El XII Ayuntamiento de La Paz permuta oro por espejitos

Septiembre de 2007

En un futuro próximo, cuando pueda accederse a los documentos oficiales apropiados y no sólo a las notas de prensa, el XII Ayuntamiento de La Paz será llamado el ayuntamiento de los especuladores de tierras y el presidente municipal será identificado con una fracción (una suerte de mister ten percent) y no con el supuesto hombre de izquierda Víctor Castro Cosío. De refilón, se mostrará que los regidores de ese duodécimo cabildo, al intentar ser diputados locales en la elección de febrero de 2008, sólo iban por más y mejores sueldos, y no porque desearan beneficiar a la comunidad protegiendo sus intereses.

El Ayuntamiento de La Paz, por decisión arbitraria e ilegal de su cabildo y de su presidente municipal, y contraviniendo lo que dicta la Ley de Desarrollo Urbano de Baja California Sur, condonó al fraccionamiento Paraíso del Mar, del cual Luis Cano Hernández es vocero y socio, la pequeña cantidad de 250 millones de dólares, es decir, poco más de 2,500 millones de pesos (“Dona Paraíso del Mar 100 hectáreas en El Centenario”, nota de Aracely Hernández, El Sudcaliforniano, 16-iii-07).

El fraccionamiento Paraíso del Mar debió entregar la propiedad del diez por ciento de sus lotes vendibles a la comunidad de La Paz para que ésta les diera el destino que mejor le pareciera. La Ley de Desarrollo Urbano de B.C.S., vigente, en su artículo 74, párrafo II, así lo señala. Ese mismo artículo dice que para el caso de “fraccionamientos localizados fuera de los centros de población o que no requieran equipamiento urbano, el fraccionador podrá solicitar al ayuntamiento respectivo la celebración de un convenio por el que se le autorice a cubrir en efectivo el importe de la donación a que está obligado”.

En ninguna parte la ley señala que el Ayuntamiento podrá celebrar un convenio con el fraccionador en otro sentido. Aun más, la ley indica de manera expresa que no será el Ayuntamiento o el fraccionador quienes determinarán el valor de esta transacción, sino que se fijará “conforme al valor comercial de la superficie que le hubiere correspondido donar en los términos de esta ley, de conformidad al avalúo que emita el Instituto Mexicano de Valuación de Baja California Sur”.

El XII Ayuntamiento de La Paz, presidido por Castro Cosío y compuesto por una serie de personas que se han registrado como candidatos a diputados locales por el PRD, PAN, PT y Convergencia, en uso de atribuciones que los ciudadanos de La Paz no les confirieron y que la ley no les permite, celebraron un convenio con la empresa Paraíso del Mar para “permutar” —es decir, cambiar— las 26.5 hectáreas que le corresponde entregar en donación a la comunidad paceña por cien hectáreas de monte en un predio al sur del centro de población del ejido El Centenario y al suroeste del aeropuerto de La Paz.

Estas cien hectáreas, según el propio gobierno de B.C.S., tenían en 2006 un valor comercial de 1.5 millones de pesos por hectárea, es decir, 15 millones de pesos en conjunto (citado por Gustavo Alcocer, en el Plan de Desarrollo Urbano de La Paz, tabla en p. 62, http://www.lapaz.gob.mx/sistemaimages/upload23/archivo395.pdf).

Las 26.5 hectáreas del Paraíso del Mar tienen un valor comercial mínimo de 10 millones de dólares (esto es, más de 100 millones de pesos) cada hectárea, por tener vista o colindar con el mar, además de encontrarse en una posición geográfica privilegiada que otras naciones utilizan para colocar centros de investigación o bases navales. Este valor comercial puede calcularse mediante los precios que ofrecen las agencias de bienes raíces estadunidenses y las establecidas aquí (en el buscador Google, con las palabras: price+acre+beachfront+baja). La propia página de Paraíso del Mar contiene artículos de consultoras y medios estadunidenses que destacan lo “barato” que es comprar acres con vista al mar en “Baja” y algunas de ellas informan un precio de 4 millones de dólares por acre, como bloomberg.com.

