Parejas del mismo sexo en B.C.S.: un reconocimiento jurídico necesario

El emplazamiento a huelga del Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (SPAUABCS) de marzo de 2009 colocó en los periódicos un tema importante para la sociedad sudcaliforniana, hasta ese momento no abordado por la opinión pública: la unión legal de parejas del mismo sexo (El Sudcaliforniano, 12-iii-09).

La hoja de exigencias laborales que el SPAUABCS discutió en su asamblea en ese mes contenía la demanda de otorgar las prestaciones laborales que se otorgan a los cónyuges de los académicos a sus “parejas del mismo sexo”. La petición fue hecha por un solo profesor de la UABCS, integrada por el SPAUABCS en su orden del día y retirada del pliego petitorio luego de discutirse bajo un argumento cierto: en Baja California Sur no se otorgan derechos civiles a las parejas homosexuales.

Durante la asamblea que discutió el punto (y que resolvería también si el SPAUABCS estallaba la huelga), el tema fue abordado de manera abundante. Pocos profesores se mostraron en contra; alguno hizo alusión a una objeción de conciencia basada en su religión católica. Esto fue muy importante, porque forzó a los académicos de la UABCS a rechazar criterios morales en su decisión de exigir a la Universidad que diera las mismas prestaciones a las parejas del mismo sexo que a las parejas heterosexuales. La discusión no fue pública, pero tenemos el hecho de que sí comunicaron a la sociedad sudcaliforniana su aprobación a este derecho, pese a no incluirlo en el pliego petitorio, dada la inexistencia del reconocimiento jurídico en las leyes locales hacia las parejas del mismo sexo (El Sudcaliforniano, 13-iii.09).

El asunto pasó a la opinión pública de inmediato gracias a los medios impresos, que trataron el asunto con gran delicadeza, sin ironía y aprovechando el término exacto del pliego petitorio sindical: “parejas del mismo sexo”. El hecho es notable y trascendente porque los profesores de la UABCS, así como la propia universidad, han estado sometidos desde hace años a una presión constante desde el exterior por su aparente falta de contribución a la sociedad sudcaliforniana y el supuesto alto costo económico que representan sus prestaciones (aunque el estado de B.C.S. sólo aporta el 15 por ciento del presupuesto universitario). Era de esperar que la petición de aumentar la base de derechohabientes de esta institución hacia las parejas homosexuales fuera tratada con homofobia o con ironía. Al menos públicamente esto no se dio.

Lo sucedido marcó claramente la posición de todos los actores sociales de Baja California Sur. El líder estatal del Partido Acción Nacional (PAN), un partido identificado con el conservadurismo y la jerarquía católica, fue el único político en mencionar públicamente el tema. Se opuso con el mismo argumento utilizado por la rectoría de la UABCS para negar este punto al sindicato académico: las leyes de Baja California Sur no consideran el otorgamiento de derechos conyugales a parejas del mismo sexo. Es decir, mostró solamente que no había precedentes legales. Pero el sindicato académico y la rectoría de la UABCS fueron más proactivos: se pronunciaron abiertamente para exigir que este derecho se legisle en el código civil de la entidad (El Sudcaliforniano, 23-iii-09).

Quienes hicieron un vacío declarativo, exponiendo así su posición formal ante este tema, fueron el gobierno del estado y sus múltiples organismos públicos descentralizados que dan atención a sectores vulnerables. Tampoco ninguna fracción partidista del congreso o el tribunal superior de justicia estatales hicieron comentario alguno en este sentido (no pudo escucharse siquiera un eco), aunque se rigen actualmente bajo una ley contra la discriminación que ellos mismos establecieron.

Parece que el tema de la homosexualidad es todavía es un tema muy incómodo para la clase gobernante sudcaliforniana. Pero mientras no se analicen a profundidad las implicaciones de los derechos de las parejas homosexuales para la igualdad jurídica de todos los individuos en la sociedad sudcaliforniana habrá un campo extenso para la discriminación y la injusticia en Baja California Sur. De esto son responsables los tres poderes del estado sudcaliforniano.

