Rosalía, la ciudad minera al norte de Baja California Sur fundada en 1885 por la empresa francesa El Boleo. Su padre Pedro Mahieux fue el último director de la mina y ella nació apenas cuatro años antes de que estallara la segunda guerra mundial. La ocupación que Alemania hizo de Francia, los estragos de la liberación por los Aliados y las turbias noticias que llegaban cada vez más explícitas sobre los horrores que vivía Europa hicieron que su familia intentara traer a los suyos a vivir junto al Golfo de California.

El ingeniero francés siempre tuvo un gran amor por su nueva tierra, el monte, la vida silvestre, la vida en los ranchos. Fue contagioso. Cuando cerró el Boleo en 1954 se mudó a Sonora, llevando consigo parras de la misión de Loreto y San Ignacio. En Sonora estableció plantaciones de vid que muchos imitaron. En poco tiempo se empezó a producir en Hermosillo el brandy Pedro Domecq en una planta llamada Pedro Mahieux. Los dos Pedros se hicieron muy amigos y Pedro Domecq, el iniciador de la fundación conservacionista Pronatura, invitó al ingeniero a incorporarse en las acciones de la organización. En ese tiempo Pedro Mahieux también se involucró en la experimentación del cultivo de salicornia en Bahía de Kino. La salicornia se regaba con agua de mar y cuando le devolvieron sus tractores todos oxidados no le importó, el experimento había sido un éxito.

Hacia 1990 Pronatura seguía siendo una organización de base (grassroot, como dicen los anglosajones), y en el Noroeste de México estaba instalada sólo en Sonora. Como al resto de América Latina, en esos años había llegado a México la preocupación ambiental como un discurso apolítico que daría origen a muchas organizaciones de la sociedad civil en la década siguiente.

En los noventa, sin embargo, las organizaciones fueron muy pequeñas, constituidas esencialmente por sus consejeros. En la década siguiente, gracias a las cláusulas ambientales del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, grandes fundaciones estadunidenses financiaron los programas de las ONG conservacionistas mexicanas. En ocasiones lo hicieron a través de otras fundaciones mexicanas u otras ONG estadunidenses. Pronto, en muchos casos, estas últimas fueron reemplazadas por un trato directo con las fundaciones extranjeras o nacionales.

Podría decirse que Niparajá comenzó cuando estaba compuesta por tres consejeros, un coordinador y un contable (esto es, en 2001), pero se hizo presente desde la primera semana siguiente a su conformación oficial el 27 de noviembre de 1990.

Cabe decir que ésta es la virtud inicial de Niparajá. Su conformación primero fue de hecho y sólo tiempo después fue de derecho. La fundación se hizo en presencia de varias personas, entre ellas Enrique Hambleton, la propia Susana Mahieux, el ciudadano mexicano Thimoty Means; los académicos universitarios Fermín Reygadas, Juan Guzmán y Luis Herrera Gil. La primera acción de Niparajá fue reunir a personas interesadas en el medio ambiente. Vinieron de Santa Rosalía y Loreto, acudieron también científicos locales, representantes de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (sarh) y el jefe de zona de la Armada de México.

A Susana le tocó lidiar con la molestia (todavía muy de esta época) de ser preguntada por personas que se sorprendían al ver a una mujer en su puesto de presidenta de una organización civil.

En sus palabras confiesa que comenzaron teniendo una visión muy parcial del conjunto. Pero fue por atacar la problemática más inmediata que consiguieron hacerse la pintura completa. “Se hablaba ya de cambio climático global, pero nosotros comenzamos preocupados por la basura, los plásticos que caen al mar, los lobos marinos ahogados por enredarse en mallas o piolas.”

Puede servir como ejemplo de esta ingenuidad contar que uno de los temas tratados en la primera reunión eran las hieleras llenas de pescado —capturado por ellos mismos— que los turistas se llevaban . “El entonces representante del Centro de Investigación Pesquera, Luis Flesher, prácticamente nos regañó por nuestra falta de visión comprehensiva, explicándonos que el problema era la falta de vigilancia, la pesca furtiva, la depredadora pesca industrial y la contaminación en las costas, no unas hieleras.”

El trabajo comenzó con la educación ambiental, visitando a los quinto y sexto años de las escuelas de La Paz, contando sobre la naturaleza, las maravillas que había bajo la superficie del mar y en los cerros y valles enmontados, las maravillas que todavía hay y las que tal vez no estén en el futuro si no las cuidamos ahora. Fue un esfuerzo entusiasta de cerca de ocho participantes, dos días a la semana y pronto generó cansancio en la mayoría.

Como conclusión a esta etapa convocaron a un concurso para que los niños de quinto y sexto años escribieran un mensaje sobre la protección del medio ambiente. Recibieron 600 participaciones y el primer reconocimiento se le otorgó a una niña de San José de Magdalena. Cuenta Susana que estaban en la antesala de la televisora de Francisco King (Tim Means había comprado una bicicleta para que fuera el primer premio y Susana unas mochilas como premios secundarios). Luego de unas cuantas preguntas a la niña descubrieron que la autora intelectual del escrito había sido su madre, lo que bien mirado ofrece otra perspectiva de los buenos resultados obtenidos. La gran difusión que tuvo Niparajá gracias a este concurso tuvo como aderezo que el grupo Maná les precedió en el estudio de televisión cuando hicieron entrega del premio.

Uno de los primeros donativos que recibió Niparajá fue de la Secretaría de Turismo federal. Cinco mil dólares con los que establecieron un fondo para la elaboración de un libro. La manera como abordaron Susana y Enrique Hambleton al secretario de turismo federal es representativa. Le habían avisado a éste que Susana y Enrique lo buscarían durante su comida con el gobernador Víctor Liceaga. Cuando ellos llegaron a plantearle el asunto que les ocupaba en esos meses —la contaminación producida por la termoeléctrica de Punta Prieta en La Paz—, el secretario buscó algo en sus bolsillos. Seguramente tenía una respuesta que había preparado para el caso. Pero no la encontró y sólo atinó a decir que en Manzanillo las cosas estaban “mucho más difíciles”.

Un gran número de personas dieron su tiempo en esta primera década. Todo era trabajo voluntario y por ello era ligeramente disperso. En cierto momento se dieron cuenta que la educación ambiental, aunque muy necesaria, tenía resultados a largo plazo y comenzaron a concentrarse en resultados más mediatos aunque de problemas muy grandes.

El punto de quiebre fue la edición impresa del Diagnóstico ambiental de Baja California Sur, primero de su tipo en Sudcalifornia. Se trataba de un documento promovido en cada estado del país por la Fundación Mexicana para la Educación Ambiental. Luego de un mes de empezados los trabajos sobre el libro, esta organización pidió a Niparajá que aportara un peso por cada dos que ella pondría. Fue un momento difícil porque Fermín Reygadas, quien estaba a cargo del libro, había dado mucho de su tiempo y no tenían dinero propio para compensarlo. Así la posibilidad de hacer el Diagnóstico se tambaleó. De dos académicos que harían la coordinación del estudio, terminó siendo un esfuerzo —insuficiente, a decir de ella misma— de Susana como editora. La mayoría de los autores de los capítulos seguían el método novohispano de citar una gran cantidad de autores de otras obras; y se resistían a colocar sus dudas o a hacer explícita la falta de investigación sobre los temas ambientales. Pese a los defectos, el estudio demostró cuánto había por investigar en Baja California Sur para conocer el verdadero estado de la naturaleza marina y terrestre y los efectos negativos de las acciones humanas sobre ella.

El diagnóstico fue presentado ante la primera secretaria de Medio Ambiente de México, Dra. Julia Carabias. La suerte dispuso que el primer libro que se le envió —previo a la presentación— tuviera todas las hojas en blanco. Pero el libro fue muy bien recibido y dio a Niparajá un reconocimiento muy importante que le permitió tener la confianza de las fundaciones conservacionistas más grandes.

Hacia el año 2000, se recibió el primer donativo para crear reservas ecológicas. La donación involucraba que miembros del Consejo de Niparajá asistieran a conferencias y talleres en Estados Unidos sobre la compra de tierras estratégicas para disminuir el tamaño de los desarrollos turísticos residenciales que estaban (y siguen) proyectados para construirse en las costas. La especulación inmobiliaria con bienes raíces estaba (y sigue) afectando los litorales de muchos países, como España o Costa Rica, y casi todos los estados del Golfo de California. Esto era especialmente evidente en La Paz desde el año 2000, cuando se anunciaron los proyectos de Costa Baja, Paraíso del Mar y Balandro, entre otros, todos adyacentes a la ciudad capital, pero también fuera de la Bahía de La Paz, hacia el norte y hacia el sur.

