La desaladora de La Paz

 Sandino Gámez Vázquez

Hay muy poca información oficial sobre la planta desalinizadora de agua de mar que el gobierno del estado y el ayuntamiento de La Paz planean construir en esta ciudad capital, pero es suficiente para saber que es un mal negocio para las finanzas públicas, para el bolsillo de los paceños, para el medio ambiente de la bahía y para el futuro de esta ciudad.

Sobre este tema de fundamental importancia para los habitantes de La Paz las autoridades de los tres niveles de gobierno no han considerado en ningún momento la participación de los ciudadanos, ni siquiera de los cuatro centros de investigación científica —con decenas de especialistas sobre el tema— que existen en esta ciudad. Tampoco las páginas de Internet del gobierno del estado, del ayuntamiento o del SAPA La Paz contienen más información sobre el tema que la superficial ofrecida en los boletines de prensa.

Gracias a estos, podemos saber que el director regional de la Comisión Nacional del Agua, Celso Castro Sánchez, ha dicho que esta desaladora es la única alternativa al agotamiento de los mantos freáticos, que es una decisión ya tomada por las autoridades de los tres niveles y que sus 200 litros por segundo (lps) resolverían el abasto de agua en la ciudad (El Sudcaliforniano, 21-vii-08). El director del organismo gestor del agua en el municipio (SAPA La Paz), Alejandro Vizcaíno, la presidenta municipal, Rosa Cota, al igual que sus pares del trienio pasado y el actual gobernador han manifestado una idéntica opinión.

De manera reciente, hemos sabido que el director de SAPA compareció ante el cabildo del XIII Ayuntamiento paceño para informar sobre la justificación del proyecto elaborada por la consultora privada Consagua (El Sudcaliforniano, 3-ix-08). Dio datos sobre los niveles actuales de extracción de los 22 pozos que satisfacen la demanda de agua de esta ciudad y los comparó con la capacidad de recarga del acuífero. Mencionó que el déficit era de 2.7 millones de metros cúbicos (m3) anuales, por la recarga de 27.8 millones de m3 y una extracción de 30.5.

Cabe señalar, sin embargo, que este empleado municipal ha dado al público cifras sobre el agua en esta ciudad que son sustancialmente diferentes a las que se encuentran en la página de Internet de SAPA. Así, por ejemplo, mientras dice ahora al cabildo que el organismo operador a su cargo extrae 967 litros por segundo, hace un mes declaró a Aracely Hernández (El Sudcaliforniano, 22-viii-08) que se extraían 650 litros por segundo (lps). La página oficial de SAPA informa —detalladamente— que son 502 lps. en los 22 pozos del acuífero. ¿En cuál dato podemos confiar?

También, según sea el tiempo, el medio de comunicación y el empleado público, el costo y los beneficios de la desaladora van de 200 a 330 millones de pesos, y de 15, 70 y 220 mil las personas que recibirían su servicio. El precio de producción del metro cúbico de agua iría de 8 a 12.50 pesos. Ante tal heterogeneidad de criterios, vale recordar que la desaladora para La Paz será idéntica a la de Los Cabos tanto en su capacidad como en la forma de su operación. Sesenta por ciento de su costo de construcción es absorbido por la federación, diez por ciento por el gobierno del estado y el ayuntamiento, y el treinta restante por la empresa que gana la licitación.

Pese a la inversión pública aplicada, dicha empresa mantiene el derecho sobre la totalidad de las utilidades que se generen y sólo se compromete a entregar dentro de veinte años la planta desaladora operando y con refacciones suficientes en bodega. El contrato obliga a la empresa a vender el agua potable al organismo operador municipal y éste se compromete a comprársela. En ningún momento la empresa paga derechos de concesión por el uso de un bien público.

Según el director de SAPA Los Cabos, Antonio Agúndez Montaño, la compañía española propietaria de la planta desalinizadora de Cabo San Lucas, Inima, vende el m3 de agua desalinizada y lista para el consumo humano a 12.50 pesos (La Jornada, 2-vi-08). Digamos que la desaladora trabaja sólo la mitad del día, durante un año los 200 lps terminan convertidos en 3.15 millones de m3 que representan 39.4 millones de pesos. Celso Castro, de la CNA, ha dicho que el costo de producción es de 8 pesos el m3, así que la empresa sólo gastó 25.2 millones de pesos. La diferencia, 14.2 millones de pesos, indica que en tres años Inima habrá recuperado su inversión (recuérdese que sólo aportó 30 por ciento del total). Los 17 años que le quedan de usufructo de la desaladora le otorgarán 241.4 millones de pesos en utilidades. Todo esto si no aumenta el precio a lo largo del tiempo y sólo produce agua 12 horas al día.

