Lea Alternativa 71

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Lo que es de todos es de cada uno

En La Paz se está generando un proceso ciudadano notable: una toma de conciencia sobre la ciudad, el bienestar colectivo y el desarrollo económico. La forma que ha tomado este proceso es aún indefinible, pero tiene que ver con la inteligencia, el amor a la naturaleza y al prójimo, y una esperanza, también difusa aunque positiva.

En su consecuencia es una crítica del modelo económico basado en la construcción de fraccionamientos costeros para extranjeros. En su causa hay elementos políticos: el modelo ha propiciado una separación social indignante: la riqueza colectiva se ha privatizado o se quiere privatizar en beneficio de unos cuantos con la anuencia de quienes detentan el poder público.

Los afectados por esta toma de conciencia ciudadana son quienes creen que lo que es de todos es de nadie: una generación de nuevos ricos que no quieren a su ciudad ni a su tierra, y mucho menos a sus vecinos. La experiencia de la privatización de las tierras públicas en El Mogote en 2001 por parte del gobierno del estado y el comportamiento de los constructores de Paraíso del Mar a lo largo de siete años fueron un ejemplo ampliamente difundido. Su repetición constante en otros desarrollos inmobiliarios dejó una clara asociación que ha podido confirmarse en los proyectos del Cerro de la Calavera (otro símbolo natural en proceso de destrucción), El Caimancito, Costa Baja, La Gaviota, Balandra (ahora propiedad social de los paceños), El Coyote, El Rosario-La Sorpresa, Punta Arena-La Ventana y el condohotel de nueve pisos del Malecón. Hay una poco sana relación entre gobernantes y “desarrolladores”.

El gobierno municipal también ha mostrado cuál es su papel en este negocio: cobra los impuestos y derechos de ley a estos desarrollos de lujo como si fueran terrenos baldíos sin desmontar o, en el peor de los casos, no les cobra nada: el XII Ayuntamiento, para dar el más caro ejemplo, debió exigir en efectivo el valor comercial del diez por ciento de los lotes de Paraíso del Mar (27 hectáreas) y hubiera recibido varios cientos de millones de dólares por ese motivo. De haberlos pagado, Paraíso del Mar quizá habría convencido a La Paz de que deseaba sinceramente contribuir al desarrollo de la ciudad. Pero no. Entregó cien hectáreas de monte, lejos de la costa, entre el ejido Chametla y El Centenario, y el XII Ayuntamiento, presidido por Víctor Castro Cosío, aceptó este desigual intercambio aunque violaba la Ley Estatal de Desarrollo Urbano (Art. 74, párr. II).

¿Por qué ninguno de los poderes públicos de B.C.S. y sus municipios se hicieron socios de estos desarrollos turísticos si las perspectivas de inversión eran tan buenas y lo que se utilizaba eran terrenos públicos? Seguramente el razonamiento fue: “si lo que es de todos es de nadie, y la Constitución federal, la estatal y las leyes municipales dicen que lo que es del gobierno es de todos, entonces lo que es del gobierno es de nadie y no hay que cuidarlo: hay que privatizarlo.”

Si cuentan con este apoyo estatal y municipal, y son favorecidos por el poder público como nadie en este estado, ¿por qué entonces se quejan tanto los “desarrolladores”?

Recientemente algunos de ellos han insistido en culpar a “los ambientalistas” de detener o intentar obstruir el desarrollo económico de la ciudad. ¿Son “los ambientalistas” quienes han puesto obstáculos a Paraíso del Mar de Gravi, al condohotel de Decope o al Fideicomiso F/934 Deutsche Bank México propietario de Entremares? No.

Hacen bien estas voces en atribuirles tanta fuerza a un grupo cada vez más grande de ciudadanos de La Paz que participan con sus conocimientos y sus opiniones en la revisión de estos proyectos de gran impacto para la ciudad. Pero aún no se ha visto un solo “ambientalista” que haya detenido un “desarrollo”. Quienes lo han hecho han sido unas entidades abstractas, poco conocidas y usualmente ignoradas: las leyes.

La mayoría de las veces, aprovechando su cercanía con los gobernantes, los desarrolladores se preocupan mucho en no cumplirlas y los gobernantes se ocupan poco en hacer que se cumplan. Por ello los ciudadanos se ven obligados a exigir y a estar atentos a su cumplimiento, y a recordar a funcionarios y desarrolladores sobre las responsabilidades civiles, administrativas y penales de sus omisiones.

Lejos de ser una molestia, los “ambientalistas” deberían ser reconocidos por utilizar su tiempo libre, gratuitamente, para promover el estado de derecho en Baja California Sur y en La Paz. ¿Habría promovido por sí mismo el fideicomiso F/934 Deutsche Bank México la consulta pública sobre su proyecto Entremares? ¿Habría hecho lo mismo la empresa Gravi para solicitar su opinión a los pobladores de La Paz sobre el camino de acceso a El Mogote, recientemente clausurado por violar la ley? ¿Decope hubiera detenido la construcción de su torre en el malecón?

Tuvieron que ser obligados por la ley.

A empresarios como estos, que piensan que los habitantes de La Paz deben callar y obedecer, cada vez les será más difícil vender el paisaje, los recursos naturales y la tranquilidad de los paceños. Cada vez más habitantes de esta ciudad saben que no deben confiar ni en la competencia ni en la fidelidad de los “servidores públicos” hacia los intereses colectivos, ni en las engañosas promesas de “empleos y bienestar” que se asocian a las inversiones en fraccionamientos costeros para extranjeros y que en la actual crisis han quedado desnudas en su verdadera naturaleza.

Han sido muchos años de discursos y acciones huecas de una fosilizada clase política y un pequeño sector empresarial estimulando y defendiendo un modelo excluyente. Ahora tenemos por sus acciones y omisiones una serie de problemas que están a la vista y que requerirán de mucha creatividad para resolverlos. Pero, he aquí lo interesante: nunca La Paz había tenido tantos cerebros y corazones dispuestos.

