Notas para un plan de desarrollo cultural de Baja California Sur

Sandino Gámez Vázquez

La cultura es la expresión cotidiana, histórica, material e inmaterial de los integrantes de una comunidad. Se realiza de manera natural y permanente entre los individuos y los colectivos, en un diálogo entre generaciones y tradiciones, y bajo la influencia de los procesos y acontecimientos de la modernidad.

Ninguna institución puede generar cultura. Sin embargo, las instituciones culturales se crean para fortalecer su desarrollo mediante la docencia, la investigación o el extensionismo; la conservación del patrimonio histórico, arquitectónico, natural o cultural; la difusión y el estímulo de las expresiones culturales y artísticas; la capacitación a los creadores y promotores culturales; la formación de públicos; el fomento a la lectura y a la producción editorial; y la recuperación y generación de espacios públicos para la reunión, convivencia y desarrollo armónico de los habitantes de pueblos y ciudades.

Los sudcalifornianos tienen múltiples identidades, producto de una larga historia de aislamiento geográfico y migraciones continuas de distintas regiones de México en su mayoría, y de otros países en menor medida. Sobre elementos tradicionales de gran importancia para la valoración del patrimonio natural y cultural se encuentran sostenidas identidades modernas, particularmente urbanas, que permiten el diálogo cultural de los sudcalifornianos con otras entidades del país y del mundo, en un aporte a todas luces prometedor.

En este sentido, la creación de una política cultural gubernamental estatal debe basarse en la    construcción colectiva de la cultura sudcaliforniana, y sus instituciones culturales deben dirigirse hacia la generación de procesos de inclusión y reforzamiento de estas identidades en beneficio del conjunto de la población sudcaliforniana, aprovechando la riqueza y oportunidades que implica la diversidad.

La valoración de las identidades de los habitantes de Baja California Sur y del patrimonio histórico, natural y cultural, no sólo redunda en el reforzamiento del tejido social de nuestras comunidades al propiciar el orgullo y el cuidado de los sudcalifornianos sobre lo que es suyo en colectivo. También es un factor para el desarrollo económico, pues este patrimonio y estas identidades se convierten en atractivos y atractores para los visitantes del estado, y con su aprovechamiento sustentable se pueden transformar en elementos de interés más allá de los límites geográficos de la entidad.

Entre todas las instituciones culturales del pueblo sudcaliforniano, la generación y aplicación de una política de desarrollo cultural para toda Baja California Sur está asignada por ley al Instituto Sudcaliforniano de Cultura (ISC). Éste es un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Baja California Sur, con personalidad jurídica y patrimonio propios, creado el 3 de mayo de 1994. Está gobernado por un Consejo Directivo, observado por un Consejo Consultivo y conducido por un Director General nombrado por el Gobernador del Estado.

Las siguientes notas permiten apreciar el potencial de trabajo del ISC como coordinador de los esfuerzos gubernamentales, de otras instituciones culturales, nacionales e internacionales, y de organizaciones de la sociedad civil  para el desarrollo cultural de Sudcalifornia. Su propósito es ofrecer un punto de partida para la generación de un plan estatal de desarrollo cultural, y sus programas y proyectos operativos para los años 2016-2021.

1. Organización interna del ISC. De todos los organismos descentralizados del Gobierno del Estado de Baja California Sur, el ISC es el que realiza funciones que involucran una mayor diversidad de sectores sociales, recintos o inmuebles y niveles de trabajo. La exigencia creciente de la sociedad sudcaliforniana por servicios culturales, así como el aumento en la cantidad de su personal, recintos y funciones obliga a establecer como prioridad la organización interna del instituto sobre bases expresadas de manera sucinta así:

• Instalación de los órganos de gobierno y control interno del ISC. Los órganos de gobierno y control interno son indispensables para equilibrar las iniciativas de los directores generales con las necesidades sociales y la transparencia en el manejo de los recursos. Con esta instalación se da cumplimiento a la Ley que crea al ISC (1994) y puede comenzar a plantearse ante un órgano competente programas, proyectos y acciones, a la par que es posible darles un seguimiento crítico.

• Evaluación interna de los recursos humanos, materiales y financieros del ISC. El ISC posee personal de base sindicalizado y personal de confianza, así como por contrato, que cuentan con un alto grado de profesionalismo, experiencia y perfiles adecuados al trabajo de la institución. Los recintos administrados por el ISC son los más importantes desde el punto de vista histórico y los más funcionales como espacios públicos, sin embargo, requieren de planes institucionales de mantenimiento y fortalecimiento. El H. Congreso del Estado asigna al ISC un presupuesto anual cercano a los cincuenta millones de pesos para el gasto corriente; el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes asigna también un subsidio de poco más de 30 millones para la operación de los proyectos culturales. Además existen fondos mixtos peso a peso y proyectos especiales de infraestructura cultural acordados entre la federación y el estado. Estos recursos, humanos, materiales y financieros, bien administrados, son suficientes para generar desde el ISC las bases del desarrollo cultural de Sudcalifornia en el periodo 2016-2021. La evaluación de los recursos permitirá una asignación que garantice una alta eficiencia.

• Reestructuración operativa del ISC para el mejor funcionamiento de sus servicios, áreas administrativas, atención al público en recintos culturales y manejo de sus recursos. Basada en la evaluación de los recursos disponibles, la reorganización institucional permitirá su uso óptimo, con la visión en un aumento constante de la calidad y cantidad de los servicios culturales proporcionados por el ISC a la población sudcaliforniana. Este proceso implica una asignación especializada de las funciones a los recintos culturales y una nueva división de las coordinaciones operativas.

• Profesionalización de los recursos humanos mediante la adaptación y aplicación de la Ley del Servicio Profesional de Carrera para la Administración Pública Centralizada del Estado de B.C.S. De manera final, pero no menos importante, el cuidado del más importante de los recursos, el humano, dará al ISC la fortaleza para realizar las funciones asignadas por el pueblo de Baja California Sur.


2. Instrumentación jurídica. Desde hace años diversos actores sociales el sector político han propuesto la conversión del Instituto Sudcaliforniano de Cultura en una Secretaría de Cultura o en un Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, ello como una manera de aumentar su presupuesto y/o la efectividad de sus acciones. Es nuestra perspectiva, sin menospreciar el valor de estas proposiciones, que aún no se ha aplicado de manera íntegra el mandato legal que creó a la institución en 1994. Antes de avanzar en el crecimiento de la estructura, presupuesto y responsabilidades operativas del ISC es necesario comenzar por cumplir los lineamientos establecidos hace veinte años, por supuesto adecuando el marco normativo del ISC a las necesidades actuales para su óptimo desarrollo institucional. En la misma medida, es indispensable generar herramientas jurídicas que permitan la vinculación intersectorial mediante lineamientos obligatorios para que el desarrollo cultural sea una responsabilidad de todas las instancias de gobierno y no se limite únicamente  a las posibilidades operativas del ISC. Las siguientes son algunas de las primeras acciones para generar las condiciones de coordinación institucional para el desarrollo cultural integral en Baja California Sur.

• Vinculación del ISC con la Comisión de Cultura y Arte del Congreso del Estado para la remodelación del presupuesto anual del ISC con énfasis en el establecimiento de indicadores, proyectos y metas de trabajo. Estos lineamientos permitirán la vigilancia sobre la correcta administración de los recursos públicos asignados al ISC y otorgarán la transparencia necesaria para generar propuestas de trabajo con mayores alcances año con año.

