Construir condominios en las costas no es el único camino

27 de mayo de 2008

La conservación como estrategia de desarrollo económico para la sociedad sudcaliforniana se ha confundido por los tomadores de decisiones locales en la misma medida como tienden a confundir, haciéndolos sinónimos, al desarrollo inmobiliario en la zona de costa con el desarrollo turístico.

El desarrollo inmobiliario en los litorales se basa estrictamente en la especulación de bienes raíces cerca del mar para la construcción de segundas residencias (verticales u horizontales) destinadas a compradores de altos ingresos, en el caso sudcaliforniano casi siempre extranjeros estadunidenses. Por lo general estos conjuntos residenciales tienen servicios agregados como marinas y campos de golf, pero puede haber hoteles, casinos, clubes y centros comerciales. En especial se promueven como sitios aislados, de contacto controlado (o nulo) con la población local en la que se instalan.

La población local, por su parte, debido a esta exclusión deja de recibir la mayoría de los beneficios que podría obtener de la llegada de los nuevos residentes o visitantes. Además, como los nuevos asentamientos se colocan siempre en los mejores lugares, aquellos con riqueza paisajística o natural de la región, pierde mucho de lo que ya tenía.

Este es un modelo de rápido crecimiento y una de las políticas públicas más promovidas desde la administración estatal y las municipales en Baja California Sur porque genera un aumento significativo en los ingresos en el corto plazo, por los gastos de construcción y el pago de derechos (aunque estos a veces se omiten, como un “estímulo” para la inversión). Sin embargo, en el mediano y largo plazos consume una mayor cantidad total de recursos financieros públicos para detener, aminorar o revertir los problemas sociales que el modelo trae consigo.

Los desarrollos inmobiliarios en la costa sudcaliforniana garantizan convertirse en modelos de autosuficiencia colocando sus propias plantas generadoras de energía eléctrica, desalinizadoras de agua y procesadoras de desechos. Sin embargo, al aumentar el número de estos desarrollos y su tamaño, esta autosuficiencia se convierte pronto en un lastre para la población local, porque provoca un rápido aumento de inmigrantes nacionales (y de las zonas rurales de la misma entidad hacia las ciudades) atraídos por la promesa de un empleo.

La especulación de bienes raíces en la zona de costa dirigida a compradores de altos ingresos encarece el acceso a una vivienda digna en las ciudades y poblados vecinos para los habitantes locales y los recién llegados. Así, se obliga a una expansión de la mancha urbana hacia los terrenos de menor valor, implicando la construcción de viviendas baratas (pequeñas y muy juntas) y el acarreo de servicios públicos a zonas marginales, lo que exige por parte de los pobladores locales, del municipio y la federación una inversión cuantiosa para solventar el aumento en el consumo de energía, de agua y la generación de basura. Además, la lejanía de los nuevos asentamientos, su dispersión, su alta densidad demográfica y pobre planeación congestiona las vías de tránsito, rompe el equilibrio de los ecosistemas vecinos a la ciudad y genera contaminación atmosférica, visual y auditiva.

En resumen, los beneficios económicos que acarrea la instalación de desarrollos o fraccionamientos exclusivos en la costa sudcaliforniana, en particular en las áreas de mayor riqueza paisajística o en biodiversidad, sólo llegan a los pequeños grupos de individuos que asisten como intermediarios entre el propietario de la tierra y el comprador final. Porque incluso éste termina recibiendo las externalidades negativas, como ha quedado demostrado en otras regiones del país (véase Puerto Peñasco, Son., y Rosarito, B.C.N.) y del mundo (el sur de España y la Riviera Francesa, por ejemplo), donde el crecimiento explosivo de desarrollos inmobiliarios costeros terminó por bajar el propio valor de esos desarrollos, a la par que desplazó geográfica y económicamente a la población nativa y afectó gravemente los recursos naturales de la zona.

Este final inevitable del desarrollo inmobiliario en las regiones costeras y el costo económico de su declive es una lección que deberían aprender los tomadores de decisiones sudcalifornianos y los ciudadanos que los respaldan, si es que les interesa un futuro próspero para la población local de Baja California Sur.

Pero se advierte en sus declaraciones que pocos funcionarios públicos, empresarios y políticos locales han pensado en utilizar la experiencia acumulada en otros países, en otros estados y aquí mismo. En especial, parece que se encuentran convencidos de que los otros modelos de desarrollo que no incluyen el desarrollo inmobiliario costero carecen de fundamento o sólo son válidos como utopías o buenos deseos.

No conocen o no parecen conocer que en Baja California Sur ya existe una gran cantidad de estudios de caso, además de análisis comparativos y revisiones históricas sobre la manera como se ha dirigido el crecimiento económico en Baja California Sur en los últimos años, y que advierten sobre sus consecuencias y han ofrecido algunas soluciones.

Cuerpos académicos de la UABCS, CIBNOR, CICIMAR y CICESE, y organizaciones no gubernamentales como Niparajá, ISLA, COBI y Pronatura, entre otras que residen en la propia capital del estado, se han dedicado exclusivamente a cumplir con esta importante función de generar conocimiento, acumular información y concretar análisis sobre las condiciones naturales, sociales, económicas y culturales de Baja California Sur. Sus resultados se encuentran con facilidad en sus respectivas páginas de Internet, en sus bibliotecas y con sus investigadores, siempre accesibles.

No la única pero la principal de sus sugerencias, debido a las condiciones agresivas del modelo inmobiliario costero promovido por la administración estatal, ha sido la conservación o protección de las zonas de mayor interés por su riqueza paisajística, biodiversidad o fragilidad social, mediante la regulación estricta de las actividades económicas.

Tomadores de decisiones poco informados pueden decir que la creación de un área natural protegida (ANP) limita el desarrollo económico y social de las comunidades establecidas en la región y les impide cualquier posibilidad de desarrollo futuro.

Pero ya existen muchas experiencias exitosas que demuestran, precisamente dentro de las áreas naturales protegidas de Baja California Sur, que los pobladores locales pueden beneficiarse ampliamente como productores de alimentos, constructores y prestadores de servicios turísticos, si no se les abandona a los deseos de los especuladores inmobiliarios.