Los regidores y el condohotel de nueve pisos

El día jueves 6 de noviembre de 2008, los regidores, la síndico y la presidenta municipal del XIII Ayuntamiento de La Paz recibieron en comparecencia al Director de Desarrollo Urbano y Ecología municipal, Marco Antonio Domínguez Valles, para que les informara sobre el proceso técnico de autorización del proyecto del Condohotel que la empresa Decope desea construir en el Malecón con más de los cuatro niveles o doce metros que le autorizan las leyes municipales.
El promovente del proyecto inmobiliario, Carlos Estrada, solicitó hace meses al Ayuntamiento de La Paz su aprobación. Esta solicitud fue acompañada de un dictamen técnico favorable del director Domínguez Valles, respaldado a su vez en las “opiniones técnicas” del Colegio de Arquitectos de La Paz y en un comité de imagen urbana municipal constituido según “usos y costumbres” (una figura jurídica inexistente en Baja California Sur), a decir del propio director de Desarrollo Urbano.
Ante la urgencia del señor Estrada —es decir, de un solo ciudadano de La Paz— y la rara disposición del Ayuntamiento para aprobar sin ningún cuestionamiento su proyecto del edificio de nueve niveles en la zona del Malecón, un grupo de nueve regidores (de trece) solicitaron esta comparecencia que duró poco más de dos horas.
Lo expresado ahí es muy significativo porque los regidores pueden, al autorizar la construcción de este edificio, cambiar radicalmente el aspecto, el uso y el destino del principal paseo de los habitantes de La Paz y el mayor atractivo turístico de esta ciudad.
Precisamente, quienes más énfasis ponen en las características de la zona del proyecto son los promoventes del edificio. No se trata sólo de Carlos Estrada: el regidor Carlos Garzón y la presidenta municipal Rosa Cota en declaraciones públicas lo han mencionado, y lo subraya también el “dictamen técnico” de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología municipal. Señalan que su ubicación urbana y la vista de la Ensenada de La Paz que permite es lo que daría valor a la inversión. Por este valor agregado en provecho de un individuo, queda implícito, vale la pena eliminar la planeación urbana de la ciudad.
En esta sesión de Cabildo del 6 de noviembre, repetidas veces el director de Desarrollo Urbano dijo que el proyecto de condohotel de 9 pisos no estaba acorde con el Plan de Desarrollo Urbano (PDU) de La Paz aprobado hace pocos meses y registrado hace pocos días. Sin embargo, también repetidas veces, cuestionó la falta de homogeneidad en las leyes y normas municipales, los vacíos jurídicos y normativos y la carencia de patrones de medidas (“dígame, señor regidor, qué es alto o bajo impacto, déme una definición jurídica que pueda usar”, le exigió al regidor Manuel López). Por ello sólo puede calificarse como brillante para un arquitecto, pero extremadamente maliciosa para un servidor público, la manera cómo defendió su aprobación al proyecto de nueve pisos subrayando que era un dictamen “técnico” cuando lo que hizo fue interpretar, siguiendo su criterio personal y el de otras personas favorables al promovente (como el presidente del Colegio de Arquitectos que trabaja directamente para Decope), las leyes y normas municipales que antes había calificado de imprecisas.
No sorprendió al Cabildo que el director Domínguez afirmara que el promovente Carlos Estrada no hubiera entregado todavía el proyecto ejecutivo del condohotel de nueve pisos. ¿Cómo se hicieron entonces los dictámenes favorables si no se tuvo toda la información relativa al caso? En otro momento la regidora Rosa Montaño preguntó al director por qué sólo había considerado las opiniones a favor en su dictamen, sin considerar las opiniones en contra de un sector creciente de la sociedad civil paceña. Domínguez respondió que a él no le había llegado “por oficio” alguna de esas opiniones. Pero no aclaró tampoco si la había convocado, por oficio, a hacerlo. Seguramente ninguna ley ni reglamento se lo ordena, por supuesto.
Hasta el momento, ni la dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, ni el Cabildo ni alguna otra dependencia municipal ha puesto a disposición del público mayor información sobre el edificio de nueve niveles que la aparecida en la prensa, y la falta de sensibilidad social de los promoventes es irritante. El regidor Carlos Garzón, por ejemplo, había dicho en un programa radiofónico que el proyecto de condohotel de nueve pisos se aprobaría sin duda, aunque habría que tropezarse “con algunas piedras sociales”. En esta comparecencia, sin embargo, su participación fue discretamente medida sólo para implicar la subordinación del PDU y las leyes municipales que impiden la construcción de edificios con más de cuatro pisos en el Malecón, ante la supremacía de la ley estatal. No mencionó que ésta es muy general, justamente, porque supone que los Ayuntamientos harán planes precisos de ordenamiento como el PDU.
Además de Carlos Garzón, muy vinculado al sector de la construcción que lidera Decope, expresaron su opinión a favor del edificio de nueve pisos en el malecón los regidores Edna Durán, Óscar Castro y Ventura Moyrón. La regidora Durán criticó la miopía de quienes habían hecho un Plan de Desarrollo Urbano que impedía que La Paz fuera como muchas otras ciudades de México y el mundo (no mencionó cuáles) y que los empleos eran necesarios: “no es posible que nuestros egresados profesionistas anden de empacadores o acomodadores en las tiendas de autoservicio”. En el mismo tenor, los regidores Castro y Moyrón hablaron de la politización del asunto y de la importancia de darle prontitud a la decisión “para dar certidumbre a los inversionistas”. “Ya se nos fue una inversión muy buena”, expresó Castro, sin precisar más.
Los regidores apenas mencionaron lo que significa la planeación urbana como estrategia económica y el proceso social que significó la creación del Plan de Desarrollo Urbano (en el que participó destacadamente Decope) que ahora se quiere desechar para favorecer a una empresa o a un individuo. No se formuló la pregunta de por qué el Cabildo, el Ayuntamiento y las leyes municipales deben adaptarse a un solo inversionista y a su visión económica, en lugar de exigirle que adecue su proyecto a los cuatro niveles (o 12 metros) bien justificados del PDU, ni por qué el grueso de la sociedad paceña tiene que subordinarse a los objetivos económicos del sector empresarial, de la construcción o de los servicios turísticos de este municipio.
Es cierto que estos grupos son los más organizados: pero es porque son muy pocos individuos. También es verdadero, aunque relativo, que con sus negocios mueven una parte importante de la economía local (no toda), pero esto lo hacen por lucro personal y no por otorgar un beneficio colectivo. Dejar que conduzcan el destino de todos, la planeación de la ciudad y el orden jurídico no puede ser bueno ni para ellos mismos.
Con este asunto del condohotel de nueve pisos, en resumen, los regidores y la presidenta municipal, por su propio gusto, se encuentran determinando su futuro como conductores de la vida colectiva de este municipio.

La desaladora de La Paz

 Sandino Gámez Vázquez

Hay muy poca información oficial sobre la planta desalinizadora de agua de mar que el gobierno del estado y el ayuntamiento de La Paz planean construir en esta ciudad capital, pero es suficiente para saber que es un mal negocio para las finanzas públicas, para el bolsillo de los paceños, para el medio ambiente de la bahía y para el futuro de esta ciudad.

Sobre este tema de fundamental importancia para los habitantes de La Paz las autoridades de los tres niveles de gobierno no han considerado en ningún momento la participación de los ciudadanos, ni siquiera de los cuatro centros de investigación científica —con decenas de especialistas sobre el tema— que existen en esta ciudad. Tampoco las páginas de Internet del gobierno del estado, del ayuntamiento o del SAPA La Paz contienen más información sobre el tema que la superficial ofrecida en los boletines de prensa.

Gracias a estos, podemos saber que el director regional de la Comisión Nacional del Agua, Celso Castro Sánchez, ha dicho que esta desaladora es la única alternativa al agotamiento de los mantos freáticos, que es una decisión ya tomada por las autoridades de los tres niveles y que sus 200 litros por segundo (lps) resolverían el abasto de agua en la ciudad (El Sudcaliforniano, 21-vii-08). El director del organismo gestor del agua en el municipio (SAPA La Paz), Alejandro Vizcaíno, la presidenta municipal, Rosa Cota, al igual que sus pares del trienio pasado y el actual gobernador han manifestado una idéntica opinión.

De manera reciente, hemos sabido que el director de SAPA compareció ante el cabildo del XIII Ayuntamiento paceño para informar sobre la justificación del proyecto elaborada por la consultora privada Consagua (El Sudcaliforniano, 3-ix-08). Dio datos sobre los niveles actuales de extracción de los 22 pozos que satisfacen la demanda de agua de esta ciudad y los comparó con la capacidad de recarga del acuífero. Mencionó que el déficit era de 2.7 millones de metros cúbicos (m3) anuales, por la recarga de 27.8 millones de m3 y una extracción de 30.5.

Cabe señalar, sin embargo, que este empleado municipal ha dado al público cifras sobre el agua en esta ciudad que son sustancialmente diferentes a las que se encuentran en la página de Internet de SAPA. Así, por ejemplo, mientras dice ahora al cabildo que el organismo operador a su cargo extrae 967 litros por segundo, hace un mes declaró a Aracely Hernández (El Sudcaliforniano, 22-viii-08) que se extraían 650 litros por segundo (lps). La página oficial de SAPA informa —detalladamente— que son 502 lps. en los 22 pozos del acuífero. ¿En cuál dato podemos confiar?

También, según sea el tiempo, el medio de comunicación y el empleado público, el costo y los beneficios de la desaladora van de 200 a 330 millones de pesos, y de 15, 70 y 220 mil las personas que recibirían su servicio. El precio de producción del metro cúbico de agua iría de 8 a 12.50 pesos. Ante tal heterogeneidad de criterios, vale recordar que la desaladora para La Paz será idéntica a la de Los Cabos tanto en su capacidad como en la forma de su operación. Sesenta por ciento de su costo de construcción es absorbido por la federación, diez por ciento por el gobierno del estado y el ayuntamiento, y el treinta restante por la empresa que gana la licitación.

Pese a la inversión pública aplicada, dicha empresa mantiene el derecho sobre la totalidad de las utilidades que se generen y sólo se compromete a entregar dentro de veinte años la planta desaladora operando y con refacciones suficientes en bodega. El contrato obliga a la empresa a vender el agua potable al organismo operador municipal y éste se compromete a comprársela. En ningún momento la empresa paga derechos de concesión por el uso de un bien público.

