Un fantasma se corporiza

Un fantasma recorre Baja California Sur: el fantasma de la sociedad civil organizada.

Es un fantasma formado por múltiples voluntades de ciudadanas y ciudadanos unificadas por un solo deseo: defender el derecho de los sudcalifornianos a decidir qué tipo de desarrollo queremos para Sudcalifornia.

De Guerrero Negro a Cabo San Lucas, este fantasma de la participación ciudadana ha tomado cuerpo en torno a demandas concretas: libre acceso a las playas, disminución del tamaño de los desarrollos turísticos, mejor planeación urbana, fin a la corrupción en la función pública y prohibición a la minería tóxica.

El fantasma recorre pueblos y ciudades, colonias, barrios y ranchos marginales y marginados; la clase media, la clase trabajadora e incluso la clase alta de los empresarios y profesionistas.

Recorre los caminos nuevos de los medios electrónicos y alternativos que ha abierto una nueva generación de periodistas. Mientras que deja vacíos los medios tradicionales tan parecidos a panteones con su letra escrita o hablada como lápidas.

El fantasma es éste y se corporiza: es la opinión pública, son los ciudadanos organizados, es el valor civil de conocer y hacer valer los derechos.

Es un fantasma que poco a poco va teniendo un cuerpo formado por personas y comunidades que ya no esperan que todo lo resuelva el gobierno.

Es, en fin, un espíritu complejo: el que ordena a los gobernantes mandar obedeciendo y a los negociantes subordinarse en todo al interés colectivo.

Es un fantasma que asusta a algunos, pero para Sudcalifornia es un espíritu benéfico.

Es un fantasma tomando cuerpo.

Para el año 2011

Una búsqueda de armonía social y ambiental para Sudcalifornia

Entrevista a Susana Mahieux sobre la fundación y primeros años de la Sociedad de Historia Natural Niparajá, A.C.

Así como con los bienes, hay herencias que son inmateriales e incluso más valiosas que las materiales. El caso de la Sociedad de Historia Natural Niparajá, A.C., lo comprueba. Pero sólo quien conozca el vínculo íntimo de la primera presidenta de su Consejo Directivo con esta California y la conservación de su naturaleza podrá tener lo que los estadunidenses llaman la pintura completa, expresada en apenas una pequeña parte del cuadro entero.

Susana Mahieux, presidenta de Niparajá durante sus primeros 19 años, nació en Santa Rosalía, la ciudad minera al norte de Baja California Sur fundada en 1885 por la empresa francesa El Boleo. Su padre Pedro Mahieux fue el último director de la mina y ella nació apenas cuatro años antes de que estallara la segunda guerra mundial. La ocupación que Alemania hizo de Francia, los estragos de la liberación por los Aliados y las turbias noticias que llegaban cada vez más explícitas sobre los horrores que vivía Europa hicieron que su familia intentara traer a los suyos a vivir junto al Golfo de California.

El ingeniero francés siempre tuvo un gran amor por su nueva tierra, el monte, la vida silvestre, la vida en los ranchos. Fue contagioso. Cuando cerró el Boleo en 1954 se mudó a Sonora, llevando consigo parras de la misión de Loreto y San Ignacio. En Sonora estableció plantaciones de vid que muchos imitaron. En poco tiempo se empezó a producir en Hermosillo el brandy Pedro Domecq en una planta llamada Pedro Mahieux. Los dos Pedros se hicieron muy amigos y Pedro Domecq, el iniciador de la fundación conservacionista Pronatura, invitó al ingeniero a incorporarse en las acciones de la organización. En ese tiempo Pedro Mahieux también se involucró en la experimentación del cultivo de salicornia en Bahía de Kino. La salicornia se regaba con agua de mar y cuando le devolvieron sus tractores todos oxidados no le importó, el experimento había sido un éxito.

Hacia 1990 Pronatura seguía siendo una organización de base (grassroot, como dicen los anglosajones), y en el Noroeste de México estaba instalada sólo en Sonora. Como al resto de América Latina, en esos años había llegado a México la preocupación ambiental como un discurso apolítico que daría origen a muchas organizaciones de la sociedad civil en la década siguiente.

En los noventa, sin embargo, las organizaciones fueron muy pequeñas, constituidas esencialmente por sus consejeros. En la década siguiente, gracias a las cláusulas ambientales del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, grandes fundaciones estadunidenses financiaron los programas de las ONG conservacionistas mexicanas. En ocasiones lo hicieron a través de otras fundaciones mexicanas u otras ONG estadunidenses. Pronto, en muchos casos, estas últimas fueron reemplazadas por un trato directo con las fundaciones extranjeras o nacionales.

Podría decirse que Niparajá comenzó cuando estaba compuesta por tres consejeros, un coordinador y un contable (esto es, en 2001), pero se hizo presente desde la primera semana siguiente a su conformación oficial el 27 de noviembre de 1990.

Cabe decir que ésta es la virtud inicial de Niparajá. Su conformación primero fue de hecho y sólo tiempo después fue de derecho. La fundación se hizo en presencia de varias personas, entre ellas Enrique Hambleton, la propia Susana Mahieux, el ciudadano mexicano Thimoty Means; los académicos universitarios Fermín Reygadas, Juan Guzmán y Luis Herrera Gil. La primera acción de Niparajá fue reunir a personas interesadas en el medio ambiente. Vinieron de Santa Rosalía y Loreto, acudieron también científicos locales, representantes de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (sarh) y el jefe de zona de la Armada de México.

