Luis Cano para gobernador

Abril de 2007

Tristemente, un ayuntamiento que parecía venir a marcar una diferencia frente a los anteriores se encuentra a punto de pasar a la historia como el legitimador de un proyecto de bienes raíces que pone en riesgo no sólo la prosperidad futura de ciudad de La Paz, sino su misma existencia como asentamiento humano. El cabildo de este XII Ayuntamiento está a un mes escaso de mostrar para qué sirve el poder político y para qué sirven los políticos una vez que llegan al gobierno.

En el mes de mayo, si no sucede que la población de La Paz presiona para que hagan lo contrario, los regidores del XII Ayuntamiento de La Paz van a aprobar un “Programa de Actualización del Desarrollo Urbano de La Paz” (PDU) que, lejos de proponer una solución a los problemas presentes y futuros de la ciudad, se encuentra enfocado en la legalización de fraccionamientos, la dotación de servicios (en particular de agua) y de accesos viales en la zona litoral de la ensenada de Arípez, El Centenario, El Mogote y Balandra.

Este PDU se encuentra explícitamente enfocado en estas zonas por el alto valor comercial que les concede su ubicación geográfica y —aquí está el quid— porque son la propia justificación del citado Programa “de Actualización”, como puede leerse en su resumen público, disponible en la página de Internet del gobierno de B.C.S.

Uno, ciudadano común, supondría que un plan de desarrollo urbano, como quiere ser este PDU, planearía la urbanización de La Paz desde un punto de vista orgánico, con un trazado de vialidades, una combinación de zonas residenciales y de vivienda popular, una conservación de áreas verdes originales, una ubicación de espacios recreativos y una distribución de los servicios de salud, educación y cultura, bajo una óptica humanista y moderna (estudiada y aplicada desde 1850), que permitiera que los paceños tuviéramos una mejor calidad de vida o que, al menos, conserváramos la que actualmente se encuentra en proceso de retirada. Es otra la intención.

Los regidores de La Paz que van a aprobar este PDU son los mismos que no pudieron resolver uno sólo de los problemas fundamentales de la ciudad: no mejoraron el transporte público, no aliviaron la saturación de vialidades primarias, no eliminaron la corrupción de la policía u ofrecieron una modesta solución viable al problema del agua. Por el contrario, ejecutaron acciones lesivas a los intereses de los habitantes de La Paz: permitieron un aumento en la degradación visual de la vía pública con la colocación de espectaculares publicitarios, toleraron la instalación de fraccionamientos sin accesos apropiados, aumentaron impuestos y cometieron el peor de los negocios posibles al aceptar cambiar (permutar) las áreas de donación del fraccionamiento Paraíso del Mar en El Mogote por terrenos en El Centenario sólo cuatro veces más extensos e inubicables.

Aunque no el único, este último caso es el que evidencia con mejor nitidez la defensa de los intereses privados que realiza el actual cabildo, en especial de los pocos propietarios que van a resultar beneficiados por el PDU en proceso de aprobarse. Sobre esta permuta, el regidor presidente de la comisión de Desarrollo Urbano del XII Ayuntamiento, el médico Álvaro Fox, del Partido Convergencia, la resumió así: “La ley lo permite”. Pero esto es mentira. La Ley de Desarrollo Urbano de B.C.S. dice a la letra en su artículo 74:

En relación a la obligación señalada en la fracción II de este articulo (“Donar [por parte del fraccionador] al municipio el 10% del área lotificable vendible”), para el caso de fraccionamientos localizados fuera de los centros de población o que no requieran equipamiento urbano, el fraccionador podrá solicitar al ayuntamiento respectivo la celebración de un convenio por el que se le autorice a cubrir en efectivo el importe de la donación a que está obligado, debiendo determinarse el monto de dicho pago conforme al valor comercial de la superficie que le hubiere correspondido donar en los términos de esta ley, de conformidad al avalúo que emita el instituto mexicano de valuación de Baja California Sur.

De haber cumplido con la ley, es decir, de haber exigido el valor comercial de las 25 hectáreas en cuestión, en lugar cambiarlas por 100 hectáreas de El Centenario (“destinadas a construir viviendas de interés social”), el Ayuntamiento de La Paz hubiera recibido recursos suficientes no sólo para comprar diez veces esas 100 hectáreas de El Centenario, sino además para construir las casas y los servicios necesarios en ellas. Lo que hizo el cabildo no está permitido por la ley: tan sólo no está prohibido explícitamente. El cabildo hizo uso de lo que los abogados llaman una chicanada: respetar la letra y violar el espíritu de la ley.

¿Cómo es posible que un cabildo como éste se otorgue a sí mismo la facultad de proyectar el futuro de la ciudad de La Paz de aquí a 25 años? Un cabildo que cambia 25 hectáreas de oro por 100 hectáreas de tierra. ¿Cómo confiar los asuntos de todos a un grupo de individuos que valoran de manera tan despreciable la propiedad pública?