Según el director de SAPA Los Cabos, Antonio Agúndez Montaño, la compañía española propietaria de la planta desalinizadora de Cabo San Lucas, Inima, vende el m3 de agua desalinizada y lista para el consumo humano a 12.50 pesos (La Jornada, 2-vi-08). Digamos que la desaladora trabaja sólo la mitad del día, durante un año los 200 lps terminan convertidos en 3.15 millones de m3 que representan 39.4 millones de pesos. Celso Castro, de la CNA, ha dicho que el costo de producción es de 8 pesos el m3, así que la empresa sólo gastó 25.2 millones de pesos. La diferencia, 14.2 millones de pesos, indica que en tres años Inima habrá recuperado su inversión (recuérdese que sólo aportó 30 por ciento del total). Los 17 años que le quedan de usufructo de la desaladora le otorgarán 241.4 millones de pesos en utilidades. Todo esto si no aumenta el precio a lo largo del tiempo y sólo produce agua 12 horas al día.

El SAPA Los Cabos revende el agua desalada a 3.3 pesos el m3, con lo que subsidia 9.2 pesos por m3. En 3.15 millones de m3 de agua (seguimos calculando 12 horas de funcionamiento al día), significa un subsidio de poco menos de 29 millones de pesos anuales. Es importante resaltar que el mismo año en que se puso en marcha la planta desalinizadora el superávit del Ayuntamiento de Los Cabos se esfumó y registró su primer déficit. Y que, según el director de SAPA de ese municipio, la desalinizadora sólo atiende la demanda de 15 mil personas.

Puede comprenderse, con estos cálculos básicos (hechos con cifras a la baja) por qué el Ayuntamiento de Puerto Peñasco ha decidido que es más conveniente comprar la tecnología y la capacitación para instalar una planta desaladora que será de su propiedad en todo momento. Con ello podrá destinar las utilidades posibles como subsidio, evitando así un hueco en las finanzas municipales y un traslado de recursos locales a una empresa transnacional.

Para el caso de La Paz, la idea de la desaladora es con mucho una opción no sólo inviable económicamente en el sentido que se está planeando. Su colocación dentro de la Bahía de La Paz involucra un tipo de contaminación por desechos que no se registra en Cabo San Lucas por la dinámica marina de su ubicación.

La desaladora cabeña recoge 400 litros de agua marina con 35 partes por mil, produce 200 litros de agua potable y descarga 200 litros de agua saturada con 70 partes por mil de sal. Estos se desechan en mar abierto, precisamente donde se unen las corrientes del golfo y el Pacífico. La desaladora de La Paz está planeada para construirse en la zona de Punta Prieta, donde se encuentra la más antigua de las dos termoeléctricas de la ciudad. Debido al sistema de corrientes de la Bahía de La Paz en ese punto, incluso aunque la boca de la descarga fuera a tres kilómetros en cualquier dirección, la salmuera viajará al interior de la bahía y, especialmente, al interior de la ensenada de Arípez, acumulándose y afectando la gran cantidad de especies de fauna marina juveniles que se crían en esta zona.

Otro de los inconvenientes que los promotores de la desaladora en La Paz no consideran públicamente es el gasto en energía. Cálculos conservadores indican que 40 por ciento del costo de producción de agua desalada se debe a la electricidad invertida en el proceso. De hecho, en el mundo aún no existe una planta desaladora que tenga una eficiencia mayor a los 3 kilowats hora (kwh) por metro cúbico de agua. Con este rendimiento, la desaladora de La Paz gastaría 2,160 kw cada hora, cuando menos, lo que equivale al consumo de energía eléctrica de todo el alumbrado público del municipio en un día completo (SHCP, 2007), o al consumo promedio (0.4 kwh) de más de cinco mil casas habitación. Extrañamente, sin que se haya vinculado de manera pública, este incremento en la demanda ya se encuentra previsto por la CFE: se construirán tres nuevas termoeléctricas en La Paz, no sólo para cubrir las necesidades de esta ciudad, sino para la de Los Cabos (donde se proyecta la ampliación de su desaladora). Al igual que con la salmuera, los desechos de las termoeléctricas, por su ubicación y las corrientes de aire de la zona, terminan sobre la ciudad de La Paz, como podemos ver cada mañana y tarde.

¿Es necesaria la planta desaladora de La Paz? Es muy interesante ver cómo ni la CNA, ni el gobierno del estado ni el ayuntamiento de Comondú se han propuesto construir una desaladora para apoyar la recuperación del acuífero del Valle de Santo Domingo, mucho más dañado que el de La Paz. En ese valle de Comondú se aplicarán 50 millones de pesos para construir represos, pozos de infiltración, lagunas de absorción, canales de conducción y otra infraestructura hidráulica para generar un aumento en la captación subterránea del agua de lluvia. Al mismo tiempo, sin que medie ningún escrúpulo, en Los Cabos se permite que la compañía española GreHansa conduzca el agua dulce de la Sierra de la Laguna hacia sus terrenos a un costado de Cabo Pulmo mediante un acueducto que le otorgará 150 lps y sólo le costará 90 millones de pesos (El Sudcaliforniano, 20-ix-08).

Si como dice (y no se contradice posteriormente) el director de SAPA La Paz, el déficit entre extracción y recarga del acuífero de La Paz es de 2.7 millones de m3 anuales, para que entre en equilibrio hay que dejar de extraer 86 lps o hay que aumentar la recarga en esa cantidad. La opción de traer agua de un acuífero lejano tampoco es inviable (los acueductos de la ciudad ya suman una distancia de 62 km), pero sería mejor reparar las fugas de agua de la ciudad para que no se pierda más del cincuenta por ciento de lo extraído (250, 325 o 483 lps), como ahora, aumentar la capacidad de la planta de tratamiento de aguas residuales (sólo procesa la mitad del agua desechada y tal vez menos, según se aprecia por los cotidianos olores), obligar a los constructores de vivienda a colocar dos sistemas de drenaje (agua gris y agua negra), colectar el agua de lluvia que cae en la ciudad y, especialmente, terminar con el modelo de desarrollo económico basado en grandes fraccionamientos turísticos costeros y en la extensión de la mancha urbana sobre las zonas de recarga del acuífero.

En todo caso, ¿por qué sólo se toma la opción más cara, menos rentable, más contaminante, menos sustentable, más entrópica, menos incluyente, en fin, más neoliberal? ¿Por qué se ha cerrado la decisión y la información sobre una medida que afecta a las generaciones actuales y futuras, a las finanzas públicas y al medio ambiente de la Bahía de La Paz?

Así, más que una solución, el pago de cientos de millones de pesos durante 20 años a una empresa extranjera por la venta de un bien público parece el secuestro de los pocos beneficios futuros que puede llegar a tener esta ciudad con su crecimiento. Es increíble que sus gobernantes no puedan asegurarle algo mejor que seguir el destino de Cabo San Lucas o algo peor: ser su servidor.

sandinogamez@gmail.com

Balandra: un símbolo de lo que queremos

Durante mucho tiempo no pensamos que las playas al norte de La Paz tuvieran dueño. De niños no existía la idea de propiedad de las playas y cerros más que en lo que concernía a su uso temporario: el pescador dentro de su panga y el ranchero siguiendo su ganado. Nuestros padres contribuían a tal idea llevándonos los fines de semana a playas que sólo tenían campistas como nosotros o a cerros donde la única presencia humana visible eran algunos vidrios junto al sendero de las cabras.

Hacia 1998 nos enteramos que el Ayuntamiento de La Paz vendió el Cerro de la Calavera (una pequeña sierra al norte del malecón) y que el gobierno del estado de B.C.S. en 2001 vendió también la mitad de la península de arena frente al puerto que llamamos El Mogote, un enorme lugar de La Paz donde ahora se nos niega la entrada.