Otorgar seguridad jurídica a las parejas homosexuales está muy lejos de destruir la función social convencional de la familia. Por el contrario, contribuye a generar una importante estabilidad social al promover que las personas homosexuales puedan sentirse plenamente identificadas, tomadas en cuenta y protegidas por la sociedad local. Para esto es necesario evitar los estereotipos sobre la homosexualidad y poner atención al hecho de que existen miles de parejas del mismo sexo con muchos años de compartir su vida, que contribuyen económica, cultural y políticamente con la sociedad y que se encuentran marginadas por el Estado precisamente en el momento de necesitar más de las pocas ventajas que aporta su estructura jurídica.

Lea Alternativa 72

Alternativa de B.C.S. es una revista crítica y literaria fundada en La Paz el año de 1982. De entonces a 1997 editó 31 números. En una nueva época, a partir de 1999, ha editado 72. Los temas son diversos, centrados en lo que se piensa, se siente y se vive en Baja California Sur. Un índice general de la revista hasta 2006 puede verse aquí.

Desde abril de 2007 abandonamos la periodicidad (más o menos) regular y comenzamos esta aparición repentina, tratando de manera temática asuntos de interés local.

En abril de 2007, el número 70 estuvo dedicado a la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS). Es posible leer todos los textos publicados entonces en esta página blog: http://alternativabcs.blogspot.com/

En febrero de 2009, el número 71 compendió la relación entre ambientalismo y desarrollo turístico. Fue publicado exclusivamente en versión electrónica, con botones para moverse entre el índice y las páginas. Puede leerse desde aquí. Los botones sólo funcionan si se descarga el archivo PDF. Es posible hacerlo libremente desde esta página.

El número 72 aparece este mes tratando el tema de la discriminación en Baja California Sur. Puede leerse desde aquí. Los botones sólo funcionan si se descarga el archivo PDF. Es posible hacerlo libremente desde esta página.

Alternativa de B.C.S. es un esfuerzo independiente, ciudadano y sin fines de lucro. Pueden recibirse apoyos a través de ONG locales de B.C.S. para su impresión; puede imprimirse y repartirse entre quien no tiene computadora con este consentimiento expreso del editor (respetando la integridad creativa de los autores de los textos e ilustraciones). Será muy apreciada la difusión por este medio y, especialmente, la lectura crítica y futuras aportaciones que se nos envíen.

El número 73 está en proceso de edición y aún recibe colaboraciones (dirigirlas por favor a este correo). El tema es el arte y la cultura en Baja California Sur.

Cordialmente,

Sandino Gámez Vázquez
Director de Alternativa de B.C.S.

Alternativa 72

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Alternativa 71, revista sudcaliforniana

Alternativa es una revista crítica y literaria que siempre ha tenido la pretención de ser mensual. Sin embargo, en 26 años de existencia ha publicado sólo 101 números porque sus editores han hecho lo posible, más que para mantener su periodicidad, para sostenerla como medio de expresión independiente. Durante la primera época de la revista, entre los años 1982 y 1997, se publicaron 31 números. En esta segunda época, menos intermitente, desde 1999 se han publicado 70.

Alternativa publica ensayos, artículos, textos literarios y material gráfico de personas que viven o están interesadas en Baja California Sur. También incorpora textos que los editores consideran útiles para la sociedad local. El objetivo continuo ha sido ser un foro de expresión de los intereses, las preocupaciones y las soluciones de los sudcalifornianos, y con tal propósito Alternativa ha editado un número especial sobre Ambientalismo y desarrollo turístico, con análisis sobre el papel de las ONG y el modelo de construcción de fraccionamientos para extranjeros en las costas sudcalifornianas.

Este número 71 fue editado con el apoyo del Fondo Acción Solidaria, A.C. Dado el costo de la impresión, aún es incierto si Alternativa 71 será impresa (a color o blanco y negro), si se distribuirá electrónicamente como un PDF, como una página de internet o se aprovecharán las tres vías juntas. Pero su distribución comenzará el 15 de enero de 2009.

El presente mensaje es una invitación a conocer el índice del número y a considerar una manera de apoyar este proyecto independiente mediante la colocación de publicidad, la donación en especie (de la impresión, por ejemplo) o la difusión entre sus contactos.