El conjunto de Paraíso del Mar, que fue comprado al pueblo de Baja California Sur en 40 millones de pesos (útiles para pavimentar con asfalto y sanear ocho kilómetros de calles, según los números que coloca el gobierno de B.C.S. ante cada obra de este tipo), tiene ahora un valor comercial mínimo de 26,500 millones de pesos, sólo en propiedad raíz. Una vez construida su segunda etapa, el emporio tendrá un valor cercano a los tres billones de pesos (porque contará con varias miles de propiedades, entre casas, villas y condominios, cada una vendida a un precio mínimo de 200 mil dólares, véase http://www.paradiseofthesea.com).

¿Por qué el gobierno de Baja California Sur inicialmente no fraccionó y vendió por sí mismo y para beneficio de las finanzas públicas una parte o todo lo que era propiedad de los sudcalifornianos? No es posible aducir que el gobierno anterior tuvo una falta de recursos financieros para desarrollar por sí mismo un fraccionamiento modelo en El Mogote. Pudo haber hecho lo mismo que Luis Cano inmediatamente después de recibir las escrituras de ese filón de oro: hipotecarlo en un millón de dólares a un extranjero (como atestigua la escritura 58107, volumen 907, redactada por el notario número 7 de Baja California Sur, Héctor Castro Castro, el 16 de junio de 2004).

El caso del XII Ayuntamiento es todavía más explícito. ¿Por qué un Ayuntamiento que cuenta con ingresos propios anuales por apenas 331 millones de pesos no aplicó la ley de desarrollo urbano estatal para beneficiar las finanzas municipales y, por ende, para beneficiar a los habitantes presentes y futuros del municipio de La Paz?

El XII Ayuntamiento se justifica diciendo que las cien hectáreas del intercambio serán destinadas para la construcción de viviendas para trabajadores. El 18 de septiembre de 2007 presentó de hecho la manera en que se cumplirá con este objetivo: mediante un “Proyecto de Ciudad Satélite”. En estas cien hectáreas “se ofertará suelo urbano autorizado, 4 mil lotes, con todos los servicios e infraestructura necesarios para el desarrollo y promoción de vivienda económica, con la ventaja de que los desarrolladores podrán empezar la construcción de inmediato y no correrán con gasto de compra de tierra, pago de licencias, trámites e impuestos, así como tampoco, de urbanización.” (“Anuncian proyecto de ciudad satélite de La Paz”, nota de Salvador Salgado Gutiérrez, El Peninsular, 19-x-07, p. 12.) Pero los trabajadores sí tendrán que comprar al precio comercial sus viviendas con menos de 150 metros cuadrados de superficie (cien hectáreas, menos lo destinado a calles, entre cuatro mil lotes).

Los terrenos adyacentes a esta “Ciudad Satélite” se verán beneficiados por el acarreo de servicios y la apertura de accesos hasta esa zona alejada del centro urbano de La Paz. Los propietarios de estos grandes predios destinados a urbanizarse a costa del dinero público son los mismos que entregaron las cien hectáreas en permuta al Ayuntamiento por las 26.5 hectáreas de Paraíso del Mar, además de aquellos que tuvieron información privilegiada para ver lo que se planeaba. Todo esto puede confirmarse mediante una lectura superficial del Plan de Desarrollo Urbano de La Paz que acaba de aprobar no el cabildo de La Paz sino el gobernador Narciso Agúndez.

¿Cual es el papel en todo esto del poco honorable XII Ayuntamiento de La Paz? ¿Cuál es la misión de Víctor Castro Cosío, José María Hernández Manríquez, Armando Martínez Vega, Álvaro Fox Peña, Ady Margarita Núñez Abín, Kikey López Díaz, Arturo Flores González, Silvia Puppo Gastélum, Armando Ferrer Calderón, Martín Inzunza Tamayo, Fernanda Villarreal González, Francisco Javier López Romero, Jorge Espinoza Vargas y Raúl Ramírez Águila, ante este gran proyecto inmobiliario especulativo transtrienal?

Dos que es una misma: socializar las pérdidas, privatizar las ganancias. ¿Cómo puede remediarse tanta ilegalidad y cohecho?