• Creación de la Ley de Desarrollo Cultural Estatal, mediante convocatoria a la población sudcaliforniana, bajo la coordinación del ISC, la Comisión de Cultura y Arte del Congreso del Estado, y las Direcciones de Cultura municipales. Esta ley permitirá la vinculación intersectorial e interinstitucional para garantizar la corresponsabilidad de lineamientos y metas de trabajo entre los actores relacionados con el sector cultural. También motivará la conversión de las direcciones de cultura municipal en institutos municipales de cultura, con lo que obtendrán mayores posibilidades de organización, financiamiento público y privado, y operatividad. La ley permitirá también la coordinación del ISC con las Secretarías de Educación Pública, Salud, Turismo, Desarrollo Social y otras instancias del sector público para el aprovechamiento de los productos culturales, programas de fomento a la lectura, proyectos de valoración y difusión del patrimonio natural y cultural sudcaliforniano, y otros servicios culturales realizados por el ISC.

• Recuperación de las iniciativas de la Ley de Fomento a la Lectura y el Libro de B.C.S. El año 2012 fue decretado “Año de la lectura en Baja California Sur” por el H. Congreso del Estado. Los años 2013 y 2014 con la coordinación de grupos de legisladores y comisiones legislativas se propusieron dos iniciativas para crear una ley de fomento a la lectura para el estado. Esta ley puede ser una herramienta para el desarrollo social de los sudcalifornianos en diversos niveles, desde los educativos hasta los económicos. Los indicadores de lectura de la población forman parte importante de los índices de desarrollo humano, y la actividad económica en torno al libro en un estado como Baja California Sur puede ser muy productiva con un estímulo y una proyección adecuadas.
• Instalación de la Comisión Interinstitucional de Desarrollo Cultural de Baja California Sur. La instalación y funcionamiento cotidiano de esta comisión, ordenada por ley, es la fase final de la instrumentación jurídica para comenzar la aplicación de los programas, proyectos y acciones para el desarrollo cultural del estado.


3. Comunicación social. El ISC atiende usuarios de sus servicios, recibe proyectos y genera contenidos de interés público todos los días del año. Por ello es fundamental la comunicación permanente y expedita, con la población en general y los usuarios en particular,  para cumplir con sus objetivos de creación, aumentar sus alcances operativos y dar transparencia al uso de los recursos públicos que tiene asignados.

• Capacitación al personal del ISC en atención al público, resguardo del patrimonio cultural y recursos materiales, y conocimiento de la funciones sustantivas de la institución. Con esta medida cada uno de los trabajadores del instituto podrá otorgar un servicio adecuado a los usuarios y solventar necesidades inmediatas de información. También se propiciará entre los trabajadores de ISC un orgullo y cuidado sobre la fuente de trabajo.

• Creación de ventanillas únicas para la atención a usuarios de servicios culturales. Esta acción, coordinada con instancias del sector público estatal y municipal permitirá que la información sobre actividades, convocatorias, patrocinios, becas y capacitaciones estén disponibles a todos los sectores de la población para su aprovechamiento óptimo. Debe enlazar también la oferta cultural no institucional, así como los ámbitos rurales y urbanos y todo lo disponible para los sudcalifornianos ofrecido por instancias culturales regionales, nacionales e internacionales, como becas, financiamiento de proyectos y residencias artísticas.

• Creación órganos de difusión y promoción cultural. En Baja California Sur aún no existe un periodismo cultural que permita a los creadores, productores artísticos y promotores de cultura la difusión de sus obras o actividades. De igual manera el público en general no cuenta con medios especializados para enterarse del acontecer cultural y artístico en el estado. El ISC puede iniciar la creación de estos medios electrónicos e impresos, dada la gran cantidad de contenidos que produce, abriendo los espacios a todas corrientes artísticas y de pensamiento para fortalecer el diálogo cultural entre los habitantes y las regiones de la entidad. En un inicio, puede desarrollarse la radio abierta, una revista mensual y contenidos en cápsulas de audio, video e inserciones de impresos, todos ellos también alojados en la página web del ISC.

• Instalación del Consejo Consultivo del ISC. Compuesto por personalidades representantes del sector cultural de los cinco municipios, este consejo fortalecerá los programas, proyectos y actividades del instituto; vinculará las necesidades de servicios culturales de los municipios del estado con las posibilidades operativas de la institución; y actuará como contraloría social de su función pública.


4. Conservación del patrimonio. La función más sustancial del ISC encargada por su ley de creación es la protección y preservación de los edificios patrimoniales, documentos históricos y las tradiciones populares de los sudcalifornianos. Para ello le han sido asignados los inmuebles más emblemáticos del pasado sudcaliforniano (en la ciudad de La Paz), se ha creado el Archivo Histórico Pablo L. Martínez y el Centro de Culturas Populares. Sin embargo, el carácter estatal del ISC y la magnitud de las funciones de conservación del patrimonio histórico obligan a estrategias de mayor alcance. Entre ellas, las prioritarias son:

• Catalogación de los bienes patrimoniales de carácter histórico y cultural de los sudcalifornianos. Esta catalogación permitirá la protección jurídica de bienes muebles e inmuebles, documentos y obras tangibles e intangibles que forman parte del patrimonio cultural del estado. Sobre este catálogo, de carácter público, se podrán realizar proyectos de recuperación, restauración, reconstrucción, desarrollo o aprovechamiento.

• Protección jurídica a los bienes inmuebles de carácter histórico patrimonial y estímulos fiscales y financieros a los propietarios para la generación de actividades productivas en ellos, con énfasis en las de desarrollo cultural o servicios turísticos. Esta protección, acompañada de estímulos a los propietarios dará certidumbre y propiciará la conservación y uso de los inmuebles. Deberá ser un apartado de la ley de desarrollo cultural y realizarse en coordinación con las Direcciones de Catastro y/o Registro Público de la Propiedad municipales, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el H. Congreso del Estado.

• Creación de la Coordinación de Patrimonio. Como parte de la reestructuración operativa del ISC, esta coordinación será la encargada de la elaboración, revisión y/o aplicación de proyectos de catalogación, restauración, acondicionamiento y aprovechamiento del patrimonio cultural. Su énfasis estará en los bienes inmuebles, inicialmente los que se encuentran bajo resguardo del ISC.

• Creación del Patronato para la Cultura y las Artes de B.C.S. Este patronato fortalecerá la aplicación de proyectos específicos para el desarrollo del patrimonio cultural mediante la búsqueda y obtención de financiamientos especiales en los sectores social y privado.