Esto ya había pasado antes, a finales de los ochenta en la playa Costa Baja: con una cerca de piedra rosa se le cerró el paso a los paceños que la visitaban. Un funcionario federal de la entonces llamada Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (hoy Semarnat) abrió una entrada a golpes de marro (muchas fotos) y los paceños pudimos entrar otra vez a disfrutar de sus piedras con corales, peces de colores y moluscos fáciles de ver en el agua que la mojaba. Hasta que en 2003 comenzaron las obras de dragado y construcción del emporio inmobiliario Costa Baja (recogimos pedazos de corales en las playas adyacentes).

En una sucesión de pocos años, alrededor del 2000, aquellos que no sabíamos de la especulación de bienes raíces ni de la privatización de la propiedad pública comenzamos a ver interminables cercas de piedra, alambres de púas y mallas ciclónicas a lo largo de las carreteras hacia Pichilingue y hacia San Juan de la Costa cada fin de semana que íbamos a las playas. Los edificios que se fueron levantando en La Concha, Pedregal de La Paz, El Caimancito (ahora Playa La Paz) y Costa Baja nos enseñaron que no sólo perdemos el acceso sino también la vista al mar y a la sobria belleza de nuestros cerros.

La barrera de “desarrollos” que nos separaba del medio marino y terrestre a los paceños se terminaba en Pichilingue. Para escapar de ella se tomaba el camino hacia Balandra-El Tecolote-El Coyote y podía verse, sin cercas ni letreros que hoy anuncian el futuro “for sale”, un paisaje de cerros y bosques de cactos que nada tiene que ver con lo humano presente: cerros hijos del jurásico, cardones que parecen los espartos de Cadmo.

Y podíamos escoger entre El Coyote para los aventureros, El Tecolote para los más sociales y Balandra para los niños. En Balandra notábamos con sorpresa nunca acabada la mancha verde y azul del manglar y los esteros junto a los pardos, ocres, grises y blancos de los alrededores. Una playa pequeña que esconde una playa más grande que oculta, a su vez, muchas pequeñas zonas de arena separadas por el agua y los cerros.

En 2004 nos enteramos que el Ayuntamiento de La Paz había intentado sin éxito hacer de Balandra un área natural protegida, algo como la Sierra de la Laguna o la Biósfera de El Vizcaíno, algo como la selva del lacandón. Un área natural protegida. Balandra. El Ayuntamiento no pudo. Los dueños se amparan. Balandra tiene dueño. Todo lo bonito que había después de Pichilingue tiene dueño (nos preguntamos: ¿cómo y para qué se apropiaron de eso?, ¿por qué hasta ahora sacan sus títulos?, ¿a quién pertenecía todo en un principio?). Un fin de semana vimos aparecer sobre el cerro más alto de Balandra una gigantesca torre con una antena para los teléfonos de Telcel. Había aparecido el primer forúnculo del progreso turístico.

De regreso volvimos a ver con más claridad los cerros devastados de Costa Baja, los cactos y árboles tirados en Pedregal de La Paz, los altos muros de fierro y concreto en El Caimancito y La Concha, y los muchos pequeños bares que se construyen en El Coromuel. Al llegar al malecón, la ventana más cercana de los paceños con su mar, vimos los condominios de Paraíso del Mar, colocados donde el sol se mete por las tardes, y nos dimos cuenta que no estaba bien, que no vamos bien.

Comenzamos a entender los insistentes mensajes de nuestro gobierno sobre los beneficios en dinero que nos ha traído y traerá dejar de ver, sentir, saber, oler y oír lo que vivíamos de niños. Comenzamos a entender el lenguaje de los empresarios inmobiliarios reproducido por los medios. Así, cuando supimos que Balandra se convertiría en lo que es Costa Baja (cemento en el agua en vez de corales, barras de hierro en la tierra en lugar de cardones, playas artificiales), la indignación fue más que natural.

Ante una reacción social que no esperaban, los especuladores de bienes raíces (“desarrolladores turísticos”) se mandaron a hacer rápidamente unos trajes sastre de color verde que se ponen —incómodos— muy pocas veces, y los gobernantes locales han comenzado a utilizar continua y religiosamente la palabra sustentable en todos sus discursos y han aumentado los ceros en las cifras que describen el dinero.

Pero en Balandra comprendimos lo que no queremos. La sociedad local entera con su asentimiento, 20 mil ciudadanos con sus firmas y un centenar de activistas con su tiempo obligaron al Congreso local a aprobar una ley en junio de 2007 que permite a los ayuntamientos sudcalifornianos limitar los proyectos turísticos residenciales y cualquier otro que afecte negativamente a la sociedad local. Luego de muchas dudas, y una presión social continua, el Ayuntamiento de La Paz aprobó en marzo de 2008 la creación del área protegida de Balandra. Apenas es el principio.

No queremos que Balandra sea un lugar excepcional sino lo común en el municipio de La Paz y en todo el estado. Porque hemos descubierto la mentira del desarrollo: no se prepara a la población para aprovecharlo, se le construyen guetos para que duerma en ellos, se le separa de lo natural para que compre por mucho dinero lo que podría darse por sí misma con poco esfuerzo.

Aunque falta un camino largo, en Balandra hemos descubierto que podemos detener el engaño del progreso. En sucesivos descubrimientos pronto nos daremos cuenta cómo se desarman las torres metálicas de celulares y, no mucho más adelante, cómo en todo este tiempo la iniciativa privada había estado construyendo sobre El Mogote una espaciosa sede para la próxima universidad pública de Sudcalifornia.

La desalación de La Paz

Del 28 al 30 de mayo pasado se celebró un seminario en la UABCS sobre el uso y la gestión del agua, con ponentes de varias universidades mexicanas, organizaciones no gubernamentales, organismos públicos locales de operación del agua potable y la presencia de especialistas de la Universidad de Murcia, región del sur de España.

El tratamiento del tema fue diverso pero estuvo centrado principalmente en la desalinización como estrategia gubernamental para la solución de los problemas de abastecimiento de agua potable. La presencia de los investigadores españoles permitió ejercer una comparación: España tuvo una sequía en la década de 1990 que obligó a estimular la creación de la tecnología de potabilización del agua salina y su aplicación.

En sus ponencias, sin embargo, los académicos ibéricos mostraron que lo que parece una solución sencilla (desalinizar) acarrea una serie de consecuencias de órdenes cada vez más complejos. Lo expuesto por los especialistas mexicanos reforzó en varios puntos lo comprobado por la experiencia de una década en el sur de España. Particularmente en cuanto a las similitudes de lo sucedido en la región de Murcia y lo que ocurre en Baja California Sur: no sólo Murcia, todo el sur de España no tiene ya más que unos cuantos kilómetros de costa sin casas o condominios. Esto principalmente por dos circunstancias relacionadas estrechamente: autoridades municipales corruptas y la justificación que les dan las plantas desalinizadoras para revaluar terrenos costeros con el objetivo de establecer desarrollos inmobiliarios.

La mayoría de los ponentes mexicanos evidenciaron que lo sucedido en España es algo que se encuentra en proceso en México, en el Golfo de California y en particular en Baja California Sur. Los planeadores, los tomadores de decisiones, las autoridades políticas consideran que el problema del agua es el único impedimento para el crecimiento de los desarrollos inmobiliarios en las zonas costeras del estado. César Nava Escudero del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y Felipe Correa de la UABC presentaron en sus conferencias algunos de los vacíos en las leyes actuales que permiten, en este momento, que se abuse de la tecnología de la desalinización y se haga negocios privados con recursos públicos al colocar desalinizadoras.

Pablo Uribe del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), residente de La Paz, mostró por su parte y con el ejemplo de Paraíso del Mar en El Mogote, que cuando un desarrollo inmobiliario costero establece una planta desalinizadora como la medida principal para compensar el impacto ambiental de su presencia, nunca se considera el impacto ambiental de dicha desalinizadora, un aspecto al que cabe agregar otros elementos: la desalinizadora no comienza a funcionar hasta que el fraccionamiento costero se encuentra terminado. Durante el proceso de construcción, que puede llevar de tres a cinco años, se emplea un agua que tiene que venir de la población local, la cual, aunque sea agua tratada, no fue considerada dentro de la manifestación de impacto ambiental que dio la autorización al desarrollo inmobiliario y, por lo tanto, sus consecuencias no fueron analizadas, ni serán mitigadas.