El donativo y la capacitación permitieron la creación del primero de los programas de conservación de Niparajá enfocado en los procesos de la tierra, sociales y ambientales. Actualmente es un proyecto que ha establecido 4,667 hectáreas para conservación o aprovechamiento sustentable en el corredor San Cosme-El Mechudo, y ha participado de manera esencial en los procesos de ordenamiento ecológico del territorio y el apoyo a la organización de las comunidades de pescadores, pequeños propietarios, ejidatarios o rancheros en la zona.

(Cabe aquí explicar por qué algunas organizaciones conservacionistas compran tierras para convertirlas en reservas ecológicas. Las tierras que son propiedad de Niparajá no se pueden volver a vender. Por su naturaleza constitutiva como sociedad sin fines de lucro bajo las leyes mexicanas, en el caso de que la organización se extinga, estos bienes inmuebles sólo podrán ser transmitidos en donación a otra organización de la sociedad civil similar, quien tampoco podrá enajenarlos. Con esta disposición se asegura la continuidad del propósito que se le confirió al uso de la tierra desde el principio. Los gobiernos federal y estatal, y los ayuntamientos, también tienen esta facultad: la creación de áreas protegidas y la expropiación por causa de interés público.)

Para Susana, el problema principal en Baja California Sur es la falta de gobernanza: la falta de eficacia, calidad y buena orientación de las políticas públicas, para beneficio colectivo y para un óptimo desarrollo de la sociedad. Y señala que Niparajá ha sido una organización que siempre solicita y escucha a los científicos y especialistas antes de ofrecer sus observaciones críticas o proponer soluciones. Un ejemplo sintético es el tema del agua, el recurso más importante y el más escaso en esta entidad. Niparajá ha establecido una relación de varios años con universidades e institutos científicos del estado de Arizona, E.U., porque es una entidad que tiene condiciones de escasez de agua similares a Sudcalifornia y superaron el reto de eficientar la administración del recurso en sus organismos paraestatales. “¿Por qué resolvieron estos que son los mismos problemas que tenemos nosotros? Porque tienen sectores independientes y profesionales para ocuparse del agua”, señala.

(Aquí puede recordarse esta anécdota. Una vez Niparajá invitó a dos especialistas en recursos hídricos de la embajada de Francia en México que colaboraban con la Comisión Nacional del Agua. Funcionarios públicos y consejeros volaron con los invitados, para ver directamente las zonas de captación de agua en la Sierra de la Laguna. En la plática —dentro de la cabina— uno de los investigadores franceses preguntó al entonces director del organismo operador del sistema de agua potable local cuál era el porcentaje de fugas en la red de la ciudad de La Paz. Éste contestó: “diez por ciento”. Sorprendido, el investigador comentó que era una red más eficiente que la de cualquiera de los países más tecnificados de Europa.)

Niparajá también ha colaborado para fortalecer la presencia y los recursos científicos del Comité Técnico de Aguas Subterráneas de La Paz, un cuerpo ciudadano en el que participan académicos y usuarios que se reúne periódicamente con los especialistas de Arizona y otras partes del mundo. Es un modelo que se utiliza en distintas variantes en todos los programas de Niparajá: escuchar a los especialistas y a los ciudadanos interesados o involucrados; y ser un coadyuvante de la creación de gobernanza y desarrollo y armonía sociales como indispensables para la protección de los ecosistemas.

Para Susana ésta es precisamente la principal cualidad de Niparajá: ser una organización ciudadana con raíces locales, que establece sus propios programas y proyectos, y que cuenta con un excelente personal.

Con todo lo que ha pasado en estos 20 años en Baja California Sur, México y el mundo, Susana se anima a proyectar sus deseos sobre el trabajo que sigue para Niparajá: “¿Cómo me gustaría ver a Niparajá en el futuro? Como un generador y promotor de ideas y soluciones para los problemas ambientales de Baja California Sur; lo que los anglosajones llaman un think-tank, analizándolos con una visión más allá de lo inmediato o de un plazo de veinte años.”

“Los efectos del cambio climático, la progresiva escasez del agua dulce y el desmedido desarrollo turístico residencial en los litorales son asuntos graves para nuestra región que debemos analizar y comenzar a enfrentar. También podemos participar en el desarrollo social de Sudcalifornia con acciones puntuales, mostrando la eficiencia de ciertas actividades económicas alternativas, necesarias y sustentables, algunas de ellas versiones dinámicas de las actividades tradicionales. Y por supuesto seguir comunicando a la población local todo lo que hacemos y por qué lo hacemos.”

14 de noviembre de 2010

El joven tenista de Costa Baja

Es poco conocido que hace casi cuarenta años Enrique Hambleton acompañó al profesor universitario estadunidense Harry Crosby como fotógrafo, traductor y compañero en la exploración y registro de las pinturas rupestres de la sierra sudcaliforniana. Luego de la exploración de campo, mientras Crosby daba a conocer en el extranjero la existencia de estas obras monumentales y su valor para la humanidad, Hambleton se dedicó con vigor y capacidad a convencer a las autoridades mexicanas sobre la necesidad de protegerlas.

Es difícil no asociar su nombre con las primeras misiones del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para investigar las pinturas. Esto pasó en 1982 y sólo tres años después se instaló esa delegación del gobierno federal. Ocho años después, cuando la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) aceptó a la Sierra de San Francisco como Sitio de Patrimonio Mundial, su participación fue fundamental: fungió de anfitrión a los dictaminadores y los condujo al interior de la sierra, en compañía de algunos funcionarios del INAH y del gobierno del estado.

Esta labor como promotor de la conservación de las pinturas rupestres ha estado estrechamente vinculada a la valoración del modo de vida de los ranchos sudcalifornianos, de la protección de los ecosistemas peninsulares y el desarrollo de la cultura en Sudcalifornia. Para lo primero, fundó con el Dr. Miguel Mondragón la asociación Amigos de Sudcalifornia (AMISUD), para auxiliar a las comunidades serranas y facilitar el trabajo de investigación del gobierno mexicano e instituciones extranjeras en los años ochenta y noventa. Para lo segundo participó en la fundación de la Asociación de Historia Natural Niparajá, A.C., presidió la Fundación Pronatura Noroeste y auxilia como consejero al Museo de Historia Natural de San Diego. En lo tercero fundó y participa activamente en la Asociación de Amigos del Museo Regional de Antropología e Historia de Baja California Sur.

Leer su currículum en voz alta y en público es todo un reto. Porque además ha tenido un papel fundamental como divulgador de las pinturas rupestres y la vida de los rancheros, mediante libros o publicaciones que ha escrito o traducido, exposiciones de fotografía documental que ha tomado él mismo o ha patrocinado, e innumerables conferencias en diversas partes de México y el mundo.

Hace varios meses, en La Paz ofreció una charla pública donde destacó nuevamente la importancia de las pinturas rupestres no sólo como patrimonio de la humanidad, sino particularmente como patrimonio de los sudcalifornianos. La plática era un evento de recaudación de fondos para el Museo Regional de Antropología e Historia y coincidió en día y hora con la conferencia magistral de Paco Ignacio Taibo II en la UABCS, el día 24 de febrero de 2010. Proporcionalmente, cabe decir, la sala de historia natural del museo estuvo tan llena como la del poliforo universitario. Es la gran capacidad de convocatoria que tiene Hambleton y que refuerza cada ocasión que se presenta en público.

Muchos de quienes donaron poco más de diez mil pesos ese día lo hicieron por conocer las pinturas a través de Hambleton más que por apoyar al Museo Regional de Antropología e Historia. Por eso muchos extrañamos que se rehusara a dar una opinión personal sobre el significado de las pinturas.

Luego de cuarenta años de conocer y seguir de cerca las investigaciones sobre el tema, Hambleton es un verdadero especialista en pinturas rupestres sudcalifornianas, quizá el más auténtico, porque no es funcionario del INAH o académico universitario. Puede explicar de manera precisa por qué son importantes y contar de manera sencilla todo lo que se sabe de ellas. Esa ocasión se reservó una interpretación personal. De lo poco que dijo entonces puede tenerse como seguro que no desea contribuir a la banalización del arte rupestre y a lo que sería su consecuencia: la vandalización de las cuevas donde están las pinturas. También es posible que se estuviera guardando para la presentación de su primer libro sobre este tema, el 16 de noviembre de 2010 a las 18:30, en el Centro Cultural La Paz: Lienzos de piedra. Pintura rupestre en la península de Baja California.

Pero ahora cabe recordar sus palabras finales al libro de Crosby, Descubriendo los grandes murales de un pueblo desconocido (1997, sólo en inglés), donde explica: “El lector debe estar advertido de la responsabilidad que implica que este libro pueda ser usado como guía de campo. No sólo ofrece una oportunidad para tener la experiencia (directa) de las pinturas rupestres de Baja California, sino también su cultura y ambiente natural. Provee una llave de acceso a un mundo delicado donde uno debe pisar suavemente y con respeto.”

