El aborto permitido

En Baja California Sur el aborto está permitido. El Estado, lejos de castigar a las mujeres, está obligado a dar garantías para su protección en los casos que ordena el Código Penal vigente en su Artículo 252. Estos casos son: 1) si la madre quiere abortar porque su embarazo es producto de una violación, 2) si su vida está en riesgo debido al embarazo, y 3) si hay malformaciones físicas reconocidas por al menos dos médicos especialistas en el embrión o feto. El aborto tampoco se penaliza si fue producto de un acto “culposo”, es decir, no voluntario, por parte de la mujer.

Estas disposiciones se encuentran en el Código Penal de Baja California Sur como una herencia del Código Penal del Distrito Federal que se aplicaba aquí en los años previos a 1974. Desde 1931 se incluyeron estas causales para despenalizar el aborto en el Distrito Federal y fueron incluidas textualmente en código sudcaliforniano actual desde 2005.

Debe considerarse que antes de incluir estas causales las mujeres estaban obligadas, so pena de cárcel, a concluir los embarazos que fueran producto de violación o inseminación sin su voluntad, así como los que pusieran en riesgo su vida o en los que el embrión o feto tuviera malformaciones incapacitantes. Incluso el aborto espontáneo, atribuible a un accidente o a su “imprudencia” podía ser castigado. El Estado tenía una espada desenvainada encima de la cabeza de cada una de las mujeres mexicanas, porque ¿quién más puede querer interrumpir un embarazo que la propia mujer embarazada que no desea estarlo? Antes de 1931, en el Distrito Federal y en Baja California Sur, todas las mujeres eran candidatas naturales a cometer un acto criminal.

En cierta forma, en Sudcalifornia aún lo son. Las causales por las que actualmente no puede castigarse el aborto son de una justicia elemental, por eso se aprobaron hace tanto tiempo, al considerar injusto que se someta a la mujer a una imposición que afecta su salud, su dignidad o su vida. Pero todavía subsiste en el Código Penal de Baja California Sur la criminalización de la mujer que aborta. Dice su artículo 249: “Comete el delito de aborto el que cause la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez.” Y el artículo 250 le sigue: “A la mujer que realice o autorice su aborto y a la persona que le hiciere abortar con su consentimiento, se le aplicará de dos meses a dos años de prisión o trabajo en favor de la comunidad hasta por doscientas jornadas, además de multa de veinte a cien días de salario.”

Es decir, con las excepciones dichas, todas las mujeres que interrumpen su embarazo en cualquier momento son culpables del delito de aborto, así sea en la primera semana de embarazo o en la última.

La falta de coherencia entre los artículos 249 y 250, y el 252 es una puerta abierta o una puerta cerrada. Para las mujeres pobres es una puerta que se cierra, para las mujeres con dinero es una puerta abierta. Ésta es otra parte que los antiabortistas (autodenominados “pro-vida”) se rehúsan a ver o quizá la ven claramente y por eso se guardan su opinión. Las mujeres que deciden abortar lo hacen aunque haya leyes que castiguen posteriormente su decisión. Es decir, la aplicación de leyes más estrictas no afecta su decisión en lo más mínimo. Cada año decenas de miles de mujeres mexicanas interrumpen su embarazo. Una parte lo hace acogiéndose a las garantías del artículo 252, pero la mayoría lo hace en una clandestinidad, precariedad o soledad que le condena a un riesgo de muerte, enfermedades por infecciones, daños permanentes a su cuerpo y, especialmente, a un sentimiento de abandono por parte de la sociedad a la que pertenece.

¿Por qué los antiabortistas nunca mencionan que los abortos clandestinos son la tercera o cuarta causa de muerte de las mujeres en México? Posiblemente piensan (o sienten) que es un justo castigo. Ser mujer, ser pobre y no resignarse a su destino.

En los 16 estados de la federación mexicana donde se ha hecho más estricta la penalización del aborto, lo que se ha obtenido es una persecución sistemática de mujeres por el aparato público y absurdos denigrantes para los ciudadanos de un país como México de imponerle desde la autoridad estatal a menores de edad un embarazo provocado por violadores o ejecutar una prisión inmediata a una mujer que acaba de abortar espontáneamente y apenas se recupera de sus graves heridas, entre muchos otros casos indignantes.

Estas condiciones de injusticia social hacia las mujeres y el problema de salud pública que implica fueron los argumentos principales de los debates sobre la despenalización del aborto desde 1936 en la Ciudad de México. En la capital de la república, donde además de los poderes federales se ubican los principales centros de investigación médica, académica y social del país, el año 2007 la Asamblea de Representantes del Distrito Federal despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo cuando se realiza antes de la doceava semana de gestación.

¿El resultado en dos años? ¿Se incrementó el número de abortos? No.

Cada año en todo el país las instituciones de salud registran poco más de 150 mil “egresos hospitalarios por aborto”, sin contar los abortos clandestinos. La mayoría de los casos que llegan a los centros de salud se complican (sepsis, esterilización, hemorragias y otras). Setenta y cinco mujeres mueren, en promedio. En el Distrito Federal, después de despenalizar la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas, la cifra de “egresos hospitalarios” es similar a la de los años previos, pero los casos de complicaciones disminuyeron de 22 mil a cero. Hoy, el índice de mortalidad para las mujeres que interrumpen su embarazo en la Ciudad de México es inferior a uno.

¿Qué ha cambiado? Las mujeres que han decidido abortar ya no lo hacen en la clandestinidad y con métodos que las lastiman; ya no llegan como víctimas a los hospitales para ver si es posible curarse de sus heridas. ¿Por qué escandaliza a los antiabortistas que cientos de miles de mujeres ya no tengan que arriesgar su vida, su patrimonio y su dignidad?