5. Fomento a la lectura y promoción del libro sudcaliforniano. Dentro de la cultura, el sistema de comunicación más importante y poderoso es la lengua y su representación escrita ha significado el mayor avance cultural de la humanidad. Uno de los ejes prioritarios para el desarrollo humano integral de los sudcalifornianos está en el acceso a las fuentes de cultura escrita. La experiencia de fomento a la lectura y fomento editorial en el ISC en el periodo 2012-2015 ha permitido establecer nuevos paradigmas para otorgar a la población sudcaliforniana un acceso democrático, extenso y profundo a la literatura, la historia y las artes de Baja California Sur a través del fomento a la lectura del libro sudcaliforniano. Estas estrategias se basan en la capacitación a promotores de lectura,  la promoción de la lectura por gusto, placer y búsqueda de conocimiento, y el fomento a la producción editorial de obras de temas o autores sudcalifornianos. Entre las principales medidas a desarrollar están las siguientes:

• Reestructuración de la Red Estatal de Bibliotecas Públicas, uniéndola con la red estatal de salas de lectura y puntos de venta de publicaciones culturales del ISC para generar una Red Estatal de Puntos de Acceso a la Lectura. Estos puntos de acceso a la lectura serán difundidos ampliamente entre la población para motivar especialmente a la lectura de libros sudcalifornianos, en particular las novedades editoriales del ISC. La nueva Ley de Desarrollo Cultural y la de Fomento a la Lectura y el Libro tendrán apartados destinados a garantizar la atención institucional de las bibliotecas, particularmente las municipales, para convertirlas en centros culturales y fuentes de acceso a la información pública.

• Apertura de salas de lectura en espacios públicos, centros de trabajo e instituciones educativas de todo el estado. La biblioteca es tradicionalmente el lugar de estudio y trabajo; la sala de lectura es un espacio para la lectura por gusto. Estas salas de lectura crean comunidad y fortalecen el tejido social, dan acceso a la valoración del patrimonio natural y cultural, y estimulan la creatividad individual y colectiva. Son coordinadas por voluntarios que cuentan con acervos de libros, capacitación continua y seguimiento por parte del ISC y el CONACULTA. En coordinación con la Secretaría de Educación Pública del estado, la Secretaría de Salud y del Trabajo pueden ampliarse las capacidades operativas del programa de fomento a la lectura para contar con acervos y capacitación a promotores en todos los hospitales y centros de salud, centros de trabajo e instituciones educativas del sector público. El propósito es hacer de Baja California Sur un estado de lectores.

• Creación de colecciones editoriales de historia, arte, cultura y literatura sudcalifornianas para estudiantes, niños y jóvenes. La Biblioteca del Estudiante Sudcaliforniano reunirá los clásicos editoriales de temas o autores sudcalifornianos en libros impresos de bajo precio dirigidos a estudiantes de preparatoria. La colección proporcionará a los jóvenes un acceso directo a las fuentes de historia  regional y a lo mejor del pensamiento y la creatividad de los autores sudcalifornianos del siglo XIX y XX. Para los niños se ampliará la producción de obras ilustradas producidas por autores sudcalifornianos, tanto de historia y leyendas tradicionales como de literatura. La calidad material y el cuidado editorial serán altos, mientras que los costos de producción serán reducidos para su amplia distribución y lectura. El paradigma de fomento a la producción editorial tendrá su eje primario en las necesidades de los lectores sudcalifornianos.

• Promoción y distribución del libro sudcaliforniano a nivel estatal, nacional e internacional. El gusto por la lectura se propicia mediante una relación emocional, en este sentido, la estrategia principal del ISC para generar interés por la lectura en la población sudcaliforniana ha sido ofrecerle publicaciones que hablen de su tierra, mares, naturaleza, historia y tradiciones. Libros de temas o autores sudcalifornianos se han convertido en vínculos notables para acceder a otras obras de la literatura nacional o universal. El fortalecimiento del libro sudcaliforniano mediante un aumento en su calidad textual y en su presentación material, aunado a una distribución y publicidad adecuada (en centros de lectura o para su venta), otorga una presencia de Baja California Sur en la esfera del noroeste de México y puede posicionar al estado a nivel nacional e internacional.

• Estímulo a la traducción de obras de autores y temas sudcalifornianos. La lengua es el vehículo de la cultura. Para que Sudcalifornia participe del diálogo intercultural con los extranjeros residentes y visitantes es posible propiciar la traducción de obras de autores o temas sudcalifornianos, especialmente de historia del estado, al inglés. De la misma manera, es importante traducir obras de otras lenguas que tratan temas sobre Baja California Sur para ponerlas al alcance de todos los sudcalifornianos.

• Apertura de Casas del Libro Sudcaliforniano (CALIS) en las cabeceras municipales para la difusión de las culturas, la literatura e historia regionales, y la capacitación en la escritura de géneros literarios, la promoción de la lectura y las artes editoriales. Estos espacios serán complementarios de las bibliotecas. Exhibirán y venderán los libros sudcalifornianos, en ejemplares impresos y electrónicos, con un catálogo que integrará obras antiguas y agotadas en versión digital. Cada CALIS será en sí mismo un espacio de lectura, exposición de obras artísticas, eventos literarios y realización de talleres de capacitación para escritores, editores, promotores de la lectura y  lectores.


6. Investigación, docencia y extensionismo. Baja California Sur cuenta con una gran cantidad de investigadores e investigaciones en todas las disciplinas del conocimiento humano. Esta producción de conocimiento puede articularse en metas concretas para el desarrollo cultural de los habitantes del estado. Con una coordinación entre los centros científicos, educativos y asociaciones civiles es posible hacer llegar el conocimiento generado mediante la enseñanza y la práctica en nuestras comunidades. Todas las herramientas de difusión, recintos y redes comunitarias con las que cuenta el ISC pueden servir para articular un flujo continuo entre los centros productores de conocimiento, sus investigadores, docentes y estudiantes, con las comunidades urbanas y rurales de nuestro estado. Las principales líneas de articulación en pares en las que puede actuar de manera inicial el ISC con este propósito son: salud y deporte; ciencia y naturaleza; y equidad de género y población en situación de riesgo. Sus programas actuales de desarrollo cultural infantil, de la juventud, públicos específicos y cultura municipal servirían para comenzar estos enlaces.


7. Infraestructura para el desarrollo cultural. El análisis de las capacidades operativas actuales del ISC, el conocimiento de las necesidades de la población sudcaliforniana y la reorganización de los recursos humanos, materiales y financieros disponibles permite programar proyectos de corto, mediano y largo plazo para la optimización, recuperación y construcción de infraestructura cultural que brinde servicios cada vez más amplios, cálidos y eficientes, que sean motivo de orgullo para los sudcalifornianos y que signifiquen un legado útil para las siguientes generaciones. De manera sucinta, los proyectos principales son:

• Recuperación del proyecto original del Pabellón Cultural de la República de Los Cabos. En su origen el Pabellón surgió para ofrecer a los visitantes de Cabo San Lucas un acercamiento a los sitios de Patrimonio Mundial de México catalogados por la UNESCO, de tal manera que un visitante extranjero podría interesarse desde Los Cabos en otros atractivos turísticos culturales de la república y de Baja California Sur, motivándose a conocerlos en vivo.

• Transformación del Centro Cultural La Paz en la Casa de la Ciudad. En 1910, el alcalde Gastón Vives concibió este edificio de piedra bajo la identidad de la cultura francesa que se consideraba lo más avanzado de su época. La Casa de la Ciudad ofrecerá la expresión cultural más refinada disponible en la ciudad tanto a los sudcalifornianos como a los extranjeros, aprovechando su ubicación y arquitectura privilegiada en el corazón del centro histórico de La Paz.