Él mismo señaló en su charla del 24 de febrero de 2010 que el poder de estas obras antiguas (las cuevas y las pinturas) estableció la dirección de su vida. ¿Qué sería de los sudcalifornianos sin estas cuevas pintadas? ¿De qué otra forma encontraríamos jóvenes tan valiosos como Enrique Hambleton?

16 de septiembre de 2010

La patria, siempre la patria


Para un 16 de septiembre

“El descanso material del país, en treinta años de paz, coadyuvó a la idea de una Patria pomposa, multimillonaria, honorable en el presente y epopéyica en el pasado. Han sido precisos los años de sufrimiento para concebir una Patria menos externa, más modesta y probablemente más preciosa.” Estas palabras las escribió Ramón López Velarde hace poco más de ochenta años, en un 1921 que parecía sellar el fin de la revolución mexicana luego de diez años de guerra civil y más de un millón de muertes. Un ciclo se cierra y López Velarde lo entiende. Como al triunfo de la república sobre la intervención francesa, es hora de refundar la patria, pero no sobre las cenizas de los mártires ni sobre el odio a los vencidos, tampoco sobre esa idea tan explícita en el párrafo trascrito arriba: la idea ficticia y artificial de una nación grande y poderosa, idea que aún es propagada por nuestro gobierno y cultivada (ya sin convencimiento) por el sistema educativo nacional.

La patria es impecable y diamantina, en efecto, pero por ello no puede ser la patria un ángel dorado ni un grito estentóreo ni una bandera que recuerda más a un verso de José Martí (“Mi verso es de un verde claro / Y de un carmín encendido. / Mi verso es un ciervo herido / que busca en el monte amparo”) que a esa trinidad de “pureza, unión, libertad” que nos han dicho simbolizan sus colores y que no son más que las tintas del manto de la Madre sobre el Tepeyac, la bandera que por mucho tiempo fue el único lazo ideológico común a los pueblos mexicanos.

La patria debe ser algo más, no únicamente símbolos o recuerdos. Estos parecieran mantenernos unidos como nación a hombres y mujeres dispares del norte, del sur y las costas; son los que nos recuerdan que hablamos español y hemos recibido el mismo legado conquistado (o regado) con sangre y lágrimas de la piel y los ojos. Pero ¿quién en Veracruz recordará a Manuel Pineda y a los muleginos que combatieron y vencieron al ejército norteamericano invasor? ¿Quién en Chihuahua recordará a uno de los victoriosos lanceros de Nicolás Romero? Sin embargo, por todo el país se recuerda a los adolescentes cadetes de Chapultepec; a Anaya con los brazos cruzados y el uniforme roto diciendo altanero: “Si hubiera parque no estarían ustedes aquí”.

Además de esto, a los mestizos los une la fundación de la ciudad de Tenoch, el águila y la serpiente sobre el nopal, los reúne la alegoría de la campana en la noche de cada quince de septiembre. A los criollos las cartas de relación de Hernán Cortés y el ángel de la independencia. ¿Y qué une a ambos, mestizos y criollos, con los indígenas para quienes los mitos del águila y la campana, del ángel y el arcabuz, son recuerdos de miseria y opresión? La religión, tal vez; la opresión, tal vez. Un gobierno de facto, tal vez eso es la nación.

Pero la patria —o la Patria, como escribía López Velarde— debe ser algo más, algo más íntimo. Es un tema en que sólo por corazonada nos aproximamos al acierto, porque los diccionarios no pueden mucho. Véase lo que dice María Moliner en el Diccionario de uso del español: “Con relación a los naturales de una nación, esta nación con todas las relaciones afectivas que implica.” Gratamente difusa (no se encontrará una mejor), esta definición señala algo notable: la patria no es la nación ni son sus habitantes, la patria es la relación subjetiva, emocional, de los habitantes con su nación. Así se puede comprender la deserción del batallón irlandés que venía con el ejército estadunidense, que peleó del lado mexicano y fue exterminado cruelmente antes de acabar la guerra de 1846-48; así no resultan cínicas las últimas palabras de Maximiliano antes de ser fusilado en el Cerro de las Campanas: “voy a morir por una causa justa, la de la independencia y libertad de México. ¡Que mi sangre selle las desgracias de mi nueva patria! ¡Viva México!”

La patria siempre ha sido una palabra recurrente en el discurso de nuestros gobernantes o de nuestros salvadores posibles y malogrados o falaces y triunfantes. Es el mejor recurso para llamar la atención de cualquiera porque cada uno tiene su idea de patria y la defenderá, aunque sea su patria el árbol que cuidó desde pequeño o el paisaje que ha visto toda su vida. A veces la patria es la tierra es la vida. La razón por la que pelearon y murieron cientos de miles de hombres y mujeres en la Revolución Mexicana de 1910 (y en todo movimiento popular anterior a 1934) fue la promesa de conseguir al final un pedazo de tierra; eso es México, o era; ahora es difícil decirlo cuando la mayoría de los mexicanos vivimos en las ciudades. Pero sólo hay que recordar algo tan legendario como la defensa de la populosa Sodoma que hizo Abraham, sin otro deseo más que el de salvarla porque la amaba a pesar de que fuera la más pecadora de las ciudades de la Biblia; sólo hay que recordar esta leyenda o la real defensa, desesperada batalla, que dieron los capitalinos en septiembre de 1847 para entender que la patria se encuentra ahí donde se encuentra el patriota.

“La patria, siempre la patria”, parece un ardid publicitario, pero hubo hombres que pronunciaron la frase con humildad y convencimiento. Ha sido luego de tanto abuso que la palabra suena a democracia o a ley: muy adornada y sin virtud: poco practicada. ¿No será mejor abandonar por un tiempo la palabra y hacer que el tronco retoñe?

Érase una vez Sodoma defendida por la gracia de sus tres únicos justos. Cuando alguien diga que la patria está en peligro, mostremos que está muy equivocado.

Quien se encuentra bajo amenaza es la nación.

8 de septiembre de 2010

La ley de los desarrolladores turísticos


Los organismos empresariales sudcalifornianos están preocupados por la iniciativa de la Ley de Turismo de Baja California Sur que se encuentra bajo análisis para su aprobación en la XII Legislatura; pero el resto de la sociedad sudcaliforniana también debería estar alerta. Esta iniciativa de ley va acompañada de diversas disposiciones que vuelven legal el dominio de los desarrollos turísticos sobre la economía, el medio ambiente y la planeación urbana de los pueblos y ciudades de Sudcalifornia. En cierta forma debería llamarse “Ley de los Desarrolladores Turísticos”, pues les concede facultades que están destinadas únicamente a los cuerpos edilicios de los Ayuntamientos, elimina la horizontalidad y autonomía relativa que poseen las cámaras y consejos empresariales, e ignora a las organizaciones de la sociedad civil, incluidos los colegios de profesionistas.

Este aumento en la verticalidad de la toma de decisiones pasa por concederle al gobierno del estado la dirección absoluta o mayoritaria de los órganos de decisión sobre la actividad turística y el desarrollo urbano, y por la conversión de la Secretaría de Turismo del estado en una supersecretaría, con atribuciones para determinar qué partes del territorio se convierten en “Zonas de Desarrollo Turístico”, y por lo tanto son expropiables (es decir, se les puede rescindir la propiedad privada de la tierra) por causa de utilidad pública (artículos 71 a 73 de la iniciativa), así como para promover la elaboración y modificación de los programas de desarrollo urbano “de los centros poblacionales ubicados en zonas de desarrollo turístico”, una facultad hasta ahora exclusiva de los cabildos.

Esta iniciativa fue creada por encargo de la Secretaría de Turismo del Gobierno de Narciso Agúndez, siendo secretario el precandidato a la alcaldía de Los Cabos, Alberto Treviño Aguilar (ATA), el mismo que apareció en su inicio de campaña acompañado de grandes desarrolladores de Los Cabos y La Paz. Aquí cabe decir que durante este sexenio (y quizá desde siempre en el gobierno de B.C.S.) la redacción de las iniciativas de ley se encarga a empresas consultoras, es decir, a un grupo de personas que no pertenecen a la función pública, pero a las cuales se les paga con dinero público. Es un trabajo que debería hacer el cuerpo de asesores del gobierno del estado o el área jurídica de cada secretaría; pero casi nunca sucede así. El estudio previo y la redacción de esta iniciativa costó seis millones de pesos.

Por sus declaraciones en los medios queda claro que la iniciativa del gobierno del estado desagrada a los líderes empresariales sudcalifornianos especialmente por la creación de un Fideicomiso Inmobiliario para el Desarrollo Turístico (FIDT), una suerte de Fonatur estatal (arts. 68 a 70) y el establecimiento como materia de utilidad pública de “zonas de desarrollo turístico” (art. 71). De esta manera, si un concesionario de grandes extensiones de tierra no quiere “desarrollar” su tierra a pesar de que el gobierno del estado ha decretado que ese “desarrollo” daría empleos y beneficios económicos a los sudcalifornianos, el gobierno del estado podría decretar el retiro de la concesión de la tierra para entregársela al FIDT, quien lo “desarrollaría” o, como se hace en estos tiempos, lo pasaría a un grupo empresarial con gran visión que conciba y concluya el proyecto de “desarrollo turístico”.