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Los diputados de BCS y el aborto

En Baja California Sur se discute en este momento si habrán de reformarse las leyes para despenalizar el aborto o, por el contrario, para penalizarlo más. Se trata de iniciativas de ley presentadas oficialmente en el Congreso local por la diputada Graciela Treviño, para despenalizarlo, y por la diputada Sonia Murillo para constreñir más su penalización.
Es notable que sean mujeres las promoventes de estos cambios, porque hasta hace muy poco los asuntos legales relacionados con la salud reproductiva de las mujeres eran tratados sólo por hombres. De hecho, tiene que recordarse, para apreciar de mejor manera el tema del aborto, que en México sólo a partir de 1953 (luego de 120 años de vida política independiente) las mujeres tuvieron derechos ciudadanos. Pero pasarían décadas para que pudieran ser electas como diputadas, presidentas municipales o gobernadoras. Que hoy se dé el caso de dos diputadas colocando ante los ciudadanos de Baja California Sur la opción de cambiar en las leyes la concepción del aborto para descriminalizar al género femenino es un avance significativo.
¿Cuál ha sido la respuesta inmediata a la propuesta de la diputada Treviño para despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo antes de las 12 semanas de gestación y disminuir el castigo penal a las mujeres que abortan después de este periodo?
Asesina, promotora del libertinaje, segadora de vidas inocentes.
Quienes utilizan este lenguaje parece que no se están expresando así de la diputada Treviño, sino de las mujeres en general, en particular de las mujeres que han decidido en algún momento interrumpir uno de sus embarazos. Se trata no sólo de medio centenar de personas que públicamente se han exhibido en el interior del Congreso y a través de los medios locales; han sido también el diputado Armando Cota y los dos diputados de la fracción parlamentaria del PRI. El primero, cuya carrera política consiste en haber sido empleado contable de una casa comercial de la familia Ruffo, luego tesorero del XII Ayuntamiento y ahora “representante” del distrito local II, ha dicho públicamente: “No vamos a permitir que en BCS entre el libertinaje, yo soy del PRD y yo estoy en contra, que se sepa de una vez.”
De manera más extensa, la fracción parlamentaria del PRI formada por los diputados José Humberto Mayoral López y José Felipe Prado Bautista pronunciaron un discurso oficial ante el pleno del Congreso, el 3 de noviembre de 2009, en contra de la despenalización del aborto en términos que resumen perfectamente el breve criterio que priva en el razonamiento de quienes criminalizan la interrupción del embarazo: “(…) considero que es paradójico que mientras que los organismos internacionales luchan y los propios juristas mexicanos hacen esfuerzos para garantizar a todos los ciudadanos su Derecho a la Salud, otros pretendan propiciar la impunidad al delito de asesinato, y aunque se le quiera llamar con nombres más rebuscados, para mí abortar es sinónimo de asesinar, pues la vida comienza desde el momento mismo de la concepción y termina con la muerte del individuo…”
En todos los casos que se critica la despenalización del aborto, el argumento es el mismo: el aborto es la muerte de un ser inocente a manos de su madre y ésta debe ser castigada en su cuerpo con una pena de prisión que dure varios años. La ley también castiga a quien ayude a una mujer a interrumpir su embarazo, pero podemos ver que la penalización del aborto está dirigida esencialmente contra mujeres, por esa cualidad que las hace más diferentes a los hombres y más necesarias a la humanidad. A la fecha, todavía los hombres están impedidos físicamente para embarazarse.
La iniciativa de la diputada Sonia Murillo del PAN se propone modificar un artículo de la Constitución de Baja California Sur para colocar la palabra “fecundación” ahí donde dice “concebido” en el Artículo 22 que ahora se encuentra escrito así: “La capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte; pero desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para los efectos previstos en este Código.” La iniciativa de la diputada panista no se extiende a modificaciones notables al Código Penal. Pero el cambio de la palabra “concepción” por “fecundación” en el Artículo 22 se dirige a reforzar la penalización de la interrupción del embarazo. Esto ya ha sucedido en 16 estados de la república mexicana y ha provocado el encarcelamiento de decenas de mujeres, la supresión de la educación sexual y reproductiva en las escuelas, y la desatención de las autoridades a un problema de salud pública que involucra directamente a la mitad de la población e indirectamente al resto.
Si de manera constitucional se considera que la protección de la ley de los individuos comienza en la “fecundación”, quiere decir que, desde el momento en que un espermatozoide se unió a un óvulo, el Estado debe proteger al cigoto resultante. Por consecuencia, el Estado debe considerar como aborto si una mujer realiza cualquier acción que evite la fijación del cigoto en su útero. En los hechos, una vez realizada la fecundación de uno de sus óvulos dentro de su cuerpo, la mujer debe convertirse en una incubadora. Dice el diputado José Humberto Mayoral López en su discurso del 3 de noviembre pasado: “(…) podemos asegurar que abortar también significa ‘decapitar’ y eso precisamente es lo que se pretende, ‘decapitar’ a un pequeño ‘indefenso’ y que para su desgracia, el asesinato quedaría impune, pese a que lo está perpetrando su propia madre, aquella mujer que debe ser símbolo de un amor inconmensurable, ilimitado e incondicional, y que con el aborto pretende ocultar su vergüenza, su irresponsabilidad y, en muchos de los casos, su ignorancia.”
Revisando el maniqueísmo de estos diputados priistas, la iniciativa fecundacionista del PAN y las declaraciones de los antiabortistas en la prensa escrita, puede apreciarse que consideran la despenalización del aborto como un insulto a la moral, relacionada ésta con las creencias religiosas de una sociedad patriarcal. Por el contrario, la despenalización del aborto antes de las 12 semanas de gestación es una tendencia mundial para garantizar el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Es un asunto que no puede abordarse desde la perspectiva moral de lo “bueno” y lo “malo”, incluso tampoco puede abordarse sólo desde el “debe ser” de la ética. Se trata de un problema de salud pública, discriminación social e injusticia. ¿Por qué quienes buscan penalizar más el aborto, o se oponen a su despenalización, nunca consideran los derechos de las mujeres? Incluso la ley actual, con tener penalizado el aborto antes de las 12 semanas de gestación, lo permite en varios casos que analizaremos en la siguiente entrega.
¿Debe ser castigada por el Estado la mujer decida interrumpir su embarazo temprano? ¿Qué es la mujer a los ojos de las leyes que tenemos actualmente en Baja California Sur?

Los orígenes de la universidad en Occidente

La historia de la universidad como institución de altos estudios se encuentra explicada desde diversas tradiciones, según sea la consideración que se tenga sobre sus propósitos iniciales. La historia oficial de Occidente con frecuencia recurre a la Academia de Platón en Atenas y a la fundación de las universidades europeas de la Edad Media, pero puede extenderse en el tiempo esta historia hasta las instituciones de China, Pakistán y la India que expedían títulos a sus egresados siglos o milenios (como en el caso de la Escuela Superior —Shangyang— de China) antes que Platón abriera su jardín en 387 adC.

La fundación de las universidades como las conocemos en la tradición occidental, sin embargo, y todo el proceso cultural que dio origen al rigor académico y al interés por la investigación y la crítica, se encuentran ligados a las polémicas teológicas de los inicios del cristianismo, en particular a una doctrina considerada herética: el nestorianismo.