Más información puede ser obtenida dirigiéndose a sandinogamez@gmail.com

Balandra: un símbolo de lo que queremos

Durante mucho tiempo no pensamos que las playas al norte de La Paz tuvieran dueño. De niños no existía la idea de propiedad de las playas y cerros más que en lo que concernía a su uso temporario: el pescador dentro de su panga y el ranchero siguiendo su ganado. Nuestros padres contribuían a tal idea llevándonos los fines de semana a playas que sólo tenían campistas como nosotros o a cerros donde la única presencia humana visible eran algunos vidrios junto al sendero de las cabras.

Hacia 1998 nos enteramos que el Ayuntamiento de La Paz vendió el Cerro de la Calavera (una pequeña sierra al norte del malecón) y que el gobierno del estado de B.C.S. en 2001 vendió también la mitad de la península de arena frente al puerto que llamamos El Mogote, un enorme lugar de La Paz donde ahora se nos niega la entrada.

Esto ya había pasado antes, a finales de los ochenta en la playa Costa Baja: con una cerca de piedra rosa se le cerró el paso a los paceños que la visitaban. Un funcionario federal de la entonces llamada Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (hoy Semarnat) abrió una entrada a golpes de marro (muchas fotos) y los paceños pudimos entrar otra vez a disfrutar de sus piedras con corales, peces de colores y moluscos fáciles de ver en el agua que la mojaba. Hasta que en 2003 comenzaron las obras de dragado y construcción del emporio inmobiliario Costa Baja (recogimos pedazos de corales en las playas adyacentes).

En una sucesión de pocos años, alrededor del 2000, aquellos que no sabíamos de la especulación de bienes raíces ni de la privatización de la propiedad pública comenzamos a ver interminables cercas de piedra, alambres de púas y mallas ciclónicas a lo largo de las carreteras hacia Pichilingue y hacia San Juan de la Costa cada fin de semana que íbamos a las playas. Los edificios que se fueron levantando en La Concha, Pedregal de La Paz, El Caimancito (ahora Playa La Paz) y Costa Baja nos enseñaron que no sólo perdemos el acceso sino también la vista al mar y a la sobria belleza de nuestros cerros.

La barrera de “desarrollos” que nos separaba del medio marino y terrestre a los paceños se terminaba en Pichilingue. Para escapar de ella se tomaba el camino hacia Balandra-El Tecolote-El Coyote y podía verse, sin cercas ni letreros que hoy anuncian el futuro “for sale”, un paisaje de cerros y bosques de cactos que nada tiene que ver con lo humano presente: cerros hijos del jurásico, cardones que parecen los espartos de Cadmo.

Y podíamos escoger entre El Coyote para los aventureros, El Tecolote para los más sociales y Balandra para los niños. En Balandra notábamos con sorpresa nunca acabada la mancha verde y azul del manglar y los esteros junto a los pardos, ocres, grises y blancos de los alrededores. Una playa pequeña que esconde una playa más grande que oculta, a su vez, muchas pequeñas zonas de arena separadas por el agua y los cerros.

En 2004 nos enteramos que el Ayuntamiento de La Paz había intentado sin éxito hacer de Balandra un área natural protegida, algo como la Sierra de la Laguna o la Biósfera de El Vizcaíno, algo como la selva del lacandón. Un área natural protegida. Balandra. El Ayuntamiento no pudo. Los dueños se amparan. Balandra tiene dueño. Todo lo bonito que había después de Pichilingue tiene dueño (nos preguntamos: ¿cómo y para qué se apropiaron de eso?, ¿por qué hasta ahora sacan sus títulos?, ¿a quién pertenecía todo en un principio?). Un fin de semana vimos aparecer sobre el cerro más alto de Balandra una gigantesca torre con una antena para los teléfonos de Telcel. Había aparecido el primer forúnculo del progreso turístico.

De regreso volvimos a ver con más claridad los cerros devastados de Costa Baja, los cactos y árboles tirados en Pedregal de La Paz, los altos muros de fierro y concreto en El Caimancito y La Concha, y los muchos pequeños bares que se construyen en El Coromuel. Al llegar al malecón, la ventana más cercana de los paceños con su mar, vimos los condominios de Paraíso del Mar, colocados donde el sol se mete por las tardes, y nos dimos cuenta que no estaba bien, que no vamos bien.