A lo largo de la iniciativa puede apreciarse la identificación que hace la iniciativa del gobierno del estado entre “turismo” y “desarrollo turístico”, y la confusión entre “desarrollo turístico” y “fraccionamiento residencial y recreativo costero para extranjeros”. Es tan evidente el sentido de esta identificación y confusión que el glosario de la iniciativa estatal de la Ley de Turismo no define qué debe entenderse por “desarrollo turístico”, a pesar de dedicarle dos capítulos íntegros, el IV y el V, y hacer de ellos el eje de su propuesta.

Donde debe buscarse la definición es en la reforma a la Ley de Desarrollo Urbano del estado (LDU) que acompaña a esta iniciativa para crear la Ley de Turismo. En la adición al artículo 2 se define:

“xxxiv. Desarrollos turísticos: El terreno o terrenos, obras o construcciones ubicadas en un sitio geográfico con dotación de bienes y servicios adecuados para la realización de actividades turísticas que permitan ofrecer fines de recreación, salud y descanso a los visitantes, logrando con ello beneficios económicos para la región al consumir bienes y servicios, preservando los recursos naturales y culturales.”

Ni una palabra a la extensión territorial, que tiene todo que ver cuando vemos a diario en El Mogote unos edificios que los turistas, los locales y los publicistas tratan de evitar en sus fotos del horizonte, cuando vemos la destrucción de los cerros y la vegetación original en el desarrollo turístico de Costa Baja o cuando recordamos la impune apertura de la marina de Puerto Los Cabos siendo que aún se hacían los estudios para demostrar que el acuífero de San José del Cabo no sería afectado por la intrusión de agua salina. Y no sólo se trata de definir el impacto del tamaño de estos “desarrollos turísticos” sino también el impacto acumulado del conjunto de ellos. Por ejemplo, en el sur de España el mar cercano está muerto porque se cubrió de “desarrollos turísticos” toda la costa, impidiendo la continuidad de los ciclos naturales entre el mar y la tierra (ahí le llaman “el tsunami urbanizador”, que es más preciso que tsunami turístico o desarrollista, porque los llamados “desarrollos turísticos” son en los hechos proyectos de urbanización para extranjeros, incluso en el caso español, donde el mercado inmobiliario es para alemanes).

Hay puntos donde pareciera que la reforma y adiciones a la Ley de Desarrollo Urbano tiene el buen propósito de quitar a los regidores la facultad de decidir arbitrariamente asuntos que afectan a la comunidad, como “En el caso de fraccionamientos, condominios horizontales, desarrollos turísticos y urbanos en general que impacten a nivel regional o subregional la estructura urbana, la vialidad, el medio ambiente o que se ubiquen fuera de los límites de los centros de población, o que afecten los accesos a las playas”. En estos casos, dice la reforma “los ayuntamientos expedirán la autorización correspondiente en el seno de la Comisión Estatal de Desarrollo Urbano a que se refiere esta Ley.” (Art. 13,X,ii)

Pero enseguida establece que esta comisión (“órgano colegiado”, le llama) estará formada por el gobernador, los titulares de cinco secretarías de su gobierno y “los titulares” del “Municipio o Municipios correspondientes, cuando se trate de asuntos de su demarcación territorial.” (Art. 15-bis). Puede verse que siempre en este órgano colegiado de decisiones tan delicadas para la vida social y económica de Baja California Sur el gobierno del estado tendrá mayoría absoluta, pues la mitad de sus miembros están bajo su mando directo y él posee un “voto de calidad”. ¿Y los habitantes, los sectores productivos afectados, las organizaciones de la sociedad civil? Debe recordarse que si bien el gobierno del estado gobierna a todos los sudcalifornianos, no es una entidad representativa. Hasta ahora, de todos los empleados del enorme aparato del gobierno del estado, los sudcalifornianos sólo eligen a uno: el gobernador. Además, con gran frecuencia el número de ciudadanos que lo eligieron no supera una cuarta parte de los ciudadanos votantes registrados.

En lugar de quitarle al ciudadano gobernador sudcaliforniano la pesada carga de decidir de manera absoluta sobre la pertinencia de tal o cual “desarrollo turístico”, la iniciativa de reforma a la LDU le coloca un fardo más. Además de las acciones, normas y políticas para regular la fundación, mejoramiento, crecimiento, distribución y conservación de los asentamientos humanos en la entidad” (art. 18 de la ley vigente), le obliga a concluir su programa estatal de desarrollo urbano estableciendo la “vinculación del desarrollo urbano y el ordenamiento territorial con el ordenamiento turístico del territorio en los términos de la Ley de Turismo” (art. 18, prr. xii de la iniciativa de reforma).

Más adelante, el texto le da una referencia para ayudarle a decidir: “Artículo 46 bis.- Las áreas que se destinen para fines turísticos o aquellas en que se establezca el uso de suelo turístico de conformidad con los planes de desarrollo urbano y los programas locales de ordenamiento turístico del territorio aplicables, deberán ubicarse en zonas que por sus características naturales, históricas y culturales se conviertan en un atractivo turístico, y que cuenten con la dotación de servicios, equipamiento e infraestructura adecuada, respetando el patrimonio cultural, la imagen urbana y las áreas naturales protegidas.”

Véase cómo con leer la primera mitad de este artículo “bis” podría justificarse que los lugares naturalmente bellos, y los sitios históricos o con tradiciones culturales interesantes se conviertan en “zonas de desarrollo turístico”. El sólo hecho de abrir un “bis” para el artículo 46, en lugar de agregar un párrafo más al artículo 46 de la LDU, ilustra un interés en determinar que la vida social de los sudcalifornianos gire en torno de los “desarrollos turísticos”.

Deje de leerse el “bis” donde aparece una coma y comienza la oración coordinada “y que cuenten con la dotación de servicios equipamiento e infraestructura adecuada”. Luego léase igual pero agregando esta oración y omitiendo a su vez la buena intención final: “respetando el patrimonio cultural, la imagen urbana y las áreas naturales protegidas.” Apréciese el verbo reflexivo clave: “se conviertan”. En este contexto podría significar ‘que ya lo sean’ tanto como ‘aquél que se determine así en el seno de la Comisión Estatal de Desarrollo Turístico o en el ídem de la Comisión Estatal de Desarrollo Urbano que estarán dominados cinco a uno por el gobernador del estado y sus ministros’.

El papel de los Ayuntamientos sudcalifornianos es prácticamente inexistente tanto en la iniciativa de ley de Turismo como en la de reforma de la LDU. Sólo se les menciona tres veces, una para hacerles crear los Consejos Consultivos Municipales de Turismo, otra para que expidan la autorización a los “desarrollos turísticos” “en el seno de la Comisión Estatal de Desarrollo Urbano” (art. 24). La tercera mención es para obligarlos a que emitan en el mismo seno de esta Comisión “los actos administrativos” que les corresponden en cuanto al “otorgamiento de las autorizaciones, licencias y dictámenes técnicos que se requieran para la autorización de fraccionamientos, condominios horizontales, desarrollos turísticos y urbanos que impacten a nivel regional o subregional la estructura urbana y vial, y el medio ambiente o que se ubiquen fuera de los límites de los centros de población, o que afecten los accesos a las playas.” (Artículo 24,i)

Incluso no existe representación alguna de los Ayuntamientos en la Comisión Estatal de Turismo (art. 25 de la ley de Turismo). Pero la iniciativa de reforma a la LDU sí le otorga un asiento al Secretario de Turismo en la Comisión Estatal de Desarrollo Urbano (artículo 15-bis de la reforma a la LDU).

El artículo 50 y 68 de la iniciativa están concebidos para que las acciones de los Ayuntamientos en los “desarrollos turísticos” se subordinen a “reglamentos respectivos” que se “tomarán en cuenta de manera enunciativa y no limitativa” (art. 68). El 72 vuelve a hacer explícita la subordinación de las decisiones de los Ayuntamientos a lo que se acuerde en “el seno de la Comisión Estatal de Desarrollo Urbano”.

Parte medular es la eliminación de la participación de los Ayuntamientos en el desarrollo urbano (y humano) de los “desarrollos turísticos”, convirtiendo a estos de facto en divisiones territoriales equivalentes a los Ayuntamientos mismos, pero controlados por empresas privadas. La Ley de Desarrollo Urbano vigente establece en su artículo 74 esta participación para garantizar los servicios públicos, el acceso y la armonía social a todos los habitantes del territorio sudcaliforniano, incluidos los que residen en fraccionamientos residenciales, turísticos o no.