A Susana le tocó lidiar con la molestia (todavía muy de esta época) de ser preguntada por personas que se sorprendían al ver a una mujer en su puesto de presidenta de una organización civil.

En sus palabras confiesa que comenzaron teniendo una visión muy parcial del conjunto. Pero fue por atacar la problemática más inmediata que consiguieron hacerse la pintura completa. “Se hablaba ya de cambio climático global, pero nosotros comenzamos preocupados por la basura, los plásticos que caen al mar, los lobos marinos ahogados por enredarse en mallas o piolas.”

Puede servir como ejemplo de esta ingenuidad contar que uno de los temas tratados en la primera reunión eran las hieleras llenas de pescado —capturado por ellos mismos— que los turistas se llevaban . “El entonces representante del Centro de Investigación Pesquera, Luis Flesher, prácticamente nos regañó por nuestra falta de visión comprehensiva, explicándonos que el problema era la falta de vigilancia, la pesca furtiva, la depredadora pesca industrial y la contaminación en las costas, no unas hieleras.”

El trabajo comenzó con la educación ambiental, visitando a los quinto y sexto años de las escuelas de La Paz, contando sobre la naturaleza, las maravillas que había bajo la superficie del mar y en los cerros y valles enmontados, las maravillas que todavía hay y las que tal vez no estén en el futuro si no las cuidamos ahora. Fue un esfuerzo entusiasta de cerca de ocho participantes, dos días a la semana y pronto generó cansancio en la mayoría.

Como conclusión a esta etapa convocaron a un concurso para que los niños de quinto y sexto años escribieran un mensaje sobre la protección del medio ambiente. Recibieron 600 participaciones y el primer reconocimiento se le otorgó a una niña de San José de Magdalena. Cuenta Susana que estaban en la antesala de la televisora de Francisco King (Tim Means había comprado una bicicleta para que fuera el primer premio y Susana unas mochilas como premios secundarios). Luego de unas cuantas preguntas a la niña descubrieron que la autora intelectual del escrito había sido su madre, lo que bien mirado ofrece otra perspectiva de los buenos resultados obtenidos. La gran difusión que tuvo Niparajá gracias a este concurso tuvo como aderezo que el grupo Maná les precedió en el estudio de televisión cuando hicieron entrega del premio.

Uno de los primeros donativos que recibió Niparajá fue de la Secretaría de Turismo federal. Cinco mil dólares con los que establecieron un fondo para la elaboración de un libro. La manera como abordaron Susana y Enrique Hambleton al secretario de turismo federal es representativa. Le habían avisado a éste que Susana y Enrique lo buscarían durante su comida con el gobernador Víctor Liceaga. Cuando ellos llegaron a plantearle el asunto que les ocupaba en esos meses —la contaminación producida por la termoeléctrica de Punta Prieta en La Paz—, el secretario buscó algo en sus bolsillos. Seguramente tenía una respuesta que había preparado para el caso. Pero no la encontró y sólo atinó a decir que en Manzanillo las cosas estaban “mucho más difíciles”.

Un gran número de personas dieron su tiempo en esta primera década. Todo era trabajo voluntario y por ello era ligeramente disperso. En cierto momento se dieron cuenta que la educación ambiental, aunque muy necesaria, tenía resultados a largo plazo y comenzaron a concentrarse en resultados más mediatos aunque de problemas muy grandes.

El punto de quiebre fue la edición impresa del Diagnóstico ambiental de Baja California Sur, primero de su tipo en Sudcalifornia. Se trataba de un documento promovido en cada estado del país por la Fundación Mexicana para la Educación Ambiental. Luego de un mes de empezados los trabajos sobre el libro, esta organización pidió a Niparajá que aportara un peso por cada dos que ella pondría. Fue un momento difícil porque Fermín Reygadas, quien estaba a cargo del libro, había dado mucho de su tiempo y no tenían dinero propio para compensarlo. Así la posibilidad de hacer el Diagnóstico se tambaleó. De dos académicos que harían la coordinación del estudio, terminó siendo un esfuerzo —insuficiente, a decir de ella misma— de Susana como editora. La mayoría de los autores de los capítulos seguían el método novohispano de citar una gran cantidad de autores de otras obras; y se resistían a colocar sus dudas o a hacer explícita la falta de investigación sobre los temas ambientales. Pese a los defectos, el estudio demostró cuánto había por investigar en Baja California Sur para conocer el verdadero estado de la naturaleza marina y terrestre y los efectos negativos de las acciones humanas sobre ella.

El diagnóstico fue presentado ante la primera secretaria de Medio Ambiente de México, Dra. Julia Carabias. La suerte dispuso que el primer libro que se le envió —previo a la presentación— tuviera todas las hojas en blanco. Pero el libro fue muy bien recibido y dio a Niparajá un reconocimiento muy importante que le permitió tener la confianza de las fundaciones conservacionistas más grandes.

Hacia el año 2000, se recibió el primer donativo para crear reservas ecológicas. La donación involucraba que miembros del Consejo de Niparajá asistieran a conferencias y talleres en Estados Unidos sobre la compra de tierras estratégicas para disminuir el tamaño de los desarrollos turísticos residenciales que estaban (y siguen) proyectados para construirse en las costas. La especulación inmobiliaria con bienes raíces estaba (y sigue) afectando los litorales de muchos países, como España o Costa Rica, y casi todos los estados del Golfo de California. Esto era especialmente evidente en La Paz desde el año 2000, cuando se anunciaron los proyectos de Costa Baja, Paraíso del Mar y Balandro, entre otros, todos adyacentes a la ciudad capital, pero también fuera de la Bahía de La Paz, hacia el norte y hacia el sur.