El PDU que este tipo de regidores quiere aprobar fue elaborado por un consultor queretano con menos de dos años de residencia en la entidad. Esto sería irrelevante en cualquier otra situación. Todos aquí hemos llegado antes o después, por nuestros padres o por nuestro propio pie. El consultor, sin embargo, para proyectar el futuro de la ciudad de La Paz, esto es, de sus habitantes, no consultó más que a una mínima cantidad de personas en pequeños talleres a lo largo de pocos meses de un año. En un foro auspiciado por COVYDE, A.C., en noviembre de 2006, y ante la pregunta de por qué no consultó a un sector más representativo de la sociedad local para redactar su PDU, este ingeniero consultor lo resumió así: “No encontré opinión pública a la cual consultar”.

De manera tradicional, la opinión pública se manifiesta en los medios de comunicación. En una entidad en la que prácticamente todos los medios de comunicación carecen de independencia con respecto del gobierno y de los poderes económicos locales y regionales, es natural que la opinión pública no pueda manifestarse a través de ellos. El consultor leyó los diarios de la entidad, vio la tele, escuchó la radio y sólo pudo decir: todos están de acuerdo con este modelo de desarrollo.

El consultor no consultó a las cámaras industriales, de la construcción o de comercio, a los diversos colegios de profesionistas, a las asociaciones civiles o a los sindicatos. No pidió opiniones a ninguno de la multitud de especialistas científicos del CIBNOR, CICIMAR y la UABCS que viven en la ciudad y estudian la bahía, los alrededores y a los habitantes de La Paz. Es más, no consultó uno sólo de sus libros, ninguno de los múltiples estudios acumulados durante décadas sobre esta zona y población.

El consultor no encontró una opinión pública a quien consultar porque no la buscó: no le interesaba.

¿Cómo es entonces que el consultor pudo hacer un proyecto que implica la afectación total de los mantos freáticos del valle de La Paz, la triplicación del número de habitantes y de la mancha urbana; que afecta por entero el sistema de corrientes de la ensenada de La Paz, que pone en riesgo la riqueza marina de la bahía, que elimina la armonía social dividiendo la ciudad entre ricos y pobres; en fin, que subordina la economía y la cultura de los habitantes de esta ciudad a un proyecto que carece de otro enfoque teórico que el producido por una simple especulación: la especulación de terrenos baldíos con vista al mar?

Esto es lo único en lo que fue voluntariamente sincero el ciudadano consultor que redactó el PDU. Carente de imaginación, en el resumen “para el público”, única herramienta que el cabildo de La Paz otorgó a la ciudadanía para comentar este proyecto, el ingeniero consultor subrayó con amplias elipses la ensenada de Arípez (o ensenada de La Paz) y una zona que bautizó “Delegación Balandra”, ubicada en el llano al norte de ciudad y que es atravesada por el libramiento urbano hacia Pichilingue. En la ensenada de La Paz, para hacer aún más explícito su modelo de pensamiento, el consultor planeó la creación de tres islas artificiales conectadas por un puente con tierra firme entre El Comitán y la marina Fidepaz, y un corredor “turístico ecológico” paralelo —pero por el lado del mar— a la franja de manglares que abundan entre esos mismos dos puntos. Su argumento: hay que crear valor paisajístico, ahora nadie accede a esos lugares, “son playas de fango”, con el acceso habrá plusvalía, “las islas se pueden concesionar para poner condominios, restaurantes y hoteles”.

En el foro de COVYDE, donde pronunció estas ideas (y donde estuvo también Álvaro Fox y otros regidores y funcionarios municipales), asombrado porque nadie lo consideraba un genio a la altura del arte (creando valor a partir de la nada) y acosado por las protestas de los asistentes por su nula percepción de los problemas ecológicos y sociales de su risible e indignante modelo, se le ocurrió defenderse arguyendo que la venta o concesión de los espacios públicos de alto valor paisajístico era una manera segura para hacer llegar recursos a las zonas deprimidas de la localidad. “Ahí tienen la venta de El Mogote, nada se obtenía de él, se vendió y se llevaron servicios a partes necesitadas de la ciudad”. Cuando se le mencionó que de esa venta sólo habían salido 40 millones de pesos, mismos que sólo alcanzaron para pavimentar cuatro kilómetros de ciudad, sólo atinó (o desatinó, mejor dicho) a pronunciar algo así como que era culpa de nosotros.

Ese Programa de Actualización del Desarrollo Urbano de La Paz no debería aprobarse. Debería diseñarse uno sobre la base de los verdaderos intereses de los paceños y las verdaderas condiciones de la localidad, así se tardara su confección uno, dos o tres años más. Los regidores, en el fondo, lo saben. Pero se trata del plan maestro de grandes intereses vinculados estrechamente a las más altas esferas del poder político y económico de Baja California Sur. Son intereses que ya han definido el futuro de la ciudad de La Paz. Para ellos los habitantes actuales y futuros son sólo una circunstancia del paisaje, algo para vender a los turistas, meros souvenirs. Los regidores son o quieren ser sus empleados.

Llamarles a la razón (a la razón social), a la previsión de los daños, a la proyección de modelos alternativos de desarrollo, a la formación de valores y recursos humanos, en fin, a la creación de una estrategia colectiva para modelar el futuro, no es suficiente. Ya han escuchado el canto de las sirenas y se han amarrado al timón.

“El cabildo tomará una decisión de autoridad”, dijo el autoritario regidor Álvaro Fox. “Pondremos desaladoras”, dijo el previsor presidente municipal. Parcharemos. No haremos bien el camino: parcharemos cuando haya que parchar.