El político pobre

Es difícil hablar de probidad en la política de estos años. La mayoría piensa que probidad viene de pobre y por lo tanto se razona que un político probo es un pobre político. Siempre se tiene que recordar a Juárez para esto. Recordar que a su muerte, siendo presidente de la república, se encontró una cantidad irrisoria guardada en su monedero, cantidad que no alcanzaba ni para sus funerales y mucho menos para mantener a su familia. Por sus buenos méritos y la naturaleza de la insolvencia del fallecido, el Congreso de la Unión determinó conceder una pensión a su viuda y a sus hijos, para que no se diera el penoso caso de que México tuviera en la miseria a los descendientes de quien le había sido tan incondicional.

El caso de Juárez es insoslayable a la hora de hablar de la probidad porque nunca se volvió a ver un caso similar, al menos en lo que se tiene de memoria. Parece que sus sucesores en la presidencia fueron más previsores y no se diga en quienes llegaron a aspirar el cargo. Hubo muchos otros patriotas, claro, fieles servidores al país, que a pesar de haber sido puestos donde había (como dice el dicho), no guardaron nada para sí. La mayoría murieron en la miseria y han sido enterrados en el olvido.

Por eso hablaré de un pasado más remoto, veinticinco siglos atrás, en la cuna de la cultura occidental, la Atenas de la batalla de Maratón, el arquetipo de la democracia, la ciencia y el arte.

Atenas tuvo un Juárez entre sus gobernantes: un hombre llamado Arístides, que luego de grandes servicios a su patria murió en la miseria y el gobierno tuvo que hacerse cargo de sus hijos y su viuda. En esa época, Atenas, como casi todas las repúblicas de entonces, era gobernada por un poder ejecutivo bicéfalo, una suerte de mellizos, limitados en su poder únicamente por una asamblea que los elegía y deponía según plazos establecidos. Arístides co-gobernaba en compañía de otro hombre célebre (en esa época hubo cantidad de hombres notables, no sólo en Atenas, es más, no sólo en Grecia, sino en el Mediterráneo entero, pero debe tenerse presente que de Atenas es de quien nos ha quedado memoria más fiel por motivos que sería largo resumir). Este compañero de Arístides, vuelvo al tema, se llamaba Temístocles y era hombre tan capaz como él. Entre ambos ampliaron los dominios atenienses a su mayor extensión, defendieron la ciudad de los enemigos y, en cierta forma, prepararon la edad de oro griega, la época de Sócrates y Pericles.

En cuanto a caracteres, usando un símil de los libros sagrados, Arístides a Temístocles era como la mano derecha a la mano izquierda, como el pilar dorado al pilar verde. Arístides era un hombre que buscaba la virtud en el gobierno sobre el ideal estoico griego. Cuando acudía a la guerra —y entonces eso era lo común— comandaba las tropas como gran estratega, era valiente (en esa época el general combatía en la primera línea) y magnánimo con los vencidos, el botín lo repartía generosamente entre los soldados y oficiales, y sólo reservaba la parte del Estado. Nada guardaba para sí. En sus discursos y en la diplomacia buscaba el bien general, aunque disgustaba a la mayoría. Sus ciudadanos, los democráticos atenienses, alentados por los oligarcas, lo condenaron un día por ese carácter a una pena curiosa que exhibe la complejidad de nuestros antepasados culturales de Occidente: decretaron que Arístides debía pasar al ostracismo, esto es, lo inhabilitaron para ejercer cualquier cargo público, para hablar en el foro e incluso para permanecer dentro de las murallas de Atenas.

Estos años el protagonista fue Temístocles, de quien se decía que “era largo de manos, pero sabio”. Gran general, gran orador, verdaderamente era el gemelo de Arístides, pero con una diferencia: Temístocles era el hombre que todos querían ser, “largo de manos, pero sabio”. Aclamado, trajo inmensos botines a Atenas de las repúblicas conquistadas (cuenta Tucídides que cuando los atenienses advirtieron a los habitantes de una pequeña isla del Egeo que debían pagar tributo o serían esclavizados, los isleños —de una isla como son las del Egeo, rocosa y desolada— replicaron que esa petición era injusta, que no era justo que sólo por ser débiles tuvieran que volverse súbditos de los fuertes, los atenienses respondieron que en efecto no era justo —sabían de lo que hablaban, recuérdese que ellos prácticamente inventaron la filosofía—, pero así era el mundo, ellos tenía la fuerza, pagaban o serían invadidos, por ellos o por otros. Como habían de hacer muchos embajadores en esa época, dice Tucídides, al escuchar esto los enviados de la isla lloraron).