El donativo y la capacitación permitieron la creación del primero de los programas de conservación de Niparajá enfocado en los procesos de la tierra, sociales y ambientales. Actualmente es un proyecto que ha establecido 4,667 hectáreas para conservación o aprovechamiento sustentable en el corredor San Cosme-El Mechudo, y ha participado de manera esencial en los procesos de ordenamiento ecológico del territorio y el apoyo a la organización de las comunidades de pescadores, pequeños propietarios, ejidatarios o rancheros en la zona.

(Cabe aquí explicar por qué algunas organizaciones conservacionistas compran tierras para convertirlas en reservas ecológicas. Las tierras que son propiedad de Niparajá no se pueden volver a vender. Por su naturaleza constitutiva como sociedad sin fines de lucro bajo las leyes mexicanas, en el caso de que la organización se extinga, estos bienes inmuebles sólo podrán ser transmitidos en donación a otra organización de la sociedad civil similar, quien tampoco podrá enajenarlos. Con esta disposición se asegura la continuidad del propósito que se le confirió al uso de la tierra desde el principio. Los gobiernos federal y estatal, y los ayuntamientos, también tienen esta facultad: la creación de áreas protegidas y la expropiación por causa de interés público.)

Para Susana, el problema principal en Baja California Sur es la falta de gobernanza: la falta de eficacia, calidad y buena orientación de las políticas públicas, para beneficio colectivo y para un óptimo desarrollo de la sociedad. Y señala que Niparajá ha sido una organización que siempre solicita y escucha a los científicos y especialistas antes de ofrecer sus observaciones críticas o proponer soluciones. Un ejemplo sintético es el tema del agua, el recurso más importante y el más escaso en esta entidad. Niparajá ha establecido una relación de varios años con universidades e institutos científicos del estado de Arizona, E.U., porque es una entidad que tiene condiciones de escasez de agua similares a Sudcalifornia y superaron el reto de eficientar la administración del recurso en sus organismos paraestatales. “¿Por qué resolvieron estos que son los mismos problemas que tenemos nosotros? Porque tienen sectores independientes y profesionales para ocuparse del agua”, señala.

(Aquí puede recordarse esta anécdota. Una vez Niparajá invitó a dos especialistas en recursos hídricos de la embajada de Francia en México que colaboraban con la Comisión Nacional del Agua. Funcionarios públicos y consejeros volaron con los invitados, para ver directamente las zonas de captación de agua en la Sierra de la Laguna. En la plática —dentro de la cabina— uno de los investigadores franceses preguntó al entonces director del organismo operador del sistema de agua potable local cuál era el porcentaje de fugas en la red de la ciudad de La Paz. Éste contestó: “diez por ciento”. Sorprendido, el investigador comentó que era una red más eficiente que la de cualquiera de los países más tecnificados de Europa.)

Niparajá también ha colaborado para fortalecer la presencia y los recursos científicos del Comité Técnico de Aguas Subterráneas de La Paz, un cuerpo ciudadano en el que participan académicos y usuarios que se reúne periódicamente con los especialistas de Arizona y otras partes del mundo. Es un modelo que se utiliza en distintas variantes en todos los programas de Niparajá: escuchar a los especialistas y a los ciudadanos interesados o involucrados; y ser un coadyuvante de la creación de gobernanza y desarrollo y armonía sociales como indispensables para la protección de los ecosistemas.

Para Susana ésta es precisamente la principal cualidad de Niparajá: ser una organización ciudadana con raíces locales, que establece sus propios programas y proyectos, y que cuenta con un excelente personal.

Con todo lo que ha pasado en estos 20 años en Baja California Sur, México y el mundo, Susana se anima a proyectar sus deseos sobre el trabajo que sigue para Niparajá: “¿Cómo me gustaría ver a Niparajá en el futuro? Como un generador y promotor de ideas y soluciones para los problemas ambientales de Baja California Sur; lo que los anglosajones llaman un think-tank, analizándolos con una visión más allá de lo inmediato o de un plazo de veinte años.”

“Los efectos del cambio climático, la progresiva escasez del agua dulce y el desmedido desarrollo turístico residencial en los litorales son asuntos graves para nuestra región que debemos analizar y comenzar a enfrentar. También podemos participar en el desarrollo social de Sudcalifornia con acciones puntuales, mostrando la eficiencia de ciertas actividades económicas alternativas, necesarias y sustentables, algunas de ellas versiones dinámicas de las actividades tradicionales. Y por supuesto seguir comunicando a la población local todo lo que hacemos y por qué lo hacemos.”

www.niparaja.org

Curso de interpretación de la novela de la revolución mexicana

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El joven tenista de Costa Baja

Es poco conocido que hace casi cuarenta años Enrique Hambleton acompañó al profesor universitario estadunidense Harry Crosby como fotógrafo, traductor y compañero en la exploración y registro de las pinturas rupestres de la sierra sudcaliforniana. Luego de la exploración de campo, mientras Crosby daba a conocer en el extranjero la existencia de estas obras monumentales y su valor para la humanidad, Hambleton se dedicó con vigor y capacidad a convencer a las autoridades mexicanas sobre la necesidad de protegerlas.

