En los hechos, estos organismos carecen de autonomía, recursos y capacidad jurídica adecuada para el cumplimiento de sus funciones. Con raras excepciones, sus directores son designados bajo el esquema de cuotas de poder y se espera de ellos poca iniciativa y presencia pública, ninguna molestia a sus superiores y resultados numéricos que puedan exhibirse como “avances en la materia”. Es fácil calcular que lo más que puede obtenerse de ellos, en estas circunstancias, es una administración de las carencias sociales de los sudcalifornianos, nunca una solución de ellas.
El propio gobierno de Baja California Sur, en su Sistema de Evaluación Pública del año 2008 (aplicado por la Contraloría estatal y disponible en su página de Internet), ha calificado como pobre el desempeño de entidades tan protagónicas de este sexenio (2005-2011) como el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF, 72%), el Instituto Sudcaliforniano de Cultura (ISC, 64%) y el Instituto Sudcaliforniano del Deporte (INSUDE, 55%), pese a contar el primero con todo el respaldo de la primera dama del estado, el segundo con la mayor cantidad de recursos asignados en su historia y el tercero con un director que ha resistido dos sexenios en su cargo.
El peor desempeño, sin embargo, según la evaluación del gobierno del estado, lo tienen organismos cuya función está destinada a mejorar las condiciones de dos de los sectores más excluidos históricamente en el gobierno y en la sociedad sudcaliforniana: las mujeres y los discapacitados. La evaluación interna incluye el análisis de la gestión financiera, ingresos, gastos, control interno, calidad de los servicios y marco legal. Los resultados son muy significativos: el Instituto de la Mujer y el Instituto Sudcaliforniano de Atención a Personas con Discapacidad (ISAPD) tienen un nulo control interno y la calidad de sus servicios es reprobatoria. El Sistema de Evaluación de la Gestión Pública da una calificación promedio general de 47 puntos de cien al ISAPD y 39 al Instituto de la Mujer. Es decir, ninguno de los dos funciona: son dos comités que exhiben el grado de interés del gobernador —responsable de ellos— por las mujeres y los discapacitados.
El caso del ISAPD tiene una explicación que no exculpa a nadie, pero ilustra la manera cómo el gobierno del estado y el congreso local atienden al sector de los discapacitados. La ley que lo fundó en 2002 lo establece como:
un organismo descentralizado de la administración pública estatal, con personalidad jurídica y patrimonios propios, que aplicará y vigilará el cumplimiento de esta ley y coordinará a las instituciones públicas y a los organismos sociales que persigan los fines que de esta normatividad se derivan, en concordancia con los sistemas nacional y estatal de salud. (Art. 6)
Sin embargo, el resto del articulado define sus atribuciones de manera implícita como las de un área más del dif estatal (arts. 14-iv, 17, 20, 24 y 25), duplicando incluso las funciones que éste tiene asignadas para la atención a discapacitados (arts. 48-50, 87, 88 y 91). Un artículo característico de esta paradoja esquizofrénico-jurídica es el 50, que dice textualmente:
Artículo 50.- Corresponde al Ejecutivo del Estado en coordinación del Instituto y de las autoridades del Trabajo en el estado la creación de las agencias de empleo y los centros especiales de empleo y programas de autoempleo como los proyectos productivos, cuyo principal objetivo será asegurar un empleo remunerado a personas con discapacidad; al realizar un trabajo productivo, su promoción y apoyo técnico dependerá del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia. [Énfasis nuestro]
A pesar de la confusión sintáctica en la redacción del artículo puede entenderse, especialmente por su última oración, que el ISAPD es una entidad inerte, un mero espectador sin responsabilidades o iniciativa. Más explícito, el artículo 57, antes de hacer el listado de lo que el Ejecutivo impulsará, promoverá, propiciará y fomentará para el acceso equitativo de los discapacitados a la cultura, la recreación y el deporte, establece que lo hará “en conjunto con el Instituto por conducto del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)”.
Pero es la fracción cuarta del artículo 25 la que define perfectamente la minoría de edad y las discapacidades del ISAPD. Dice a la letra:
IV.- En todo momento e independientemente de los recursos, subsidios y aportaciones económicas del orden publico destinados para el cumplimiento y desarrollo de los planes y programas así como de los fines del propio instituto, éste podrá establecer convenios para la obtención de recursos económicos y de especie que realicen los miembros de Organismos No Gubernamentales y de la iniciativa privada que contribuyan al mismo fin, a través del Sistema Estatal para la Integración de la Familia.
Es decir, en todo caso, el presupuesto del ISAPD (poco más de 1.8 millones de pesos en 2008 y 2009) será controlado por el DIF estatal, su ley de creación mantiene atadas las acciones autónomas que pueda realizar el instituto y no permite la participación del sector de los discapacitados en este organismo: se trata de un órgano que repite los mismos prejuicios, a nivel oficial, que se tiene sobre los discapacitados, pero además los ata a un sistema asistencialista, clientelar y miserable. Es un instituto que no participa, que no puede participar, en el proceso de cambio que requiere la sociedad sudcaliforniana y su gobierno para dejar de excluir a un sector de la población que necesita mucho y que puede, a cambio, aportar de todo, un intercambio justo y ganancioso.
Comparado con ISAPD, el Instituto de la Mujer de Baja California Sur es un ejemplo de que los diputados locales no sólo deben aprobar leyes de creación coherentes. Este instituto cuenta con una auténtica autonomía técnica, gracias a una ley que sólo coloca al organismo bajo la orden directa del Ejecutivo estatal. El estado sudcaliforniano cubre sus sueldos y gasto corriente, pero además puede obtener recursos federales que quintuplican el presupuesto del ISAPD (controlado por el DIF). En 2008, por ejemplo, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, este organismo recibió 5.4 millones de pesos para su “Programa para la prevención, mitigación y erradicación de la violencia de género en el estado de Baja California Sur” (SEDESOL, PAIMEF). Los resultados de este programa, sin embargo, son inasequibles. Lo único que tenemos es la evaluación interna del gobierno del estado que le da la peor calificación de todos los organismos públicos sudcalifornianos (39%).
¿Qué obtienen los discapacitados y las mujeres sudcalifornianas de estas costosas e ineficientes entidades que el gobierno y el congreso crean? ¿Unos pocos puestos de trabajo? Para eso no es necesario crear tantos institutos. Incluso para resolver los problemas no se ocupan tantos. Sólo designar un responsable.
Cada seis años, se supone, la sociedad sudcaliforniana designa un solo gobernador para esto.
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