Los cargos públicos en Atenas eran extrañamente honorarios, los funcionarios no percibían sueldo, por eso no se veía mal que el general se quedara con algo del botín de los conquistados; los soldados y oficiales, por supuesto, también recogían lo que podían de los despojos. Lo único que reprocharon sus contemporáneos a Temístocles es que fuera “largo de manos”. Pero era sabio.

No hay mucho más que decir. A su muerte, Arístides, hijo de Lisímaco, fue el ejemplo de los filósofos griegos para demostrar que la virtud no era sólo un ideal sino que podía practicarse con honor en la vida pública. Estas son palabras muy grandes en nuestros días. Las palabras se las lleva el viento. A largo plazo, como decía Keynes, todos vamos a morir. Plutarco, el biógrafo de Arístides, sólo usa a Temístocles como su contraste. Todos los demás eran como Temístocles. Nadie volvió a ser como Arístides.

Los políticos que aspiran a gobernarnos siguen un espíritu más cercano a Temístocles, de quien dijo Plutarco: “Y Temístocles, dándose a cultivar amistades, alcanzó un influjo y poder de ningún modo despreciable; así es que a uno que le propuso que el modo de gobernar bien a los atenienses sería el que se mostrase igual e imparcial a todos, le respondió: ‘No querría sentarme en una silla en la que no alcanzaran más de mí los amigos que los extraños.’”

Este es el riesgo que la ley supone puede limitar. Pero la ley la ejecutan los mismos políticos, cuando son parte de los poderes del Estado. En realidad no es la ley quien debe limitarlos.

Son los ciudadanos. El espíritu de Arístides. La vida de Juárez.

¿Para qué acceder al poder? ¿Para hacer dinero? ¿Para qué hacer dinero? ¿Para acceder al poder? “‘No querría sentarme en una silla en la que no alcanzaran más de mí los amigos que los extraños’; pero Arístides, manteniéndose solo, siguió en el gobierno otro camino particular: lo primero, porque ni quería tener condescendencias injustas con sus amigos ni tampoco disgustarlos no haciéndoles favores; lo segundo, porque veía que el poder de los amigos alentaba a muchos para ser injustos, y él entendía que el buen ciudadano no debía poner su confianza sino en hacer y decir cosas justas y honestas.”

El debate sobre PEMEX y sus consecuencias

Con el debate sobre la reforma energética que se encuentra en su etapa final en el senado de la república, los ciudadanos mexicanos hemos visto, escuchado y leído que existe una gran cantidad de personas altamente preparadas, informadas y ocupadas por el destino de este país. Especialistas académicos y no académicos, ex funcionarios y funcionarios en activo, partidistas y ciudadanos no militantes, han demostrado con datos, análisis e ideas que la propuesta de Felipe Calderón es sólo la continuación de la política económica aplicada en México desde Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988): socializar las pérdidas y privatizar las ganancias.

La propuesta calderonista no afecta la estructura orgánica fraudulenta y onerosa que tiene PEMEX desde la época de Manuel Ávila Camacho (1940-1946). Tampoco promueve el desarrollo de la industria petrolera nacional para no depender de la tecnología extranjera o de las importaciones de los refinados del petróleo. Se propone exclusivamente eliminar el monopolio estatal de PEMEX garantizado por el artículo 27° constitucional, para que empresas trasnacionales se beneficien de las ganancias que produce la extracción, el transporte y el procesamiento del petróleo mexicano.

Con la apertura del debate en el senado, además, diversos medios impresos y electrónicos han hecho y publicado investigaciones profundas que exhiben las causas verdaderas de la crisis de la paraestatal y del interés del grupo en el poder para obligarle a legalizar sociedades de riesgo con el capital privado. Las causas: en el camino de su extracción hasta su venta unos pocos intermediarios (entre ellos particulares, funcionarios públicos y líderes sindicales) se quedan con enormes ganancias mediante fideicomisos en paraísos fiscales (no sujetos a auditorías), sueldos y prestaciones de fábula, abultamiento de nóminas, tráfico de plazas al interior de la paraestatal, y desvíos de recursos para campañas electorales o negocios particulares lesivos a las finanzas de PEMEX.