Es difícil no asociar su nombre con las primeras misiones del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para investigar las pinturas. Esto pasó en 1982 y sólo tres años después se instaló esa delegación del gobierno federal. Ocho años después, cuando la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) aceptó a la Sierra de San Francisco como Sitio de Patrimonio Mundial, su participación fue fundamental: fungió de anfitrión a los dictaminadores y los condujo al interior de la sierra, en compañía de algunos funcionarios del INAH y del gobierno del estado.

Esta labor como promotor de la conservación de las pinturas rupestres ha estado estrechamente vinculada a la valoración del modo de vida de los ranchos sudcalifornianos, de la protección de los ecosistemas peninsulares y el desarrollo de la cultura en Sudcalifornia. Para lo primero, fundó con el Dr. Miguel Mondragón la asociación Amigos de Sudcalifornia (AMISUD), para auxiliar a las comunidades serranas y facilitar el trabajo de investigación del gobierno mexicano e instituciones extranjeras en los años ochenta y noventa. Para lo segundo participó en la fundación de la Asociación de Historia Natural Niparajá, A.C., presidió la Fundación Pronatura Noroeste y auxilia como consejero al Museo de Historia Natural de San Diego. En lo tercero fundó y participa activamente en la Asociación de Amigos del Museo Regional de Antropología e Historia de Baja California Sur.

Leer su currículum en voz alta y en público es todo un reto. Porque además ha tenido un papel fundamental como divulgador de las pinturas rupestres y la vida de los rancheros, mediante libros o publicaciones que ha escrito o traducido, exposiciones de fotografía documental que ha tomado él mismo o ha patrocinado, e innumerables conferencias en diversas partes de México y el mundo.

Hace varios meses, en La Paz ofreció una charla pública donde destacó nuevamente la importancia de las pinturas rupestres no sólo como patrimonio de la humanidad, sino particularmente como patrimonio de los sudcalifornianos. La plática era un evento de recaudación de fondos para el Museo Regional de Antropología e Historia y coincidió en día y hora con la conferencia magistral de Paco Ignacio Taibo II en la UABCS, el día 24 de febrero de 2010. Proporcionalmente, cabe decir, la sala de historia natural del museo estuvo tan llena como la del poliforo universitario. Es la gran capacidad de convocatoria que tiene Hambleton y que refuerza cada ocasión que se presenta en público.

Muchos de quienes donaron poco más de diez mil pesos ese día lo hicieron por conocer las pinturas a través de Hambleton más que por apoyar al Museo Regional de Antropología e Historia. Por eso muchos extrañamos que se rehusara a dar una opinión personal sobre el significado de las pinturas.

Luego de cuarenta años de conocer y seguir de cerca las investigaciones sobre el tema, Hambleton es un verdadero especialista en pinturas rupestres sudcalifornianas, quizá el más auténtico, porque no es funcionario del INAH o académico universitario. Puede explicar de manera precisa por qué son importantes y contar de manera sencilla todo lo que se sabe de ellas. Esa ocasión se reservó una interpretación personal. De lo poco que dijo entonces puede tenerse como seguro que no desea contribuir a la banalización del arte rupestre y a lo que sería su consecuencia: la vandalización de las cuevas donde están las pinturas. También es posible que se estuviera guardando para la presentación de su primer libro sobre este tema, el 16 de noviembre de 2010 a las 18:30, en el Centro Cultural La Paz: Lienzos de piedra. Pintura rupestre en la península de Baja California.

Pero ahora cabe recordar sus palabras finales al libro de Crosby, Descubriendo los grandes murales de un pueblo desconocido (1997, sólo en inglés), donde explica: “El lector debe estar advertido de la responsabilidad que implica que este libro pueda ser usado como guía de campo. No sólo ofrece una oportunidad para tener la experiencia (directa) de las pinturas rupestres de Baja California, sino también su cultura y ambiente natural. Provee una llave de acceso a un mundo delicado donde uno debe pisar suavemente y con respeto.”

Él mismo señaló en su charla del 24 de febrero de 2010 que el poder de estas obras antiguas (las cuevas y las pinturas) estableció la dirección de su vida. ¿Qué sería de los sudcalifornianos sin estas cuevas pintadas? ¿De qué otra forma encontraríamos jóvenes tan valiosos como Enrique Hambleton?

La patria, siempre la patria

Para un 16 de septiembre

“El descanso material del país, en treinta años de paz, coadyuvó a la idea de una Patria pomposa, multimillonaria, honorable en el presente y epopéyica en el pasado. Han sido precisos los años de sufrimiento para concebir una Patria menos externa, más modesta y probablemente más preciosa.” Estas palabras las escribió Ramón López Velarde hace poco más de ochenta años, en un 1921 que parecía sellar el fin de la revolución mexicana luego de diez años de guerra civil y más de un millón de muertes. Un ciclo se cierra y López Velarde lo entiende. Como al triunfo de la república sobre la intervención francesa, es hora de refundar la patria, pero no sobre las cenizas de los mártires ni sobre el odio a los vencidos, tampoco sobre esa idea tan explícita en el párrafo trascrito arriba: la idea ficticia y artificial de una nación grande y poderosa, idea que aún es propagada por nuestro gobierno y cultivada (ya sin convencimiento) por el sistema educativo nacional.

La patria es impecable y diamantina, en efecto, pero por ello no puede ser la patria un ángel dorado ni un grito estentóreo ni una bandera que recuerda más a un verso de José Martí (“Mi verso es de un verde claro / Y de un carmín encendido. / Mi verso es un ciervo herido / que busca en el monte amparo”) que a esa trinidad de “pureza, unión, libertad” que nos han dicho simbolizan sus colores y que no son más que las tintas del manto de la Madre sobre el Tepeyac, la bandera que por mucho tiempo fue el único lazo ideológico común a los pueblos mexicanos.