Esta previsión fue una visión estratégica para mantener dentro de la esfera pública incluso a los “desarrollos turísticos”, evitando así que se vuelvan “All Exclusive”, totalmente excluyentes de los sudcalifornianos locales o visitantes foráneos. Pero también es una previsión que permite al Ayuntamiento participar y aprovechar al “desarrollo turístico”. Con el diez por ciento de los predios de un “desarrollo turístico” que tenga éxito en “desarrollarse” cualquier Ayuntamiento, con un cabildo compuesto por regidores honestos o al menos medianamente listos, podría llegar a recibir al menos una décima parte de las utilidades del “desarrollo” completo en el mediano y largo plazo. Muchas cosas pueden construirse en el diez por ciento de las hectáreas de uno de estos “desarrollos” que servirían para el verdadero desarrollo social, cultural y económico de los habitantes de un municipio.

Pero la previsión estratégica fue diluida con una adición que se encuentra aprobada en la LDU vigente al final del artículo 74. Son dos párrafos sin numerar que permiten al propietario pagar en efectivo el valor comercial del área de obligada donación. Cabe mencionar que los propietarios hasta ahora siempre han pagado el valor comercial valuado sin que se considere el plan maestro del “desarrollo turístico” o habitacional que está supuestamente haciendo la donación. Con esto, el Ayuntamiento recibe en realidad una centésima parte del valor real. Como prueba documental de la extrema subjetividad de estas valuaciones y de cómo actúan los regidores de los Ayuntamientos tenemos dos casos. El primero es el Avalúo No. AP-09-03001 para el predio “El Saltito”, en el Municipio de La Paz, donde está en construcción el “desarrollo turístico” de capital español Azul de Cortés, de gran exclusividad y lujo, en 704.92 hectáreas.

En este caso el perito valuador Ciro Rivera Taylor, avalado por el Instituto Mexicano de Valuación de Baja California Sur, A.C., estableció un avalúo promedio de 330,182 pesos por metro cuadrado en la zona (página 6), pero en la página siguiente traslada este valor a la hectárea (1 hectárea es igual a 10 mil metros cuadrados), con lo que establece un valor total comercial de las tierras de Azul del Cortés en poco más de 189 millones de pesos. (esto es, 27 pesos el metro cuadrado). Así, el Ayuntamiento de La Paz debería recibir 18.9 millones de pesos. Sin embargo, si el Ayuntamiento de La Paz colocara en el mercado internacional las 70.49 hectáreas que le corresponden por donación de este “desarrollo turístico” recibiría al menos diez veces más. Y si las guardara para el futuro el precio se triplicaría cada año si el “desarrollo turístico” llega a tener éxito.

Pero los regidores que ha habido en La Paz y en los otros municipios del estado nunca usan de este criterio para hacer ganar recursos al Ayuntamiento. El XII Ayuntamiento de La Paz, presidido por Víctor Castro Cosío, incluso llegó a intercambiar 27 hectáreas de Paraíso del Mar (en El Mogote) por cien hectáreas del ejido Chametla que valían varias veces menos. Esta “permuta”, como fue llamada, no estaba incluida en las disposiciones de la LDU, por lo que fue ilegal.

La iniciativa de reforma a la LDU elimina todas estas disposiciones relativas a los Ayuntamientos para otorgárselas al Consejo Estatal de Desarrollo Urbano. Incluso les quita el usufructo del “pago de donaciones”:

“Artículo 94 bis.- Los recursos económicos provenientes del pago de donaciones, así como obras de mitigación, infraestructura, urbanización y equipamiento urbano a que se refiere el artículo 74 Bis de esta Ley, se destinarán al fideicomiso que para el desarrollo de infraestructura turística constituya el Gobierno Estatal, cuya finalidad será la realización de obras de infraestructura necesarias para el desarrollo y turístico (sic) de la Entidad.”

En conclusión puede decirse que la iniciativa de Ley de Turismo y reforma y adiciones de la Ley de Desarrollo Urbano sólo conviene a los intereses de las empresas llamadas “desarrolladoras turísticas” y afecta gravemente las finanzas y la autonomía municipal.

Se prometió que los desarrollos turísticos como Costa Baja, Paraíso del Mar, Loreto Bay, Ensenada Blanca, Cabo Riviera y Puerto Los Cabos detonarían la prosperidad económica de los Municipios y lo que tenemos son cinco ayuntamientos y un gobierno del estado en crisis y endeudados. Si en la época de vacas gordas fue tan poco lo que los Ayuntamientos recibieron de concesiones tan grandes que dieron a los “desarrollos”, ¿cómo esperar que en época de vacas flacas los “desarrollos turísticos” vayan a funcionar como ejes de la economía y el desarrollo humano de los sudcalifornianos?

Al mismo tiempo que el gobierno del estado (o, mejor, la secretaría de Turismo) envió esta iniciativa, también entró para su dictamen en el Congreso local la iniciativa para sustituir la Ley Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente por una “Ley de Desarrollo Sustentable y Protección al Ambiente”. Baste decir que con esta última no podrá hacerse otra área natural protegida municipal como Balandra, y que un área natural protegida estatal como El Estero de San José podrá ser convertida en área urbanizable debido a los frecuentes incendios que sufre (artículo 154).

Puede repetirse que, en efecto, todas estas disposiciones legales en proceso de aprobarse tienen un propósito fundamental: beneficiar a los “desarrollos turísticos” mediante la afectación de la propiedad social y los derechos de los sudcalifornianos.

He aquí por qué hay que vigilar de cerca de los diputados locales, los de ahora y los de siempre.


(Sobre la amarga experiencia española de los "desarrollos turísticos" véase el blog Urbanismo Patas Arriba, y especialmente el libro El tsunami urbanizador español y mundial de Ramón Fernández Durán, 2006. Sobre la relación ambientalismo y desarrollo turístico en Sudcalifornia véase Alternativa 71, febrero de 2009.)

13 de agosto de 2010

El estilo empresarial para resolver los problemas sociales


En días pasados fue posible leer en El Peninsular Digital declaraciones del presidente en B.C.S. de la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex) Guillermo Beltrán Rochín implicando que el reconocimiento jurídico a las parejas del mismo sexo formaba parte de los factores que han contribuido a la corrupción de las fuerzas policiales.

La declaración es importante, porque quien la pronuncia preside la delegación de una confederación que tiene afiliadas a 36 mil empresas, entre ellas las más importantes en Baja California Sur, como Banamex, Cemex, Apasco, Bimbo, Wal-Mart, las dos cerveceras, el Nacional Monte de Piedad y TV Azteca. Según su página web, las empresas afiliadas generan el 36 por ciento del Producto Interno Bruto y el 42 por ciento de los empleos de todo México.

La Coparmex también forma parte del Consejo Coordinador Empresarial (CCE, dirigido a nivel nacional por la Asociación de Banqueros de México, y en Baja California Sur por el grupo de los desarrolladores turísticos: el periodo anterior por Luis Cano Hernández de Gravi y actualmente Carlos Estrada Talamantes de Decope). Por esta circunstancia, la declaración de Beltrán Rochín debe apreciarse no como la opinión de un individuo, sino de la parte más patronal del bien organizado sector empresarial.

En conjunto, la nota publicada en El Peninsular Digital tiene el propósito de otorgar una opinión favorable sobre las Fuerzas Armadas de México, en especial sobre la 3ra. Zona Militar. Pero en lo interno expresa una sustancia ideológica que merece atención.

La nota se titula: “Dejaron de ser confiables las autoridades policíacas” (El Peninsular Digital, 13-viii-10, redactada por Alberto González). Ahí, el líder empresarial describe a grandes rasgos un estado de descomposición de la legalidad en Baja California Sur. Sobre la fuente del mal resume:

“Si se hubiera actuado a tiempo, nada de lo que está pasando habría sucedido, pero se comenzó a impedir que los padres corrigieran a sus hijos, que los políticos hicieran compromisos sucios con gente sucia, en lugar de hacerlos con los empresarios; se permitió que hubiera uniones entre parejas del mismo sexo y ahora ahí están las consecuencias de la descomposición social.”
La declaración completa busca denunciar la corrupción de los cuerpos de seguridad pública, como se ha dicho. Pero va mucho más allá. Expone dos de los lugares comunes del pensamiento conservador de derecha al que pertenece un grupo notable (aunque no formal) de empresarios y políticos sudcalifornianos.
Hace un año, con la intención de disminuir la criminalidad en La Paz, ese grupo propuso el establecimiento de una prohibición policíaca municipal para que los menores salieran de sus casas después de las diez de la noche (El Sudcaliforniano, 28-vii-08 y 15-viii-08). Ésta parece ser la ocasión cuando “se comenzó a impedir que los padres corrigieran a sus hijos”, aunque también puede ser cuando México ratificó la convención de los derechos de las niñas y los niños en 1990.