El gobierno federal quiere convencer a los mexicanos que esta empresa pública tiene como única opción la asociación con capital foráneo “porque no hay dinero” para buscar más petróleo. Pero tanto a este sexenio como al de Vicente Fox ha tocado en suerte administrar un periodo de enormes ganancias por el aumento histórico de los precios mundiales del petróleo, en el que la extracción de un barril de petróleo tiene un costo menor a los diez dólares y se vende en los mercados internacionales en más de cien.

El secretario de Hacienda Agustín Carstens dice que todo este dinero se esfuma en la compra de gasolina al extranjero (Estados Unidos, esencialmente). Explica: un aumento en el petróleo redunda en un aumento en la gasolina. La secretaria de Energía Georgina Kessel profetiza que el petróleo se acaba, se acaba. El resto acusa: mientras discutimos, otros se están enriqueciendo, “como Brasil”, asociado a Halliburton.

Este alarmismo de los funcionarios y sus corifeos es coherente con la frecuente falta de argumentos de los proponentes o simpatizantes de la propuesta gubernamental en el debate (y en los medios). No explican por qué no se han construido refinerías para no comprar gasolina a Estados Unidos (una refinería cuesta lo mismo que un año de importaciones: con dos refinerías se dejaría de importar gasolina), pero en especial no aclaran por qué PEMEX no comercializa directamente el petróleo con sus compradores foráneos para maximizar sus ganancias.

La respuesta la dio una de las ponentes, la Dra. María Fernanda Campa: los promoventes de las reformas constitucionales para abrir la explotación petrolera mexicana a empresas extranjeras son empleados ¡de esas mismas empresas! Cabe recordar que Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, sus secretarios de Hacienda, de Energía, Agricultura y Comunicaciones, al dejar sus cargos públicos fueron recompensados con puestos en los consejos de administración de empresas trasnacionales beneficiadas por sus “reformas estructurales” a la Constitución, el TLCAN y sus “olvidos” (Usabiaga dixit) a la hora de cobrar aranceles a las importaciones… de esas mismas empresas trasnacionales.

Así se entiende por qué, mientras la tendencia en todos los demás países productores de petróleo del mundo se dirige a fortalecer la propiedad social en sus recursos energéticos y a eliminar el capital privado, especialmente el trasnacional, estas personas plantean lo contrario. Mientras que las empresas petroleras estatales en el resto del mundo hacen asociaciones transitorias, puntuales y sin compartir ganancias, sobre todo las futuras, el gobierno de Felipe Calderón desea lo opuesto.

¿Cómo explicar que en 20 años de privatización continua de la propiedad social y pública, siguiendo estrechamente todos las recomendaciones de los teóricos neoliberales, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, México siga avanzando con menos de un tres por ciento de crecimiento anual? ¿Cómo explicar que Bolivia, con dos años de no aplicar el modelo neoliberal, nacionalizando el agua, los energéticos y protegiendo a sus campesinos (y bajo una crisis secesionista), duplique el crecimiento de la economía mexicana?

El debate que está por concluir en el senado, sin embargo, no servirá para hacer cambiar de opinión a los diputados y senadores de los que depende la reforma que legaliza la privatización de las ganancias de PEMEX. Tienen su guión y se expresan como nuestro ex regidor paceño Álvaro Fox (que no fue electo por los ciudadanos —como todos los regidores— y afectó el patrimonio municipal para beneficiar a especuladores de bienes raíces durante el XII Ayuntamiento): ésta es una democracia representativa, la población nos escoge, nosotros decidimos, si no quieren que sea así, “cambien las reglas” (‘El Sudcaliforniano’, 11-vi-08, p. 3).

Pero representar no es suplantar, ni el abogado es el propietario, ni la voz es el pensamiento y mucho menos la mano es todo el cuerpo. En especial, alguien electo por un pequeño por ciento de los ciudadanos, como los presidentes municipales de B.C.S., el gobernador, los diputados locales y federales, los senadores o el presidente de la república, no representan más que eso: a un pequeño por ciento.