La patria debe ser algo más, no únicamente símbolos o recuerdos. Estos parecieran mantenernos unidos como nación a hombres y mujeres dispares del norte, del sur y las costas; son los que nos recuerdan que hablamos español y hemos recibido el mismo legado conquistado (o regado) con sangre y lágrimas de la piel y los ojos. Pero ¿quién en Veracruz recordará a Manuel Pineda y a los muleginos que combatieron y vencieron al ejército norteamericano invasor? ¿Quién en Chihuahua recordará a uno de los victoriosos lanceros de Nicolás Romero? Sin embargo, por todo el país se recuerda a los adolescentes cadetes de Chapultepec; a Anaya con los brazos cruzados y el uniforme roto diciendo altanero: “Si hubiera parque no estarían ustedes aquí”.

Además de esto, a los mestizos los une la fundación de la ciudad de Tenoch, el águila y la serpiente sobre el nopal, los reúne la alegoría de la campana en la noche de cada quince de septiembre. A los criollos las cartas de relación de Hernán Cortés y el ángel de la independencia. ¿Y qué une a ambos, mestizos y criollos, con los indígenas para quienes los mitos del águila y la campana, del ángel y el arcabuz, son recuerdos de miseria y opresión? La religión, tal vez; la opresión, tal vez. Un gobierno de facto, tal vez eso es la nación.

Pero la patria —o la Patria, como escribía López Velarde— debe ser algo más, algo más íntimo. Es un tema en que sólo por corazonada nos aproximamos al acierto, porque los diccionarios no pueden mucho. Véase lo que dice María Moliner en el Diccionario de uso del español: “Con relación a los naturales de una nación, esta nación con todas las relaciones afectivas que implica.” Gratamente difusa (no se encontrará una mejor), esta definición señala algo notable: la patria no es la nación ni son sus habitantes, la patria es la relación subjetiva, emocional, de los habitantes con su nación. Así se puede comprender la deserción del batallón irlandés que venía con el ejército estadunidense, que peleó del lado mexicano y fue exterminado cruelmente antes de acabar la guerra de 1846-48; así no resultan cínicas las últimas palabras de Maximiliano antes de ser fusilado en el Cerro de las Campanas: “voy a morir por una causa justa, la de la independencia y libertad de México. ¡Que mi sangre selle las desgracias de mi nueva patria! ¡Viva México!”

La patria siempre ha sido una palabra recurrente en el discurso de nuestros gobernantes o de nuestros salvadores posibles y malogrados o falaces y triunfantes. Es el mejor recurso para llamar la atención de cualquiera porque cada uno tiene su idea de patria y la defenderá, aunque sea su patria el árbol que cuidó desde pequeño o el paisaje que ha visto toda su vida. A veces la patria es la tierra es la vida. La razón por la que pelearon y murieron cientos de miles de hombres y mujeres en la Revolución Mexicana de 1910 (y en todo movimiento popular anterior a 1934) fue la promesa de conseguir al final un pedazo de tierra; eso es México, o era; ahora es difícil decirlo cuando la mayoría de los mexicanos vivimos en las ciudades. Pero sólo hay que recordar algo tan legendario como la defensa de la populosa Sodoma que hizo Abraham, sin otro deseo más que el de salvarla porque la amaba a pesar de que fuera la más pecadora de las ciudades de la Biblia; sólo hay que recordar esta leyenda o la real defensa, desesperada batalla, que dieron los capitalinos en septiembre de 1847 para entender que la patria se encuentra ahí donde se encuentra el patriota.

“La patria, siempre la patria”, parece un ardid publicitario, pero hubo hombres que pronunciaron la frase con humildad y convencimiento. Ha sido luego de tanto abuso que la palabra suena a democracia o a ley: muy adornada y sin virtud: poco practicada. ¿No será mejor abandonar por un tiempo la palabra y hacer que el tronco retoñe?

Érase una vez Sodoma defendida por la gracia de sus tres únicos justos. Cuando alguien diga que la patria está en peligro, mostremos que está muy equivocado.

Quien se encuentra bajo amenaza es la nación.

La ley de los desarrolladores turísticos

Los organismos empresariales sudcalifornianos están preocupados por la iniciativa de la Ley de Turismo de Baja California Sur que se encuentra bajo análisis para su aprobación en la XII Legislatura; pero el resto de la sociedad sudcaliforniana también debería estar alerta. Esta iniciativa de ley va acompañada de diversas disposiciones que vuelven legal el dominio de los desarrollos turísticos sobre la economía, el medio ambiente y la planeación urbana de los pueblos y ciudades de Sudcalifornia. En cierta forma debería llamarse “Ley de los Desarrolladores Turísticos”, pues les concede facultades que están destinadas únicamente a los cuerpos edilicios de los Ayuntamientos, elimina la horizontalidad y autonomía relativa que poseen las cámaras y consejos empresariales, e ignora a las organizaciones de la sociedad civil, incluidos los colegios de profesionistas.

Este aumento en la verticalidad de la toma de decisiones pasa por concederle al gobierno del estado la dirección absoluta o mayoritaria de los órganos de decisión sobre la actividad turística y el desarrollo urbano, y por la conversión de la Secretaría de Turismo del estado en una supersecretaría, con atribuciones para determinar qué partes del territorio se convierten en “Zonas de Desarrollo Turístico”, y por lo tanto son expropiables (es decir, se les puede rescindir la propiedad privada de la tierra) por causa de utilidad pública (artículos 71 a 73 de la iniciativa), así como para promover la elaboración y modificación de los programas de desarrollo urbano “de los centros poblacionales ubicados en zonas de desarrollo turístico”, una facultad hasta ahora exclusiva de los cabildos.