Comenzamos a entender los insistentes mensajes de nuestro gobierno sobre los beneficios en dinero que nos ha traído y traerá dejar de ver, sentir, saber, oler y oír lo que vivíamos de niños. Comenzamos a entender el lenguaje de los empresarios inmobiliarios reproducido por los medios. Así, cuando supimos que Balandra se convertiría en lo que es Costa Baja (cemento en el agua en vez de corales, barras de hierro en la tierra en lugar de cardones, playas artificiales), la indignación fue más que natural.

Ante una reacción social que no esperaban, los especuladores de bienes raíces (“desarrolladores turísticos”) se mandaron a hacer rápidamente unos trajes sastre de color verde que se ponen —incómodos— muy pocas veces, y los gobernantes locales han comenzado a utilizar continua y religiosamente la palabra sustentable en todos sus discursos y han aumentado los ceros en las cifras que describen el dinero.

Pero en Balandra comprendimos lo que no queremos. La sociedad local entera con su asentimiento, 20 mil ciudadanos con sus firmas y un centenar de activistas con su tiempo obligaron al Congreso local a aprobar una ley en junio de 2007 que permite a los ayuntamientos sudcalifornianos limitar los proyectos turísticos residenciales y cualquier otro que afecte negativamente a la sociedad local. Luego de muchas dudas, y una presión social continua, el Ayuntamiento de La Paz aprobó en marzo de 2008 la creación del área protegida de Balandra. Apenas es el principio.

No queremos que Balandra sea un lugar excepcional sino lo común en el municipio de La Paz y en todo el estado. Porque hemos descubierto la mentira del desarrollo: no se prepara a la población para aprovecharlo, se le construyen guetos para que duerma en ellos, se le separa de lo natural para que compre por mucho dinero lo que podría darse por sí misma con poco esfuerzo.

Aunque falta un camino largo, en Balandra hemos descubierto que podemos detener el engaño del progreso. En sucesivos descubrimientos pronto nos daremos cuenta cómo se desarman las torres metálicas de celulares y, no mucho más adelante, cómo en todo este tiempo la iniciativa privada había estado construyendo sobre El Mogote una espaciosa sede para la próxima universidad pública de Sudcalifornia.

La desalación de La Paz

Del 28 al 30 de mayo pasado se celebró un seminario en la UABCS sobre el uso y la gestión del agua, con ponentes de varias universidades mexicanas, organizaciones no gubernamentales, organismos públicos locales de operación del agua potable y la presencia de especialistas de la Universidad de Murcia, región del sur de España.

El tratamiento del tema fue diverso pero estuvo centrado principalmente en la desalinización como estrategia gubernamental para la solución de los problemas de abastecimiento de agua potable. La presencia de los investigadores españoles permitió ejercer una comparación: España tuvo una sequía en la década de 1990 que obligó a estimular la creación de la tecnología de potabilización del agua salina y su aplicación.

En sus ponencias, sin embargo, los académicos ibéricos mostraron que lo que parece una solución sencilla (desalinizar) acarrea una serie de consecuencias de órdenes cada vez más complejos. Lo expuesto por los especialistas mexicanos reforzó en varios puntos lo comprobado por la experiencia de una década en el sur de España. Particularmente en cuanto a las similitudes de lo sucedido en la región de Murcia y lo que ocurre en Baja California Sur: no sólo Murcia, todo el sur de España no tiene ya más que unos cuantos kilómetros de costa sin casas o condominios. Esto principalmente por dos circunstancias relacionadas estrechamente: autoridades municipales corruptas y la justificación que les dan las plantas desalinizadoras para revaluar terrenos costeros con el objetivo de establecer desarrollos inmobiliarios.

La mayoría de los ponentes mexicanos evidenciaron que lo sucedido en España es algo que se encuentra en proceso en México, en el Golfo de California y en particular en Baja California Sur. Los planeadores, los tomadores de decisiones, las autoridades políticas consideran que el problema del agua es el único impedimento para el crecimiento de los desarrollos inmobiliarios en las zonas costeras del estado. César Nava Escudero del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y Felipe Correa de la UABC presentaron en sus conferencias algunos de los vacíos en las leyes actuales que permiten, en este momento, que se abuse de la tecnología de la desalinización y se haga negocios privados con recursos públicos al colocar desalinizadoras.