• Reconstrucción de la planta original de la Antigua Casa de Gobierno para crear el Museo de la Ciudad de La Paz. La recuperación de un edificio histórico en toda su plenitud arquitectónica no sólo contribuye al embellecimiento del centro histórico de la ciudad capital y la recuperación de su patrimonio arquitectónico. Otorga la oportunidad de establecer un museo que narre con las mejores técnicas museográficas la historia de la ciudad y su región circundante desde los inicios de su ocupación humana hace doce mil años hasta el presente. El museo catalizaría la labor del actual Centro de Artes, Tradiciones y Culturas Populares. La instalación de servicios de cafetería, restaurante y sala de documentación, así como una tienda de museo, colocará al inmueble al nivel de las instituciones museísticas de nivel internacional.

• Recuperación de todas las áreas del Antiguo Hospital Salvatierra y creación de la Escuela de Artes y Oficios Armando Manríquez. En su momento de creación en la última década del siglo XIX, el hospital ocupaba toda la manzana de una hectárea. La recuperación de las áreas asignadas ahora al Ejército Mexicano, la Secretaría de Salud y la Confederación Nacional Campesina implica negociaciones y acciones de mediano plazo complejas. La infraestructura resultante, sin embargo, permitiría la instalación de una Escuela de Artes y Oficios para enriquecer la vida cultural y económica del estado mediante la profesionalización de los artistas y artesanos de la entidad. De esta escuela podrán salir los educadores de las artes para las casas de la cultura y escuelas del nivel básico de los cinco municipios.

• Modernización de la Unidad Cultural Ágora de La Paz y la Unidad Cultural Jesús Castro Agúndez. La definición de sus destinos, integración en un circuito cultural y acondicionamiento para recibir actividades y visitantes los 365 días del año darán un aprovechamiento óptimo a sus edificios. En particular se les dotará de cafeterías, librerías y cine, así como áreas verdes y espacios de juego y ejercitación física.

• Conversión de la Escuela de Música del Estado en Conservatorio. La transformación significará que los estudiantes egresarán como profesionales de la música y el canto. Será la sede de la Orquesta Filarmónica de B.C.S.

• Habilitación de los teatros en los cinco municipios y formación de la Compañía Estatal de Teatro. En todo el estado hay teatros, algunos tan sofisticados como el Teatro de la Ciudad de La Paz, tan antiguos como el Benito Juárez (La Paz) y el Manuel Márquez de León (Todos Santos) o tan sencillos como los que hay al aire libre en los parques de pueblos y ciudades. Todos estos recintos, remozados dignamente, adecuadamente promovidos y administrados como una red de foros pueden ser sostenidos en su uso con recitales, conferencias, diálogos públicos, cineclubes y, especialmente, representaciones teatrales. La formación de una Compañía Estatal de Teatro, con sede en el Teatro de la Ciudad de La Paz, dará en el mediano plazo contenidos regulares y atractivos.

• Creación de la Filmoteca del Estado. La Filmoteca del Estado se encargará de reunir y conservar las películas, documentales y pietaje cinematográfico histórico sobre Baja California Sur, generando un catálogo asequible a investigadores, estudiantes y público en general. A la par, coordinará la proyección cotidiana de lo mejor de la cinematografía nacional y mundial en los foros teatrales de todo el estado.

• Creación de la Pinacoteca del Estado. Baja California Sur se encuentra en un momento maduro de producción artística, especialmente en las artes visuales. Existen muy pocas galerías públicas, sin embargo, para la exhibición de las obras de los artistas sudcalifornianos. La pinacoteca reuniría y expondría de manera permanente los premios de adquisición de las bienales del ISC, así como donaciones, estimulando con ello a los creadores y permitiendo a los sudcalifornianos conocer su patrimonio artístico.

• Creación de la Biblioteca Central de Baja California Sur. Ésta conservará, investigará y difundirá el patrimonio bibliográfico de los sudcalifornianos, y coordinará los esfuerzos de modernización de todas las bibliotecas públicas del estado.

• Creación de jardines botánicos. Es posible colocar jardines botánicos para el conocimiento, valoración y uso de la flora originaria de la península. En una primera etapa pueden instalarse en los recintos culturales con áreas abiertas. Posteriormente, puede promoverse su creación en instituciones educativas y centros de trabajo, así como parques públicos de todas las poblaciones.

• Creación de bebederos y fuentes de agua potable en recintos culturales. Esta acción, de bajo costo económico y alto impacto social, permitirá asociar a los recintos culturales con el vital líquido, dará un servicio necesario a los visitantes y propiciará una recuperación de la cultura del agua característica de los pueblos originarios de nuestra península.


8. Turismo y patrimonio cultural. La experiencia internacional de varios siglos y estudios contemporáneos han comprobado que la convergencia entre política cultural y política turística genera un alto aprovechamiento económico del patrimonio cultural. En este sentido el patrimonio cultural sudcaliforniano puede convertirse en un atractivo relevante e indispensable para el desarrollo turístico del estado. Proyectos exitosos a nivel internacional y nacional muestran que los turistas prefieren el conocimiento de la cultura del lugar que visitan, pues genera en ellos una impresión única y entrañable, precisamente la misma que otorga identidad y orgullo a los habitantes del lugar visitado. Entre mayor es la percepción de la riqueza cultural sobre un lugar es mayor la afluencia de turistas, con la peculiaridad de que sus actividades son de menor impacto social y ambiental y su generación de plusvalía se incrementa con el tiempo. En este sentido, las propuestas en este documento contienen ambas direcciones: cubrir las necesidades de servicios culturales para la población sudcaliforniana y ofrecer contenidos culturales de calidad a los turistas. Sin embargo, para generar una correlación más específica entre cultura y turismo se proponen los siguientes proyectos iniciales:

• Elaboración y publicación impresa y en internet de mapas geoturísticos del estado y municipales para indicar características culturales de interés, con énfasis en la valoración de las comunidades de rancheros y pescadores, y los recintos culturales.

• Elaboración y colocación de mapas con recorridos turísticos en distritos históricos.
• Capacitación a guías de turistas urbanos para la atención continua a los visitantes en las capitales de los municipios.

• Elaboración y venta de souvenirs, recuerdos, carteles y catálogos con motivos históricos y contemporáneos de calidad en materiales y diseño, disponibles en tiendas de museo y otros recintos culturales.

• Creación del Festival Internacional de Documentales de Naturaleza y Ser Humano. Asociado a la visita de la ballena gris, este festival permitirá la llegada de visitantes extranjeros que en sus lugares de origen llamarán la atención sobre la riqueza natural y cultural de Baja California Sur y darán a los sudcalifornianos un vínculo con lo mejor de la filmografía del mundo en el género documental.


9. Cultura y espacio público. Finalmente, pero no menos importante, debe considerarse que las propuestas aquí enlistadas son una plataforma para favorecer la expresión, la creatividad y la libertad individual y colectiva del pueblo sudcaliforniano. La valoración de las culturas y las identidades propias de los habitantes del estado implican la inclusión y la unión en la diversidad para la vida en común. En este sentido, es primordial el establecimiento de espacios de reunión, públicos y dignos en pueblos y ciudades. En las calles y parques son necesarios los monumentos referenciales para los ciudadanos, enlazando la historia y las culturas sudcalifornianas con su vida cotidiana. El enlace cívico y el compromiso social de los individuos con su comunidad es esencial. En este sentido ideal de trabajo, la meta final de un plan de desarrollo cultural para Baja California Sur está en la generación de las condiciones objetivas y permanentes para que los sudcalifornianos sean un pueblo próspero de mujeres y hombres libres, creativos, informados, conscientes y participativos en los asuntos públicos, generosos con sus prójimos y ciudadanos provechosos de la nación mexicana.