En cuanto a que los políticos hicieron “compromisos sucios con gente sucia, en lugar de hacerlos (los compromisos sucios) con los empresarios”, se trata de una confesión de parte (es decir, un autogol). Pero hay que dejar abierta la puerta a la posibilidad de que existan empresarios que no se presten a hacer compromisos sucios con los políticos (sean estos sucios o limpios). ¡No podemos creer que los organismos empresariales estén liderados por empresarios que les gustaría estar suciamente comprometidos!
El tercer componente al que el líder empresarial sudcaliforniano atribuye la descomposición social (parece que de B.C.S. y de México) es al otorgamiento de derechos jurídicos a las parejas del mismo sexo en el Distrito Federal y a la validación en los demás estados de estos derechos que acaba de resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
¿Cuál es la solución para tanta perversidad que rodea el imaginario del presidente del Centro Empresarial de la Coparmex de Baja California Sur?

“Si la sociedad no quiere que el día de mañana le secuestren al padre o a la madre, que le maten al hijo o que éste se vuelva drogadicto, ésta es la oportunidad de participar, mandando un correo electrónico a Denuncia.3zm@mail.sedena.gob, o llamando por teléfono a la III Zona Militar, pidió la Coparmex.”

Tanta complejidad de pensamiento y tanta seguridad en establecer soluciones concretas comprueba la necesidad de no dejar solos a los empresarios sudcalifornianos decidiendo nuestro destino común. Incluso obliga a revisar sus compromisos con los políticos que actualmente gobiernan o están por gobernar. ¿Quién no puede preocuparse de que un día lleguen a encargarse de Sudcalifornia personas que piensan que un Estado de Derecho es igual que un Estado de Derecha o, peor, de Ultraderecha?


(Para expresiones distintas de sudcalifornianos sobre la diversidad y la discriminación en Baja California Sur lea el número 72 de Alternativa de B.C.S., descargable libremente.)

golfodecalifornia.blogspot.com



12 de julio de 2010

Pre-estreno de Baja All Exclusive


Baja All Exclusive, la otra cara
del desarrollo turístico inmobiliario en Sudcalifornia


Un documental de Carmina Valiente
Guión: Carmina Valiente y Sandino Gámez
Cámara: Alfredo Barroso
Duración: 50 minutos


P r e e s t r e n o
Martes 20 de julio de 2010, 20 hrs.
Galería, Revolución 590, esq. Juárez, Col. Centro, La Paz, B.C.S., México.
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11 de julio de 2010

Balandra es nuestra


El movimiento social que bloqueó un “desarrollo” en Baja California Sur


Entre 2001 y 2008 el ecosistema y el espacio público de Balandra estuvieron bajo la amenaza de ser transformados en una marina para yates y una zona de resorts y condominios para babyboomers. Pero en 2008 la zona fue declarada Área Natural Protegida municipal, luego de una movilización social local sin precedentes para conservar su uso público y la salud del ecosistema.


Balandra es un estero, una playa y un manglar de los más grandes de la Bahía de La Paz, en la península mexicana de California. Su playa es utilizada continuamente por los habitantes de La Paz desde hace cientos de años para alimentarse o por recreación. Su manglar es indispensable para toda la cadena alimenticia en la bahía.


En 2001 los habitantes de la ciudad de La Paz se enteraron que había en el mundo un crecimiento en el mercado inmobiliario costero a través de un evento práctico y simbólico: el gobierno de Baja California Sur vendió a 12 pesos el metro cuadrado un terreno público de 350 hectáreas en la punta de una península de arena que sirve de rompeolas al puerto de La Paz y que formaba parte del paisaje natural intocado al que estaban acostumbrados los locales.


Esta privatización fue sugerida por el gobernador del estado al congreso local con el argumento de favorecer la economía de la ciudad mediante la llegada de inversiones foráneas llamadas “desarrolladoras turísticas”. A partir de ese año se anunciaron diversos “desarrollos turísticos” para La Paz, en un modelo que los paceños reconocieron pronto como similar al de la zona Cabo San Lucas-San José del Cabo.


Estos “desarrollos” son unidades habitacionales aisladas de la población local, colocadas en lugares costeros con gran belleza natural y destinadas a la compra por extranjeros, particularmente estadunideses de California, Arizona y Colorado. Es un negocio rentable porque los costos son bajos: la tierra y los recursos humanos, materiales y naturales de la localidad se obtienen a precios de tercer mundo; mientras que las unidades habitacionales son vendidas a personas de la clase media de Estados Unidos o Canadá, que no podrían obtener una propiedad similar en su lugar de origen.


El esquema de los desarrollos en la zona de La Paz estaba dirigido específicamente a babyboomers o jubilados que utilizarían la hipoteca de su casa en Estados Unidos o su fondo de jubilación para comprar una casa o condominio en México.


Uno de estos “desarrollos” fue proyectado para Balandra. Sus proponentes anunciaron, primero, una inversión de 400 millones de dólares y luego una de 300 millones. El proyecto nunca fue mostrado al público, pero se supo que implicaba la construcción de una marina dentro del estero, edificios de condominios en los cerros, y hoteles y residencias en el valle cercano. El vocero de los proponentes fue Miguel Alemán III, hijo de un ex gobernador de Veracruz y nieto de un ex presidente de la República. Exhibió títulos de propiedad de los años 1960 que se superponían a los de otros propietarios formales de la zona, quienes también deseaban “desarrollar”.


En 2004, para evitar el “desarrollo” de la zona, el XI Ayuntamiento de La Paz la decretó Área Natural Protegida bajo su jurisdicción. La respuesta del principal de los afectados fue veloz: alegó ante un juez federal la violación de sus derechos de audiencia; el juez aceptó la queja y ordenó al Ayuntamiento dejar sin efecto el decreto. La debilidad de esta declaratoria se debía a que las Áreas Naturales Protegidas municipales no estaban definidas claramente en las leyes estatales de Baja California Sur.


Al mismo tiempo que el decreto municipal se desvanecía en 2005, desde su paseo por el malecón del puerto los paceños miraban todos los días en el horizonte del Mogote la construcción de las casas y condominios del “desarrollo” construido en tierra privatizada y cuyo nombre comercial es ‘Paraíso del Mar’. También, en una playa cercana, llamada Costa Baja, los paceños vieron (y siguen viendo) la deformación de los cerros y de la costa para construir un hotel aislado y una marina, en un emporio de gran ostentación que sigue en crecimiento en el camino que conduce a las playas. También se anunciaron otros proyectos inmobiliarios para extranjeros en la costa virgen del Golfo de California, cada uno más ambicioso que el anterior.


Ese mismo 2005 aparecieron las primeras manifestaciones sociales de inconformidad por la manera como se estaba corrompiendo la vida de los locales a través de un modelo que dejaba pocos beneficios y muchos perjuicios; entre ellos el despojo de tierras, la formación de círculos de miseria en ciudades y pueblos, el incremento en la violencia e inseguridad, la pérdida del acceso a los litorales, la destrucción del paisaje y la especulación de bienes raíces.


Al tiempo que en medios alternativos se escribía sobre las consecuencias futuras del “desarrollo turístico”, algunas organizaciones no gubernamentales ambientalistas promovieron su estudio y recabaron la opinión de los paceños. Grupos de estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado (en La Paz hay tres centros de investigación científica y una universidad) informaron sobre la riqueza de los ecosistemas cercanos a La Paz, en particular de El Mogote, hasta entonces prácticamente desconocido para los locales.


Esta reacción inicial de la sociedad civil impactó a gobernantes y “desarrolladores”. Sin saber bien a qué se enfrentaban, los primeros aumentaron su discurso sobre los beneficios de la llegada de inversiones, empleos y riqueza, y los segundos bajaron las cifras de inversión y llamaban a alcanzar acuerdos. En el interior del XII Ayuntamiento de La Paz, pese a que el presidente municipal había declarado muy pronto su simpatía por la llegada de inversiones a Balandra, algunos funcionarios, apoyados por diversas ONG y ciudadanos comenzaron a rehacer en 2006 el decreto de protección del área y establecieron contacto con diputados del Congreso local para realizar las adiciones necesarias a la ley.


En 2007, diversas organizaciones de la sociedad civil, escritores, artistas, académicos, estudiantes, funcionarios públicos y ciudadanos generaron un núcleo de comunicación alrededor de una idea sintetizada en el lema: “Balandra es nuestra, tenemos que protegerla”. La campaña no estaba destinada a convencer a los “desarrolladores” o a los gobernantes locales, sino a mostrar a los paceños cuál es el sentido de la propiedad social en Balandra.