Debe recordarse que los primeros siglos del cristianismo como religión oficial estuvieron marcados por las discusiones entre las diócesis de Roma, Alejandría, Jerusalén y Antioquia. El nestorianismo tenía su sede principal en esta última ciudad, precisamente donde se nombró por primera vez como “cristianos” a los seguidores de Jesús. Los nestorianos habían formado prestigiadas comunidades de maestros y discípulos dedicadas al estudio de los textos bíblicos y a la traducción de textos. Con la prohibición de su doctrina, a finales del siglo V emigraron invitados hacia el imperio persa (enemigos del bizantino que los expulsaba), llevando consigo importantes bibliotecas de manuscritos griegos. Se establecieron primero en Edesa, pero en 489 se movieron a Nisibin, abriendo en la vecina ciudad de Gundishapur (hoy Irán) facultades seculares —esto es, laicas— de las ciencias clásicas: matemática, astronomía y medicina. Gundishapur ya era la capital intelectual del imperio persa sasánida, pero la llegada de los nestorianos promovió el arribo de otros cientos de estudiosos del decadente imperio bizantino (en especial de Atenas y Alejandría) exiliados por la intolerancia religiosa del cristianismo canónico. La academia de Gundishapur floreció especialmente cuando llegaron sabios invitados procedentes de India y China, con sus respectivos conocimientos de medicina, astronomía y matemática, algo que promovió también la apertura de una escuela de traductores que trasladarían hacía occidente diversos textos literarios y científicos orientales.

El imperio persa cayó ante el avance musulmán en 638, pero la academia de Gundishapur sobrevivió y se sostuvo por siglos como un centro islámico de altos estudios, una auténtica ciudad académica o universitaria (para los iraníes, que todavía la sostienen, la primera del mundo). Sin embargo, hacia 832 el califa abbasí de Bagdad (hoy Irak) fundó y dotó la Casa de la Sabiduría, Baytu l-Hikma, siguiendo los métodos de Gundishapur y, de hecho, utilizando a la mayoría de sus graduados, con lo que vino a sustituirla y a superarla en poco tiempo.

La dinastía abbasí fue el esplendor del Islam árabe y su joya era la Bagdad de Las mil y una noches. La gran tolerancia intelectual de la época permitió la traducción y discusión de las obras científicas de médicos y filósofos como Aristóteles, Hipócrates, Galeno y Discórides, y la aparición de hospitales vinculados estrechamente con las escuelas de medicina. Así se crearía un modelo empirista, laico y riguroso, de gran prestigio, que viajó hacia Occidente junto con el Islam y entraría a Europa por España (en la universidad de Córdoba del siglo VIII, donde enseñaron Avicena y Averroes, entre otros) e Italia (en la universidad de Salerno del siglo X), y que serviría de modelo para muchas universidades europeas.

La comunidad de maestros y académicos

Textos de la antigüedad grecolatina, conservados por nestorianos, persas y árabes, entraron por España, un estado prácticamente islámico, a partir del siglo VII, pero fue la conquista cristiana de Toledo en 1085, la tolerancia de los reyes castellanos hacia los mahometanos (islámicos) y judíos y su financiamiento de la Escuela de Traductores de esa ciudad lo que aceleró el proceso. Ahí se realizó el trabajo de traducción del árabe al latín y al español (castellano de la época) y se diseminó, a partir de la última década del siglo XI, por las cortes de la Europa cristiana.

Para los estudiosos, este arribo del conocimiento antiguo venía a confirmar la inoperancia de la educación impartida por la Iglesia. La enseñanza se impartía desde hacía siglos exclusivamente bajo la vigilancia de la autoridad eclesiástica católica. Se le llamaba escolástica porque promovía de manera única el comentario (scholium, en latín) de los textos canónicos o tradicionales (la Biblia, en especial).

El proceso cultural que daría origen a las universidades comenzó paralelo a las instituciones religiosas o como una prolongación extramuros del modelo de estudios de los monasterios, esto sigue siendo tema de discusión. El hecho es que profesores y estudiantes comenzaron a reunirse en espacios paralelos a los conventos, monasterios e iglesias para discutir los nuevos temas (referidos, recuérdese, a los antiguos), en especial los de utilidad práctica como el derecho y la medicina, y todo el sistema aristotélico, el más sistematizado de la antigüedad.

Con la finalidad de dar una estructura más adecuada a las discusiones, a la investigación y a la enseñanza, varias categorías de docentes (de docere, “enseñar’) y estudiantes se organizaron en un tipo de corporación o gremio que se dio a llamar, simplemente, “comunidad de maestros y académicos” —en latín: universitas magistrorum et scholarium— a imitación de las comunidades de artesanos que eran frecuentes en la Alta (o Tardía) Edad Media, y que funcionaban con un estatuto de autonomía. La libertad de cátedra y la alta tolerancia fueron sus características iniciales.

A partir del siglo XII, el espíritu de la universidad se había difundido por toda Europa y había dado origen a distintas instituciones que se distinguieron por una disciplina particular: la de Salerno y Montpellier por la medicina, Bolonia por el derecho, París por la teología y filosofía, y Oxford por la ciencia experimental. Generalmente cada universidad estaba estructurada con una diferente organización de sus estudios, pero cada una alojó de manera básica cuatro facultades: medicina, derecho canónico, derecho civil y teología.

Antes de poder asistir a los cursos universitarios normalmente era necesario haber frecuentado y concluido, con una licencia, un ciclo de seis años considerado como enseñanza de base —impartida por las mismas universidades— que estaba enfocado en las siete artes liberales: aritmética, geometría, astronomía, música, gramática, retórica y dialéctica, con mayor interés por esta última.

El ambiente en estas universidades era completamente diferente del que se vivía en las viejas escuelas obispales. Los programas de enseñanza eran ideados libremente por los profesores, quienes también, con la ayuda de los estudiantes, preparaban libros de texto concebidos para una enseñanza práctica. Aquí es donde se acuñó un método de los estudios superiores con el cual se dirige al estudiante a recorrer un camino intelectual preciso mediante la lectura, el análisis (cuestionamiento o individualización) de problemas, la disputa interpretativa y la síntesis final (en latín determinatio). Los profesores de mayor prestigio se desplazaron de una sede a otra y con ellos muchos de sus estudiantes, estimulando aún más este movimiento cultural que preludiaba el Renacimiento europeo.