Esta iniciativa fue creada por encargo de la Secretaría de Turismo del Gobierno de Narciso Agúndez, siendo secretario el precandidato a la alcaldía de Los Cabos, Alberto Treviño Aguilar (ATA), el mismo que apareció en su inicio de campaña acompañado de grandes desarrolladores de Los Cabos y La Paz. Aquí cabe decir que durante este sexenio (y quizá desde siempre en el gobierno de B.C.S.) la redacción de las iniciativas de ley se encarga a empresas consultoras, es decir, a un grupo de personas que no pertenecen a la función pública, pero a las cuales se les paga con dinero público. Es un trabajo que debería hacer el cuerpo de asesores del gobierno del estado o el área jurídica de cada secretaría; pero casi nunca sucede así. El estudio previo y la redacción de esta iniciativa costó seis millones de pesos.

Por sus declaraciones en los medios queda claro que la iniciativa del gobierno del estado desagrada a los líderes empresariales sudcalifornianos especialmente por la creación de un Fideicomiso Inmobiliario para el Desarrollo Turístico (FIDT), una suerte de Fonatur estatal (arts. 68 a 70) y el establecimiento como materia de utilidad pública de “zonas de desarrollo turístico” (art. 71). De esta manera, si un concesionario de grandes extensiones de tierra no quiere “desarrollar” su tierra a pesar de que el gobierno del estado ha decretado que ese “desarrollo” daría empleos y beneficios económicos a los sudcalifornianos, el gobierno del estado podría decretar el retiro de la concesión de la tierra para entregársela al FIDT, quien lo “desarrollaría” o, como se hace en estos tiempos, lo pasaría a un grupo empresarial con gran visión que conciba y concluya el proyecto de “desarrollo turístico”.

A lo largo de la iniciativa puede apreciarse la identificación que hace la iniciativa del gobierno del estado entre “turismo” y “desarrollo turístico”, y la confusión entre “desarrollo turístico” y “fraccionamiento residencial y recreativo costero para extranjeros”. Es tan evidente el sentido de esta identificación y confusión que el glosario de la iniciativa estatal de la Ley de Turismo no define qué debe entenderse por “desarrollo turístico”, a pesar de dedicarle dos capítulos íntegros, el IV y el V, y hacer de ellos el eje de su propuesta.

Donde debe buscarse la definición es en la reforma a la Ley de Desarrollo Urbano del estado (LDU) que acompaña a esta iniciativa para crear la Ley de Turismo. En la adición al artículo 2 se define:

“xxxiv. Desarrollos turísticos: El terreno o terrenos, obras o construcciones ubicadas en un sitio geográfico con dotación de bienes y servicios adecuados para la realización de actividades turísticas que permitan ofrecer fines de recreación, salud y descanso a los visitantes, logrando con ello beneficios económicos para la región al consumir bienes y servicios, preservando los recursos naturales y culturales.”

Ni una palabra a la extensión territorial, que tiene todo que ver cuando vemos a diario en El Mogote unos edificios que los turistas, los locales y los publicistas tratan de evitar en sus fotos del horizonte, cuando vemos la destrucción de los cerros y la vegetación original en el desarrollo turístico de Costa Baja o cuando recordamos la impune apertura de la marina de Puerto Los Cabos siendo que aún se hacían los estudios para demostrar que el acuífero de San José del Cabo no sería afectado por la intrusión de agua salina. Y no sólo se trata de definir el impacto del tamaño de estos “desarrollos turísticos” sino también el impacto acumulado del conjunto de ellos. Por ejemplo, en el sur de España el mar cercano está muerto porque se cubrió de “desarrollos turísticos” toda la costa, impidiendo la continuidad de los ciclos naturales entre el mar y la tierra (ahí le llaman “el tsunami urbanizador”, que es más preciso que tsunami turístico o desarrollista, porque los llamados “desarrollos turísticos” son en los hechos proyectos de urbanización para extranjeros, incluso en el caso español, donde el mercado inmobiliario es para alemanes).

Hay puntos donde pareciera que la reforma y adiciones a la Ley de Desarrollo Urbano tiene el buen propósito de quitar a los regidores la facultad de decidir arbitrariamente asuntos que afectan a la comunidad, como “En el caso de fraccionamientos, condominios horizontales, desarrollos turísticos y urbanos en general que impacten a nivel regional o subregional la estructura urbana, la vialidad, el medio ambiente o que se ubiquen fuera de los límites de los centros de población, o que afecten los accesos a las playas”. En estos casos, dice la reforma “los ayuntamientos expedirán la autorización correspondiente en el seno de la Comisión Estatal de Desarrollo Urbano a que se refiere esta Ley.” (Art. 13,X,ii)

Pero enseguida establece que esta comisión (“órgano colegiado”, le llama) estará formada por el gobernador, los titulares de cinco secretarías de su gobierno y “los titulares” del “Municipio o Municipios correspondientes, cuando se trate de asuntos de su demarcación territorial.” (Art. 15-bis). Puede verse que siempre en este órgano colegiado de decisiones tan delicadas para la vida social y económica de Baja California Sur el gobierno del estado tendrá mayoría absoluta, pues la mitad de sus miembros están bajo su mando directo y él posee un “voto de calidad”. ¿Y los habitantes, los sectores productivos afectados, las organizaciones de la sociedad civil? Debe recordarse que si bien el gobierno del estado gobierna a todos los sudcalifornianos, no es una entidad representativa. Hasta ahora, de todos los empleados del enorme aparato del gobierno del estado, los sudcalifornianos sólo eligen a uno: el gobernador. Además, con gran frecuencia el número de ciudadanos que lo eligieron no supera una cuarta parte de los ciudadanos votantes registrados.