Pablo Uribe del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), residente de La Paz, mostró por su parte y con el ejemplo de Paraíso del Mar en El Mogote, que cuando un desarrollo inmobiliario costero establece una planta desalinizadora como la medida principal para compensar el impacto ambiental de su presencia, nunca se considera el impacto ambiental de dicha desalinizadora, un aspecto al que cabe agregar otros elementos: la desalinizadora no comienza a funcionar hasta que el fraccionamiento costero se encuentra terminado. Durante el proceso de construcción, que puede llevar de tres a cinco años, se emplea un agua que tiene que venir de la población local, la cual, aunque sea agua tratada, no fue considerada dentro de la manifestación de impacto ambiental que dio la autorización al desarrollo inmobiliario y, por lo tanto, sus consecuencias no fueron analizadas, ni serán mitigadas.

Estrechamente relacionado a este punto, Uribe explicó que estos impactos ambientales tampoco consideran las consecuencias del crecimiento poblacional que acarrean los nuevos desarrollos inmobiliarios en la zona de costa: por cada casa, cuarto de hotel o condominio, arriban en promedio (Uribe dixit) cuatro nuevos trabajadores a residir en la ciudad donde se encuentra el fraccionamiento (cabe decir que la dra. Aurora Breceda del CIBNOR dio una cifra de más de diez personas en su conferencia). No llegan a vivir al “desarrollo” inmobiliario, sino a la población local.

Pablo Uribe dejó en este punto su exposición de hechos, pero las consecuencias son claras: los nuevos desarrollos turísticos no sólo deberían instalar desalinizadoras para los compradores o usuarios de sus servicios, sino para cubrir sus necesidades durante la construcción de los edificios y servicios anexos. Pero también para cubrir el crecimiento en la demanda de agua que su instalación genera en la población local donde se instalan. De no ser así, la población local los está subsidiando.

En Los Cabos, por ejemplo, la desalinizadora y el agua que produce son propiedad privada. La compañía española Inima vende el agua (un recurso público de entrada) al organismo operador de aquel municipio a 12.5 pesos el metro cúbico, produce 200 litros por segundo al día e invirtió 83 millones de pesos en la construcción de la planta (25 por ciento del total, el resto fue inversión federal). En menos de tres años habrá recuperado su inversión inicial, pero operará la planta por 17 años más. Un buen negocio para los habitantes de Los Cabos hubiera sido que su Ayuntamiento (o la federación) pagara a Inima por la tecnología y la instalación, y el organismo operador del agua potable del municipio, en efecto, como dice su nombre, operara la planta, ahorrándole a los cabeños mil millones de pesos en veinte años. Probablemente no hubieran visto aumentar el precio que pagan por ese servicio en sus recibos.

En La Paz ya hay “grandes avances” en el proyecto para la instalación de una desalinizadora. El director de la Comisión Estatal de Agua Potable (CEAP) ha manifestado recientemente que el metro cúbico de agua desalinizada costará la mitad que en Los Cabos, pero aún así, como señaló el director del organismo operador de agua potable de La Paz en el anterior Ayuntamiento, se trata de seguir el modelo cabeño en todos los sentidos: es seguro que también la trasnacional Inima ganará la convocatoria y su jugoso contrato de veinte años de operación. Lo que no aclaran estos funcionarios es que la nueva planta desalinizadora para La Paz sólo producirá agua para diez mil personas, como la de Cabo San Lucas. Y aquí vivimos casi 300 mil y aumentando. Entonces, ¿a quién beneficia la desaladora y, en especial, cuál es el problema que resuelve?

Un depósito de desechos tóxicos para La Paz

Octubre de 2007

Es muy fácil comprar un veneno, pesticida, herbicida o defoliante en la ciudad de La Paz, pero es muy difícil deshacerse de él. No existe un lugar adecuado para ello y debería existir. Siendo todavía legal la venta de agroquímicos inorgánicos y no degradables, sólo queda pensar que una parte de todos los residuos peligrosos viene a quedar bajo la tierra donde los paceños sacan su agua para beber, y que otra considerable se integra a sus vidas y a su ambiente rural o citadino.

En el municipio de La Paz la agricultura se encuentra suficientemente extendida como para que la ausencia de un depósito de residuos tóxicos resulte un asunto de consecuencias graves a mediano plazo. Basta sólo ver la proliferación de centros de venta de químicos agrícolas en los últimos dos años para apreciar los riesgos.

