La desaladora de La Paz

 Sandino Gámez Vázquez

Hay muy poca información oficial sobre la planta desalinizadora de agua de mar que el gobierno del estado y el ayuntamiento de La Paz planean construir en esta ciudad capital, pero es suficiente para saber que es un mal negocio para las finanzas públicas, para el bolsillo de los paceños, para el medio ambiente de la bahía y para el futuro de esta ciudad.

Sobre este tema de fundamental importancia para los habitantes de La Paz las autoridades de los tres niveles de gobierno no han considerado en ningún momento la participación de los ciudadanos, ni siquiera de los cuatro centros de investigación científica —con decenas de especialistas sobre el tema— que existen en esta ciudad. Tampoco las páginas de Internet del gobierno del estado, del ayuntamiento o del SAPA La Paz contienen más información sobre el tema que la superficial ofrecida en los boletines de prensa.

Gracias a estos, podemos saber que el director regional de la Comisión Nacional del Agua, Celso Castro Sánchez, ha dicho que esta desaladora es la única alternativa al agotamiento de los mantos freáticos, que es una decisión ya tomada por las autoridades de los tres niveles y que sus 200 litros por segundo (lps) resolverían el abasto de agua en la ciudad (El Sudcaliforniano, 21-vii-08). El director del organismo gestor del agua en el municipio (SAPA La Paz), Alejandro Vizcaíno, la presidenta municipal, Rosa Cota, al igual que sus pares del trienio pasado y el actual gobernador han manifestado una idéntica opinión.

De manera reciente, hemos sabido que el director de SAPA compareció ante el cabildo del XIII Ayuntamiento paceño para informar sobre la justificación del proyecto elaborada por la consultora privada Consagua (El Sudcaliforniano, 3-ix-08). Dio datos sobre los niveles actuales de extracción de los 22 pozos que satisfacen la demanda de agua de esta ciudad y los comparó con la capacidad de recarga del acuífero. Mencionó que el déficit era de 2.7 millones de metros cúbicos (m3) anuales, por la recarga de 27.8 millones de m3 y una extracción de 30.5.

Cabe señalar, sin embargo, que este empleado municipal ha dado al público cifras sobre el agua en esta ciudad que son sustancialmente diferentes a las que se encuentran en la página de Internet de SAPA. Así, por ejemplo, mientras dice ahora al cabildo que el organismo operador a su cargo extrae 967 litros por segundo, hace un mes declaró a Aracely Hernández (El Sudcaliforniano, 22-viii-08) que se extraían 650 litros por segundo (lps). La página oficial de SAPA informa —detalladamente— que son 502 lps. en los 22 pozos del acuífero. ¿En cuál dato podemos confiar?

También, según sea el tiempo, el medio de comunicación y el empleado público, el costo y los beneficios de la desaladora van de 200 a 330 millones de pesos, y de 15, 70 y 220 mil las personas que recibirían su servicio. El precio de producción del metro cúbico de agua iría de 8 a 12.50 pesos. Ante tal heterogeneidad de criterios, vale recordar que la desaladora para La Paz será idéntica a la de Los Cabos tanto en su capacidad como en la forma de su operación. Sesenta por ciento de su costo de construcción es absorbido por la federación, diez por ciento por el gobierno del estado y el ayuntamiento, y el treinta restante por la empresa que gana la licitación.

Pese a la inversión pública aplicada, dicha empresa mantiene el derecho sobre la totalidad de las utilidades que se generen y sólo se compromete a entregar dentro de veinte años la planta desaladora operando y con refacciones suficientes en bodega. El contrato obliga a la empresa a vender el agua potable al organismo operador municipal y éste se compromete a comprársela. En ningún momento la empresa paga derechos de concesión por el uso de un bien público.

Según el director de SAPA Los Cabos, Antonio Agúndez Montaño, la compañía española propietaria de la planta desalinizadora de Cabo San Lucas, Inima, vende el m3 de agua desalinizada y lista para el consumo humano a 12.50 pesos (La Jornada, 2-vi-08). Digamos que la desaladora trabaja sólo la mitad del día, durante un año los 200 lps terminan convertidos en 3.15 millones de m3 que representan 39.4 millones de pesos. Celso Castro, de la CNA, ha dicho que el costo de producción es de 8 pesos el m3, así que la empresa sólo gastó 25.2 millones de pesos. La diferencia, 14.2 millones de pesos, indica que en tres años Inima habrá recuperado su inversión (recuérdese que sólo aportó 30 por ciento del total). Los 17 años que le quedan de usufructo de la desaladora le otorgarán 241.4 millones de pesos en utilidades. Todo esto si no aumenta el precio a lo largo del tiempo y sólo produce agua 12 horas al día.

El SAPA Los Cabos revende el agua desalada a 3.3 pesos el m3, con lo que subsidia 9.2 pesos por m3. En 3.15 millones de m3 de agua (seguimos calculando 12 horas de funcionamiento al día), significa un subsidio de poco menos de 29 millones de pesos anuales. Es importante resaltar que el mismo año en que se puso en marcha la planta desalinizadora el superávit del Ayuntamiento de Los Cabos se esfumó y registró su primer déficit. Y que, según el director de SAPA de ese municipio, la desalinizadora sólo atiende la demanda de 15 mil personas.