En el siglo XIII, sin embargo, dado el gran poder adquirido por las universidades, las autoridades civiles, los reyes de Francia e Inglaterra y los magistrados municipales en Italia comenzaron a imponer un control directo sobre ellas. Los universitarios se opusieron, algunos incluso abandonando las sedes, pero vieron perder su autonomía. Finalmente el papado intercedió ante la crisis y colocó a las universidades bajo su jurisdicción, asegurando los privilegios jurídicos y económicos de los universitarios, terminando con ello un periodo de discusión y debate intelectual. La intelectualidad universitaria se dirigió desde entonces y hasta el siglo XIX cada vez más hacia las carreras eclesiásticas y comenzó una era de dogmatismo académico. El medievalista francés Jacques de Goff lo resumió diciendo: “los intelectuales de Occidente devinieron, con una cierta mesura, pero sin alguna duda, en agentes pontificios”.

Con información de las enciclopedias libres en línea: en.wikipedia.org, it.wikipedia.org y es.wikipedia.org.

Parejas del mismo sexo en B.C.S.: un reconocimiento jurídico necesario

El emplazamiento a huelga del Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (SPAUABCS) de marzo de 2009 colocó en los periódicos un tema importante para la sociedad sudcaliforniana, hasta ese momento no abordado por la opinión pública: la unión legal de parejas del mismo sexo (El Sudcaliforniano, 12-iii-09).

La hoja de exigencias laborales que el SPAUABCS discutió en su asamblea en ese mes contenía la demanda de otorgar las prestaciones laborales que se otorgan a los cónyuges de los académicos a sus “parejas del mismo sexo”. La petición fue hecha por un solo profesor de la UABCS, integrada por el SPAUABCS en su orden del día y retirada del pliego petitorio luego de discutirse bajo un argumento cierto: en Baja California Sur no se otorgan derechos civiles a las parejas homosexuales.

Durante la asamblea que discutió el punto (y que resolvería también si el SPAUABCS estallaba la huelga), el tema fue abordado de manera abundante. Pocos profesores se mostraron en contra; alguno hizo alusión a una objeción de conciencia basada en su religión católica. Esto fue muy importante, porque forzó a los académicos de la UABCS a rechazar criterios morales en su decisión de exigir a la Universidad que diera las mismas prestaciones a las parejas del mismo sexo que a las parejas heterosexuales. La discusión no fue pública, pero tenemos el hecho de que sí comunicaron a la sociedad sudcaliforniana su aprobación a este derecho, pese a no incluirlo en el pliego petitorio, dada la inexistencia del reconocimiento jurídico en las leyes locales hacia las parejas del mismo sexo (El Sudcaliforniano, 13-iii.09).

El asunto pasó a la opinión pública de inmediato gracias a los medios impresos, que trataron el asunto con gran delicadeza, sin ironía y aprovechando el término exacto del pliego petitorio sindical: “parejas del mismo sexo”. El hecho es notable y trascendente porque los profesores de la UABCS, así como la propia universidad, han estado sometidos desde hace años a una presión constante desde el exterior por su aparente falta de contribución a la sociedad sudcaliforniana y el supuesto alto costo económico que representan sus prestaciones (aunque el estado de B.C.S. sólo aporta el 15 por ciento del presupuesto universitario). Era de esperar que la petición de aumentar la base de derechohabientes de esta institución hacia las parejas homosexuales fuera tratada con homofobia o con ironía. Al menos públicamente esto no se dio.

Lo sucedido marcó claramente la posición de todos los actores sociales de Baja California Sur. El líder estatal del Partido Acción Nacional (PAN), un partido identificado con el conservadurismo y la jerarquía católica, fue el único político en mencionar públicamente el tema. Se opuso con el mismo argumento utilizado por la rectoría de la UABCS para negar este punto al sindicato académico: las leyes de Baja California Sur no consideran el otorgamiento de derechos conyugales a parejas del mismo sexo. Es decir, mostró solamente que no había precedentes legales. Pero el sindicato académico y la rectoría de la UABCS fueron más proactivos: se pronunciaron abiertamente para exigir que este derecho se legisle en el código civil de la entidad (El Sudcaliforniano, 23-iii-09).

Quienes hicieron un vacío declarativo, exponiendo así su posición formal ante este tema, fueron el gobierno del estado y sus múltiples organismos públicos descentralizados que dan atención a sectores vulnerables. Tampoco ninguna fracción partidista del congreso o el tribunal superior de justicia estatales hicieron comentario alguno en este sentido (no pudo escucharse siquiera un eco), aunque se rigen actualmente bajo una ley contra la discriminación que ellos mismos establecieron.

Parece que el tema de la homosexualidad es todavía es un tema muy incómodo para la clase gobernante sudcaliforniana. Pero mientras no se analicen a profundidad las implicaciones de los derechos de las parejas homosexuales para la igualdad jurídica de todos los individuos en la sociedad sudcaliforniana habrá un campo extenso para la discriminación y la injusticia en Baja California Sur. De esto son responsables los tres poderes del estado sudcaliforniano.

Otorgar seguridad jurídica a las parejas homosexuales está muy lejos de destruir la función social convencional de la familia. Por el contrario, contribuye a generar una importante estabilidad social al promover que las personas homosexuales puedan sentirse plenamente identificadas, tomadas en cuenta y protegidas por la sociedad local. Para esto es necesario evitar los estereotipos sobre la homosexualidad y poner atención al hecho de que existen miles de parejas del mismo sexo con muchos años de compartir su vida, que contribuyen económica, cultural y políticamente con la sociedad y que se encuentran marginadas por el Estado precisamente en el momento de necesitar más de las pocas ventajas que aporta su estructura jurídica.

Un análisis al movimiento lopezobradorista

Programa de RadioAMLO que se transmite desde La Paz, B.C.S., los domingos de 14 a 16 hrs a través de Internet. Éste fue realizado el 20 de septiembre de 2009. Comentamos a partir del minuto 30. Hicimos una pifia al decir que Ramiro Serna es autor de Los usos de Sandino; este libro es de Enrique Camacho Navarro. Pero el argumento de fondo no cambia. Julio Hernández López en su columna 'Astillero' de La Jornada el día 22 de septiembre hace una crítica similar. Hacia el final del programa hablamos de Alternativa 72.

Institutos de cartón

Se dice que fue Napoleón quien acuñó ésta que es la directriz política de casi todos los gobernantes: “Si quieres que algo se haga de inmediato, designa un responsable; si quieres que algo no se haga o se dilate, nombra un comité”. En el caso sudcaliforniano, este comité puede llamarse comisión, consejo o instituto. El Ejecutivo y el Legislativo de Baja California Sur han establecido numerosas entidades de este tipo, bajo una supuesta descentralización, personalidad jurídica y patrimonio propio para la atención de los sectores más vulnerables de la sociedad sudcaliforniana o para dinamizar los procesos sociales de la localidad.