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Fundamentos legales
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículos 3, 4, 6, 26, 28 y 73.
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur. Artículos 4, 5, 6, 12, 16, 19, 38, 79 y 148.
Ley que crea el Instituto Sudcaliforniano de Cultura.
Ley del Servicio Profesional de Carrera para la Administración Pública Centralizada del Estado de B.C.S.
Manual General de Organización del Instituto Sudcaliforniano de Cultura.
Reglamento Interior del Instituto Sudcaliforniano de Cultura.

Referencias
Sauvage, Alexandra, y Alba E. Gámez (editoras). Usos del patrimonio cultural en Sudcalifornia. Turismo, museos y políticas culturales como herramientas de desarrollo regional, Instituto Sudcaliforniano de Cultura, La Paz, B.C.S. ISBN: 978-607-9314-06-4.

sandinogamez@gmail.com

¿Por dónde comenzar a democratizar al Estado sudcaliforniano?

Sandino Gámez Vázquez

Hasta ahora en Baja California Sur la conducción del Estado se ha dejado en manos de grupos políticos que ocupan no sólo los cargos de elección popular sino que se ven obligados a colocar a sus auxiliares o equipo de campaña en alguna parte de la estructura burocrática. Bajo este sistema ningún gobierno logra tener éxito en su desempeño como resolutor de los problemas que aquejan a la sociedad sudcaliforniana y que se acumulan para desgracia de la generación siguiente. Cada gobierno entonces sólo consigue ser continuador de algunas de las acciones de su predecesor.

Un proceso característico en el cambio de gobierno sucede aproximadamente así: el nuevo grupo retira a todo el personal de confianza, jefes, coordinadores, directores, subsecretarios y secretarios, y coloca un nuevo personal formado enteramente por personas que participaron como auxiliares en la campaña electoral que los llevó al “poder”. El único personal que no puede ser sustituido es el que cuenta con plazas sindicales.

El sindicato de burócratas defiende los intereses de los trabajadores sindicalizados, consigue beneficios, de los cuales algunos son prestaciones legítimas y otros meras prebendas para que la base sindical deje libre a la dirigencia en el manejo de cuotas y negociaciones político-electorales con cada nuevo grupo que desea conquistar el “poder”. El sindicato puede ser fuente de estabilidad o inestabilidad para cualquier grupo nuevo en la conducción del Estado, tanto si tiene buenas o malas intenciones: está dominado por grupos políticos similares a los que dominan los partidos políticos (en ocasiones se comparten) y a los que toman el control de la cabeza del Estado.

¿Cómo puede repararse el Estado para que sirva a los intereses de los sudcalifornianos o para que los gobernantes tengan oportunidad de servir a sus mandatantes?

1. Debe considerarse que el Estado es una estructura administrativa creada por una sociedad para garantizar su buen desarrollo. Los marxistas, quienes han sido los teóricos más agudos sobre el Estado, consideran que el Estado es la fuente de los males de la sociedad. En eso coinciden con los liberales, los neoliberales y los anarquistas. Pero justamente la experiencia del “socialismo real” de la época soviética y el neoliberalismo que le sucedió han mostrado que el Estado es simplemente un instrumento, una herramienta. Puede haber Estados tan complejos como el gobierno de Estados Unidos (E.U.), por ejemplo, o Estados tan simples como un municipio indígena. Aunque los servicios de inteligencia de E.U. trabajen para sostener una influencia imperial de la marca “Estados Unidos” y el alcalde indígena tenga que descuidar su hacienda para resolver fricciones entre un par de vecinos, tanto el imperio estadunidense como un, digamos, caracol zapatista se basan en la aceptación de sus facultades resolutivas como un poder legítimo (o legal) convenido por el ente social.
2. El Estado sudcaliforiano está basado en preceptos muy concretos expresados en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y en una estructura determinada por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur. Si se compara la constitución federal con la estatal, podrá apreciarse que la estatal es un manual de organización del Estado sudcaliforniano. La constitución federal garantiza la soberanía estatal, expresada en que los mexicanos sudcalifornianos conforman un pueblo que tiene bajo su responsabilidad el buen gobierno sobre el territorio que conforma el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur. Cada ciudadana o ciudadano tiene la obligación de atender la cosa pública, el estado de la república y todo aquello que afecte directa o indirectamente a su comunidad en particular y a la nación mexicana de la que forma parte como uno de sus hijos.
3. La nación mexicana es antigua. Está basada en los principios de autodeterminación y solidaridad de los pueblos, vida para la paz y la prosperidad en las comunidades, y para el desarrollo pleno del individuo. Los prinicipios constitucionales de la tercera república contienen los mejores deseos positivos de una humanidad donde la vida y la paz estaban continuamente afectados por la guerra. Los pueblos y sus naciones guerrearon entre sí. En México el robo y la tributación abusiva, la injusticia y la impunidad, la ineficacia y la ineptitud, el contexto histórico, etc., movieron a la guerra civil. ¿Cuál fue el bando ganador? El que logró plasmar los postulados constitucionales. Por eso son tan importantes. Por ellos los gobiernos neoliberales se toman tanto trabajo en animarse a modificarlos. El pacto es sencillo: cada presidente o funcionario de representación popular, senadores, diputados federales y estatales, gobernadores, magistrados, jueces y notarios, presidentes municipales y regidores deben jurar en público. Porque así es posible retirarlos de su encargo cuando no cumplen “guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
4. El Estado sudcaliforniano, como parte integrante del Estado mexicano, está ordenado por la constitución federal en sus aspectos fundamentales, como la división del territorio en municipios libres. Estos municipios o divisiones territoriales están organizados en ayuntamientos. Si el municipio libre es la base de la división política de los Estados Unidos Mexicanos, el ayuntamiento es la base de su sitema político y de gobierno. Mientras que en el resto de los niveles de gobierno los cargos de elección popular se establecen mediante el voto directo y secreto, la elección de los regidores es la única en la que se aplica un voto indirecto y un anonimato de los electores. La base de la corrupcion en el sistema político mexicano, que abarca a los partidos políticos con registro y a los “representantes populares” o delegados del gobierno, comienza en la manera como son electos los regidores: por asignación de cuotas de poder entre grupos políticos, económicos o familiares.
5. En Baja California Sur, hasta la elección de 2015, la elección de los ayuntamientos se realiza mediante un sistema de listas cuya composición es el misterio mejor guardado por los dirigentes partidistas, los notarios y las autoridades electorales. Las listas pueden modificarse en el orden de sus componentes hasta pocas horas antes de la elección, y son cambios que no se comunican a los electores, sino sólo a un notario y a la autoridad electoral.
6. Los regidores son la parte más importante de todo el sistema político mexicano porque deciden sobre los aspectos que tienen la relación más estrecha sobre la vida cotidiana de los ciudadanos o habitantes de un municipio. ¿Por qué su elección está sujeta a principios ocultos de relaciones de poder anónimas en lugar de obedecer a un simple y directo mandato popular?
7. En Baja California Sur es posible modificar la constitución política estatal para obligar al sistema político a que los regidores sean electos de manera directa mediante votación de los ciudadanos residentes en un distrito determinado del municipio. Tal como son electos ahora los regidores carecen de la legitimidad neesaria para desempeñar sus funciones. La votación directa de los regidores necesariamente estimulará una mayor participación de los ciudadanos sudcalifornianos en la cosa pública y generará un nuevo tipo de político de carrera, constreñido al servicio público y a la obediencia a sus mandatantes: sus electores. Véase cómo se desarrolla en la actualidad la relación entre los regidores y los habitantes de un municipio: están aislados de la soberanía pupular y requieren de obedecer al presidente municipal, a los poderes fácticos en el ámbito municipal o, en caso contrario, se cancelan a sí mismos su carrera política. Es muy raro el regidor que consigue obtener una independencia en sus acciones, y la estructura del cabildo tiene el poder de suprimir o aislar cualquier disonancia.
8. Un regidor electo por voto directo en mayoría relativa (e incluso coexistente con una representación proporcional claramente definida) permite que los ciudadanos estén representados en el nivel del Estado que más presente se encuentra en su vida diaria y más define de manera inmediata y mediata su destino. ¿Cómo es posible la existencia de centros comerciales privados en áreas destinadas al desarrollo comunitario, expendios de cerveza en las cercanías de escuelas o unidades habitacionales en zonas onerosas para el interés público? Los regidores de los últimos quince años han demostrado que la ineptitud se puede vender y que la corrupción genera ingresos. El desarrollo urbano en los últimos cinco ayuntamientos ha sido definido como una oportunidad de especular con la tierra, favorecer a grupos económicos y privatizar la propiedad social. Regidores que en su vida han detentado un puesto de responsabilidad social se instalan como decisores elementales de asuntos de importancia crucial para las comunidades. ¿Es que sólo los sabios son aptos para gobernar? No. Pero el sentido común no se encuentra con facilidad en una corporación como los regidores cuando provienen de componendas de grupos políticos o económicos. Una regidora o un regidor que son colocados claramente en su puesto por votación popular estarán obligados a satisfacer en primer término las demandas sociales de sus electores, de su comunidad. Al terminar su servicio sus electores optarán por apoyarlo (si le ven el temple necesario) para que continúe su servicio como diputado, presidente municipal, legislador federal o mandatario estatal. Un sistema directo en la elección de regidores no implica la desaparición absoluta de la corrupción, el cinismo y la hipocresía entre la clase política y la clase gobernante, pero sí permite prever un reclutamiento de elementos suficientes para hacerles frente al interior del Estado.
9. Los propósitos de destrucción del Estado que planean los modelos liberal, neoliberal, marxista y leninista, y anarquista, aunque tienen distintas metas conducen en la práctica a una disminución de la actividad política de los ciudadanos por el simple expediente de la desilusión, la decepción, el hastío y la desesperanza. El Estado es una entidad monolítica y con una fuerza incalculable. El individuo razonando sobre este tipo de Estado rehuye por la abismal diferencia de dimensiones. Pero el Estado está formado por seres humanos y su forma de organización no es incognoscible. En el caso mexicano su base está en el ayuntamiento. Abrir las regidurías a la representación por voto directo y distrital no será el final de un sistema político corrompido, pero sí el principio para el mejoramiento de la vida política, social y económica de los sudcalifornianos.
10. La reorganización de los municipios en distritos edilicios para el voto directo y separado de los regidores, aunque subsista una representación proporcional mediante planilla, es una facultad del Congreso del Estado de Baja California Sur. La clase política, como la clase gobernantes, sin embargo, no estará interesada en realizar cambios sustanciales al sistema político electoral si no se lo imponen sus mandatantes. Ante un cambio tan pequeño como fundamental, ¿quién puede oponerse? El poder soberano reside en el pueblo. Cómo hacer de esta teoría una realidad es el trabajo de cada generación presente.

