El periodismo sudcaliforniano y la minería tóxica

Sandino Gámez

 

Con motivo de un foro informativo sobre los efectos negativos de la minería aurífera a cielo abierto, en su columna “Medios y remedios” el periodista Antonio Ceja publicó el 2 de marzo de 2013 en ‘Colectivo Pericú’ un ejemplo refinado sobre cómo aborda una parte del periodismo político sudcaliforniano los temas del ambientalismo y la minería tóxica. 

Las medias verdades sobre las que está construido su discurso son muy útiles para apreciar la enorme lejanía entre las aspiraciones de los habitantes de Sudcalifornia y este tipo de periodismo y el estilo comunicacional cercano a los proponentes de la minería tóxica. 

Estas mineras basan sus ganancias en el alto valor del oro a nivel transnacional. En general los yacimientos de oro puro han desaparecido y las reservas de oro se establecen y explotan a partir de minerales que contienen disperso un gramo de oro en una tonelada de roca. ¿Es posible que un gramo de oro pueda pagar el trabajo realizado para procesar una tonelada de roca? 

En Baja California Sur hay más de una decena de proyectos de minería a cielo abierto para extracción de oro. Después de que el Estado mexicano aceptó el Tratado de Libre Comercio para América del Norte, se estableció una Ley Minera contraria a los principios de la Constitución de 1917: reservó la tercera parte del territorio nacional para concesiones mineras, eliminó el cobro de derechos (o, bien, estableció unos simbólicos), dio carácter de utilidad pública a la explotación de minerales y le otorgó supremacía ante otras leyes, actividades económicas o formas de tenencia de la tierra. 

Actualmente más del noventa por ciento de las empresas mineras que tienen las concesiones de esta tercera parte del territorio nacional son extranjeras. En Baja California Sur se trata de filiales canadienses de empresas estadunidenses, todas cotizando en la bolsa Wall Street de Nueva York. 

Las concesiones tuvieron permisos de exploración desde la década de 1990. Pero hasta 2007 los proyectos se hicieron presentes. 

El primero fue Paredones Amarillos, previsto para funcionar en la zona de amortiguamiento del área natural protegida de la Sierra de la Laguna, la principal fuente de agua para los municipios de La Paz y Los Cabos. Fue recibido con una espontánea y vigorosa oposición social de cabeños, todosanteños y paceños. Luego de seis años no ha conseguido los permisos ambientales y ha permanecido con una singular estrategia de comunicación basada en el cambio de nombre: Paredones Amarillos > Concordia > Cardones. 

Después ha aparecido La Pitaya, en terrenos cercanos a Paredones Amarillos, y un par más, en Loreto y Mulegé. Es posible saber que existen porque hay asociaciones civiles, como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), que revisan diariamente las solicitudes de permisos ambientales ingresados ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Cuando aparece un nuevo proyecto a consideración de la autoridad ambiental, estas asociaciones  emiten comunicados a los medios y avisan a la población sudcaliforniana. 

Como los proyectos de minería metálica a cielo abierto transforman el paisaje, los ecosistemas y manejan enormes cantidades de sustancias tóxicas cada día, en ninguna parte son bien recibidos por la población que tiene información con tiempo. Así no sólo en Baja California Sur han tenido una negativa efectiva de la población local; en otros estados de la república y otros países latinoamericanos la sociedad civil los ha conseguido detener. 

Sobre esta experiencia, las empresas mineras gastan (¿le llamarán “inversión”?) enormes cantidades de dinero en estrategias de relaciones públicas, como caridad, clientelismo y propaganda. En algunos lugares sobornan a las autoridades locales, coptan a los medios de comunicación, dividen a las comunidades locales y generan violencia.

Por lo común en los países subdesarrollados las empresas mineras no pagan derechos sobre las ganancias. Así, en lugares como Baja California Sur sólo pueden ofrecer plazas de trabajo: “empleo”, le llaman.

A lo largo de los últimos cinco años, en nuestro estado hemos visto una campaña de comunicación de las mineras basada en la creación de empleos, es decir, en que debe permitirse la minería aurífera a cielo abierto porque genera empleos, en un estado con una gran proporción de desempleados. Pero también ha establecido una campaña no pública en la que ha intentado modificar la opinión pública a través de las líneas editoriales de algunos medios impresos y electrónicos, de reporteros, líderes de opinión y columnistas. 