En los hechos, estos organismos carecen de autonomía, recursos y capacidad jurídica adecuada para el cumplimiento de sus funciones. Con raras excepciones, sus directores son designados bajo el esquema de cuotas de poder y se espera de ellos poca iniciativa y presencia pública, ninguna molestia a sus superiores y resultados numéricos que puedan exhibirse como “avances en la materia”. Es fácil calcular que lo más que puede obtenerse de ellos, en estas circunstancias, es una administración de las carencias sociales de los sudcalifornianos, nunca una solución de ellas.

El propio gobierno de Baja California Sur, en su Sistema de Evaluación Pública del año 2008 (aplicado por la Contraloría estatal y disponible en su página de Internet), ha calificado como pobre el desempeño de entidades tan protagónicas de este sexenio (2005-2011) como el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF, 72%), el Instituto Sudcaliforniano de Cultura (ISC, 64%) y el Instituto Sudcaliforniano del Deporte (INSUDE, 55%), pese a contar el primero con todo el respaldo de la primera dama del estado, el segundo con la mayor cantidad de recursos asignados en su historia y el tercero con un director que ha resistido dos sexenios en su cargo.

El peor desempeño, sin embargo, según la evaluación del gobierno del estado, lo tienen organismos cuya función está destinada a mejorar las condiciones de dos de los sectores más excluidos históricamente en el gobierno y en la sociedad sudcaliforniana: las mujeres y los discapacitados. La evaluación interna incluye el análisis de la gestión financiera, ingresos, gastos, control interno, calidad de los servicios y marco legal. Los resultados son muy significativos: el Instituto de la Mujer y el Instituto Sudcaliforniano de Atención a Personas con Discapacidad (ISAPD) tienen un nulo control interno y la calidad de sus servicios es reprobatoria. El Sistema de Evaluación de la Gestión Pública da una calificación promedio general de 47 puntos de cien al ISAPD y 39 al Instituto de la Mujer. Es decir, ninguno de los dos funciona: son dos comités que exhiben el grado de interés del gobernador —responsable de ellos— por las mujeres y los discapacitados.

El caso del ISAPD tiene una explicación que no exculpa a nadie, pero ilustra la manera cómo el gobierno del estado y el congreso local atienden al sector de los discapacitados. La ley que lo fundó en 2002 lo establece como:

un organismo descentralizado de la administración pública estatal, con personalidad jurídica y patrimonios propios, que aplicará y vigilará el cumplimiento de esta ley y coordinará a las instituciones públicas y a los organismos sociales que persigan los fines que de esta normatividad se derivan, en concordancia con los sistemas nacional y estatal de salud. (Art. 6)

Sin embargo, el resto del articulado define sus atribuciones de manera implícita como las de un área más del dif estatal (arts. 14-iv, 17, 20, 24 y 25), duplicando incluso las funciones que éste tiene asignadas para la atención a discapacitados (arts. 48-50, 87, 88 y 91). Un artículo característico de esta paradoja esquizofrénico-jurídica es el 50, que dice textualmente:

Artículo 50.- Corresponde al Ejecutivo del Estado en coordinación del Instituto y de las autoridades del Trabajo en el estado la creación de las agencias de empleo y los centros especiales de empleo y programas de autoempleo como los proyectos productivos, cuyo principal objetivo será asegurar un empleo remunerado a personas con discapacidad; al realizar un trabajo productivo, su promoción y apoyo técnico dependerá del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia. [Énfasis nuestro]

A pesar de la confusión sintáctica en la redacción del artículo puede entenderse, especialmente por su última oración, que el ISAPD es una entidad inerte, un mero espectador sin responsabilidades o iniciativa. Más explícito, el artículo 57, antes de hacer el listado de lo que el Ejecutivo impulsará, promoverá, propiciará y fomentará para el acceso equitativo de los discapacitados a la cultura, la recreación y el deporte, establece que lo hará “en conjunto con el Instituto por conducto del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)”.

Pero es la fracción cuarta del artículo 25 la que define perfectamente la minoría de edad y las discapacidades del ISAPD. Dice a la letra:

IV.- En todo momento e independientemente de los recursos, subsidios y aportaciones económicas del orden publico destinados para el cumplimiento y desarrollo de los planes y programas así como de los fines del propio instituto, éste podrá establecer convenios para la obtención de recursos económicos y de especie que realicen los miembros de Organismos No Gubernamentales y de la iniciativa privada que contribuyan al mismo fin, a través del Sistema Estatal para la Integración de la Familia.

Es decir, en todo caso, el presupuesto del ISAPD (poco más de 1.8 millones de pesos en 2008 y 2009) será controlado por el DIF estatal, su ley de creación mantiene atadas las acciones autónomas que pueda realizar el instituto y no permite la participación del sector de los discapacitados en este organismo: se trata de un órgano que repite los mismos prejuicios, a nivel oficial, que se tiene sobre los discapacitados, pero además los ata a un sistema asistencialista, clientelar y miserable. Es un instituto que no participa, que no puede participar, en el proceso de cambio que requiere la sociedad sudcaliforniana y su gobierno para dejar de excluir a un sector de la población que necesita mucho y que puede, a cambio, aportar de todo, un intercambio justo y ganancioso.

Comparado con ISAPD, el Instituto de la Mujer de Baja California Sur es un ejemplo de que los diputados locales no sólo deben aprobar leyes de creación coherentes. Este instituto cuenta con una auténtica autonomía técnica, gracias a una ley que sólo coloca al organismo bajo la orden directa del Ejecutivo estatal. El estado sudcaliforniano cubre sus sueldos y gasto corriente, pero además puede obtener recursos federales que quintuplican el presupuesto del ISAPD (controlado por el DIF). En 2008, por ejemplo, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, este organismo recibió 5.4 millones de pesos para su “Programa para la prevención, mitigación y erradicación de la violencia de género en el estado de Baja California Sur” (SEDESOL, PAIMEF). Los resultados de este programa, sin embargo, son inasequibles. Lo único que tenemos es la evaluación interna del gobierno del estado que le da la peor calificación de todos los organismos públicos sudcalifornianos (39%).

¿Qué obtienen los discapacitados y las mujeres sudcalifornianas de estas costosas e ineficientes entidades que el gobierno y el congreso crean? ¿Unos pocos puestos de trabajo? Para eso no es necesario crear tantos institutos. Incluso para resolver los problemas no se ocupan tantos. Sólo designar un responsable.

Cada seis años, se supone, la sociedad sudcaliforniana designa un solo gobernador para esto.