El SAPA Los Cabos revende el agua desalada a 3.3 pesos el m3, con lo que subsidia 9.2 pesos por m3. En 3.15 millones de m3 de agua (seguimos calculando 12 horas de funcionamiento al día), significa un subsidio de poco menos de 29 millones de pesos anuales. Es importante resaltar que el mismo año en que se puso en marcha la planta desalinizadora el superávit del Ayuntamiento de Los Cabos se esfumó y registró su primer déficit. Y que, según el director de SAPA de ese municipio, la desalinizadora sólo atiende la demanda de 15 mil personas.

Puede comprenderse, con estos cálculos básicos (hechos con cifras a la baja) por qué el Ayuntamiento de Puerto Peñasco ha decidido que es más conveniente comprar la tecnología y la capacitación para instalar una planta desaladora que será de su propiedad en todo momento. Con ello podrá destinar las utilidades posibles como subsidio, evitando así un hueco en las finanzas municipales y un traslado de recursos locales a una empresa transnacional.

Para el caso de La Paz, la idea de la desaladora es con mucho una opción no sólo inviable económicamente en el sentido que se está planeando. Su colocación dentro de la Bahía de La Paz involucra un tipo de contaminación por desechos que no se registra en Cabo San Lucas por la dinámica marina de su ubicación.

La desaladora cabeña recoge 400 litros de agua marina con 35 partes por mil, produce 200 litros de agua potable y descarga 200 litros de agua saturada con 70 partes por mil de sal. Estos se desechan en mar abierto, precisamente donde se unen las corrientes del golfo y el Pacífico. La desaladora de La Paz está planeada para construirse en la zona de Punta Prieta, donde se encuentra la más antigua de las dos termoeléctricas de la ciudad. Debido al sistema de corrientes de la Bahía de La Paz en ese punto, incluso aunque la boca de la descarga fuera a tres kilómetros en cualquier dirección, la salmuera viajará al interior de la bahía y, especialmente, al interior de la ensenada de Arípez, acumulándose y afectando la gran cantidad de especies de fauna marina juveniles que se crían en esta zona.

Otro de los inconvenientes que los promotores de la desaladora en La Paz no consideran públicamente es el gasto en energía. Cálculos conservadores indican que 40 por ciento del costo de producción de agua desalada se debe a la electricidad invertida en el proceso. De hecho, en el mundo aún no existe una planta desaladora que tenga una eficiencia mayor a los 3 kilowats hora (kwh) por metro cúbico de agua. Con este rendimiento, la desaladora de La Paz gastaría 2,160 kw cada hora, cuando menos, lo que equivale al consumo de energía eléctrica de todo el alumbrado público del municipio en un día completo (SHCP, 2007), o al consumo promedio (0.4 kwh) de más de cinco mil casas habitación. Extrañamente, sin que se haya vinculado de manera pública, este incremento en la demanda ya se encuentra previsto por la CFE: se construirán tres nuevas termoeléctricas en La Paz, no sólo para cubrir las necesidades de esta ciudad, sino para la de Los Cabos (donde se proyecta la ampliación de su desaladora). Al igual que con la salmuera, los desechos de las termoeléctricas, por su ubicación y las corrientes de aire de la zona, terminan sobre la ciudad de La Paz, como podemos ver cada mañana y tarde.

¿Es necesaria la planta desaladora de La Paz? Es muy interesante ver cómo ni la CNA, ni el gobierno del estado ni el ayuntamiento de Comondú se han propuesto construir una desaladora para apoyar la recuperación del acuífero del Valle de Santo Domingo, mucho más dañado que el de La Paz. En ese valle de Comondú se aplicarán 50 millones de pesos para construir represos, pozos de infiltración, lagunas de absorción, canales de conducción y otra infraestructura hidráulica para generar un aumento en la captación subterránea del agua de lluvia. Al mismo tiempo, sin que medie ningún escrúpulo, en Los Cabos se permite que la compañía española GreHansa conduzca el agua dulce de la Sierra de la Laguna hacia sus terrenos a un costado de Cabo Pulmo mediante un acueducto que le otorgará 150 lps y sólo le costará 90 millones de pesos (El Sudcaliforniano, 20-ix-08).

