Sandino
Gámez
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Con motivo de un foro informativo sobre los efectos
negativos de la minería aurífera a cielo abierto, en su columna “Medios y
remedios” el periodista Antonio Ceja publicó el 2 de marzo de 2013 en ‘Colectivo
Pericú’ un ejemplo refinado sobre cómo aborda una parte del periodismo político
sudcaliforniano los temas del ambientalismo y la minería tóxica.
Las medias verdades sobre las que está construido su
discurso son muy útiles para apreciar la enorme lejanía entre las aspiraciones
de los habitantes de Sudcalifornia y este tipo de periodismo y el estilo
comunicacional cercano a los proponentes de la minería tóxica.
Estas mineras basan sus ganancias en el alto valor del
oro a nivel transnacional. En general los yacimientos de oro puro han
desaparecido y las reservas de oro se establecen y explotan a partir de
minerales que contienen disperso un gramo de oro en una tonelada de roca. ¿Es
posible que un gramo de oro pueda pagar el trabajo realizado para procesar una
tonelada de roca?
En Baja California Sur hay más de una decena de
proyectos de minería a cielo abierto para extracción de oro. Después de que el
Estado mexicano aceptó el Tratado de Libre Comercio para América del Norte, se
estableció una Ley Minera contraria a los principios de la Constitución de
1917: reservó la tercera parte del territorio nacional para concesiones
mineras, eliminó el cobro de derechos (o, bien, estableció unos simbólicos),
dio carácter de utilidad pública a la explotación de minerales y le otorgó
supremacía ante otras leyes, actividades económicas o formas de tenencia de la
tierra.
Actualmente más del noventa por ciento de las empresas
mineras que tienen las concesiones de esta tercera parte del territorio
nacional son extranjeras. En Baja California Sur se trata de filiales
canadienses de empresas estadunidenses, todas cotizando en la bolsa Wall Street
de Nueva York.
Las concesiones tuvieron permisos de exploración desde
la década de 1990. Pero hasta 2007 los proyectos se hicieron presentes.
El primero fue Paredones Amarillos, previsto para
funcionar en la zona de amortiguamiento del área natural protegida de la Sierra
de la Laguna, la principal fuente de agua para los municipios de La Paz y Los
Cabos. Fue recibido con una espontánea y vigorosa oposición social de cabeños,
todosanteños y paceños. Luego de seis años no ha conseguido los permisos
ambientales y ha permanecido con una singular estrategia de comunicación basada
en el cambio de nombre: Paredones Amarillos > Concordia > Cardones.
Después ha aparecido La Pitaya, en terrenos cercanos a
Paredones Amarillos, y un par más, en Loreto y Mulegé. Es posible saber que
existen porque hay asociaciones civiles, como el Centro Mexicano de Derecho
Ambiental (CEMDA), que revisan diariamente las solicitudes de permisos
ambientales ingresados ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARNAT). Cuando aparece un nuevo proyecto a consideración de la
autoridad ambiental, estas asociaciones emiten comunicados a los medios y avisan a la
población sudcaliforniana.
Como los proyectos de minería metálica a cielo abierto
transforman el paisaje, los ecosistemas y manejan enormes cantidades de
sustancias tóxicas cada día, en ninguna parte son bien recibidos por la
población que tiene información con tiempo. Así no sólo en Baja California Sur
han tenido una negativa efectiva de la población local; en otros estados de la
república y otros países latinoamericanos la sociedad civil los ha conseguido
detener.
Sobre esta experiencia, las empresas mineras gastan
(¿le llamarán “inversión”?) enormes cantidades de dinero en estrategias de
relaciones públicas, como caridad, clientelismo y propaganda. En algunos
lugares sobornan a las autoridades locales, coptan a los medios de
comunicación, dividen a las comunidades locales y generan violencia.
Por lo común en los países subdesarrollados las
empresas mineras no pagan derechos sobre las ganancias. Así, en lugares como
Baja California Sur sólo pueden ofrecer plazas de trabajo: “empleo”, le llaman.
A lo largo de los últimos cinco años, en nuestro
estado hemos visto una campaña de comunicación de las mineras basada en la
creación de empleos, es decir, en que debe permitirse la minería aurífera a
cielo abierto porque genera empleos, en un estado con una gran proporción de
desempleados. Pero también ha establecido una campaña no pública en la que ha
intentado modificar la opinión pública a través de las líneas editoriales de
algunos medios impresos y electrónicos, de reporteros, líderes de opinión y
columnistas.