Lea Alternativa 72

Alternativa de B.C.S. es una revista crítica y literaria fundada en La Paz el año de 1982. De entonces a 1997 editó 31 números. En una nueva época, a partir de 1999, ha editado 72. Los temas son diversos, centrados en lo que se piensa, se siente y se vive en Baja California Sur. Un índice general de la revista hasta 2006 puede verse aquí.

Desde abril de 2007 abandonamos la periodicidad (más o menos) regular y comenzamos esta aparición repentina, tratando de manera temática asuntos de interés local.

En abril de 2007, el número 70 estuvo dedicado a la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS). Es posible leer todos los textos publicados entonces en esta página blog: http://alternativabcs.blogspot.com/

En febrero de 2009, el número 71 compendió la relación entre ambientalismo y desarrollo turístico. Fue publicado exclusivamente en versión electrónica, con botones para moverse entre el índice y las páginas. Puede leerse desde aquí. Los botones sólo funcionan si se descarga el archivo PDF. Es posible hacerlo libremente desde esta página.

El número 72 aparece este mes tratando el tema de la discriminación en Baja California Sur. Puede leerse desde aquí. Los botones sólo funcionan si se descarga el archivo PDF. Es posible hacerlo libremente desde esta página.

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El número 73 está en proceso de edición y aún recibe colaboraciones (dirigirlas por favor a este correo). El tema es el arte y la cultura en Baja California Sur.

Cordialmente,

Sandino Gámez Vázquez
Director de Alternativa de B.C.S.

Alternativa 72

Taller de expresión escrita en La Paz, B.C.S., México

Prólogo a 'Reportaje' de Fernando Amaya Guerrero

El periodismo nació como una herramienta de la lucha por el poder entre grupos políticos y económicos a finales del siglo XVIII y principios del XIX, en Europa y América. En México fue, hasta 1896, un periodismo de réplica y contrarréplica; los periodistas estaban integrados activamente en los bandos políticos en pugna y el periódico llevaba como objetivo principal persuadir o inclinar al lector hacia una causa. La difusión de acontecimientos importantes era secundaria, aunque no inexistente. Los editores preferían asumir el papel de constructores del país; el suyo era un compromiso de educar, enseñar, proclamar, dirigir y sostener la opinión del pueblo, desde su propia perspectiva ideológica.

Si uno compara una lista de los periodistas mexicanos del siglo XIX con una similar de los escritores, verá que eran prácticamente los mismos. La opinión política, la literatura, la divulgación científica, las artes, todo el carácter de estos hombres y mujeres que consideramos los fundadores de México, viajaban en esos periódicos. No había aún periodistas profesionales.

En 1896 todo esto cambió. Los diarios que habían hecho nuestro siglo XIX se editaban en las mismas imprentas que los libros y con el mismo sistema casi artesanal. Sus tirajes eran breves, de pocas páginas y su costo de producción considerablemente alto.

Desde 1880, el gobierno de Porfirio Díaz había desarrollado una presión constante sobre los periódicos que no le eran favorables. Subsidiaba alrededor de sesenta periódicos de la capital y principales ciudades para minimizar a los disidentes y encarcelaba de continuo a los periodistas críticos que no se contentaban con burocratizarse (algunos eran muy obstinados: Filomeno Mata, por ejemplo, daba su artículo a la imprenta y él mismo se dirigía con sus maletas hacia la cárcel).

En 1896, el gobierno porfirista, a través de su ministro de Hacienda, J. I. Limantour, otorgó un préstamo a Rafael Reyes Spíndola para comprar una rotativa y varios linotipos que permitirían editar El Imparcial. La consecuencia inmediata fue el cierre de casi todos los diarios de oposición, enfrentados a una dinámica industrial para la que no tenían recursos. El Imparcial, que en su nombre llevaba su apariencia, fue el inicio de un periodismo de escándalo, de nota roja y de eventos sociales, esto es, de entretenimiento y ya no de educación o convencimiento. Su objetivo no era servir como guía del pueblo sino, llanamente, ser un “informador” de los acontecimientos del día.

La imparcialidad o “profesionalismo” fue bandera también en el resto de los diarios que fundaron a lo largo del siglo XX, con algunas excepciones, no sólo en México sino en el resto del mundo. Esta postura escondía, en realidad, una tendencia política de fondo: ningún diario dejaba de atacar al enemigo de quien lo financiaba y a éste no dejaba de defenderlo. A la mitad esto, día con día, el periódico informaba ocasionalmente de asuntos con relevancia social, pero con mayor frecuencia evadía los temas que podían provocar una opinión crítica por parte de los lectores.

Lo que los diarios vendían, a partir de 1896, era la novedad, lo impactante, lo llamativo. El periodismo adquirió las características del mercado industrial y su propósito —o, más bien, el propósito de los dueños de los medios periodísticos— fue desde entonces la obtención de la mayor ganancia en el menor tiempo posible: la lógica capitalista.

Hubo importantes beneficios, no obstante, en esta mercantilización del periodismo escrito (también llamado prensa). Originó una mayor precisión y síntesis en el lenguaje que alimentó a gran parte de los escritores del siglo XX, la página de sociales y la nota roja o policíaca dieron origen a una perspectiva de la sociedad que hasta entonces no había sido apreciada desde la literatura o la academia, y el uso de las nuevas tecnologías de comunicación lo potenció como una herramienta para vincular las distintas regiones de México, y a México mismo con el mundo.

Hoy hay dos maneras contrapuestas de ver el periodismo. Como testigo, árbitro y vocero de la opinión pública, un elemento necesario de las sociedades democráticas, un celoso vigilante de las acciones de los poderes públicos, de los poderosos y del estado que guarda la sociedad. La otra es una visión de periodismo como un negocio sin mayores escrúpulos que la búsqueda de una ganancia más o menos rápida. Entre aquélla y ésta se encuentran muchos matices. Un periodista y escritor tan notable y socialmente comprometido como Paco Ignacio Taibo II puede decir con convicción que el periodismo es “el mejor oficio del mundo” porque elimina, así sea a veces sólo con la palabra, la impunidad de los que abusan de su cargo público o de su riqueza, y porque deja constancia de las luchas sociales o de las acciones individuales llenas de mérito.

El reportero, nacido como profesional, obrero y constructor del periódico de esta era del periodismo industrial, es quien otorga validez y realidad a esta idealización romántica: raros son los diarios y medios electrónicos que permiten una completa libertad de investigación y de palabra a sus reporteros, pero no son raros los reporteros amantes de la libertad y de la palabra. Esos pocos, pero numerosos a lo largo de un siglo, en México y el mundo, son los que salvan la profesión y dejan un ejemplo a seguir.

