Sandino Gámez Vázquez*
Leer
es un derecho humano y constitucional. La lectura permite el acceso directo a
las fuentes de la cultura y provee de una parte grande del patrimonio
intangible que tiene unida a la nación: la historia y la lengua. Es una
historia que nos otorga la noción de un pasado común y nos dota por lo tanto de
un presente y un futuro compartidos. Es una lengua que permite abrevar en mil
años de conceptos y tradiciones de pensamiento y acción, y sirve de puente hacia
las tradiciones de otras lenguas.
Pero
también hay un sentido práctico por el cual saber leer es un derecho humano y
debe estar garantizado su acceso como una obligación del Estado: nuestra
sociedad se basa en la letra escrita para plasmar los derechos sociales
fundamentales.
Por
sí sola la lectura se hace indispensable en la formación que una comunidad da a
sus individuos: porque los hace ciudadanos que pueden conocer su tradición, su
historia y sus derechos. ¿Hace mejores ciudadanos la lectura? Visto de una
manera positiva sí: porque el conocimiento social adquirido por los lectores refuerza
el compromiso con la comunidad y la obligación cívica. Aunque esto no sucede de
manera absoluta: tenemos grandes lectores que han sido una desgracia para sus
comunidades, para sus países o para el planeta. Así como iletrados, analfabetas
y ágrafos que han sido causantes de las mejores cosas que hoy disfrutamos en el
mundo.
Por
ello la defensa de la lectura como derecho humano y constitucional no versa
sobre su “bondad” en un sentido moral o ideal, sino por un sentido práctico y
estratégico, para la nación o para el Estado, para la cohesión y prosperidad de
nuestras comunidades, y para la convivencia armónica con nuestros
contemporáneos.
El
Estado, como administrador de la cosa pública, debe garantizar el acceso a la
lectura y para ello requiere de instituir una política pública que fundamente
los planes, programas y acciones de los tres poderes. Por lo común en nuestro
país se confunde esta política pública con la política de gobierno, y se deja
en este último la responsabilidad entera de garantizar el derecho. Sin embargo,
el poder que hace las leyes y el poder que las interpreta también están
obligados. La iniciativa de esta política pública, claro está, puede comenzar a
generarse desde una política de gobierno, como está previsto en las leyes.
En
el caso mexicano, la actual política de gobierno está contenida en la Ley de
Fomento a la Lectura y el Libro, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de julio de 2008. Es un
documento que evidencia sus limitantes desde el momento que se coloca de manera
única dentro de las “garantías constitucionales de libertad de escribir, editar
y publicar libros sobre cualquier materia, propiciando el acceso a la lectura y
el libro a toda la población” (artículo tercero). Su propósito original es
garantizar los derechos de quienes producen los materiales de lectura; y sólo
indirectamente garantiza los derechos de los lectores. No define en momento
alguno qué se entiende por lectura en esa normativa y es, en general, una ley
declarativa de buenos propósitos y decorativa en sus consecuencias prácticas.
Crea un consejo federal de fomento a la lectura y el libro, y obliga a los
estados de la federación a hacer lo mismo.
En
Baja California Sur, el Gobierno del Estado, presidido por Marcos Covarrubias
Villaseñor (2011-2015), basado en esta ley federal instaló en octubre de 2011
el Consejo Estatal de Fomento a la Lectura. El consejo está presidido y
técnicamente organizado por la Secretaría de Educación Pública de B.C.S., y se
encuentra conformado por diversas secretarías, las direcciones de cultura de
los ayuntamientos, diputados locales, representantes del Tribunal Superior de
Justicia, representantes del gremio de comunicadores y de los escritores
sudcalifornianos.
Por
parte, la XIII Legislatura del Congreso del Estado aportó el borrador de una
iniciativa de ley estatal de fomento a la lectura, muy similar a la ley
federal. Además, significativamente, declaró al año 2012 como año de la lectura
en Baja California Sur.
Ha
transcurrido más de un año desde que comenzara este proceso de generación de
una política de gobierno en materia de lectura en el estado y el avance ha sido
sustancial, aunque poco visible: la reflexión sobre la ley, los programas y
acciones de fomento a la lectura, y el conocimiento de experiencias distintas
generó una toma de conciencia en quienes dirigen los organismos encargados de
la política de gobierno sobre las implicaciones del fomento a la lectura y al
libro. Por su parte, tanto el Consejo Estatal de Fomento a la Lectura como la
Comisión de Asuntos Educativos y de la Juventud del Congreso del Estado han
sido receptivos a establecer un planteamiento nuevo y sólido para dar origen a
una política de Estado que no se encuentra en la ley federal. Como intentaremos
mostrar en entregas siguientes, esta dirección incide benéficamente en el ámbito
estructural de la sociedad sudcaliforniana, en lo cultural, la participación
política y la productividad económica alrededor de la letra escrita.
En
resumen, puede decirse que se cumplió, así sea en lo general, con el propósito
del legislativo que decretó a 2012 como año de la lectura en Baja California
Sur: comenzó la atención institucional en el tema. Las acciones que se
realizaron en este sentido desde el Instituto Sudcaliforniano de Cultura y la
Secretaría de Educación Pública tuvieron una utilidad de diagnóstico y ensayo.
Como
veremos, este 2013, aunque no lleve un decreto de por medio, será el año del acceso
a la lectura. Así quizá el 2014 podría ser el “año del libro” en esta
California mexicana, todo depende de cuánta atención dedique ahora la sociedad
civil sudcaliforniana, los ayuntamientos y los comunicadores de la iniciativa
privada a este propósito de construir ciudadanos conscientes, informados y
participativos para el mejoramiento de nuestras comunidades.
*Coordinador de
Fomento Editorial del Instituto Sudcaliforniano de Cultura.
sandinogamezisc@gmail.com.
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