Los lugares comunes de esta campaña son: negar la
existencia de la minería tóxica, plantear que los beneficios de esta minería
son mayores que los perjuicios, demonizar a los opositores y apostar a la
ignorancia del público.
El motivo de la columna del 2 de marzo de 2013
(disponible aquí), es
un boletín de prensa de cuatro organizaciones ambientalistas que un día antes
realizaron el foro “Minería en México: Un análisis social, económico y legal”.
Los ponentes invitados fueron tres: un especialista en los aspectos económicos
de la minería, Dr. Gian Carlo Delgado; un activista de San Luis Potosí que
explicó los efectos sociales que genera la minería tóxica, el Sr. Sergio
Serrano; y un conocedor del ámbito político y legal de esta actividad económica
extractiva: Mtro. Francisco López Bárcenas, autor del libro ‘El mineral o la
vida: La legislación minera en México’, quien no pudo asistir.
Ceja comienza así su columna: “Nuevamente, los
expertos en ecología programaron un evento donde se habló, según ellos, de la
minería en el país.” (…) “Era de esperarse, desde luego, que dicho evento fuera
sólo uno más para hablar en contra de la actividad minera (…)”. “Era de esperarse”,
repite, porque los convocantes “son los mismos de siempre: Niparajá, Agua Vale
Más que Oro y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental; todas entidades no
gubernamentales férreas y radicales defensoras del medio ambiente.”
Sólo al seguir leyendo puede uno entender que Antonio
Ceja considera la defensa férrea y radical del medio ambiente como algo
negativo: “Es tal la cerrazón de estas entidades que los mismos boletines que
envían sus voceros caen en la exageración y la carencia de sentido.” Ceja se
explica: “Al término de dicho ‘análisis’ minero en México, el boletín (que
todavía exigen se publique de inmediato) (sic) muestra en el encabezado lo
siguiente: ‘Minería tóxica, un riesgo para BCS: expertos’.”
El uso del término “minería tóxica” es una manera
abreviada para referirse a la minería metálica a cielo abierto que utiliza
sustancias tóxicas para la prospección, explotación o el procesamiento de
minerales de alto valor, como el oro. En el caso particular de los proyectos de
minería aurífera para Baja California Sur está explicado minuciosamente por las
mismas empresas mineras el uso continuo y masivo de explosivos y cianuro, así como
la exposición y difusión al aire libre del compuesto arsénico debido a la
remoción del suelo y la trituración de rocas. El titular del boletín del evento
de hecho es muy moderado. En una entidad donde los acuíferos son muy escasos,
que se practique la minería tóxica sobre, cerca o de manera próxima a las
fuentes de agua es un asunto de vida o muerte no sólo para individuos sino para
una sociedad entera.
En un párrafo siguiente el columnista expresa en pocas
palabras el dogma actual de los “periodistas” que están a favor (o bien, “que
no están en contra”) de la minería tóxica: “Ya se ha dicho hasta el cansancio
que la minería es una empresa de riesgo como cualquier otra; que genera
contaminación como cualquier otra y que, desde luego, también genera economía
para el país y sus habitantes.”
Es extraño que de manera tan superficial se considere
la contaminación del agua que bebemos en nuestros pueblos y ciudades, con
arsénico o cianuro, como una contaminación “como cualquier otra”. Y en cuanto a
“la economía” parece que el columnista no sabe que la actividad minera,
particularmente la que extrae oro, tiene tales características a nivel nacional
y a nivel de América Latina que sólo puede considerarse como una forma de
tributación de un país hacia corporaciones transnacionales, particularmente
estadunidenses.
A la economía nacional, la
minería aporta sólo el 1.1% del Producto Interno Bruto (CAMIMEX, 2009) y el 0.04%
de los empleos (es decir, 18,068: INEGI, 2008). Por otra parte, genera 75% de todos
los contaminantes descargados al suelo (Comisión para la Cooperación Ambiental
de América del Norte, 2011).
Es recomendable leer u ojear el libro del Mtro.