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El periodismo sudcaliforniano y la minería tóxica

Sandino Gámez

 

Con motivo de un foro informativo sobre los efectos negativos de la minería aurífera a cielo abierto, en su columna “Medios y remedios” el periodista Antonio Ceja publicó el 2 de marzo de 2013 en ‘Colectivo Pericú’ un ejemplo refinado sobre cómo aborda una parte del periodismo político sudcaliforniano los temas del ambientalismo y la minería tóxica. 

Las medias verdades sobre las que está construido su discurso son muy útiles para apreciar la enorme lejanía entre las aspiraciones de los habitantes de Sudcalifornia y este tipo de periodismo y el estilo comunicacional cercano a los proponentes de la minería tóxica. 

Estas mineras basan sus ganancias en el alto valor del oro a nivel transnacional. En general los yacimientos de oro puro han desaparecido y las reservas de oro se establecen y explotan a partir de minerales que contienen disperso un gramo de oro en una tonelada de roca. ¿Es posible que un gramo de oro pueda pagar el trabajo realizado para procesar una tonelada de roca? 

En Baja California Sur hay más de una decena de proyectos de minería a cielo abierto para extracción de oro. Después de que el Estado mexicano aceptó el Tratado de Libre Comercio para América del Norte, se estableció una Ley Minera contraria a los principios de la Constitución de 1917: reservó la tercera parte del territorio nacional para concesiones mineras, eliminó el cobro de derechos (o, bien, estableció unos simbólicos), dio carácter de utilidad pública a la explotación de minerales y le otorgó supremacía ante otras leyes, actividades económicas o formas de tenencia de la tierra. 

Actualmente más del noventa por ciento de las empresas mineras que tienen las concesiones de esta tercera parte del territorio nacional son extranjeras. En Baja California Sur se trata de filiales canadienses de empresas estadunidenses, todas cotizando en la bolsa Wall Street de Nueva York. 

Las concesiones tuvieron permisos de exploración desde la década de 1990. Pero hasta 2007 los proyectos se hicieron presentes. 

El primero fue Paredones Amarillos, previsto para funcionar en la zona de amortiguamiento del área natural protegida de la Sierra de la Laguna, la principal fuente de agua para los municipios de La Paz y Los Cabos. Fue recibido con una espontánea y vigorosa oposición social de cabeños, todosanteños y paceños. Luego de seis años no ha conseguido los permisos ambientales y ha permanecido con una singular estrategia de comunicación basada en el cambio de nombre: Paredones Amarillos > Concordia > Cardones. 

Después ha aparecido La Pitaya, en terrenos cercanos a Paredones Amarillos, y un par más, en Loreto y Mulegé. Es posible saber que existen porque hay asociaciones civiles, como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), que revisan diariamente las solicitudes de permisos ambientales ingresados ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Cuando aparece un nuevo proyecto a consideración de la autoridad ambiental, estas asociaciones  emiten comunicados a los medios y avisan a la población sudcaliforniana. 

Como los proyectos de minería metálica a cielo abierto transforman el paisaje, los ecosistemas y manejan enormes cantidades de sustancias tóxicas cada día, en ninguna parte son bien recibidos por la población que tiene información con tiempo. Así no sólo en Baja California Sur han tenido una negativa efectiva de la población local; en otros estados de la república y otros países latinoamericanos la sociedad civil los ha conseguido detener. 

Sobre esta experiencia, las empresas mineras gastan (¿le llamarán “inversión”?) enormes cantidades de dinero en estrategias de relaciones públicas, como caridad, clientelismo y propaganda. En algunos lugares sobornan a las autoridades locales, coptan a los medios de comunicación, dividen a las comunidades locales y generan violencia.

