Parejas del mismo sexo en B.C.S.: un reconocimiento jurídico necesario

El emplazamiento a huelga del Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (SPAUABCS) de marzo de 2009 colocó en los periódicos un tema importante para la sociedad sudcaliforniana, hasta ese momento no abordado por la opinión pública: la unión legal de parejas del mismo sexo (El Sudcaliforniano, 12-iii-09).

La hoja de exigencias laborales que el SPAUABCS discutió en su asamblea en ese mes contenía la demanda de otorgar las prestaciones laborales que se otorgan a los cónyuges de los académicos a sus “parejas del mismo sexo”. La petición fue hecha por un solo profesor de la UABCS, integrada por el SPAUABCS en su orden del día y retirada del pliego petitorio luego de discutirse bajo un argumento cierto: en Baja California Sur no se otorgan derechos civiles a las parejas homosexuales.

Durante la asamblea que discutió el punto (y que resolvería también si el SPAUABCS estallaba la huelga), el tema fue abordado de manera abundante. Pocos profesores se mostraron en contra; alguno hizo alusión a una objeción de conciencia basada en su religión católica. Esto fue muy importante, porque forzó a los académicos de la UABCS a rechazar criterios morales en su decisión de exigir a la Universidad que diera las mismas prestaciones a las parejas del mismo sexo que a las parejas heterosexuales. La discusión no fue pública, pero tenemos el hecho de que sí comunicaron a la sociedad sudcaliforniana su aprobación a este derecho, pese a no incluirlo en el pliego petitorio, dada la inexistencia del reconocimiento jurídico en las leyes locales hacia las parejas del mismo sexo (El Sudcaliforniano, 13-iii.09).

El asunto pasó a la opinión pública de inmediato gracias a los medios impresos, que trataron el asunto con gran delicadeza, sin ironía y aprovechando el término exacto del pliego petitorio sindical: “parejas del mismo sexo”. El hecho es notable y trascendente porque los profesores de la UABCS, así como la propia universidad, han estado sometidos desde hace años a una presión constante desde el exterior por su aparente falta de contribución a la sociedad sudcaliforniana y el supuesto alto costo económico que representan sus prestaciones (aunque el estado de B.C.S. sólo aporta el 15 por ciento del presupuesto universitario). Era de esperar que la petición de aumentar la base de derechohabientes de esta institución hacia las parejas homosexuales fuera tratada con homofobia o con ironía. Al menos públicamente esto no se dio.

Lo sucedido marcó claramente la posición de todos los actores sociales de Baja California Sur. El líder estatal del Partido Acción Nacional (PAN), un partido identificado con el conservadurismo y la jerarquía católica, fue el único político en mencionar públicamente el tema. Se opuso con el mismo argumento utilizado por la rectoría de la UABCS para negar este punto al sindicato académico: las leyes de Baja California Sur no consideran el otorgamiento de derechos conyugales a parejas del mismo sexo. Es decir, mostró solamente que no había precedentes legales. Pero el sindicato académico y la rectoría de la UABCS fueron más proactivos: se pronunciaron abiertamente para exigir que este derecho se legisle en el código civil de la entidad (El Sudcaliforniano, 23-iii-09).

Quienes hicieron un vacío declarativo, exponiendo así su posición formal ante este tema, fueron el gobierno del estado y sus múltiples organismos públicos descentralizados que dan atención a sectores vulnerables. Tampoco ninguna fracción partidista del congreso o el tribunal superior de justicia estatales hicieron comentario alguno en este sentido (no pudo escucharse siquiera un eco), aunque se rigen actualmente bajo una ley contra la discriminación que ellos mismos establecieron.

Parece que el tema de la homosexualidad es todavía es un tema muy incómodo para la clase gobernante sudcaliforniana. Pero mientras no se analicen a profundidad las implicaciones de los derechos de las parejas homosexuales para la igualdad jurídica de todos los individuos en la sociedad sudcaliforniana habrá un campo extenso para la discriminación y la injusticia en Baja California Sur. De esto son responsables los tres poderes del estado sudcaliforniano.

Otorgar seguridad jurídica a las parejas homosexuales está muy lejos de destruir la función social convencional de la familia. Por el contrario, contribuye a generar una importante estabilidad social al promover que las personas homosexuales puedan sentirse plenamente identificadas, tomadas en cuenta y protegidas por la sociedad local. Para esto es necesario evitar los estereotipos sobre la homosexualidad y poner atención al hecho de que existen miles de parejas del mismo sexo con muchos años de compartir su vida, que contribuyen económica, cultural y políticamente con la sociedad y que se encuentran marginadas por el Estado precisamente en el momento de necesitar más de las pocas ventajas que aporta su estructura jurídica.