Los usuarios de este tipo de productos destinados a aumentar la fertilidad de la tierra o a la eliminación de organismos vegetales o insectos no deseados son por un lado los agricultores del valle de La Paz y por el otro los citadinos con pequeños huertos o patios cultivados. Posiblemente los grandes agricultores aprovechen con toda su eficiencia los productos mencionados, pero en los pequeños usuarios esto es menos probable. Confiemos por un momento que los agricultores grandes son completamente supervisados por la SAGARPA y la SEMARNAT y no se encuentran aplicando químicos cuya vida como elemento tóxico para los alimentos cultivados, el ambiente y los seres humanos que se exponen a su presencia sea peligrosamente larga. Sumemos a esta casta confianza una adicional sobre el uso eficiente, es decir, en su totalidad, de los agroquímicos no orgánicos (y por tanto residuales) en los cultivos de la región. Sólo así estaremos tranquilos de que los mantos freáticos que proveen de agua a La Paz no se encuentran bajo riesgo de contaminación.

Pero luego de este optimista privilegio de la duda sobre la alta conciencia del agricultor y la lealtad para con la ley y la sociedad del funcionario que supervisa la aplicación, todavía falta considerar lo que puede acontecer y lo que con toda seguridad sucede en el caso de los pequeños usuarios de los más usados de todos los residuos tóxicos en una ciudad como La Paz: luego de utilizar una pequeña cantidad, el resto es guardado o desechado. Quien conozca los efectos de los agroquímicos en la salud humana, en el ambiente y la manera como interaccionan con los organismos para la función a que están destinados, no guardará estos residuos tóxicos en su casa, ni cerca de su casa y probablemente ni cerca del cultivo donde ya aplicó el producto químico agrícola. Si tiene este conocimiento tampoco lo tirará a la basura o lo dejará en cualquier lugar dentro o fuera de la ciudad.

La visión más simplista dirá que en primer lugar estos productos no deben comprarse para ser usados en el jardín o la huerta y que su uso debe estar en manos de especialistas. Sin embargo es un hecho cotidiano en la actualidad que su venta es completamente libre y que los particulares no tienen necesidad de poseer conocimientos especializados (aunque sea deseable). Para lo que aquí se señala es suficiente con tener conciencia de la relación estrecha entre el ambiente y nuestras acciones. De esta forma, el ayuntamiento o el gobierno del estado, por la responsabilidad que les ha asignado la sociedad, deben establecer un depósito de desechos tóxicos para que los particulares puedan deshacerse de los que les son inútiles y para garantizar que no terminen integrados (al menos no en su forma peligrosa) al ambiente citadino, rural, silvestre o marino.

Actualmente los expendedores de agroquímicos tienen la obligación de regresar a la empresa que les provee los productos que caducan, es decir, que no son vendidos en cierto tiempo. Concediendo (pues queremos ser optimistas) que así suceda, todavía falta corregir una falla que pone en duda la ejecución de todas estas precauciones que se encuentran (o deben estar) codificadas y supervisadas por organismos públicos federales y locales en este municipio y su ciudad capital: muchos lugares de venta, especialmente los más pequeños, son a la vez bodega y exhibidor; en ellos el ambiente se encuentra tan viciado por la mezcla de venenos, que tanto compradores como inspectores (y por supuesto los mismos vendedores) se encuentran arriesgando continuamente su salud.

La naturaleza residual de muchos productos agrícolas e industriales que se utilizan al interior de las ciudades, los pueblos o sus cercanías, tiene consecuencias que incluso cuando son indirectas no igual de graves. Basta tener presente la alta incidencia de enfermedades degenerativas, crónicas y cancerígenas que afectan a la niñez y adultos maduros en casi todos los valles agrícolas de México para considerar con cuidado el uso y destino de las sustancias tóxicas que se aplican a los cultivos que sirven de alimento al ganado o a los seres humanos en el municipio de La Paz y el resto del estado.

La existencia de un depósito seguro que administre estas sustancias peligrosas será una carga singular para el dinero público, pero los beneficios serán muy grandes en el mediano y largo plazo, especialmente si se agrega a su instalación un programa permanente de divulgación sobre los efectos nocivos de los químicos agrícolas e industriales de uso cotidiano, de las precauciones para su uso y de las alternativas para su extinción.