Y si como dicen los doctores en derecho: la sociedad no se adapta a las reglas, sino las reglas a la sociedad, con este debate y la consulta nacional sobre la privatización de PEMEX hay un paso más en el cambio de las reglas para evitar gobiernos o representantes que creen que los ciudadanos son menores de edad, incluso aquí, en Sudcalifornia.

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Balandra: un símbolo de lo que queremos

Durante mucho tiempo no pensamos que las playas al norte de La Paz tuvieran dueño. De niños no existía la idea de propiedad de las playas y cerros más que en lo que concernía a su uso temporario: el pescador dentro de su panga y el ranchero siguiendo su ganado. Nuestros padres contribuían a tal idea llevándonos los fines de semana a playas que sólo tenían campistas como nosotros o a cerros donde la única presencia humana visible eran algunos vidrios junto al sendero de las cabras.

Hacia 1998 nos enteramos que el Ayuntamiento de La Paz vendió el Cerro de la Calavera (una pequeña sierra al norte del malecón) y que el gobierno del estado de B.C.S. en 2001 vendió también la mitad de la península de arena frente al puerto que llamamos El Mogote, un enorme lugar de La Paz donde ahora se nos niega la entrada.

Esto ya había pasado antes, a finales de los ochenta en la playa Costa Baja: con una cerca de piedra rosa se le cerró el paso a los paceños que la visitaban. Un funcionario federal de la entonces llamada Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (hoy Semarnat) abrió una entrada a golpes de marro (muchas fotos) y los paceños pudimos entrar otra vez a disfrutar de sus piedras con corales, peces de colores y moluscos fáciles de ver en el agua que la mojaba. Hasta que en 2003 comenzaron las obras de dragado y construcción del emporio inmobiliario Costa Baja (recogimos pedazos de corales en las playas adyacentes).

En una sucesión de pocos años, alrededor del 2000, aquellos que no sabíamos de la especulación de bienes raíces ni de la privatización de la propiedad pública comenzamos a ver interminables cercas de piedra, alambres de púas y mallas ciclónicas a lo largo de las carreteras hacia Pichilingue y hacia San Juan de la Costa cada fin de semana que íbamos a las playas. Los edificios que se fueron levantando en La Concha, Pedregal de La Paz, El Caimancito (ahora Playa La Paz) y Costa Baja nos enseñaron que no sólo perdemos el acceso sino también la vista al mar y a la sobria belleza de nuestros cerros.

La barrera de “desarrollos” que nos separaba del medio marino y terrestre a los paceños se terminaba en Pichilingue. Para escapar de ella se tomaba el camino hacia Balandra-El Tecolote-El Coyote y podía verse, sin cercas ni letreros que hoy anuncian el futuro “for sale”, un paisaje de cerros y bosques de cactos que nada tiene que ver con lo humano presente: cerros hijos del jurásico, cardones que parecen los espartos de Cadmo.

Y podíamos escoger entre El Coyote para los aventureros, El Tecolote para los más sociales y Balandra para los niños. En Balandra notábamos con sorpresa nunca acabada la mancha verde y azul del manglar y los esteros junto a los pardos, ocres, grises y blancos de los alrededores. Una playa pequeña que esconde una playa más grande que oculta, a su vez, muchas pequeñas zonas de arena separadas por el agua y los cerros.

En 2004 nos enteramos que el Ayuntamiento de La Paz había intentado sin éxito hacer de Balandra un área natural protegida, algo como la Sierra de la Laguna o la Biósfera de El Vizcaíno, algo como la selva del lacandón. Un área natural protegida. Balandra. El Ayuntamiento no pudo. Los dueños se amparan. Balandra tiene dueño. Todo lo bonito que había después de Pichilingue tiene dueño (nos preguntamos: ¿cómo y para qué se apropiaron de eso?, ¿por qué hasta ahora sacan sus títulos?, ¿a quién pertenecía todo en un principio?). Un fin de semana vimos aparecer sobre el cerro más alto de Balandra una gigantesca torre con una antena para los teléfonos de Telcel. Había aparecido el primer forúnculo del progreso turístico.