Bárcenas: ‘El mineral o la vida: La legislación minera en México’ (puede descargarse
libremente aquí), para
apreciar cómo la Ley Minera entrega prácticamente en su totalidad los
beneficios de la actividad (particularmente la extracción y procesamiento de
metales preciosos) al poseedor de las concesiones mineras, las cuales en casi
todos los casos son empresas transnacionales, y otorga un nulo beneficio a la
federación, los estados y municipios de la república. ¿Qué obtendrán los
sudcalifornianos de las miles de toneladas de oro producidas? Dicen que 400
empleos durante diez años. Y los desechos tóxicos, claro, y la promesa de
restauración de los lugares excavados.
Si el columnista hubiera acudido al foro se habría
enterado que el caso de San Luis Potosí que desdeña como el único tratado ahí
“y no la actividad en contexto nacional” es el de la Minera San Xavier, el
ejemplo más evidente que los proyectos de minería tóxica son una amenaza porque
no respetan las leyes del país, usan métodos mafiosos y menosprecian a los
habitantes locales.
Ceja expone que hay una “terrible manipulación
informativa de los opositores a la minería”, pero las evidencias muestran lo
contrario: ¿Quién reparte en Baja California Sur un patético cómic anónimo que
tiene por objetivo generar desconfianza sobre las ONG ambientalistas y los
ciudadanos activistas? ¿Quién tiene más dinero para sostener una campaña
propagandística de desgaste a favor de la minería tóxica en los exhibidores de
publicidad callejera, los medios impresos y electrónicos? ¿Quién ha generado la
división en las comunidades de San Antonio, Los Planes y ejidos cercanos con
promesas de dinero? No han sido las ONG ambientalistas.
“Lo más triste es saber que cuando se trata de
intercambiar ideas sobre el asunto de la minería, la parte de los opositores al
tema se encierran en su burbuja”.
Pero ha sido lo contrario. En tres ocasiones se han
realizado consultas públicas mediadas por la Secretaria de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (SEMARNAT) en las que opositores y promoventes han expuesto
sus argumentos y estudios. Precisamente por ello la autoridad ambiental ha
negado la operación de esos proyectos.
Tan fuerte ha sido la oposición social a la minería
tóxica en Baja California Sur que incluso el anterior gobernador, Narciso Agúndez
Montaño, negó el cambio de uso de suelo a Paredones Amarillos-Concordia en la
comisión estatal forestal, con lo que el proyecto minero quedó detenido. Todos
los candidatos a gobernador en la elección de 2005 se manifestaron en campaña contra
la minería tóxica. Marcos Covarrubias Villaseñor, Joel Ávila Aguilar y Carlos
Mendoza Davis firmaron una carta días antes de esa elección para comprometerse por
escrito a que durante su gobierno no aceptarían proyectos económicos que
afectaran las fuentes de agua y los ecosistemas del estado. El actual gobierno
ha mantenido esta postura de manera pública. Hasta el XIV Ayuntamiento de La
Paz, luego de grandes dudas, se decantó en una oposición formal a esta
actividad extractiva. El Congreso del Estado también se ha pronunciado en
contra aunque sus diputados se han mostrado inactivos en su función aduciendo
que la legislación sobre la minería es de atribución federal (¿y la protección
al ambiente, la salud y las fuentes de agua?).
¿Acaso no es un asunto a destacar, en grandes
titulares, que en Baja California Sur hay una pública y explícita postura en
contra de la minería tóxica por parte de los ayuntamientos de Loreto, La Paz y
Los Cabos, el congreso del estado, el gobernador, los secretarios de Turismo y
de Desarrollo Social, y cuando menos de un senador?
“Peor aún”, dice Antonio Ceja para concluir, “sólo se
ven los ecologistas cuando les conviene. No se sabe nada de su postura y menos aún
una propuesta para mitigar los incendios de los palmares de Todos Santos y del
tiradero de llantas que se incendia con frecuencia. Nada han dicho sobre la
famosa barda de PEMEX ni mucho menos la grave contaminación que genera la
planta de la CFE en Punta Prieta. Tampoco se han manifestado por la
contaminación visual y auditiva que aqueja a la ciudad ni han hecho propuestas
para el manejo de residuos —basura— para que sean reciclados.”
Aquí es donde puede uno estar seguro de que Ceja no
forma parte de los puestos de empleo generados por las empresas auríferas en la
comunidad, sino que llanamente desconoce lo que sucede en Baja California Sur.
Los “ecologistas” se han quejado de manera pública, notoria y constante de todo
eso que dice.
Ahora bien, ahí donde dice “ecologistas” debe
entenderse: sudcalifornianos.
sandinogamezisc@gmail.com