En lugar de quitarle al ciudadano gobernador sudcaliforniano la pesada carga de decidir de manera absoluta sobre la pertinencia de tal o cual “desarrollo turístico”, la iniciativa de reforma a la LDU le coloca un fardo más. Además de las “acciones, normas y políticas para regular la fundación, mejoramiento, crecimiento, distribución y conservación de los asentamientos humanos en la entidad” (art. 18 de la ley vigente), le obliga a concluir su programa estatal de desarrollo urbano estableciendo la “vinculación del desarrollo urbano y el ordenamiento territorial con el ordenamiento turístico del territorio en los términos de la Ley de Turismo” (art. 18, prr. xii de la iniciativa de reforma).

Más adelante, el texto le da una referencia para ayudarle a decidir: “Artículo 46 bis.- Las áreas que se destinen para fines turísticos o aquellas en que se establezca el uso de suelo turístico de conformidad con los planes de desarrollo urbano y los programas locales de ordenamiento turístico del territorio aplicables, deberán ubicarse en zonas que por sus características naturales, históricas y culturales se conviertan en un atractivo turístico, y que cuenten con la dotación de servicios, equipamiento e infraestructura adecuada, respetando el patrimonio cultural, la imagen urbana y las áreas naturales protegidas.”

Véase cómo con leer la primera mitad de este artículo “bis” podría justificarse que los lugares naturalmente bellos, y los sitios históricos o con tradiciones culturales interesantes se conviertan en “zonas de desarrollo turístico”. El sólo hecho de abrir un “bis” para el artículo 46, en lugar de agregar un párrafo más al artículo 46 de la LDU, ilustra un interés en determinar que la vida social de los sudcalifornianos gire en torno de los “desarrollos turísticos”.

Deje de leerse el “bis” donde aparece una coma y comienza la oración coordinada “y que cuenten con la dotación de servicios equipamiento e infraestructura adecuada”. Luego léase igual pero agregando esta oración y omitiendo a su vez la buena intención final: “respetando el patrimonio cultural, la imagen urbana y las áreas naturales protegidas.” Apréciese el verbo reflexivo clave: “se conviertan”. En este contexto podría significar ‘que ya lo sean’ tanto como ‘aquél que se determine así en el seno de la Comisión Estatal de Desarrollo Turístico o en el ídem de la Comisión Estatal de Desarrollo Urbano que estarán dominados cinco a uno por el gobernador del estado y sus ministros’.

El papel de los Ayuntamientos sudcalifornianos es prácticamente inexistente tanto en la iniciativa de ley de Turismo como en la de reforma de la LDU. Sólo se les menciona tres veces, una para hacerles crear los Consejos Consultivos Municipales de Turismo, otra para que expidan la autorización a los “desarrollos turísticos” “en el seno de la Comisión Estatal de Desarrollo Urbano” (art. 24). La tercera mención es para obligarlos a que emitan en el mismo seno de esta Comisión “los actos administrativos” que les corresponden en cuanto al “otorgamiento de las autorizaciones, licencias y dictámenes técnicos que se requieran para la autorización de fraccionamientos, condominios horizontales, desarrollos turísticos y urbanos que impacten a nivel regional o subregional la estructura urbana y vial, y el medio ambiente o que se ubiquen fuera de los límites de los centros de población, o que afecten los accesos a las playas.” (Artículo 24,i)

Incluso no existe representación alguna de los Ayuntamientos en la Comisión Estatal de Turismo (art. 25 de la ley de Turismo). Pero la iniciativa de reforma a la LDU sí le otorga un asiento al Secretario de Turismo en la Comisión Estatal de Desarrollo Urbano (artículo 15-bis de la reforma a la LDU).

El artículo 50 y 68 de la iniciativa están concebidos para que las acciones de los Ayuntamientos en los “desarrollos turísticos” se subordinen a “reglamentos respectivos” que se “tomarán en cuenta de manera enunciativa y no limitativa” (art. 68). El 72 vuelve a hacer explícita la subordinación de las decisiones de los Ayuntamientos a lo que se acuerde en “el seno de la Comisión Estatal de Desarrollo Urbano”.

Parte medular es la eliminación de la participación de los Ayuntamientos en el desarrollo urbano (y humano) de los “desarrollos turísticos”, convirtiendo a estos de facto en divisiones territoriales equivalentes a los Ayuntamientos mismos, pero controlados por empresas privadas. La Ley de Desarrollo Urbano vigente establece en su artículo 74 esta participación para garantizar los servicios públicos, el acceso y la armonía social a todos los habitantes del territorio sudcaliforniano, incluidos los que residen en fraccionamientos residenciales, turísticos o no.