Los lugares comunes de esta campaña son: negar la existencia de la minería tóxica, plantear que los beneficios de esta minería son mayores que los perjuicios, demonizar a los opositores y apostar a la ignorancia del público.

El motivo de la columna del 2 de marzo de 2013 (disponible aquí), es un boletín de prensa de cuatro organizaciones ambientalistas que un día antes realizaron el foro “Minería en México: Un análisis social, económico y legal”. Los ponentes invitados fueron tres: un especialista en los aspectos económicos de la minería, Dr. Gian Carlo Delgado; un activista de San Luis Potosí que explicó los efectos sociales que genera la minería tóxica, el Sr. Sergio Serrano; y un conocedor del ámbito político y legal de esta actividad económica extractiva: Mtro. Francisco López Bárcenas, autor del libro ‘El mineral o la vida: La legislación minera en México’, quien no pudo asistir.

Ceja comienza así su columna: “Nuevamente, los expertos en ecología programaron un evento donde se habló, según ellos, de la minería en el país.” (…) “Era de esperarse, desde luego, que dicho evento fuera sólo uno más para hablar en contra de la actividad minera (…)”. “Era de esperarse”, repite, porque los convocantes “son los mismos de siempre: Niparajá, Agua Vale Más que Oro y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental; todas entidades no gubernamentales férreas y radicales defensoras del medio ambiente.” 

Sólo al seguir leyendo puede uno entender que Antonio Ceja considera la defensa férrea y radical del medio ambiente como algo negativo: “Es tal la cerrazón de estas entidades que los mismos boletines que envían sus voceros caen en la exageración y la carencia de sentido.” Ceja se explica: “Al término de dicho ‘análisis’ minero en México, el boletín (que todavía exigen se publique de inmediato) (sic) muestra en el encabezado lo siguiente: ‘Minería tóxica, un riesgo para BCS: expertos’.”

El uso del término “minería tóxica” es una manera abreviada para referirse a la minería metálica a cielo abierto que utiliza sustancias tóxicas para la prospección, explotación o el procesamiento de minerales de alto valor, como el oro. En el caso particular de los proyectos de minería aurífera para Baja California Sur está explicado minuciosamente por las mismas empresas mineras el uso continuo y masivo de explosivos y cianuro, así como la exposición y difusión al aire libre del compuesto arsénico debido a la remoción del suelo y la trituración de rocas. El titular del boletín del evento de hecho es muy moderado. En una entidad donde los acuíferos son muy escasos, que se practique la minería tóxica sobre, cerca o de manera próxima a las fuentes de agua es un asunto de vida o muerte no sólo para individuos sino para una sociedad entera. 

En un párrafo siguiente el columnista expresa en pocas palabras el dogma actual de los “periodistas” que están a favor (o bien, “que no están en contra”) de la minería tóxica: “Ya se ha dicho hasta el cansancio que la minería es una empresa de riesgo como cualquier otra; que genera contaminación como cualquier otra y que, desde luego, también genera economía para el país y sus habitantes.” 

Es extraño que de manera tan superficial se considere la contaminación del agua que bebemos en nuestros pueblos y ciudades, con arsénico o cianuro, como una contaminación “como cualquier otra”. Y en cuanto a “la economía” parece que el columnista no sabe que la actividad minera, particularmente la que extrae oro, tiene tales características a nivel nacional y a nivel de América Latina que sólo puede considerarse como una forma de tributación de un país hacia corporaciones transnacionales, particularmente estadunidenses. 

A la economía nacional, la minería aporta sólo el 1.1% del Producto Interno Bruto (CAMIMEX, 2009) y el 0.04% de los empleos (es decir, 18,068: INEGI, 2008). Por otra parte, genera 75% de todos los contaminantes descargados al suelo (Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte, 2011).