Aprovechando voluntarios, en pocos meses se colectaron casi 20 mil firmas de ciudadanos (de una población total de 200 mil) que exigían al XII Ayuntamiento que garantizara la protección del uso público del área de Balandra. Por la ciudad se popularizaron estampas para coche (muy apreciadas por los locales), pulseras y camisetas con el lema y con la silueta de un hongo de piedra que hay en Balandra y que ahora es otro de los símbolos de La Paz. Se hicieron conciertos de música, mítines, exhibición de documentales, promocionales y caminatas. Los columnistas de los medios impresos y los comunicadores en los electrónicos tuvieron que considerar el tema de continuo, cada vez de manera más favorable, y los medios más oficiales —renuentes a dar cualquier información sobre Balandra— fueron obligados a entrevistar a personas con gran prestigio artístico e intelectual que visitaron en ese año la ciudad y simpatizaron con la causa de los paceños.


Las firmas sirvieron para que el XII Ayuntamiento de La Paz pidiera al Congreso de Baja California Sur las adiciones necesarias en las leyes estatales para la creación segura de áreas protegidas por interés público municipal. Estas áreas no implicarían la rescisión de la propiedad, sólo la limitación de su uso: Miguel Alemán III podría cultivar cardones y mangles en Balandra, por ejemplo, aunque no podría construir cabañas permanentes o limitar el acceso de los paceños al área.


Las deliberaciones en el Congreso local, de 2006 a 2007, recibieron una presión intensa por parte de los grandes propietarios de tierra (no sólo de la zona de Balandra), de los inversores de bienes raíces, del gobierno estatal y de la población de La Paz. Pero la presión de la población fue mayor: los diputados aprobaron por unanimidad las reformas. La actual presidenta municipal de La Paz, Rosa Delia Cota Montaño, era entonces la presidenta del Congreso y estuvo ausente de la votación.


Con la reforma aprobada, el XII Ayuntamiento todavía titubeó durante meses para expedir el decreto de creación del Área Protegida de Balandra. Lo hizo finalmente el 26 de marzo de 2008, una semana antes de que expiraran sus tres años de gobierno.


La llegada del XIII Ayuntamiento, que carecía de simpatía hacia la regulación de las inversiones privadas, no ha ensombrecido este éxito. De hecho la apatía inicial del actual Ayuntamiento ha demostrado la fortaleza del papel de los ciudadanos sobre la protección de los espacios públicos en La Paz. La experiencia de lo sucedido en Balandra —cómo una población local bien informada puede revertir la afectación de sus intereses colectivos—recibió en 2008 el Premio Internacional de Dubai para las Mejores Prácticas para Mejorar el Ambiente Vivo, auspiciado por la ONU. El premio fue otorgado con este resumen: “De la inconformidad a la acción colectiva: Un movimiento social para proteger la Bahía de Balandra, en La Paz, un recurso ecológico e ícono natural y social en el noroeste de México contra el interés privado que trató de transformar su playa en un desarrollo turístico”.


Este 2010, luego de otros dos años más de trabajo, los paceños están a punto de conseguir que el gobierno federal expida un decreto que colocaría a Balandra dentro del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Esto le daría mayor seguridad jurídica y le brindaría mayores recursos para su administración, además de integrar una importante porción del área marina como zona de conservación y toda la zona federal marítimo-terrestre.


Nada de la protección a Balandra ha sido obtenido de manera gratuita como una gracia del gobierno municipal, del estatal o del federal. Ha sido la presión constante de una población conciente de la necesidad de guardar para el futuro las riquezas del presente y el pasado. Por eso queremos que lo sucedido en Balandra sea una regla y no una excepción. ¿Quién más se va a ocupar de proteger lo que es nuestro sino nosotros mismos? Aquí es donde los pacíficos paceños se convirtieron en gigantes.


www.balandraesnuestra.org

Publicado en La Tijereta, No. 131, La Paz, B.C.S., México, julio de 2010, pp. 8-10.

6 de julio de 2010

Lea Alternativa 73


La cultura y el arte desde Sudcalifornia

Alternativa de B.C.S., revista crítica y literaria, dedica su número 73 a la cultura y el arte desde Sudcalifornia. Puede verse y/o descargarse libremente desde esta página web: www.alternativabcs.org.

La revista fue fundada en La Paz, México, el año de 1982. De entonces a 1997 editó 31 números. En una nueva época, a partir de 1999, ha editado 73. Los últimos tres en versiones electrónicas: el número 71, en febrero de 2009, sobre la relación entre el ambientalismo y el desarrollo turístico; el número 72, en octubre de 2009, sobre la discriminación en Baja California Sur; y este número 73, en julio de 2010, sobre la cultura y el arte desde la perspectiva de los habitantes de Sudcalifornia.

Puede verse un índice general de la revista de 1982 hasta 2006 aquí.

Alternativa de B.C.S. es un esfuerzo independiente, ciudadano y sin fines de lucro. Pueden recibirse apoyos a través de ONG locales de B.C.S. para su impresión (nunca nos desanimamos); puede imprimirse libremente en casa u oficina y repartirse entre quien no tiene computadora con este consentimiento expreso del editor (respetando la integridad creativa de los autores de los textos e ilustraciones). Será muy apreciada la difusión mediante este medio y, especialmente, la lectura crítica y futuras aportaciones que se nos envíen.

Cordialmente

Sandino Gámez Vázquez
Director de Alternativa de B.C.S.
golfodecalifornia.blogspot.com
www.alternativabcs.org



12 de abril de 2010

Los hijos del sol y el viento: el pueblo saharahui



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El colonialismo
Durante el siglo XIX las potencias europeas o con pretensiones de serlo tomaron bajo su control militar y político todo el continente africano. Si bien desde el siglo XVI se habían establecido cabezas de playa en muchos puntos de la costa atlántica de África, en el siglo XIX no era la trata de esclavos el interés del hombre blanco por este enorme continente, sino sus materias primas. África posee todavía, a pesar de dos siglos de explotación intensa, una de las mayores riquezas naturales y minerales. Y es todavía un jugoso botín.
En el siglo XIX los países europeos dividieron el continente según su poderío militar. Inglaterra llevaba la parte del león, pero iba seguida de cerca por Francia. También Portugal, Italia, Alemania y Bélgica. Esta división aún es notoria en la formación d
e los países africanos, así como en sus lenguas oficiales y en la mayoría de sus problemas.
Luego de la segunda guerra mundial, las potencias europeas, agotadas por la conflagración, no pudieron evitar la marea anticolonialista en todo el mundo, al grado que aceptaron en la carta de las Naciones Unidas el fin del colonialismo, esto es, el fin de la dominación política sustentada en el uso directo de la fuerza militar. Pero al retirarse de sus colonias hicieron todo lo posible por dejarlas sumidas en la división interna y el subdesarrollo. Estados Unidos y la Unión Soviética intentarían, con mayor o menor éxito, ocupar su lugar.

La última colonia española
Es poco conocido que España mantuvo una colonia en África hasta 1975: el Sahara Occidental o Sahara Español. Se encuentra en el noroeste africano, colindante con el Atlántico, frente a las
Islas Canarias, en el sur de Marruecos y el noroeste de Mauritania. España lo convirtió en protectorado en 1884, aceptó su descolonización en 1963 y lo abandonó en 1975. Arguyendo derechos históricos, Marruecos y Mauritania, en colusión con la España franquista, invadieron el territorio que ésta dejaba, anexándoselo ilegalmente. La ONU aún lo considera territorio por descolonizar y se ha pronunciado, al igual que la Corte Internacional de la Haya, por el derecho a la autodeterminación del pueblo saharahui.
El Sahara Occidental es un país con 266 mil kilómetros cuadrados de superficie, es casi todo desierto y montaña, con muy pocos oasis. Es el Sahara que se vierte en el mar. Pero bajo su suelo y en su arena misma hay grandes riquezas: fosfatos, petróleo, uranio; y su litoral tiene uno de los mayores recursos pesqueros del mundo. España no dio mucha importancia a su colonia africana en los casi cien años que la tuvo como propiedad. Se dedicó exclusivamente a saquear sus costas y a explotar una mina de fosfatos en el norte del país, donde estableció una colonia militar y desarrolló la mayor ciudad (de tres que existen en la actualidad) en el oaisis de El Aaiún.

Siguiendo un mandato de la ONU, que colocó al Sahara Occidental en su lista de territorios no autónomos (esto es, por descolonizar), a partir de 1963 España realizó una serie de medidas que tenían por propósito mantener informada a la ONU de las condiciones del pueblo saharahui, pero pospuso indefinidamente su desocupación.
El pueblo saharahui, poco más de 200 mil personas, en su mayoría étnicamente bereberes, beduinos y almorávides (esto es, yemenitas), musulmanes, fue escasamente influenciado por la metrópoli colonial, y aunque el español es utilizado ampliamente, el árabe es su lengua principal.

