Con el debate sobre la reforma energética que se encuentra en su etapa final en el senado de la república, los ciudadanos mexicanos hemos visto, escuchado y leído que existe una gran cantidad de personas altamente preparadas, informadas y ocupadas por el destino de este país. Especialistas académicos y no académicos, ex funcionarios y funcionarios en activo, partidistas y ciudadanos no militantes, han demostrado con datos, análisis e ideas que la propuesta de Felipe Calderón es sólo la continuación de la política económica aplicada en México desde Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988): socializar las pérdidas y privatizar las ganancias.La propuesta calderonista no afecta la estructura orgánica fraudulenta y onerosa que tiene PEMEX desde la época de Manuel Ávila Camacho (1940-1946). Tampoco promueve el desarrollo de la industria petrolera nacional para no depender de la tecnología extranjera o de las importaciones de los refinados del petróleo. Se propone exclusivamente eliminar el monopolio estatal de PEMEX garantizado por el artículo 27° constitucional, para que empresas trasnacionales se beneficien de las ganancias que produce la extracción, el transporte y el procesamiento del petróleo mexicano.
Con la apertura del debate en el senado, además, diversos medios impresos y electrónicos han hecho y publicado investigaciones profundas que exhiben las causas verdaderas de la crisis de la paraestatal y del interés del grupo en el poder para obligarle a legalizar sociedades de riesgo con el capital privado. Las causas: en el camino de su extracción hasta su venta unos pocos intermediarios (entre ellos particulares, funcionarios públicos y líderes sindicales) se quedan con enormes ganancias mediante fideicomisos en paraísos fiscales (no sujetos a auditorías), sueldos y prestaciones de fábula, abultamiento de nóminas, tráfico de plazas al interior de la paraestatal, y desvíos de recursos para campañas electorales o negocios particulares lesivos a las finanzas de PEMEX.
El gobierno federal quiere convencer a los mexicanos que esta empresa pública tiene como única opción la asociación con capital foráneo “porque no hay dinero” para buscar más petróleo. Pero tanto a este sexenio como al de Vicente Fox ha tocado en suerte administrar un periodo de enormes ganancias por el aumento histórico de los precios mundiales del petróleo, en el que la extracción de un barril de petróleo tiene un costo menor a los diez dólares y se vende en los mercados internacionales en más de cien.
El secretario de Hacienda Agustín Carstens dice que todo este dinero se esfuma en la compra de gasolina al extranjero (Estados Unidos, esencialmente). Explica: un aumento en el petróleo redunda en un aumento en la gasolina. La secretaria de Energía Georgina Kessel profetiza que el petróleo se acaba, se acaba. El resto acusa: mientras discutimos, otros se están enriqueciendo, “como Brasil”, asociado a Halliburton.
Este alarmismo de los funcionarios y sus corifeos es coherente con la frecuente falta de argumentos de los proponentes o simpatizantes de la propuesta gubernamental en el debate (y en los medios). No explican por qué no se han construido refinerías para no comprar gasolina a Estados Unidos (una refinería cuesta lo mismo que un año de importaciones: con dos refinerías se dejaría de importar gasolina), pero en especial no aclaran por qué PEMEX no comercializa directamente el petróleo con sus compradores foráneos para maximizar sus ganancias.
La respuesta la dio una de las ponentes, la Dra. María Fernanda Campa: los promoventes de las reformas constitucionales para abrir la explotación petrolera mexicana a empresas extranjeras son empleados ¡de esas mismas empresas! Cabe recordar que Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, sus secretarios de Hacienda, de Energía, Agricultura y Comunicaciones, al dejar sus cargos públicos fueron recompensados con puestos en los consejos de administración de empresas trasnacionales beneficiadas por sus “reformas estructurales” a la Constitución, el TLCAN y sus “olvidos” (Usabiaga dixit) a la hora de cobrar aranceles a las importaciones… de esas mismas empresas trasnacionales.
Así se entiende por qué, mientras la tendencia en todos los demás países productores de petróleo del mundo se dirige a fortalecer la propiedad social en sus recursos energéticos y a eliminar el capital privado, especialmente el trasnacional, estas personas plantean lo contrario. Mientras que las empresas petroleras estatales en el resto del mundo hacen asociaciones transitorias, puntuales y sin compartir ganancias, sobre todo las futuras, el gobierno de Felipe Calderón desea lo opuesto.
¿Cómo explicar que en 20 años de privatización continua de la propiedad social y pública, siguiendo estrechamente todos las recomendaciones de los teóricos neoliberales, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, México siga avanzando con menos de un tres por ciento de crecimiento anual? ¿Cómo explicar que Bolivia, con dos años de no aplicar el modelo neoliberal, nacionalizando el agua, los energéticos y protegiendo a sus campesinos (y bajo una crisis secesionista), duplique el crecimiento de la economía mexicana?
El debate que está por concluir en el senado, sin embargo, no servirá para hacer cambiar de opinión a los diputados y senadores de los que depende la reforma que legaliza la privatización de las ganancias de PEMEX. Tienen su guión y se expresan como nuestro ex regidor paceño Álvaro Fox (que no fue electo por los ciudadanos —como todos los regidores— y afectó el patrimonio municipal para beneficiar a especuladores de bienes raíces durante el XII Ayuntamiento): ésta es una democracia representativa, la población nos escoge, nosotros decidimos, si no quieren que sea así, “cambien las reglas” (‘El Sudcaliforniano’, 11-vi-08, p. 3).
Pero representar no es suplantar, ni el abogado es el propietario, ni la voz es el pensamiento y mucho menos la mano es todo el cuerpo. En especial, alguien electo por un pequeño por ciento de los ciudadanos, como los presidentes municipales de B.C.S., el gobernador, los diputados locales y federales, los senadores o el presidente de la república, no representan más que eso: a un pequeño por ciento.
Y si como dicen los doctores en derecho: la sociedad no se adapta a las reglas, sino las reglas a la sociedad, con este debate y la consulta nacional sobre la privatización de PEMEX hay un paso más en el cambio de las reglas para evitar gobiernos o representantes que creen que los ciudadanos son menores de edad, incluso aquí, en Sudcalifornia.
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