Estrechamente relacionado a este punto, Uribe explicó que estos impactos ambientales tampoco consideran las consecuencias del crecimiento poblacional que acarrean los nuevos desarrollos inmobiliarios en la zona de costa: por cada casa, cuarto de hotel o condominio, arriban en promedio (Uribe dixit) cuatro nuevos trabajadores a residir en la ciudad donde se encuentra el fraccionamiento (cabe decir que la dra. Aurora Breceda del CIBNOR dio una cifra de más de diez personas en su conferencia). No llegan a vivir al “desarrollo” inmobiliario, sino a la población local.

Pablo Uribe dejó en este punto su exposición de hechos, pero las consecuencias son claras: los nuevos desarrollos turísticos no sólo deberían instalar desalinizadoras para los compradores o usuarios de sus servicios, sino para cubrir sus necesidades durante la construcción de los edificios y servicios anexos. Pero también para cubrir el crecimiento en la demanda de agua que su instalación genera en la población local donde se instalan. De no ser así, la población local los está subsidiando.

En Los Cabos, por ejemplo, la desalinizadora y el agua que produce son propiedad privada. La compañía española Inima vende el agua (un recurso público de entrada) al organismo operador de aquel municipio a 12.5 pesos el metro cúbico, produce 200 litros por segundo al día e invirtió 83 millones de pesos en la construcción de la planta (25 por ciento del total, el resto fue inversión federal). En menos de tres años habrá recuperado su inversión inicial, pero operará la planta por 17 años más. Un buen negocio para los habitantes de Los Cabos hubiera sido que su Ayuntamiento (o la federación) pagara a Inima por la tecnología y la instalación, y el organismo operador del agua potable del municipio, en efecto, como dice su nombre, operara la planta, ahorrándole a los cabeños mil millones de pesos en veinte años. Probablemente no hubieran visto aumentar el precio que pagan por ese servicio en sus recibos.

En La Paz ya hay “grandes avances” en el proyecto para la instalación de una desalinizadora. El director de la Comisión Estatal de Agua Potable (CEAP) ha manifestado recientemente que el metro cúbico de agua desalinizada costará la mitad que en Los Cabos, pero aún así, como señaló el director del organismo operador de agua potable de La Paz en el anterior Ayuntamiento, se trata de seguir el modelo cabeño en todos los sentidos: es seguro que también la trasnacional Inima ganará la convocatoria y su jugoso contrato de veinte años de operación. Lo que no aclaran estos funcionarios es que la nueva planta desalinizadora para La Paz sólo producirá agua para diez mil personas, como la de Cabo San Lucas. Y aquí vivimos casi 300 mil y aumentando. Entonces, ¿a quién beneficia la desaladora y, en especial, cuál es el problema que resuelve?

Construir condominios en las costas no es el único camino

27 de mayo de 2008

La conservación como estrategia de desarrollo económico para la sociedad sudcaliforniana se ha confundido por los tomadores de decisiones locales en la misma medida como tienden a confundir, haciéndolos sinónimos, al desarrollo inmobiliario en la zona de costa con el desarrollo turístico.

El desarrollo inmobiliario en los litorales se basa estrictamente en la especulación de bienes raíces cerca del mar para la construcción de segundas residencias (verticales u horizontales) destinadas a compradores de altos ingresos, en el caso sudcaliforniano casi siempre extranjeros estadunidenses. Por lo general estos conjuntos residenciales tienen servicios agregados como marinas y campos de golf, pero puede haber hoteles, casinos, clubes y centros comerciales. En especial se promueven como sitios aislados, de contacto controlado (o nulo) con la población local en la que se instalan.

La población local, por su parte, debido a esta exclusión deja de recibir la mayoría de los beneficios que podría obtener de la llegada de los nuevos residentes o visitantes. Además, como los nuevos asentamientos se colocan siempre en los mejores lugares, aquellos con riqueza paisajística o natural de la región, pierde mucho de lo que ya tenía.

Este es un modelo de rápido crecimiento y una de las políticas públicas más promovidas desde la administración estatal y las municipales en Baja California Sur porque genera un aumento significativo en los ingresos en el corto plazo, por los gastos de construcción y el pago de derechos (aunque estos a veces se omiten, como un “estímulo” para la inversión). Sin embargo, en el mediano y largo plazos consume una mayor cantidad total de recursos financieros públicos para detener, aminorar o revertir los problemas sociales que el modelo trae consigo.

Los desarrollos inmobiliarios en la costa sudcaliforniana garantizan convertirse en modelos de autosuficiencia colocando sus propias plantas generadoras de energía eléctrica, desalinizadoras de agua y procesadoras de desechos. Sin embargo, al aumentar el número de estos desarrollos y su tamaño, esta autosuficiencia se convierte pronto en un lastre para la población local, porque provoca un rápido aumento de inmigrantes nacionales (y de las zonas rurales de la misma entidad hacia las ciudades) atraídos por la promesa de un empleo.

La especulación de bienes raíces en la zona de costa dirigida a compradores de altos ingresos encarece el acceso a una vivienda digna en las ciudades y poblados vecinos para los habitantes locales y los recién llegados. Así, se obliga a una expansión de la mancha urbana hacia los terrenos de menor valor, implicando la construcción de viviendas baratas (pequeñas y muy juntas) y el acarreo de servicios públicos a zonas marginales, lo que exige por parte de los pobladores locales, del municipio y la federación una inversión cuantiosa para solventar el aumento en el consumo de energía, de agua y la generación de basura. Además, la lejanía de los nuevos asentamientos, su dispersión, su alta densidad demográfica y pobre planeación congestiona las vías de tránsito, rompe el equilibrio de los ecosistemas vecinos a la ciudad y genera contaminación atmosférica, visual y auditiva.

En resumen, los beneficios económicos que acarrea la instalación de desarrollos o fraccionamientos exclusivos en la costa sudcaliforniana, en particular en las áreas de mayor riqueza paisajística o en biodiversidad, sólo llegan a los pequeños grupos de individuos que asisten como intermediarios entre el propietario de la tierra y el comprador final. Porque incluso éste termina recibiendo las externalidades negativas, como ha quedado demostrado en otras regiones del país (véase Puerto Peñasco, Son., y Rosarito, B.C.N.) y del mundo (el sur de España y la Riviera Francesa, por ejemplo), donde el crecimiento explosivo de desarrollos inmobiliarios costeros terminó por bajar el propio valor de esos desarrollos, a la par que desplazó geográfica y económicamente a la población nativa y afectó gravemente los recursos naturales de la zona.

Este final inevitable del desarrollo inmobiliario en las regiones costeras y el costo económico de su declive es una lección que deberían aprender los tomadores de decisiones sudcalifornianos y los ciudadanos que los respaldan, si es que les interesa un futuro próspero para la población local de Baja California Sur.

Pero se advierte en sus declaraciones que pocos funcionarios públicos, empresarios y políticos locales han pensado en utilizar la experiencia acumulada en otros países, en otros estados y aquí mismo. En especial, parece que se encuentran convencidos de que los otros modelos de desarrollo que no incluyen el desarrollo inmobiliario costero carecen de fundamento o sólo son válidos como utopías o buenos deseos.

No conocen o no parecen conocer que en Baja California Sur ya existe una gran cantidad de estudios de caso, además de análisis comparativos y revisiones históricas sobre la manera como se ha dirigido el crecimiento económico en Baja California Sur en los últimos años, y que advierten sobre sus consecuencias y han ofrecido algunas soluciones.

Cuerpos académicos de la UABCS, CIBNOR, CICIMAR y CICESE, y organizaciones no gubernamentales como Niparajá, ISLA, COBI y Pronatura, entre otras que residen en la propia capital del estado, se han dedicado exclusivamente a cumplir con esta importante función de generar conocimiento, acumular información y concretar análisis sobre las condiciones naturales, sociales, económicas y culturales de Baja California Sur. Sus resultados se encuentran con facilidad en sus respectivas páginas de Internet, en sus bibliotecas y con sus investigadores, siempre accesibles.