La guerra de liberación
A finales de la década de 1960 surgió el Movimiento de Liberación del Sahara (MLS, Harakat Tahrir en árabe), liderado por Muhammad Bassiri, profesor y periodista, hijo de beduinos saharauis y educado en Egipto y Siria. El MLS perseguía la independencia de España a través de una resistencia civil no violenta, pero se preparó clandestinamente debido a la falta de libertades políticas característica del régimen dictatorial de Francisco Franco. El 17 de junio de 1
970 (fecha conocida como el día de la primera intifada o rebelión), el MLS convocó a los saharauis a manifestarse frente al palacio del gobernador español en la capital El Aaiún. Fue una reunión masiva y pacífica; su propósito era exigir, mediante un escrito leído en público y entregado al funcionario colonial, la independencia del Sahara Occidental y, en lo inmediato, un mejor trato para la población saharaui. Los españoles permitieron que terminara la demostración política del MLS, pero mientras se dispersaba la multitud la policía intentó arrestar a los líderes. El pueblo los defendió, el gobernador llamó a la legión extranjera española, ésta disparó a discreción, matando varias decenas de personas y arrestando a centenares. Bassiri fue encarcelado, torturado, asesinado, y su cuerpo desaparecido. Quedó claro a los saharauis que España no permitiría una independencia pacífica.
A partir de 1971, jóvenes saharauis educados en universidades de Marruec
os comenzaron una organización clandestina que concluyó oficialmente el 10 de mayo de 1973 con la fundación del Frente Polisario, una abreviatura de Frente Popular de Liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro (Saguía el Hamra y Río de Oro son la denominación inicial de los nacionalistas saharauis sobre su país). Su propósito expreso era obtener por la vía armada el fin del dominio español. Sin apoyo financiero (aunque solicitado) de otros países árabes, el Polisario hizo su aparición atacando un cuartel español el 20 de mayo, obteniendo armas, municiones y vehículos.
En 1975, meses antes de la muerte del dictador Franco, España comunicó a la ONU que abandonaría el país. Marruecos (independizado de Francia en 1956) y Mauritania (igual, en 1960) declararon poseer derechos territoriales históricos sobre el Sahara Occidental. La Corte Internacional de Justicia de La Haya lo negó y se pronunció por la libre y soberana autodeterminación del pueblo saharaui. Pero el rey de Marruecos organizó una invasión con 350 mil civiles marroquíes y 25 mil de sus soldados como medida de presión contra los españoles, que se limitaron a minar y a apostar a su legión extranjera en la zona fronteriza. En Madrid se estableció una negociación con Rabat.
Sin considerar en nada al pueblo saharaui, España acordó con Marruecos y
Mauritana la división del país y su anexión por ellos. Apenas fue evacuado el ejército español (incluso los cementerios fueron vaciados) y los 350 mil marroquíes estacionados en la frontera ocuparon El Aaiún y los oasis. El ejército del rey marroquí primero encerró a los saharauis en campos de concentración y luego los expulsó de su tierra. A su vez, el ejército de Mauritania ocupó la zona sur. (El gobierno de España actuó y sigue actuando sobre intereses económicos, como quizá todas las naciones que no reconocen la independencia saharaui: en el acuerdo secreto para retirarse, España acordó con Marruecos una cesión de derechos de explotación pesquera por 20 años en las costas saharauis y la mitad de las utilidades de la mina de fosfatos en El Aaiún.)

Después de España

El Frente Polisario organizó a los desplazados en campamentos en el suroeste d
e Argelia (independizada de Francia en 1962), en espacial en Tindouf. La guerrilla ahora enfretó a los ejércitos marroquí y mauritano. Los saharauis enrolados en el ejército español, que al conocer los planes de desmembramiento de su país se pasaron al Frente Polisario, le proveyeron de una capacidad táctica única (estudiada incluso por Estados Unidos antes de ir a la primera guerra del Golfo Pérsico), dando golpes sorpresivos, afectando de continuo las instalaciones marroquíes y disminuyendo la moral de su ejército. El presupuesto de guerra para mantener la ocupación se convirtió en una sangría económica para Marruecos. A su vez, el ejército saharaui se abastecía con las armas y pertrechos marroquíes y franceses, y comenzó a recibir una significativa ayuda militar y económica por parte de Argelia, así como ayuda humanitaria de Cuba y diversos ayuntamientos españoles.
En 1977, el Frente Polisario inició una ofensiva en el sur, obligando al ejército mauritano a evacuarlo y a defenderse y ser derrotado en su propio país, pues la guerrilla saharaui penetró en su territorio e interrumpió la explotación de la zona minera del norte, de la cual dependía la economía entera de Mauritania. Esto provocó una inestabilidad política que terminó en un golpe de Estado y un nuevo gobierno militar que decretó el cese al fuego, la renuncia de sus pretendidos derechos sobre la zona sur del Sahara Occidental y el reconocimiento de la soberanía saharaui. Marruecos ocupó en el acto la zona abandonada por los mauritanos.
A partir de 1983, la imposibilidad de terminar con la resistencia saharau llevó a Marruecos a construir una muralla de arena y piedra dividiendo de norte a sur el Sahara Occidental, quedándose con el litoral. Colocó un número de soldado casi igual a la población saharaui, esto es, cerca de 300 mil, con puestos de defensa cada decena de kilómetros, radares, artillería de largo alcance y minas en toda su extensión. El Frente Polisario cambió de estrategia y se dedicó al ataque sobre cuarteles aislados, requisando vehículos y armas, y tomando prisiones, hasta alcanzar varios millares.

La palabra de Rabat
El acoso continuo y exitoso de la guerrilla saharaui y el enorme costo de la guerra para Marruecos llevó a este reino a aceptar la mediación de la ONU para un alto al fuego en 1991. En el acuerdo de paz se establecía la realización de un referéndum para preguntar a los saharauis si deseaban pertenecer a Marruecos o se pronunciaban por la asunción de su soberanía. Marruecos intentó de manera inicial que en esta consulta se considerara a la población que ha introducido desde 1975 en territorio saharaui, con la negativa parcial del Frente Polisario: muchos de los inmigrantes no desean el gobierno de Marruecos, lo cual es natural si se piensa que este país es un feudo: todo le pertenece al rey y el rey es el Estado. En cambio, el Frente Polisario, declarado por las circunstancias en el sostenedor del gobierno saharaui en el exilio, ha
proclamado desde 1976 un régimen republicano, la República Árabe Saharaui Democrática (R.A.S.D). En el Sahara ocupado hace años que Marruecos no otorga a la ONU estadísticas de las condiciones humanas de la población (a lo que está obligado como fuerza colonial). Por su parte, los saharauis de los territorios administrados por el Frente Polisario han aumentado la esperanza de vida, el nivel educativo, los servicios de salud y alimentación, y la dignificación de la mujer.
Desde 1991, cuando la ONU colocó estaciones de vigilancia, no ha habido más enfr
entamientos armados entre el Polisario y la fuerzas marroquíes; sin embargo, desde 2004, ante la negativa absoluta del Marruecos para efectuar el referéndum acordado en el cese al fuego, los saharauis han convocado a una segunda intifada al interior de las ciudades ocupadas para exigir la retirada de Marruecos. El gobierno de Rabat, por su parte, ha contestado con una continua represión, torturando y asesinando a los activistas políticos de derechos humanos.

Ainda
Aun así, incluso con la indiferencia de la comunidad internacional que cierra los o
jos ante la violencia marroquí ante sus gobernados, una España que prefiere seguir pescando con permiso de Rabat, una Unión Europea que desea tener los privilegios de España, un Estados Unidos que sospecha del democratismo del Frente Polisario, una Francia que no desea un país castellanizante en su área de influencia africana, una mayoría de países árabes que prefiere la amistad económicamente favorable de Marruecos, en fin, una ONU que no admite la anexión marroquí de Sahara Occidental pero no otorga el reconocimiento como miembro legal a la República Saharaui. Aun así los saharauis resisten como han hecho desde los años de Bassiri (y mucho antes), con la ayuda de Argelia, Cuba (que educa a sus médicos y profesionistas), muchas comunidades autónomas españolas y el reconocimiento legal de toda el África subsahariana y de toda Hispanoamérica.
Aún cantan sus poetas como hace Ebnu, en su bello castellano:
Aún vivimos en las esquinas
de la nada
entre el norte y el sur de las estaciones.
Seguimos durmiendo
abrazando almohadas de piedra
como nuestros padres.
Perseguimos las mismas nubes
y reposamos bajo la sombra de las acacias desnudas.

Pero tienen el tiempo de su parte, la razón y muchos corazones. "Sin mí te quedaste", dice Ebnu, "pero conmigo regresarás". El pueblo de las tiendas volverá a establecer su hogar en el suelo que le pertenece. Ahora mismo demuestran a todos los pueblos oprimidos la virtud de su resistencia, la necesidad de luchar por la vida y el futuro. Ser como semillas aguardando a que llueva.

(Para Aminatu Haidar Sahara. Publicado en Alternativa de B.C.S., No. 64, agosto de 2006)