Puede comprenderse, con estos cálculos básicos (hechos con cifras a la baja) por qué el Ayuntamiento de Puerto Peñasco ha decidido que es más conveniente comprar la tecnología y la capacitación para instalar una planta desaladora que será de su propiedad en todo momento. Con ello podrá destinar las utilidades posibles como subsidio, evitando así un hueco en las finanzas municipales y un traslado de recursos locales a una empresa transnacional.

Para el caso de La Paz, la idea de la desaladora es con mucho una opción no sólo inviable económicamente en el sentido que se está planeando. Su colocación dentro de la Bahía de La Paz involucra un tipo de contaminación por desechos que no se registra en Cabo San Lucas por la dinámica marina de su ubicación.

La desaladora cabeña recoge 400 litros de agua marina con 35 partes por mil, produce 200 litros de agua potable y descarga 200 litros de agua saturada con 70 partes por mil de sal. Estos se desechan en mar abierto, precisamente donde se unen las corrientes del golfo y el Pacífico. La desaladora de La Paz está planeada para construirse en la zona de Punta Prieta, donde se encuentra la más antigua de las dos termoeléctricas de la ciudad. Debido al sistema de corrientes de la Bahía de La Paz en ese punto, incluso aunque la boca de la descarga fuera a tres kilómetros en cualquier dirección, la salmuera viajará al interior de la bahía y, especialmente, al interior de la ensenada de Arípez, acumulándose y afectando la gran cantidad de especies de fauna marina juveniles que se crían en esta zona.

Otro de los inconvenientes que los promotores de la desaladora en La Paz no consideran públicamente es el gasto en energía. Cálculos conservadores indican que 40 por ciento del costo de producción de agua desalada se debe a la electricidad invertida en el proceso. De hecho, en el mundo aún no existe una planta desaladora que tenga una eficiencia mayor a los 3 kilowats hora (kwh) por metro cúbico de agua. Con este rendimiento, la desaladora de La Paz gastaría 2,160 kw cada hora, cuando menos, lo que equivale al consumo de energía eléctrica de todo el alumbrado público del municipio en un día completo (SHCP, 2007), o al consumo promedio (0.4 kwh) de más de cinco mil casas habitación. Extrañamente, sin que se haya vinculado de manera pública, este incremento en la demanda ya se encuentra previsto por la CFE: se construirán tres nuevas termoeléctricas en La Paz, no sólo para cubrir las necesidades de esta ciudad, sino para la de Los Cabos (donde se proyecta la ampliación de su desaladora). Al igual que con la salmuera, los desechos de las termoeléctricas, por su ubicación y las corrientes de aire de la zona, terminan sobre la ciudad de La Paz, como podemos ver cada mañana y tarde.

¿Es necesaria la planta desaladora de La Paz? Es muy interesante ver cómo ni la CNA, ni el gobierno del estado ni el ayuntamiento de Comondú se han propuesto construir una desaladora para apoyar la recuperación del acuífero del Valle de Santo Domingo, mucho más dañado que el de La Paz. En ese valle de Comondú se aplicarán 50 millones de pesos para construir represos, pozos de infiltración, lagunas de absorción, canales de conducción y otra infraestructura hidráulica para generar un aumento en la captación subterránea del agua de lluvia. Al mismo tiempo, sin que medie ningún escrúpulo, en Los Cabos se permite que la compañía española GreHansa conduzca el agua dulce de la Sierra de la Laguna hacia sus terrenos a un costado de Cabo Pulmo mediante un acueducto que le otorgará 150 lps y sólo le costará 90 millones de pesos (El Sudcaliforniano, 20-ix-08).

Si como dice (y no se contradice posteriormente) el director de SAPA La Paz, el déficit entre extracción y recarga del acuífero de La Paz es de 2.7 millones de m3 anuales, para que entre en equilibrio hay que dejar de extraer 86 lps o hay que aumentar la recarga en esa cantidad. La opción de traer agua de un acuífero lejano tampoco es inviable (los acueductos de la ciudad ya suman una distancia de 62 km), pero sería mejor reparar las fugas de agua de la ciudad para que no se pierda más del cincuenta por ciento de lo extraído (250, 325 o 483 lps), como ahora, aumentar la capacidad de la planta de tratamiento de aguas residuales (sólo procesa la mitad del agua desechada y tal vez menos, según se aprecia por los cotidianos olores), obligar a los constructores de vivienda a colocar dos sistemas de drenaje (agua gris y agua negra), colectar el agua de lluvia que cae en la ciudad y, especialmente, terminar con el modelo de desarrollo económico basado en grandes fraccionamientos turísticos costeros y en la extensión de la mancha urbana sobre las zonas de recarga del acuífero.

En todo caso, ¿por qué sólo se toma la opción más cara, menos rentable, más contaminante, menos sustentable, más entrópica, menos incluyente, en fin, más neoliberal? ¿Por qué se ha cerrado la decisión y la información sobre una medida que afecta a las generaciones actuales y futuras, a las finanzas públicas y al medio ambiente de la Bahía de La Paz?

Así, más que una solución, el pago de cientos de millones de pesos durante 20 años a una empresa extranjera por la venta de un bien público parece el secuestro de los pocos beneficios futuros que puede llegar a tener esta ciudad con su crecimiento. Es increíble que sus gobernantes no puedan asegurarle algo mejor que seguir el destino de Cabo San Lucas o algo peor: ser su servidor.

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