No la única pero la principal de sus sugerencias, debido a las condiciones agresivas del modelo inmobiliario costero promovido por la administración estatal, ha sido la conservación o protección de las zonas de mayor interés por su riqueza paisajística, biodiversidad o fragilidad social, mediante la regulación estricta de las actividades económicas.

Tomadores de decisiones poco informados pueden decir que la creación de un área natural protegida (ANP) limita el desarrollo económico y social de las comunidades establecidas en la región y les impide cualquier posibilidad de desarrollo futuro.

Pero ya existen muchas experiencias exitosas que demuestran, precisamente dentro de las áreas naturales protegidas de Baja California Sur, que los pobladores locales pueden beneficiarse ampliamente como productores de alimentos, constructores y prestadores de servicios turísticos, si no se les abandona a los deseos de los especuladores inmobiliarios.

Un depósito de desechos tóxicos para La Paz

Octubre de 2007

Es muy fácil comprar un veneno, pesticida, herbicida o defoliante en la ciudad de La Paz, pero es muy difícil deshacerse de él. No existe un lugar adecuado para ello y debería existir. Siendo todavía legal la venta de agroquímicos inorgánicos y no degradables, sólo queda pensar que una parte de todos los residuos peligrosos viene a quedar bajo la tierra donde los paceños sacan su agua para beber, y que otra considerable se integra a sus vidas y a su ambiente rural o citadino.

En el municipio de La Paz la agricultura se encuentra suficientemente extendida como para que la ausencia de un depósito de residuos tóxicos resulte un asunto de consecuencias graves a mediano plazo. Basta sólo ver la proliferación de centros de venta de químicos agrícolas en los últimos dos años para apreciar los riesgos.

Los usuarios de este tipo de productos destinados a aumentar la fertilidad de la tierra o a la eliminación de organismos vegetales o insectos no deseados son por un lado los agricultores del valle de La Paz y por el otro los citadinos con pequeños huertos o patios cultivados. Posiblemente los grandes agricultores aprovechen con toda su eficiencia los productos mencionados, pero en los pequeños usuarios esto es menos probable. Confiemos por un momento que los agricultores grandes son completamente supervisados por la SAGARPA y la SEMARNAT y no se encuentran aplicando químicos cuya vida como elemento tóxico para los alimentos cultivados, el ambiente y los seres humanos que se exponen a su presencia sea peligrosamente larga. Sumemos a esta casta confianza una adicional sobre el uso eficiente, es decir, en su totalidad, de los agroquímicos no orgánicos (y por tanto residuales) en los cultivos de la región. Sólo así estaremos tranquilos de que los mantos freáticos que proveen de agua a La Paz no se encuentran bajo riesgo de contaminación.

Pero luego de este optimista privilegio de la duda sobre la alta conciencia del agricultor y la lealtad para con la ley y la sociedad del funcionario que supervisa la aplicación, todavía falta considerar lo que puede acontecer y lo que con toda seguridad sucede en el caso de los pequeños usuarios de los más usados de todos los residuos tóxicos en una ciudad como La Paz: luego de utilizar una pequeña cantidad, el resto es guardado o desechado. Quien conozca los efectos de los agroquímicos en la salud humana, en el ambiente y la manera como interaccionan con los organismos para la función a que están destinados, no guardará estos residuos tóxicos en su casa, ni cerca de su casa y probablemente ni cerca del cultivo donde ya aplicó el producto químico agrícola. Si tiene este conocimiento tampoco lo tirará a la basura o lo dejará en cualquier lugar dentro o fuera de la ciudad.

La visión más simplista dirá que en primer lugar estos productos no deben comprarse para ser usados en el jardín o la huerta y que su uso debe estar en manos de especialistas. Sin embargo es un hecho cotidiano en la actualidad que su venta es completamente libre y que los particulares no tienen necesidad de poseer conocimientos especializados (aunque sea deseable). Para lo que aquí se señala es suficiente con tener conciencia de la relación estrecha entre el ambiente y nuestras acciones. De esta forma, el ayuntamiento o el gobierno del estado, por la responsabilidad que les ha asignado la sociedad, deben establecer un depósito de desechos tóxicos para que los particulares puedan deshacerse de los que les son inútiles y para garantizar que no terminen integrados (al menos no en su forma peligrosa) al ambiente citadino, rural, silvestre o marino.

Actualmente los expendedores de agroquímicos tienen la obligación de regresar a la empresa que les provee los productos que caducan, es decir, que no son vendidos en cierto tiempo. Concediendo (pues queremos ser optimistas) que así suceda, todavía falta corregir una falla que pone en duda la ejecución de todas estas precauciones que se encuentran (o deben estar) codificadas y supervisadas por organismos públicos federales y locales en este municipio y su ciudad capital: muchos lugares de venta, especialmente los más pequeños, son a la vez bodega y exhibidor; en ellos el ambiente se encuentra tan viciado por la mezcla de venenos, que tanto compradores como inspectores (y por supuesto los mismos vendedores) se encuentran arriesgando continuamente su salud.

La naturaleza residual de muchos productos agrícolas e industriales que se utilizan al interior de las ciudades, los pueblos o sus cercanías, tiene consecuencias que incluso cuando son indirectas no igual de graves. Basta tener presente la alta incidencia de enfermedades degenerativas, crónicas y cancerígenas que afectan a la niñez y adultos maduros en casi todos los valles agrícolas de México para considerar con cuidado el uso y destino de las sustancias tóxicas que se aplican a los cultivos que sirven de alimento al ganado o a los seres humanos en el municipio de La Paz y el resto del estado.

La existencia de un depósito seguro que administre estas sustancias peligrosas será una carga singular para el dinero público, pero los beneficios serán muy grandes en el mediano y largo plazo, especialmente si se agrega a su instalación un programa permanente de divulgación sobre los efectos nocivos de los químicos agrícolas e industriales de uso cotidiano, de las precauciones para su uso y de las alternativas para su extinción.

El XII Ayuntamiento de La Paz permuta oro por espejitos

Septiembre de 2007

En un futuro próximo, cuando pueda accederse a los documentos oficiales apropiados y no sólo a las notas de prensa, el XII Ayuntamiento de La Paz será llamado el ayuntamiento de los especuladores de tierras y el presidente municipal será identificado con una fracción (una suerte de mister ten percent) y no con el supuesto hombre de izquierda Víctor Castro Cosío. De refilón, se mostrará que los regidores de ese duodécimo cabildo, al intentar ser diputados locales en la elección de febrero de 2008, sólo iban por más y mejores sueldos, y no porque desearan beneficiar a la comunidad protegiendo sus intereses.

El Ayuntamiento de La Paz, por decisión arbitraria e ilegal de su cabildo y de su presidente municipal, y contraviniendo lo que dicta la Ley de Desarrollo Urbano de Baja California Sur, condonó al fraccionamiento Paraíso del Mar, del cual Luis Cano Hernández es vocero y socio, la pequeña cantidad de 250 millones de dólares, es decir, poco más de 2,500 millones de pesos (“Dona Paraíso del Mar 100 hectáreas en El Centenario”, nota de Aracely Hernández, El Sudcaliforniano, 16-iii-07).

El fraccionamiento Paraíso del Mar debió entregar la propiedad del diez por ciento de sus lotes vendibles a la comunidad de La Paz para que ésta les diera el destino que mejor le pareciera. La Ley de Desarrollo Urbano de B.C.S., vigente, en su artículo 74, párrafo II, así lo señala. Ese mismo artículo dice que para el caso de “fraccionamientos localizados fuera de los centros de población o que no requieran equipamiento urbano, el fraccionador podrá solicitar al ayuntamiento respectivo la celebración de un convenio por el que se le autorice a cubrir en efectivo el importe de la donación a que está obligado”.

En ninguna parte la ley señala que el Ayuntamiento podrá celebrar un convenio con el fraccionador en otro sentido. Aun más, la ley indica de manera expresa que no será el Ayuntamiento o el fraccionador quienes determinarán el valor de esta transacción, sino que se fijará “conforme al valor comercial de la superficie que le hubiere correspondido donar en los términos de esta ley, de conformidad al avalúo que emita el Instituto Mexicano de Valuación de Baja California Sur”.