Si como dice (y no se contradice posteriormente) el director de SAPA La Paz, el déficit entre extracción y recarga del acuífero de La Paz es de 2.7 millones de m3 anuales, para que entre en equilibrio hay que dejar de extraer 86 lps o hay que aumentar la recarga en esa cantidad. La opción de traer agua de un acuífero lejano tampoco es inviable (los acueductos de la ciudad ya suman una distancia de 62 km), pero sería mejor reparar las fugas de agua de la ciudad para que no se pierda más del cincuenta por ciento de lo extraído (250, 325 o 483 lps), como ahora, aumentar la capacidad de la planta de tratamiento de aguas residuales (sólo procesa la mitad del agua desechada y tal vez menos, según se aprecia por los cotidianos olores), obligar a los constructores de vivienda a colocar dos sistemas de drenaje (agua gris y agua negra), colectar el agua de lluvia que cae en la ciudad y, especialmente, terminar con el modelo de desarrollo económico basado en grandes fraccionamientos turísticos costeros y en la extensión de la mancha urbana sobre las zonas de recarga del acuífero.

En todo caso, ¿por qué sólo se toma la opción más cara, menos rentable, más contaminante, menos sustentable, más entrópica, menos incluyente, en fin, más neoliberal? ¿Por qué se ha cerrado la decisión y la información sobre una medida que afecta a las generaciones actuales y futuras, a las finanzas públicas y al medio ambiente de la Bahía de La Paz?

Así, más que una solución, el pago de cientos de millones de pesos durante 20 años a una empresa extranjera por la venta de un bien público parece el secuestro de los pocos beneficios futuros que puede llegar a tener esta ciudad con su crecimiento. Es increíble que sus gobernantes no puedan asegurarle algo mejor que seguir el destino de Cabo San Lucas o algo peor: ser su servidor.

sandinogamez@gmail.com

Luis Cano para gobernador

Abril de 2007

Tristemente, un ayuntamiento que parecía venir a marcar una diferencia frente a los anteriores se encuentra a punto de pasar a la historia como el legitimador de un proyecto de bienes raíces que pone en riesgo no sólo la prosperidad futura de ciudad de La Paz, sino su misma existencia como asentamiento humano. El cabildo de este XII Ayuntamiento está a un mes escaso de mostrar para qué sirve el poder político y para qué sirven los políticos una vez que llegan al gobierno.

En el mes de mayo, si no sucede que la población de La Paz presiona para que hagan lo contrario, los regidores del XII Ayuntamiento de La Paz van a aprobar un “Programa de Actualización del Desarrollo Urbano de La Paz” (PDU) que, lejos de proponer una solución a los problemas presentes y futuros de la ciudad, se encuentra enfocado en la legalización de fraccionamientos, la dotación de servicios (en particular de agua) y de accesos viales en la zona litoral de la ensenada de Arípez, El Centenario, El Mogote y Balandra.

Este PDU se encuentra explícitamente enfocado en estas zonas por el alto valor comercial que les concede su ubicación geográfica y —aquí está el quid— porque son la propia justificación del citado Programa “de Actualización”, como puede leerse en su resumen público, disponible en la página de Internet del gobierno de B.C.S.

Uno, ciudadano común, supondría que un plan de desarrollo urbano, como quiere ser este PDU, planearía la urbanización de La Paz desde un punto de vista orgánico, con un trazado de vialidades, una combinación de zonas residenciales y de vivienda popular, una conservación de áreas verdes originales, una ubicación de espacios recreativos y una distribución de los servicios de salud, educación y cultura, bajo una óptica humanista y moderna (estudiada y aplicada desde 1850), que permitiera que los paceños tuviéramos una mejor calidad de vida o que, al menos, conserváramos la que actualmente se encuentra en proceso de retirada. Es otra la intención.