Esta previsión fue una visión estratégica para mantener dentro de la esfera pública incluso a los “desarrollos turísticos”, evitando así que se vuelvan “All Exclusive”, totalmente excluyentes de los sudcalifornianos locales o visitantes foráneos. Pero también es una previsión que permite al Ayuntamiento participar y aprovechar al “desarrollo turístico”. Con el diez por ciento de los predios de un “desarrollo turístico” que tenga éxito en “desarrollarse” cualquier Ayuntamiento, con un cabildo compuesto por regidores honestos o al menos medianamente listos, podría llegar a recibir al menos una décima parte de las utilidades del “desarrollo” completo en el mediano y largo plazo. Muchas cosas pueden construirse en el diez por ciento de las hectáreas de uno de estos “desarrollos” que servirían para el verdadero desarrollo social, cultural y económico de los habitantes de un municipio.

Pero la previsión estratégica fue diluida con una adición que se encuentra aprobada en la LDU vigente al final del artículo 74. Son dos párrafos sin numerar que permiten al propietario pagar en efectivo el valor comercial del área de obligada donación. Cabe mencionar que los propietarios hasta ahora siempre han pagado el valor comercial valuado sin que se considere el plan maestro del “desarrollo turístico” o habitacional que está supuestamente haciendo la donación. Con esto, el Ayuntamiento recibe en realidad una centésima parte del valor real. Como prueba documental de la extrema subjetividad de estas valuaciones y de cómo actúan los regidores de los Ayuntamientos tenemos dos casos. El primero es el Avalúo No. AP-09-03001 para el predio “El Saltito”, en el Municipio de La Paz, donde está en construcción el “desarrollo turístico” de capital español Azul de Cortés, de gran exclusividad y lujo, en 704.92 hectáreas.

En este caso el perito valuador Ciro Rivera Taylor, avalado por el Instituto Mexicano de Valuación de Baja California Sur, A.C., estableció un avalúo promedio de 330,182 pesos por metro cuadrado en la zona (página 6), pero en la página siguiente traslada este valor a la hectárea (1 hectárea es igual a 10 mil metros cuadrados), con lo que establece un valor total comercial de las tierras de Azul del Cortés en poco más de 189 millones de pesos. (esto es, 27 pesos el metro cuadrado). Así, el Ayuntamiento de La Paz debería recibir 18.9 millones de pesos. Sin embargo, si el Ayuntamiento de La Paz colocara en el mercado internacional las 70.49 hectáreas que le corresponden por donación de este “desarrollo turístico” recibiría al menos diez veces más. Y si las guardara para el futuro el precio se triplicaría cada año si el “desarrollo turístico” llega a tener éxito.

Pero los regidores que ha habido en La Paz y en los otros municipios del estado nunca usan de este criterio para hacer ganar recursos al Ayuntamiento. El XII Ayuntamiento de La Paz, presidido por Víctor Castro Cosío, incluso llegó a intercambiar 27 hectáreas de Paraíso del Mar (en El Mogote) por cien hectáreas del ejido Chametla que valían varias veces menos. Esta “permuta”, como fue llamada, no estaba incluida en las disposiciones de la LDU, por lo que fue ilegal.

La iniciativa de reforma a la LDU elimina todas estas disposiciones relativas a los Ayuntamientos para otorgárselas al Consejo Estatal de Desarrollo Urbano. Incluso les quita el usufructo del “pago de donaciones”:

“Artículo 94 bis.- Los recursos económicos provenientes del pago de donaciones, así como obras de mitigación, infraestructura, urbanización y equipamiento urbano a que se refiere el artículo 74 Bis de esta Ley, se destinarán al fideicomiso que para el desarrollo de infraestructura turística constituya el Gobierno Estatal, cuya finalidad será la realización de obras de infraestructura necesarias para el desarrollo y turístico (sic) de la Entidad.”

En conclusión puede decirse que la iniciativa de Ley de Turismo y reforma y adiciones de la Ley de Desarrollo Urbano sólo conviene a los intereses de las empresas llamadas “desarrolladoras turísticas” y afecta gravemente las finanzas y la autonomía municipal.

Se prometió que los desarrollos turísticos como Costa Baja, Paraíso del Mar, Loreto Bay, Ensenada Blanca, Cabo Riviera y Puerto Los Cabos detonarían la prosperidad económica de los Municipios y lo que tenemos son cinco ayuntamientos y un gobierno del estado en crisis y endeudados. Si en la época de vacas gordas fue tan poco lo que los Ayuntamientos recibieron de concesiones tan grandes que dieron a los “desarrollos”, ¿cómo esperar que en época de vacas flacas los “desarrollos turísticos” vayan a funcionar como ejes de la economía y el desarrollo humano de los sudcalifornianos?

Al mismo tiempo que el gobierno del estado (o, mejor, la secretaría de Turismo) envió esta iniciativa, también entró para su dictamen en el Congreso local la iniciativa para sustituir la Ley Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente por una “Ley de Desarrollo Sustentable y Protección al Ambiente”. Baste decir que con esta última no podrá hacerse otra área natural protegida municipal como Balandra, y que un área natural protegida estatal como El Estero de San José podrá ser convertida en área urbanizable debido a los frecuentes incendios que sufre (artículo 154).

Puede repetirse que, en efecto, todas estas disposiciones legales en proceso de aprobarse tienen un propósito fundamental: beneficiar a los “desarrollos turísticos” mediante la afectación de la propiedad social y los derechos de los sudcalifornianos.

He aquí por qué hay que vigilar de cerca de los diputados locales, los de ahora y los de siempre.

(Sobre la amarga experiencia española de los "desarrollos turísticos" véase el blog Urbanismo Patas Arriba, y especialmente el libro El tsunami urbanizador español y mundial de Ramón Fernández Durán, 2006. Sobre la relación ambientalismo y desarrollo turístico en Sudcalifornia véase Alternativa 71, febrero de 2009.)