El XII Ayuntamiento de La Paz, presidido por Castro Cosío y compuesto por una serie de personas que se han registrado como candidatos a diputados locales por el PRD, PAN, PT y Convergencia, en uso de atribuciones que los ciudadanos de La Paz no les confirieron y que la ley no les permite, celebraron un convenio con la empresa Paraíso del Mar para “permutar” —es decir, cambiar— las 26.5 hectáreas que le corresponde entregar en donación a la comunidad paceña por cien hectáreas de monte en un predio al sur del centro de población del ejido El Centenario y al suroeste del aeropuerto de La Paz.

Estas cien hectáreas, según el propio gobierno de B.C.S., tenían en 2006 un valor comercial de 1.5 millones de pesos por hectárea, es decir, 15 millones de pesos en conjunto (citado por Gustavo Alcocer, en el Plan de Desarrollo Urbano de La Paz, tabla en p. 62, http://www.lapaz.gob.mx/sistemaimages/upload23/archivo395.pdf).

Las 26.5 hectáreas del Paraíso del Mar tienen un valor comercial mínimo de 10 millones de dólares (esto es, más de 100 millones de pesos) cada hectárea, por tener vista o colindar con el mar, además de encontrarse en una posición geográfica privilegiada que otras naciones utilizan para colocar centros de investigación o bases navales. Este valor comercial puede calcularse mediante los precios que ofrecen las agencias de bienes raíces estadunidenses y las establecidas aquí (en el buscador Google, con las palabras: price+acre+beachfront+baja). La propia página de Paraíso del Mar contiene artículos de consultoras y medios estadunidenses que destacan lo “barato” que es comprar acres con vista al mar en “Baja” y algunas de ellas informan un precio de 4 millones de dólares por acre, como bloomberg.com.

El conjunto de Paraíso del Mar, que fue comprado al pueblo de Baja California Sur en 40 millones de pesos (útiles para pavimentar con asfalto y sanear ocho kilómetros de calles, según los números que coloca el gobierno de B.C.S. ante cada obra de este tipo), tiene ahora un valor comercial mínimo de 26,500 millones de pesos, sólo en propiedad raíz. Una vez construida su segunda etapa, el emporio tendrá un valor cercano a los tres billones de pesos (porque contará con varias miles de propiedades, entre casas, villas y condominios, cada una vendida a un precio mínimo de 200 mil dólares, véase http://www.paradiseofthesea.com).

¿Por qué el gobierno de Baja California Sur inicialmente no fraccionó y vendió por sí mismo y para beneficio de las finanzas públicas una parte o todo lo que era propiedad de los sudcalifornianos? No es posible aducir que el gobierno anterior tuvo una falta de recursos financieros para desarrollar por sí mismo un fraccionamiento modelo en El Mogote. Pudo haber hecho lo mismo que Luis Cano inmediatamente después de recibir las escrituras de ese filón de oro: hipotecarlo en un millón de dólares a un extranjero (como atestigua la escritura 58107, volumen 907, redactada por el notario número 7 de Baja California Sur, Héctor Castro Castro, el 16 de junio de 2004).

El caso del XII Ayuntamiento es todavía más explícito. ¿Por qué un Ayuntamiento que cuenta con ingresos propios anuales por apenas 331 millones de pesos no aplicó la ley de desarrollo urbano estatal para beneficiar las finanzas municipales y, por ende, para beneficiar a los habitantes presentes y futuros del municipio de La Paz?

El XII Ayuntamiento se justifica diciendo que las cien hectáreas del intercambio serán destinadas para la construcción de viviendas para trabajadores. El 18 de septiembre de 2007 presentó de hecho la manera en que se cumplirá con este objetivo: mediante un “Proyecto de Ciudad Satélite”. En estas cien hectáreas “se ofertará suelo urbano autorizado, 4 mil lotes, con todos los servicios e infraestructura necesarios para el desarrollo y promoción de vivienda económica, con la ventaja de que los desarrolladores podrán empezar la construcción de inmediato y no correrán con gasto de compra de tierra, pago de licencias, trámites e impuestos, así como tampoco, de urbanización.” (“Anuncian proyecto de ciudad satélite de La Paz”, nota de Salvador Salgado Gutiérrez, El Peninsular, 19-x-07, p. 12.) Pero los trabajadores sí tendrán que comprar al precio comercial sus viviendas con menos de 150 metros cuadrados de superficie (cien hectáreas, menos lo destinado a calles, entre cuatro mil lotes).

Los terrenos adyacentes a esta “Ciudad Satélite” se verán beneficiados por el acarreo de servicios y la apertura de accesos hasta esa zona alejada del centro urbano de La Paz. Los propietarios de estos grandes predios destinados a urbanizarse a costa del dinero público son los mismos que entregaron las cien hectáreas en permuta al Ayuntamiento por las 26.5 hectáreas de Paraíso del Mar, además de aquellos que tuvieron información privilegiada para ver lo que se planeaba. Todo esto puede confirmarse mediante una lectura superficial del Plan de Desarrollo Urbano de La Paz que acaba de aprobar no el cabildo de La Paz sino el gobernador Narciso Agúndez.

¿Cual es el papel en todo esto del poco honorable XII Ayuntamiento de La Paz? ¿Cuál es la misión de Víctor Castro Cosío, José María Hernández Manríquez, Armando Martínez Vega, Álvaro Fox Peña, Ady Margarita Núñez Abín, Kikey López Díaz, Arturo Flores González, Silvia Puppo Gastélum, Armando Ferrer Calderón, Martín Inzunza Tamayo, Fernanda Villarreal González, Francisco Javier López Romero, Jorge Espinoza Vargas y Raúl Ramírez Águila, ante este gran proyecto inmobiliario especulativo transtrienal?

Dos que es una misma: socializar las pérdidas, privatizar las ganancias. ¿Cómo puede remediarse tanta ilegalidad y cohecho?

Luis Cano para gobernador

Abril de 2007

Tristemente, un ayuntamiento que parecía venir a marcar una diferencia frente a los anteriores se encuentra a punto de pasar a la historia como el legitimador de un proyecto de bienes raíces que pone en riesgo no sólo la prosperidad futura de ciudad de La Paz, sino su misma existencia como asentamiento humano. El cabildo de este XII Ayuntamiento está a un mes escaso de mostrar para qué sirve el poder político y para qué sirven los políticos una vez que llegan al gobierno.

En el mes de mayo, si no sucede que la población de La Paz presiona para que hagan lo contrario, los regidores del XII Ayuntamiento de La Paz van a aprobar un “Programa de Actualización del Desarrollo Urbano de La Paz” (PDU) que, lejos de proponer una solución a los problemas presentes y futuros de la ciudad, se encuentra enfocado en la legalización de fraccionamientos, la dotación de servicios (en particular de agua) y de accesos viales en la zona litoral de la ensenada de Arípez, El Centenario, El Mogote y Balandra.

Este PDU se encuentra explícitamente enfocado en estas zonas por el alto valor comercial que les concede su ubicación geográfica y —aquí está el quid— porque son la propia justificación del citado Programa “de Actualización”, como puede leerse en su resumen público, disponible en la página de Internet del gobierno de B.C.S.

Uno, ciudadano común, supondría que un plan de desarrollo urbano, como quiere ser este PDU, planearía la urbanización de La Paz desde un punto de vista orgánico, con un trazado de vialidades, una combinación de zonas residenciales y de vivienda popular, una conservación de áreas verdes originales, una ubicación de espacios recreativos y una distribución de los servicios de salud, educación y cultura, bajo una óptica humanista y moderna (estudiada y aplicada desde 1850), que permitiera que los paceños tuviéramos una mejor calidad de vida o que, al menos, conserváramos la que actualmente se encuentra en proceso de retirada. Es otra la intención.