De regreso volvimos a ver con más claridad los cerros devastados de Costa Baja, los cactos y árboles tirados en Pedregal de La Paz, los altos muros de fierro y concreto en El Caimancito y La Concha, y los muchos pequeños bares que se construyen en El Coromuel. Al llegar al malecón, la ventana más cercana de los paceños con su mar, vimos los condominios de Paraíso del Mar, colocados donde el sol se mete por las tardes, y nos dimos cuenta que no estaba bien, que no vamos bien.

Comenzamos a entender los insistentes mensajes de nuestro gobierno sobre los beneficios en dinero que nos ha traído y traerá dejar de ver, sentir, saber, oler y oír lo que vivíamos de niños. Comenzamos a entender el lenguaje de los empresarios inmobiliarios reproducido por los medios. Así, cuando supimos que Balandra se convertiría en lo que es Costa Baja (cemento en el agua en vez de corales, barras de hierro en la tierra en lugar de cardones, playas artificiales), la indignación fue más que natural.

Ante una reacción social que no esperaban, los especuladores de bienes raíces (“desarrolladores turísticos”) se mandaron a hacer rápidamente unos trajes sastre de color verde que se ponen —incómodos— muy pocas veces, y los gobernantes locales han comenzado a utilizar continua y religiosamente la palabra sustentable en todos sus discursos y han aumentado los ceros en las cifras que describen el dinero.

Pero en Balandra comprendimos lo que no queremos. La sociedad local entera con su asentimiento, 20 mil ciudadanos con sus firmas y un centenar de activistas con su tiempo obligaron al Congreso local a aprobar una ley en junio de 2007 que permite a los ayuntamientos sudcalifornianos limitar los proyectos turísticos residenciales y cualquier otro que afecte negativamente a la sociedad local. Luego de muchas dudas, y una presión social continua, el Ayuntamiento de La Paz aprobó en marzo de 2008 la creación del área protegida de Balandra. Apenas es el principio.

No queremos que Balandra sea un lugar excepcional sino lo común en el municipio de La Paz y en todo el estado. Porque hemos descubierto la mentira del desarrollo: no se prepara a la población para aprovecharlo, se le construyen guetos para que duerma en ellos, se le separa de lo natural para que compre por mucho dinero lo que podría darse por sí misma con poco esfuerzo.

Aunque falta un camino largo, en Balandra hemos descubierto que podemos detener el engaño del progreso. En sucesivos descubrimientos pronto nos daremos cuenta cómo se desarman las torres metálicas de celulares y, no mucho más adelante, cómo en todo este tiempo la iniciativa privada había estado construyendo sobre El Mogote una espaciosa sede para la próxima universidad pública de Sudcalifornia.

La desalación de La Paz

Del 28 al 30 de mayo pasado se celebró un seminario en la UABCS sobre el uso y la gestión del agua, con ponentes de varias universidades mexicanas, organizaciones no gubernamentales, organismos públicos locales de operación del agua potable y la presencia de especialistas de la Universidad de Murcia, región del sur de España.

El tratamiento del tema fue diverso pero estuvo centrado principalmente en la desalinización como estrategia gubernamental para la solución de los problemas de abastecimiento de agua potable. La presencia de los investigadores españoles permitió ejercer una comparación: España tuvo una sequía en la década de 1990 que obligó a estimular la creación de la tecnología de potabilización del agua salina y su aplicación.

En sus ponencias, sin embargo, los académicos ibéricos mostraron que lo que parece una solución sencilla (desalinizar) acarrea una serie de consecuencias de órdenes cada vez más complejos. Lo expuesto por los especialistas mexicanos reforzó en varios puntos lo comprobado por la experiencia de una década en el sur de España. Particularmente en cuanto a las similitudes de lo sucedido en la región de Murcia y lo que ocurre en Baja California Sur: no sólo Murcia, todo el sur de España no tiene ya más que unos cuantos kilómetros de costa sin casas o condominios. Esto principalmente por dos circunstancias relacionadas estrechamente: autoridades municipales corruptas y la justificación que les dan las plantas desalinizadoras para revaluar terrenos costeros con el objetivo de establecer desarrollos inmobiliarios.