Los regidores de La Paz que van a aprobar este PDU son los mismos que no pudieron resolver uno sólo de los problemas fundamentales de la ciudad: no mejoraron el transporte público, no aliviaron la saturación de vialidades primarias, no eliminaron la corrupción de la policía u ofrecieron una modesta solución viable al problema del agua. Por el contrario, ejecutaron acciones lesivas a los intereses de los habitantes de La Paz: permitieron un aumento en la degradación visual de la vía pública con la colocación de espectaculares publicitarios, toleraron la instalación de fraccionamientos sin accesos apropiados, aumentaron impuestos y cometieron el peor de los negocios posibles al aceptar cambiar (permutar) las áreas de donación del fraccionamiento Paraíso del Mar en El Mogote por terrenos en El Centenario sólo cuatro veces más extensos e inubicables.

Aunque no el único, este último caso es el que evidencia con mejor nitidez la defensa de los intereses privados que realiza el actual cabildo, en especial de los pocos propietarios que van a resultar beneficiados por el PDU en proceso de aprobarse. Sobre esta permuta, el regidor presidente de la comisión de Desarrollo Urbano del XII Ayuntamiento, el médico Álvaro Fox, del Partido Convergencia, la resumió así: “La ley lo permite”. Pero esto es mentira. La Ley de Desarrollo Urbano de B.C.S. dice a la letra en su artículo 74:

En relación a la obligación señalada en la fracción II de este articulo (“Donar [por parte del fraccionador] al municipio el 10% del área lotificable vendible”), para el caso de fraccionamientos localizados fuera de los centros de población o que no requieran equipamiento urbano, el fraccionador podrá solicitar al ayuntamiento respectivo la celebración de un convenio por el que se le autorice a cubrir en efectivo el importe de la donación a que está obligado, debiendo determinarse el monto de dicho pago conforme al valor comercial de la superficie que le hubiere correspondido donar en los términos de esta ley, de conformidad al avalúo que emita el instituto mexicano de valuación de Baja California Sur.

De haber cumplido con la ley, es decir, de haber exigido el valor comercial de las 25 hectáreas en cuestión, en lugar cambiarlas por 100 hectáreas de El Centenario (“destinadas a construir viviendas de interés social”), el Ayuntamiento de La Paz hubiera recibido recursos suficientes no sólo para comprar diez veces esas 100 hectáreas de El Centenario, sino además para construir las casas y los servicios necesarios en ellas. Lo que hizo el cabildo no está permitido por la ley: tan sólo no está prohibido explícitamente. El cabildo hizo uso de lo que los abogados llaman una chicanada: respetar la letra y violar el espíritu de la ley.

¿Cómo es posible que un cabildo como éste se otorgue a sí mismo la facultad de proyectar el futuro de la ciudad de La Paz de aquí a 25 años? Un cabildo que cambia 25 hectáreas de oro por 100 hectáreas de tierra. ¿Cómo confiar los asuntos de todos a un grupo de individuos que valoran de manera tan despreciable la propiedad pública?

El PDU que este tipo de regidores quiere aprobar fue elaborado por un consultor queretano con menos de dos años de residencia en la entidad. Esto sería irrelevante en cualquier otra situación. Todos aquí hemos llegado antes o después, por nuestros padres o por nuestro propio pie. El consultor, sin embargo, para proyectar el futuro de la ciudad de La Paz, esto es, de sus habitantes, no consultó más que a una mínima cantidad de personas en pequeños talleres a lo largo de pocos meses de un año. En un foro auspiciado por COVYDE, A.C., en noviembre de 2006, y ante la pregunta de por qué no consultó a un sector más representativo de la sociedad local para redactar su PDU, este ingeniero consultor lo resumió así: “No encontré opinión pública a la cual consultar”.

De manera tradicional, la opinión pública se manifiesta en los medios de comunicación. En una entidad en la que prácticamente todos los medios de comunicación carecen de independencia con respecto del gobierno y de los poderes económicos locales y regionales, es natural que la opinión pública no pueda manifestarse a través de ellos. El consultor leyó los diarios de la entidad, vio la tele, escuchó la radio y sólo pudo decir: todos están de acuerdo con este modelo de desarrollo.