Los regidores de La Paz que van a aprobar este PDU son los mismos que no pudieron resolver uno sólo de los problemas fundamentales de la ciudad: no mejoraron el transporte público, no aliviaron la saturación de vialidades primarias, no eliminaron la corrupción de la policía u ofrecieron una modesta solución viable al problema del agua. Por el contrario, ejecutaron acciones lesivas a los intereses de los habitantes de La Paz: permitieron un aumento en la degradación visual de la vía pública con la colocación de espectaculares publicitarios, toleraron la instalación de fraccionamientos sin accesos apropiados, aumentaron impuestos y cometieron el peor de los negocios posibles al aceptar cambiar (permutar) las áreas de donación del fraccionamiento Paraíso del Mar en El Mogote por terrenos en El Centenario sólo cuatro veces más extensos e inubicables.

Aunque no el único, este último caso es el que evidencia con mejor nitidez la defensa de los intereses privados que realiza el actual cabildo, en especial de los pocos propietarios que van a resultar beneficiados por el PDU en proceso de aprobarse. Sobre esta permuta, el regidor presidente de la comisión de Desarrollo Urbano del XII Ayuntamiento, el médico Álvaro Fox, del Partido Convergencia, la resumió así: “La ley lo permite”. Pero esto es mentira. La Ley de Desarrollo Urbano de B.C.S. dice a la letra en su artículo 74:

En relación a la obligación señalada en la fracción II de este articulo (“Donar [por parte del fraccionador] al municipio el 10% del área lotificable vendible”), para el caso de fraccionamientos localizados fuera de los centros de población o que no requieran equipamiento urbano, el fraccionador podrá solicitar al ayuntamiento respectivo la celebración de un convenio por el que se le autorice a cubrir en efectivo el importe de la donación a que está obligado, debiendo determinarse el monto de dicho pago conforme al valor comercial de la superficie que le hubiere correspondido donar en los términos de esta ley, de conformidad al avalúo que emita el instituto mexicano de valuación de Baja California Sur.

De haber cumplido con la ley, es decir, de haber exigido el valor comercial de las 25 hectáreas en cuestión, en lugar cambiarlas por 100 hectáreas de El Centenario (“destinadas a construir viviendas de interés social”), el Ayuntamiento de La Paz hubiera recibido recursos suficientes no sólo para comprar diez veces esas 100 hectáreas de El Centenario, sino además para construir las casas y los servicios necesarios en ellas. Lo que hizo el cabildo no está permitido por la ley: tan sólo no está prohibido explícitamente. El cabildo hizo uso de lo que los abogados llaman una chicanada: respetar la letra y violar el espíritu de la ley.

¿Cómo es posible que un cabildo como éste se otorgue a sí mismo la facultad de proyectar el futuro de la ciudad de La Paz de aquí a 25 años? Un cabildo que cambia 25 hectáreas de oro por 100 hectáreas de tierra. ¿Cómo confiar los asuntos de todos a un grupo de individuos que valoran de manera tan despreciable la propiedad pública?

El PDU que este tipo de regidores quiere aprobar fue elaborado por un consultor queretano con menos de dos años de residencia en la entidad. Esto sería irrelevante en cualquier otra situación. Todos aquí hemos llegado antes o después, por nuestros padres o por nuestro propio pie. El consultor, sin embargo, para proyectar el futuro de la ciudad de La Paz, esto es, de sus habitantes, no consultó más que a una mínima cantidad de personas en pequeños talleres a lo largo de pocos meses de un año. En un foro auspiciado por COVYDE, A.C., en noviembre de 2006, y ante la pregunta de por qué no consultó a un sector más representativo de la sociedad local para redactar su PDU, este ingeniero consultor lo resumió así: “No encontré opinión pública a la cual consultar”.

De manera tradicional, la opinión pública se manifiesta en los medios de comunicación. En una entidad en la que prácticamente todos los medios de comunicación carecen de independencia con respecto del gobierno y de los poderes económicos locales y regionales, es natural que la opinión pública no pueda manifestarse a través de ellos. El consultor leyó los diarios de la entidad, vio la tele, escuchó la radio y sólo pudo decir: todos están de acuerdo con este modelo de desarrollo.

El consultor no consultó a las cámaras industriales, de la construcción o de comercio, a los diversos colegios de profesionistas, a las asociaciones civiles o a los sindicatos. No pidió opiniones a ninguno de la multitud de especialistas científicos del CIBNOR, CICIMAR y la UABCS que viven en la ciudad y estudian la bahía, los alrededores y a los habitantes de La Paz. Es más, no consultó uno sólo de sus libros, ninguno de los múltiples estudios acumulados durante décadas sobre esta zona y población.

El consultor no encontró una opinión pública a quien consultar porque no la buscó: no le interesaba.

¿Cómo es entonces que el consultor pudo hacer un proyecto que implica la afectación total de los mantos freáticos del valle de La Paz, la triplicación del número de habitantes y de la mancha urbana; que afecta por entero el sistema de corrientes de la ensenada de La Paz, que pone en riesgo la riqueza marina de la bahía, que elimina la armonía social dividiendo la ciudad entre ricos y pobres; en fin, que subordina la economía y la cultura de los habitantes de esta ciudad a un proyecto que carece de otro enfoque teórico que el producido por una simple especulación: la especulación de terrenos baldíos con vista al mar?

Esto es lo único en lo que fue voluntariamente sincero el ciudadano consultor que redactó el PDU. Carente de imaginación, en el resumen “para el público”, única herramienta que el cabildo de La Paz otorgó a la ciudadanía para comentar este proyecto, el ingeniero consultor subrayó con amplias elipses la ensenada de Arípez (o ensenada de La Paz) y una zona que bautizó “Delegación Balandra”, ubicada en el llano al norte de ciudad y que es atravesada por el libramiento urbano hacia Pichilingue. En la ensenada de La Paz, para hacer aún más explícito su modelo de pensamiento, el consultor planeó la creación de tres islas artificiales conectadas por un puente con tierra firme entre El Comitán y la marina Fidepaz, y un corredor “turístico ecológico” paralelo —pero por el lado del mar— a la franja de manglares que abundan entre esos mismos dos puntos. Su argumento: hay que crear valor paisajístico, ahora nadie accede a esos lugares, “son playas de fango”, con el acceso habrá plusvalía, “las islas se pueden concesionar para poner condominios, restaurantes y hoteles”.

En el foro de COVYDE, donde pronunció estas ideas (y donde estuvo también Álvaro Fox y otros regidores y funcionarios municipales), asombrado porque nadie lo consideraba un genio a la altura del arte (creando valor a partir de la nada) y acosado por las protestas de los asistentes por su nula percepción de los problemas ecológicos y sociales de su risible e indignante modelo, se le ocurrió defenderse arguyendo que la venta o concesión de los espacios públicos de alto valor paisajístico era una manera segura para hacer llegar recursos a las zonas deprimidas de la localidad. “Ahí tienen la venta de El Mogote, nada se obtenía de él, se vendió y se llevaron servicios a partes necesitadas de la ciudad”. Cuando se le mencionó que de esa venta sólo habían salido 40 millones de pesos, mismos que sólo alcanzaron para pavimentar cuatro kilómetros de ciudad, sólo atinó (o desatinó, mejor dicho) a pronunciar algo así como que era culpa de nosotros.

Ese Programa de Actualización del Desarrollo Urbano de La Paz no debería aprobarse. Debería diseñarse uno sobre la base de los verdaderos intereses de los paceños y las verdaderas condiciones de la localidad, así se tardara su confección uno, dos o tres años más. Los regidores, en el fondo, lo saben. Pero se trata del plan maestro de grandes intereses vinculados estrechamente a las más altas esferas del poder político y económico de Baja California Sur. Son intereses que ya han definido el futuro de la ciudad de La Paz. Para ellos los habitantes actuales y futuros son sólo una circunstancia del paisaje, algo para vender a los turistas, meros souvenirs. Los regidores son o quieren ser sus empleados.

Llamarles a la razón (a la razón social), a la previsión de los daños, a la proyección de modelos alternativos de desarrollo, a la formación de valores y recursos humanos, en fin, a la creación de una estrategia colectiva para modelar el futuro, no es suficiente. Ya han escuchado el canto de las sirenas y se han amarrado al timón.

“El cabildo tomará una decisión de autoridad”, dijo el autoritario regidor Álvaro Fox. “Pondremos desaladoras”, dijo el previsor presidente municipal. Parcharemos. No haremos bien el camino: parcharemos cuando haya que parchar.