Por lo común en los países subdesarrollados las empresas mineras no pagan derechos sobre las ganancias. Así, en lugares como Baja California Sur sólo pueden ofrecer plazas de trabajo: “empleo”, le llaman.

A lo largo de los últimos cinco años, en nuestro estado hemos visto una campaña de comunicación de las mineras basada en la creación de empleos, es decir, en que debe permitirse la minería aurífera a cielo abierto porque genera empleos, en un estado con una gran proporción de desempleados. Pero también ha establecido una campaña no pública en la que ha intentado modificar la opinión pública a través de las líneas editoriales de algunos medios impresos y electrónicos, de reporteros, líderes de opinión y columnistas. 

Los lugares comunes de esta campaña son: negar la existencia de la minería tóxica, plantear que los beneficios de esta minería son mayores que los perjuicios, demonizar a los opositores y apostar a la ignorancia del público.

El motivo de la columna del 2 de marzo de 2013 (disponible aquí), es un boletín de prensa de cuatro organizaciones ambientalistas que un día antes realizaron el foro “Minería en México: Un análisis social, económico y legal”. Los ponentes invitados fueron tres: un especialista en los aspectos económicos de la minería, Dr. Gian Carlo Delgado; un activista de San Luis Potosí que explicó los efectos sociales que genera la minería tóxica, el Sr. Sergio Serrano; y un conocedor del ámbito político y legal de esta actividad económica extractiva: Mtro. Francisco López Bárcenas, autor del libro ‘El mineral o la vida: La legislación minera en México’, quien no pudo asistir.

Ceja comienza así su columna: “Nuevamente, los expertos en ecología programaron un evento donde se habló, según ellos, de la minería en el país.” (…) “Era de esperarse, desde luego, que dicho evento fuera sólo uno más para hablar en contra de la actividad minera (…)”. “Era de esperarse”, repite, porque los convocantes “son los mismos de siempre: Niparajá, Agua Vale Más que Oro y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental; todas entidades no gubernamentales férreas y radicales defensoras del medio ambiente.” 

Sólo al seguir leyendo puede uno entender que Antonio Ceja considera la defensa férrea y radical del medio ambiente como algo negativo: “Es tal la cerrazón de estas entidades que los mismos boletines que envían sus voceros caen en la exageración y la carencia de sentido.” Ceja se explica: “Al término de dicho ‘análisis’ minero en México, el boletín (que todavía exigen se publique de inmediato) (sic) muestra en el encabezado lo siguiente: ‘Minería tóxica, un riesgo para BCS: expertos’.”

El uso del término “minería tóxica” es una manera abreviada para referirse a la minería metálica a cielo abierto que utiliza sustancias tóxicas para la prospección, explotación o el procesamiento de minerales de alto valor, como el oro. En el caso particular de los proyectos de minería aurífera para Baja California Sur está explicado minuciosamente por las mismas empresas mineras el uso continuo y masivo de explosivos y cianuro, así como la exposición y difusión al aire libre del compuesto arsénico debido a la remoción del suelo y la trituración de rocas. El titular del boletín del evento de hecho es muy moderado. En una entidad donde los acuíferos son muy escasos, que se practique la minería tóxica sobre, cerca o de manera próxima a las fuentes de agua es un asunto de vida o muerte no sólo para individuos sino para una sociedad entera. 

En un párrafo siguiente el columnista expresa en pocas palabras el dogma actual de los “periodistas” que están a favor (o bien, “que no están en contra”) de la minería tóxica: “Ya se ha dicho hasta el cansancio que la minería es una empresa de riesgo como cualquier otra; que genera contaminación como cualquier otra y que, desde luego, también genera economía para el país y sus habitantes.” 

Es extraño que de manera tan superficial se considere la contaminación del agua que bebemos en nuestros pueblos y ciudades, con arsénico o cianuro, como una contaminación “como cualquier otra”. Y en cuanto a “la economía” parece que el columnista no sabe que la actividad minera, particularmente la que extrae oro, tiene tales características a nivel nacional y a nivel de América Latina que sólo puede considerarse como una forma de tributación de un país hacia corporaciones transnacionales, particularmente estadunidenses. 

A la economía nacional, la minería aporta sólo el 1.1% del Producto Interno Bruto (CAMIMEX, 2009) y el 0.04% de los empleos (es decir, 18,068: INEGI, 2008). Por otra parte, genera 75% de todos los contaminantes descargados al suelo (Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte, 2011).

Es recomendable leer u ojear el libro del Mtro. Bárcenas: ‘El mineral o la vida: La legislación minera en México’ (puede descargarse libremente aquí), para apreciar cómo la Ley Minera entrega prácticamente en su totalidad los beneficios de la actividad (particularmente la extracción y procesamiento de metales preciosos) al poseedor de las concesiones mineras, las cuales en casi todos los casos son empresas transnacionales, y otorga un nulo beneficio a la federación, los estados y municipios de la república. ¿Qué obtendrán los sudcalifornianos de las miles de toneladas de oro producidas? Dicen que 400 empleos durante diez años. Y los desechos tóxicos, claro, y la promesa de restauración de los lugares excavados. 

Si el columnista hubiera acudido al foro se habría enterado que el caso de San Luis Potosí que desdeña como el único tratado ahí “y no la actividad en contexto nacional” es el de la Minera San Xavier, el ejemplo más evidente que los proyectos de minería tóxica son una amenaza porque no respetan las leyes del país, usan métodos mafiosos y menosprecian a los habitantes locales. 

Ceja expone que hay una “terrible manipulación informativa de los opositores a la minería”, pero las evidencias muestran lo contrario: ¿Quién reparte en Baja California Sur un patético cómic anónimo que tiene por objetivo generar desconfianza sobre las ONG ambientalistas y los ciudadanos activistas? ¿Quién tiene más dinero para sostener una campaña propagandística de desgaste a favor de la minería tóxica en los exhibidores de publicidad callejera, los medios impresos y electrónicos? ¿Quién ha generado la división en las comunidades de San Antonio, Los Planes y ejidos cercanos con promesas de dinero? No han sido las ONG ambientalistas. 

“Lo más triste es saber que cuando se trata de intercambiar ideas sobre el asunto de la minería, la parte de los opositores al tema se encierran en su burbuja”. 

Pero ha sido lo contrario. En tres ocasiones se han realizado consultas públicas mediadas por la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en las que opositores y promoventes han expuesto sus argumentos y estudios. Precisamente por ello la autoridad ambiental ha negado la operación de esos proyectos. 

Tan fuerte ha sido la oposición social a la minería tóxica en Baja California Sur que incluso el anterior gobernador, Narciso Agúndez Montaño, negó el cambio de uso de suelo a Paredones Amarillos-Concordia en la comisión estatal forestal, con lo que el proyecto minero quedó detenido. Todos los candidatos a gobernador en la elección de 2005 se manifestaron en campaña contra la minería tóxica. Marcos Covarrubias Villaseñor, Joel Ávila Aguilar y Carlos Mendoza Davis firmaron una carta días antes de esa elección para comprometerse por escrito a que durante su gobierno no aceptarían proyectos económicos que afectaran las fuentes de agua y los ecosistemas del estado. El actual gobierno ha mantenido esta postura de manera pública. Hasta el XIV Ayuntamiento de La Paz, luego de grandes dudas, se decantó en una oposición formal a esta actividad extractiva. El Congreso del Estado también se ha pronunciado en contra aunque sus diputados se han mostrado inactivos en su función aduciendo que la legislación sobre la minería es de atribución federal (¿y la protección al ambiente, la salud y las fuentes de agua?). 