Es recomendable leer u ojear el libro del Mtro. Bárcenas: ‘El mineral o la vida: La legislación minera en México’ (puede descargarse libremente aquí), para apreciar cómo la Ley Minera entrega prácticamente en su totalidad los beneficios de la actividad (particularmente la extracción y procesamiento de metales preciosos) al poseedor de las concesiones mineras, las cuales en casi todos los casos son empresas transnacionales, y otorga un nulo beneficio a la federación, los estados y municipios de la república. ¿Qué obtendrán los sudcalifornianos de las miles de toneladas de oro producidas? Dicen que 400 empleos durante diez años. Y los desechos tóxicos, claro, y la promesa de restauración de los lugares excavados. 

Si el columnista hubiera acudido al foro se habría enterado que el caso de San Luis Potosí que desdeña como el único tratado ahí “y no la actividad en contexto nacional” es el de la Minera San Xavier, el ejemplo más evidente que los proyectos de minería tóxica son una amenaza porque no respetan las leyes del país, usan métodos mafiosos y menosprecian a los habitantes locales. 

Ceja expone que hay una “terrible manipulación informativa de los opositores a la minería”, pero las evidencias muestran lo contrario: ¿Quién reparte en Baja California Sur un patético cómic anónimo que tiene por objetivo generar desconfianza sobre las ONG ambientalistas y los ciudadanos activistas? ¿Quién tiene más dinero para sostener una campaña propagandística de desgaste a favor de la minería tóxica en los exhibidores de publicidad callejera, los medios impresos y electrónicos? ¿Quién ha generado la división en las comunidades de San Antonio, Los Planes y ejidos cercanos con promesas de dinero? No han sido las ONG ambientalistas. 

“Lo más triste es saber que cuando se trata de intercambiar ideas sobre el asunto de la minería, la parte de los opositores al tema se encierran en su burbuja”. 

Pero ha sido lo contrario. En tres ocasiones se han realizado consultas públicas mediadas por la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en las que opositores y promoventes han expuesto sus argumentos y estudios. Precisamente por ello la autoridad ambiental ha negado la operación de esos proyectos. 

Tan fuerte ha sido la oposición social a la minería tóxica en Baja California Sur que incluso el anterior gobernador, Narciso Agúndez Montaño, negó el cambio de uso de suelo a Paredones Amarillos-Concordia en la comisión estatal forestal, con lo que el proyecto minero quedó detenido. Todos los candidatos a gobernador en la elección de 2005 se manifestaron en campaña contra la minería tóxica. Marcos Covarrubias Villaseñor, Joel Ávila Aguilar y Carlos Mendoza Davis firmaron una carta días antes de esa elección para comprometerse por escrito a que durante su gobierno no aceptarían proyectos económicos que afectaran las fuentes de agua y los ecosistemas del estado. El actual gobierno ha mantenido esta postura de manera pública. Hasta el XIV Ayuntamiento de La Paz, luego de grandes dudas, se decantó en una oposición formal a esta actividad extractiva. El Congreso del Estado también se ha pronunciado en contra aunque sus diputados se han mostrado inactivos en su función aduciendo que la legislación sobre la minería es de atribución federal (¿y la protección al ambiente, la salud y las fuentes de agua?). 

¿Acaso no es un asunto a destacar, en grandes titulares, que en Baja California Sur hay una pública y explícita postura en contra de la minería tóxica por parte de los ayuntamientos de Loreto, La Paz y Los Cabos, el congreso del estado, el gobernador, los secretarios de Turismo y de Desarrollo Social, y cuando menos de un senador? 

“Peor aún”, dice Antonio Ceja para concluir, “sólo se ven los ecologistas cuando les conviene. No se sabe nada de su postura y menos aún una propuesta para mitigar los incendios de los palmares de Todos Santos y del tiradero de llantas que se incendia con frecuencia. Nada han dicho sobre la famosa barda de PEMEX ni mucho menos la grave contaminación que genera la planta de la CFE en Punta Prieta. Tampoco se han manifestado por la contaminación visual y auditiva que aqueja a la ciudad ni han hecho propuestas para el manejo de residuos —basura— para que sean reciclados.” 

Aquí es donde puede uno estar seguro de que Ceja no forma parte de los puestos de empleo generados por las empresas auríferas en la comunidad, sino que llanamente desconoce lo que sucede en Baja California Sur. Los “ecologistas” se han quejado de manera pública, notoria y constante de todo eso que dice.

Ahora bien, ahí donde dice “ecologistas” debe entenderse: sudcalifornianos.

sandinogamezisc@gmail.com