El consultor no consultó a las cámaras industriales, de la construcción o de comercio, a los diversos colegios de profesionistas, a las asociaciones civiles o a los sindicatos. No pidió opiniones a ninguno de la multitud de especialistas científicos del CIBNOR, CICIMAR y la UABCS que viven en la ciudad y estudian la bahía, los alrededores y a los habitantes de La Paz. Es más, no consultó uno sólo de sus libros, ninguno de los múltiples estudios acumulados durante décadas sobre esta zona y población.

El consultor no encontró una opinión pública a quien consultar porque no la buscó: no le interesaba.

¿Cómo es entonces que el consultor pudo hacer un proyecto que implica la afectación total de los mantos freáticos del valle de La Paz, la triplicación del número de habitantes y de la mancha urbana; que afecta por entero el sistema de corrientes de la ensenada de La Paz, que pone en riesgo la riqueza marina de la bahía, que elimina la armonía social dividiendo la ciudad entre ricos y pobres; en fin, que subordina la economía y la cultura de los habitantes de esta ciudad a un proyecto que carece de otro enfoque teórico que el producido por una simple especulación: la especulación de terrenos baldíos con vista al mar?

Esto es lo único en lo que fue voluntariamente sincero el ciudadano consultor que redactó el PDU. Carente de imaginación, en el resumen “para el público”, única herramienta que el cabildo de La Paz otorgó a la ciudadanía para comentar este proyecto, el ingeniero consultor subrayó con amplias elipses la ensenada de Arípez (o ensenada de La Paz) y una zona que bautizó “Delegación Balandra”, ubicada en el llano al norte de ciudad y que es atravesada por el libramiento urbano hacia Pichilingue. En la ensenada de La Paz, para hacer aún más explícito su modelo de pensamiento, el consultor planeó la creación de tres islas artificiales conectadas por un puente con tierra firme entre El Comitán y la marina Fidepaz, y un corredor “turístico ecológico” paralelo —pero por el lado del mar— a la franja de manglares que abundan entre esos mismos dos puntos. Su argumento: hay que crear valor paisajístico, ahora nadie accede a esos lugares, “son playas de fango”, con el acceso habrá plusvalía, “las islas se pueden concesionar para poner condominios, restaurantes y hoteles”.

En el foro de COVYDE, donde pronunció estas ideas (y donde estuvo también Álvaro Fox y otros regidores y funcionarios municipales), asombrado porque nadie lo consideraba un genio a la altura del arte (creando valor a partir de la nada) y acosado por las protestas de los asistentes por su nula percepción de los problemas ecológicos y sociales de su risible e indignante modelo, se le ocurrió defenderse arguyendo que la venta o concesión de los espacios públicos de alto valor paisajístico era una manera segura para hacer llegar recursos a las zonas deprimidas de la localidad. “Ahí tienen la venta de El Mogote, nada se obtenía de él, se vendió y se llevaron servicios a partes necesitadas de la ciudad”. Cuando se le mencionó que de esa venta sólo habían salido 40 millones de pesos, mismos que sólo alcanzaron para pavimentar cuatro kilómetros de ciudad, sólo atinó (o desatinó, mejor dicho) a pronunciar algo así como que era culpa de nosotros.

Ese Programa de Actualización del Desarrollo Urbano de La Paz no debería aprobarse. Debería diseñarse uno sobre la base de los verdaderos intereses de los paceños y las verdaderas condiciones de la localidad, así se tardara su confección uno, dos o tres años más. Los regidores, en el fondo, lo saben. Pero se trata del plan maestro de grandes intereses vinculados estrechamente a las más altas esferas del poder político y económico de Baja California Sur. Son intereses que ya han definido el futuro de la ciudad de La Paz. Para ellos los habitantes actuales y futuros son sólo una circunstancia del paisaje, algo para vender a los turistas, meros souvenirs. Los regidores son o quieren ser sus empleados.

Llamarles a la razón (a la razón social), a la previsión de los daños, a la proyección de modelos alternativos de desarrollo, a la formación de valores y recursos humanos, en fin, a la creación de una estrategia colectiva para modelar el futuro, no es suficiente. Ya han escuchado el canto de las sirenas y se han amarrado al timón.

“El cabildo tomará una decisión de autoridad”, dijo el autoritario regidor Álvaro Fox. “Pondremos desaladoras”, dijo el previsor presidente municipal. Parcharemos. No haremos bien el camino: parcharemos cuando haya que parchar.