¿Acaso no es un asunto a destacar, en grandes titulares, que en Baja California Sur hay una pública y explícita postura en contra de la minería tóxica por parte de los ayuntamientos de Loreto, La Paz y Los Cabos, el congreso del estado, el gobernador, los secretarios de Turismo y de Desarrollo Social, y cuando menos de un senador? 

“Peor aún”, dice Antonio Ceja para concluir, “sólo se ven los ecologistas cuando les conviene. No se sabe nada de su postura y menos aún una propuesta para mitigar los incendios de los palmares de Todos Santos y del tiradero de llantas que se incendia con frecuencia. Nada han dicho sobre la famosa barda de PEMEX ni mucho menos la grave contaminación que genera la planta de la CFE en Punta Prieta. Tampoco se han manifestado por la contaminación visual y auditiva que aqueja a la ciudad ni han hecho propuestas para el manejo de residuos —basura— para que sean reciclados.” 

Aquí es donde puede uno estar seguro de que Ceja no forma parte de los puestos de empleo generados por las empresas auríferas en la comunidad, sino que llanamente desconoce lo que sucede en Baja California Sur. Los “ecologistas” se han quejado de manera pública, notoria y constante de todo eso que dice.

Ahora bien, ahí donde dice “ecologistas” debe entenderse: sudcalifornianos.

sandinogamezisc@gmail.com

2012, año de la lectura en Baja California Sur

Sandino Gámez Vázquez*

Leer es un derecho humano y constitucional. La lectura permite el acceso directo a las fuentes de la cultura y provee de una parte grande del patrimonio intangible que tiene unida a la nación: la historia y la lengua. Es una historia que nos otorga la noción de un pasado común y nos dota por lo tanto de un presente y un futuro compartidos. Es una lengua que permite abrevar en mil años de conceptos y tradiciones de pensamiento y acción, y sirve de puente hacia las tradiciones de otras lenguas.

Pero también hay un sentido práctico por el cual saber leer es un derecho humano y debe estar garantizado su acceso como una obligación del Estado: nuestra sociedad se basa en la letra escrita para plasmar los derechos sociales fundamentales.

Por sí sola la lectura se hace indispensable en la formación que una comunidad da a sus individuos: porque los hace ciudadanos que pueden conocer su tradición, su historia y sus derechos. ¿Hace mejores ciudadanos la lectura? Visto de una manera positiva sí: porque el conocimiento social adquirido por los lectores refuerza el compromiso con la comunidad y la obligación cívica. Aunque esto no sucede de manera absoluta: tenemos grandes lectores que han sido una desgracia para sus comunidades, para sus países o para el planeta. Así como iletrados, analfabetas y ágrafos que han sido causantes de las mejores cosas que hoy disfrutamos en el mundo.

Por ello la defensa de la lectura como derecho humano y constitucional no versa sobre su “bondad” en un sentido moral o ideal, sino por un sentido práctico y estratégico, para la nación o para el Estado, para la cohesión y prosperidad de nuestras comunidades, y para la convivencia armónica con nuestros contemporáneos.

El Estado, como administrador de la cosa pública, debe garantizar el acceso a la lectura y para ello requiere de instituir una política pública que fundamente los planes, programas y acciones de los tres poderes. Por lo común en nuestro país se confunde esta política pública con la política de gobierno, y se deja en este último la responsabilidad entera de garantizar el derecho. Sin embargo, el poder que hace las leyes y el poder que las interpreta también están obligados. La iniciativa de esta política pública, claro está, puede comenzar a generarse desde una política de gobierno, como está previsto en las leyes.

En el caso mexicano, la actual política de gobierno está contenida en la Ley de Fomento a la Lectura y el Libro, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de julio de 2008. Es un documento que evidencia sus limitantes desde el momento que se coloca de manera única dentro de las “garantías constitucionales de libertad de escribir, editar y publicar libros sobre cualquier materia, propiciando el acceso a la lectura y el libro a toda la población” (artículo tercero). Su propósito original es garantizar los derechos de quienes producen los materiales de lectura; y sólo indirectamente garantiza los derechos de los lectores. No define en momento alguno qué se entiende por lectura en esa normativa y es, en general, una ley declarativa de buenos propósitos y decorativa en sus consecuencias prácticas. Crea un consejo federal de fomento a la lectura y el libro, y obliga a los estados de la federación a hacer lo mismo.

En Baja California Sur, el Gobierno del Estado, presidido por Marcos Covarrubias Villaseñor (2011-2015), basado en esta ley federal instaló en octubre de 2011 el Consejo Estatal de Fomento a la Lectura. El consejo está presidido y técnicamente organizado por la Secretaría de Educación Pública de B.C.S., y se encuentra conformado por diversas secretarías, las direcciones de cultura de los ayuntamientos, diputados locales, representantes del Tribunal Superior de Justicia, representantes del gremio de comunicadores y de los escritores sudcalifornianos.

Por parte, la XIII Legislatura del Congreso del Estado aportó el borrador de una iniciativa de ley estatal de fomento a la lectura, muy similar a la ley federal. Además, significativamente, declaró al año 2012 como año de la lectura en Baja California Sur.

Ha transcurrido más de un año desde que comenzara este proceso de generación de una política de gobierno en materia de lectura en el estado y el avance ha sido sustancial, aunque poco visible: la reflexión sobre la ley, los programas y acciones de fomento a la lectura, y el conocimiento de experiencias distintas generó una toma de conciencia en quienes dirigen los organismos encargados de la política de gobierno sobre las implicaciones del fomento a la lectura y al libro. Por su parte, tanto el Consejo Estatal de Fomento a la Lectura como la Comisión de Asuntos Educativos y de la Juventud del Congreso del Estado han sido receptivos a establecer un planteamiento nuevo y sólido para dar origen a una política de Estado que no se encuentra en la ley federal. Como intentaremos mostrar en entregas siguientes, esta dirección incide benéficamente en el ámbito estructural de la sociedad sudcaliforniana, en lo cultural, la participación política y la productividad económica alrededor de la letra escrita.

En resumen, puede decirse que se cumplió, así sea en lo general, con el propósito del legislativo que decretó a 2012 como año de la lectura en Baja California Sur: comenzó la atención institucional en el tema. Las acciones que se realizaron en este sentido desde el Instituto Sudcaliforniano de Cultura y la Secretaría de Educación Pública tuvieron una utilidad de diagnóstico y ensayo.

Como veremos, este 2013, aunque no lleve un decreto de por medio, será el año del acceso a la lectura. Así quizá el 2014 podría ser el “año del libro” en esta California mexicana, todo depende de cuánta atención dedique ahora la sociedad civil sudcaliforniana, los ayuntamientos y los comunicadores de la iniciativa privada a este propósito de construir ciudadanos conscientes, informados y participativos para el mejoramiento de nuestras comunidades.

*Coordinador de Fomento Editorial del Instituto Sudcaliforniano de Cultura. sandinogamezisc@gmail.com.