La mayoría de los ponentes mexicanos evidenciaron que lo sucedido en España es algo que se encuentra en proceso en México, en el Golfo de California y en particular en Baja California Sur. Los planeadores, los tomadores de decisiones, las autoridades políticas consideran que el problema del agua es el único impedimento para el crecimiento de los desarrollos inmobiliarios en las zonas costeras del estado. César Nava Escudero del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y Felipe Correa de la UABC presentaron en sus conferencias algunos de los vacíos en las leyes actuales que permiten, en este momento, que se abuse de la tecnología de la desalinización y se haga negocios privados con recursos públicos al colocar desalinizadoras.

Pablo Uribe del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), residente de La Paz, mostró por su parte y con el ejemplo de Paraíso del Mar en El Mogote, que cuando un desarrollo inmobiliario costero establece una planta desalinizadora como la medida principal para compensar el impacto ambiental de su presencia, nunca se considera el impacto ambiental de dicha desalinizadora, un aspecto al que cabe agregar otros elementos: la desalinizadora no comienza a funcionar hasta que el fraccionamiento costero se encuentra terminado. Durante el proceso de construcción, que puede llevar de tres a cinco años, se emplea un agua que tiene que venir de la población local, la cual, aunque sea agua tratada, no fue considerada dentro de la manifestación de impacto ambiental que dio la autorización al desarrollo inmobiliario y, por lo tanto, sus consecuencias no fueron analizadas, ni serán mitigadas.

Estrechamente relacionado a este punto, Uribe explicó que estos impactos ambientales tampoco consideran las consecuencias del crecimiento poblacional que acarrean los nuevos desarrollos inmobiliarios en la zona de costa: por cada casa, cuarto de hotel o condominio, arriban en promedio (Uribe dixit) cuatro nuevos trabajadores a residir en la ciudad donde se encuentra el fraccionamiento (cabe decir que la dra. Aurora Breceda del CIBNOR dio una cifra de más de diez personas en su conferencia). No llegan a vivir al “desarrollo” inmobiliario, sino a la población local.

Pablo Uribe dejó en este punto su exposición de hechos, pero las consecuencias son claras: los nuevos desarrollos turísticos no sólo deberían instalar desalinizadoras para los compradores o usuarios de sus servicios, sino para cubrir sus necesidades durante la construcción de los edificios y servicios anexos. Pero también para cubrir el crecimiento en la demanda de agua que su instalación genera en la población local donde se instalan. De no ser así, la población local los está subsidiando.

En Los Cabos, por ejemplo, la desalinizadora y el agua que produce son propiedad privada. La compañía española Inima vende el agua (un recurso público de entrada) al organismo operador de aquel municipio a 12.5 pesos el metro cúbico, produce 200 litros por segundo al día e invirtió 83 millones de pesos en la construcción de la planta (25 por ciento del total, el resto fue inversión federal). En menos de tres años habrá recuperado su inversión inicial, pero operará la planta por 17 años más. Un buen negocio para los habitantes de Los Cabos hubiera sido que su Ayuntamiento (o la federación) pagara a Inima por la tecnología y la instalación, y el organismo operador del agua potable del municipio, en efecto, como dice su nombre, operara la planta, ahorrándole a los cabeños mil millones de pesos en veinte años. Probablemente no hubieran visto aumentar el precio que pagan por ese servicio en sus recibos.

En La Paz ya hay “grandes avances” en el proyecto para la instalación de una desalinizadora. El director de la Comisión Estatal de Agua Potable (CEAP) ha manifestado recientemente que el metro cúbico de agua desalinizada costará la mitad que en Los Cabos, pero aún así, como señaló el director del organismo operador de agua potable de La Paz en el anterior Ayuntamiento, se trata de seguir el modelo cabeño en todos los sentidos: es seguro que también la trasnacional Inima ganará la convocatoria y su jugoso contrato de veinte años de operación. Lo que no aclaran estos funcionarios es que la nueva planta desalinizadora para La Paz sólo producirá agua para diez mil personas, como la de Cabo San Lucas. Y aquí vivimos casi 300 mil y aumentando. Entonces, ¿a quién beneficia la desaladora y, en especial, cuál es el problema que resuelve?