En su espíritu irónico, sin embargo, los mismos periodistas mexicanos, pese a la pasión que les despierta su profesión, han dado a llamar al periodismo de una manera muy sugerente, que parece despectiva, pero que encierra un significado más profundo. Lo llaman: “el perro oficio”. Si se pregunta el por qué de tal apelativo se obtendrá una respuesta lacónica: “porque los periodistas somos como perros”.

La expresión parece muy negativa. Consideramos casi siempre al perro como un animal nada noble, consumidor de desperdicios, abusivo cuando puede, servil y carente de dignidad. Llamar “perro” a alguien es un insulto en casi todas partes. Pero conviene recordar que el perro es también un símbolo de fidelidad, un celoso guardián de secretos y, como demuestran innumerables historias, ficticias e históricas, un ejemplo de tenacidad y valor. ¿Acaso no termina siendo un excelente epíteto para el periodismo y para los periodistas?

Es un oficio difícil. ¿Quién puede negar que también es indispensable? ¿Cómo podríamos enterarnos de lo que sucede, de las tantas cosas que suceden, en tantos niveles, en nuestro mundo actual, en nuestro país y en nuestras comunidades? Pero también, ¿cómo eludir esa contradicción entre el mejor oficio del mundo de la idea y el perro oficio de la realidad?

Necesariamente hay que comenzar por el principio: hay que formar mejores periodistas y mejores ciudadanos que hagan y exijan de este indispensable oficio lo mejor.

Don Fernando Amaya, un decano del periodismo peninsular californiano, con más de cincuenta años ejerciéndolo de la mejor manera, en este libro se ha propuesto la cimentación de este principio. En Reportaje ha escrito una bella obra sobre la virtud y valores que se pueden alcanzar (y que se pueden exigir) en el periodismo. Es muy interesante ver cómo ha conseguido un planteamiento práctico a la vez que uno ideal. Lo ha logrado, en mi opinión, por su enorme afecto hacia el oficio y por su grato optimismo hacia el futuro.

El periodismo en México tiene una historia similar a la de la sociedad mexicana, a la de la propia nación. En cierta forma, ¿qué es el periodismo sino el recuento, día a día, de la historia de este pueblo? De ahí que Don Fernando Amaya no haya dirigido únicamente su libro como un manual o como una introducción al periodismo para jóvenes y niños. Incluso es notable que no haya querido limitarse a mostrar los valores éticos que deben guiar a un periodista. El autor, un hombre experimentado, amante de su tierra y de su nación, habitante del último jirón de su suelo, ha sabido mostrar que no sólo el periodista sino el ciudadano también deben tener un principio fundacional. Don Fernando lo ha encontrado en la virtud, en particular en la virtud del patriota.

Cuando le dije que me proponía mencionar en este intento de prólogo el lema del “perro oficio”, sólo rió. Ahora creo —mientras busco el punto final a estas letras— que lo hizo por comprender mejor que yo que me iba a meter en un lío. ¿Cómo iba a poder mezclar la virtud y los perros?

Pero he tenido suerte (la suerte del perro, sin duda). Recordé, al escuchar su amable risa, que hubo una escuela filosófica en la Grecia del siglo V a. C. que se llamó a sí misma Cínica, esto es “de los perros” —porque kyón es ‘perro’ en griego—. Ahora tenemos tal palabra como un adjetivo negativo (“aquél que conoce el precio de todas las cosas, pero el valor de nada”, en palabras de Óscar Wilde), pero en realidad los filósofos cínicos eran sujetos muy preocupados por la decadencia moral de su tiempo y con el ejemplo de sus vidas buscaban enseñar el verdadero camino de la existencia humana. Su dogma consistía en que la felicidad viene por sí misma al seguir una vida simple y acorde con la naturaleza, que el ser humano lleva en sí mismo los elementos para ser feliz y que conquistar su autonomía era de hecho el verdadero bien. El más notorio de estos filósofos cínicos fue Diógenes de Sínope o, simplemente, Diógenes el Cínico. (Se cuenta, por ejemplo, que Alejandro el Grande, antes de partir a conquistar Oriente Medio, visitó Corinto, donde estaba Diógenes. Lo encontró muy de mañana en su casa: un barril de aceitunas. Paró enfrente para que lo mirara y le dijo: “Soy Alejandro, el hombre más poderoso de Grecia. Vengo a concederte cualquier cosa que desees”. Diógenes, todavía frotándose sus miembros ateridos por el frío de la madrugada, preguntó al hegemón: “¿De veras me concederás lo que te pida?” “Cualquier cosa”, contestó Alejandro. Diógenes hizo entonces su petición más famosa: “Pues hazte un lado, que me estás tapando el sol”.)

Al colgar el teléfono fui a consultar al biógrafo de Diógenes, su tocayo Diógenes Laercio. Había una continua referencia a los perros y a la virtud en la vida de Diógenes el Cínico. El filósofo tomó muy en serio su postura crítica. Le llamaban “perro” sus conciudadanos por encontrarlo comiendo en pleno Foro, en el suelo, pero él decía: “Perros ustedes, que estando yo comiendo estáis alrededor”. En el teatro entraba ahí por donde todos iban saliendo: “Esto tengo resuelto hacer toda mi vida”, decía a quienes lo cuestionaban. Y una vez que le preguntaron qué es lo mejor en los hombres, respondió: “La confianza y satisfacción propia en el decir”.

La frase ahí estaba, en efecto. Cuando preguntaron a Diógenes qué hacía para que lo llamasen “perro”, respondió: “Halago a los que dan, ladro a los que no dan, y a los malos muerdo”. No podía ser mejor alusión al periodismo, al periodista y al reportero, aunque hubiera sido acuñada y conservada desde hace dos mil años. Para tiempos actuales, al menos: no dejar de morder a los malos.

He aquí, pues, un libro destinado a enseñar una cuestión abstracta desde un punto de vista nuevo: el periodismo como virtud y como patriotismo. Más nuevo, todavía, porque está destinado a aquellas y aquellos que comienzan a construir con sus vidas y acciones nuestra sociedad. Para que un día el mejor oficio del mundo sea el oficio de ser ciudadano y el periodismo sea su herramienta principal, su espejo, su aliado y protector.

Fernando Amaya Guerrero, Reportaje, Ediciones Alternativa-SEP-Cobach, La Paz, B.C.S., junio de 2008.

Efemérides de febrero

Hay mucho para decir sobre el Carnaval de La Paz, a favor o en contra. Los paceños acudieron como cada año, con mucho ánimo de pasar un rato agradable con su familia, su pareja, sus amigos o a solas. Que se haya celebrado entre los asistentes y no asistentes el sobrenombre de “Chafaval” para este evento demuestra que las exigencias sobre el espectáculo este año fueron mayores y que el contenido (de hecho, el sentido) del Carnaval tiene poco que decir a los paceños.

Dado que se carece de escuelas de samba, pero que se cuenta con una educación religiosa tan moderna como la brasileña, la Fiesta de la Carne en La Paz podría recordarnos cada año por qué termina cuarenta días antes que comience la Semana Santa, por qué para presidir los festejos se escoge una reina y cuál es la función del rey feo. En el caso sudcaliforniano también ayudaría mucho saber por qué la corona la impone el gobierno y no la anterior reina, y cuál fue el método para elegir a su persona. En el caso paceño, en particular, sería muy interesante que se nos explicara por qué los artistas son contratados por el gobierno estatal y no por el municipal, cuánto se gasta por los festejos y cuánto se obtiene por la venta de espacios para la vendimia. Esto explicado en grandes letreros de lona puestos en el malecón, como cuando API anuncia que va a volver a realizar un nuevo retoque al Parque Cuauhtémoc. Sería interesante ver publicado de esta manera tan sencilla y abierta el poemario que cada año se premia con dinero público y que nunca se da a conocer. Esto también ayudaría a entender cuál es el sentido de los Juegos Florales y la relación que tiene la poesía con el Carnaval, al menos con el Carnaval de La Paz.

Como consecuencia de esta información, los ciudadanos de La Paz probablemente apreciarían con más interés esta fiesta que les está dedicada por entero. También a partir del conocimiento de los propósitos e implicaciones del Carnaval, los paceños participarían no sólo como consumidores de mercancías y juegos mecánicos. Sería una auténtica celebración local que daría a los habitantes de este puerto una idea mayor de su sociedad tan particular.

Hay muchos especialistas en La Paz (algunos incluso participando en su organización) que podrían dar una mejor explicación sobre la historia del Carnaval y sus componentes religiosos precristianos. Recordaremos aquí solamente que las tradiciones religiosas de todos los meses y de casi todas las culturas tienen que ver con la naturaleza y el paso de las estaciones. Así, el Carnaval parece ser una celebración de la vida, porque en febrero ya son evidentes los retoños de los árboles que perdieron sus hojas en octubre-noviembre, reaparecen las hormigas y las abejas, los pájaros vuelven a cantar con insistencia y, en la Bahía de La Paz, vuelve a verse al pacífico tiburón-ballena. Es natural que los seres humanos compartan esta alegría.

En La Paz, este febrero de 2009, además del natural regocijo de ser carne, la ciudad celebró de manera discreta y previa a la celebración oficial del Carnaval la aparición de otro tipo de retoños que también están muy unidos a nuestra vida como comunidad.

De los que una sola persona pudo ver (cuando se puso a mirar) el primero en retoñar fue el árbol de la historia local. Sus retoños son las hojas del libro del cronista municipal de La Paz, Leonardo Reyes Silva, Tres hombres ilustres de Sudcalifornia. Aparecieron otros retoños enormes, difícilmente evitables, en el árbol de las artes con las imágenes de Elizabeth Moreno. Retoñaron también varios libros de jóvenes escritores, de los que sabemos además del apellido varios versos y que no citaremos por modestia. Aparecieron finalmente, ya bien ubicados como árboles nuevos aunque nacidos a principios del invierno, dos espacios de arte, ambos con formas exóticas en las fachadas, los interiores y los techos.

El libro de Reyes Silva reúne tres ensayos biográficos sobre el jesuita novohispano Jaime Bravo, el general republicano Márquez de León y el gobernador civilista Agustín Arriola Martínez, protagonistas de épocas fundamentales para La Paz: el último intento español para crear una colonia entre los guaycuras, el siglo en que se decidió la nacionalidad de la península de California y el segundo intento de autogobierno de los sudcalifornianos. Fue presentado en el auditorio principal de la Escuela Normal Urbana, un jardín de palmeras y pinos salados plantado precisamente en febrero de 1944 por el jardinero revolucionario Francisco J. Múgica, que entonces era el jefe político de esta tierra. Dado que ese día no había clases en la benemérita escuela, sus estudiantes no escucharon decir a su prestigiado colega Reyes Silva qué es lo que hace ilustres a los hombres en Sudcalifornia (pero es algo que deben saber todos los profesores normalistas, según se entiende).

Las fotografías de Elizabeth Moreno fueron instaladas en la Galería Carlos Olachea durante los primeros quince días del mes y provocaron un generoso impacto por decir algo que ya sabemos, pero decirlo de una manera nueva, en una ejecución insólita. Fue una muestra fotográfica que interpreta lo que los paceños han hecho o han dejado hacer con esta tierra. La foto que más puede recordarse es la de una vaca de Chametla reflejada en un charco de agua, todo en una composición muy bella que sólo en el último momento permite ver la presencia de una bolsa de plástico que suprime el encanto. Una basurita indigna en un ojo acuoso de la tierra. Pero también está otra imagen igual de bella, similar a la que nos acostumbran en las revistas de publicidad de hoteles o bienes raíces. Se trata de algún punto del paisaje costero de La Paz o sudcaliforniano: en la mitad de abajo se mira el cruce entre el cielo, el horizonte, el mar, el cerro y los cardones. Sólo cuando se observa la mitad de arriba apreciamos que el cielo homogéneo y de un azul intenso está atravesado por un alambre de púas. También hemos visto lo que parece el aviso de Costa Baja para modificar los cerros de su “desarrollo”. Al pie de un letrero que dice: “Aquí se construirá el campo de golf de Costa Baja”, está como su sombra el cadáver cenizo de un cardón gigante.

Los árboles que nacieron en diciembre y se hicieron evidentes en este febrero son el Teatro-Espacio del Esterito y la Galería de Gabo. Ambos nacen como alternativas a los espacios administrados por el gobierno del estado y el municipio, el primero para comenzar una compañía de teatro en La Paz y dar un respiro a una actividad cultural local que parece de continuo en apnea. El segundo para exponer la obra de pintores locales, tanto para la venta como para su aprecio por el público.

Luego de estos retoños, ¿cómo no querer anticipar las flores que esperan a los paceños en marzo? Quiza los pescadores de La Paz volverán a llevar San José al Mogote el próximo 19.

sandinogamez@gmail.com

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