2024: La Paz mundial es posible

Sandino Gámez

No creo ser el único en pensar el año nuevo como una oportunidad para reflexionar sobre la vida, la vida individual y la vida colectiva. Más allá del límite biológico de mi existencia, de la experiencia de cinco décadas, de la dicha y el dolor contenidos, y el diálogo constante con el pasado y las promesas del futuro: es un privilegio exhalar, producir, sembrar para otros. 

Vivo en un lugar que se llama La Paz por obra de una mente lúcida. Quiero decir: el lugar se llama La Paz. Que yo viva aquí es obra de mi familia: mi madre, mi padre, mi hermana, mi compañera y mis hijos. La Paz se llama así porque una persona excepcional, en una época excepcional y con poderes políticos excepcionales dio este nombre afortunado: La Paz, a un punto geográfico que tenía hasta ese momento un nombre castizo  infausto, donde habían pasado y pasarían todavía después eventos terribles para sus habitantes originarios. Estos llamaban Airapí a este lugar y hoy podemos nombrar con esperanza: La Paz Airapí a este lugar donde tantas personas convivimos, trabajamos, nos educamos y construimos. 

Que La Paz se llame así tiene mucho sentido histórico y es una herramienta útil en el presente: la paz (con minúscula) es el propósito de toda persona buena desde que el mundo es mundo. En una humanidad que ha sufrido y sufre de la violencia constante y de su máxima expresión: la guerra, que el símbolo de la paz se instaure y prospere no es por temor ni indolencia. Todo lo contrario: la paz, la paz mundial, la paz interior, la paz entre individuos, colectivos y naciones es un hermoso destino.

Los mexicanos tenemos un himno nacional que sabemos de memoria aunque es poco reflexionado. Sin duda parecerá que fuerzo mucho su significado cuando me uno a quienes piensan que no es un himno para la guerra sino para la paz. ¿Cómo, si la palabra “guerra” aparece en su estribillo y en todas sus estrofas con excepción de la primera? Precisamente, la clave está en esta su primera estrofa: “Ciña, oh, patria, tus sienes de oliva // de la paz el arcángel divino // que en cielo tu eterno destino // por el dedo de dios se escribió.” El eterno destino de la patria mexicana es la paz. El dios del poeta lo ha escrito en el cielo con su propio dedo. La corona de olivo, el olivo de la paz, la coloca su arcángel-ministro sobre la cabeza de la patria. 

“Si vis pacem para bellum”, si quieres la paz prepárate para la guerra, es uno de los dichos más antiguos en este hemisferio de mundo. En el otro hemisferio incluso pacifistas tan profundos como los taoístas previenen sobre la violencia y el uso de las armas y la guerra: forman parte de la realidad del ser humano; pero son nefastos. El sabio, el guerrero, el noble recurren al uso de la violencia sólo en casos inevitables. Cuando triunfan, lejos de vanagloriarse toman la victoria como quien debe vestir de luto. “La guerra es la paz” es el lema del Gran Hermano de la novela 1984 de George Orwell: quien lea completa esta obra comprenderá por qué es una previsión para la hipocresía y el cinismo de los políticos sin escrúpulos.

Repito, la guerra, la violencia, es una realidad que los filósofos no niegan ni los grandes humanistas y pacifistas eluden considerar. Nuestra historia escrita desde Sócrates y Hillel; desde Tomás Moro, Juana de Asbaje y Voltaire; desde Walter Benjamin, Mahatma Gandhi y Hannah Arendt; en México: desde Joaquín Fernández de Lizardi, Benito Juárez y Lázaro Cárdenas; aquí donde vivo: desde Sebastián Vizcaíno, Manuel Márquez de León y Modesto Rolland Mejía; la acción es evidente, si quieres la paz: lucha por ella. Actúa. Exige. 

La espiral de la historia humana podría resumirse en la historia de la lucha de clases, de la civilización contra la barbarie, de la humanidad contra la deshumanización del prójimo: pero la paz sin duda es destino. Immanuel Kant, el filósofo ilustrado y una de las mayores mentes que ha dado la humanidad moderna lo predijo. Previó la existencia de la Organización de las Naciones Unidas, la Unión Europea y un universo repleto de galaxias que luego los telescopios confirmaron. Profetizó con mucha claridad un futuro de paz perpetua. Pero nada más lejos que la paz de los sepulcros: es la paz y la prosperidad que se asoma en cada niña y niño recién nacido. Sobre la guerra siempre habrá una fuerza más poderosa aunque parezca débil y dúctil como el agua: el amor y su expresión natural, la vida.

Escribo esto mientras caen bombas a lo lejos destruyendo en un instante familias enteras, comunidades, historias. Aquí muy cerca, en mi colonia, desaparecen jóvenes que deberían tener décadas de energía vital para los suyos. Por todas partes se siente y presiente una violencia despiadada que abarca la política, la economía e incluso el tránsito en las calles. Cientos de miles de seres arbóreos se pierden en la ignominia de una suerte de monstruo que avanza sobre todo el mundo contaminando los mares, el cielo y el suelo. La sombra del cambio climático, la guerra entre los pueblos, la violencia del crimen organizado, la enfermedad y la indiferencia parecen una avalancha insalvable. Yo mismo me siento herido en el rostro, los brazos y la espalda mientras intento cubrir a mis hijos con palabras de calor y esperanza. 

Vivimos en La Paz, pero no en la paz. Hasta aquí llega el lamento de quienes pierden a sus seres queridos para siempre entre los escombros, la fosa clandestina y las balas. Hasta aquí llega la violencia física, material y simbólica sobre una mayoría que vive en la desdicha. Leo las noticias mundiales, nacionales y locales mientras curo mis huesos rotos y pongo ungüentos sobre mis tejidos contundidos. Mis sentimientos, mis sentidos, fluyen y oscilan en un equilibrio precario de un conocimiento acumulado en casi medio siglo que no quiere caer en el pesimismo ni la ingenuidad. 

Recuerdo esa figura clásica de la flor en la que coinciden los poetas del Anáhuac y los filósofos escatológicos del viejo mundo: “De la rosa sólo nos queda el nombre”. Recuerdo en específico al poeta y rey Netzahualcóyotl: “¿acaso sólo como a una flor nos tratas?” Porque para todos ellos la flor es bella pero, como dice Sor Juana: “también serás desdichada”. 

Oscilo y sin embargo tengo presente dónde me apoyo. Siento en mí a mi madre y mi padre, mis abuelas y abuelos, mis queridas tías y tíos: cómo lucharon para que llegáramos a este punto. Me es evidente, venimos al mundo a prologar la vida: la flor se convierte en fruto y el fruto en semillas, las semillas en una nueva miríada de seres, flores, frutos y semillas. La vida no es fácil pero es igual a un milagro, una maravilla. 

¿A dónde va mi pensamiento? Me interesa sembrar, construir, unir, crear. Escribo porque entiendo que las líneas pueden ser surcos y las palabras semillas. Las ideas pueden servir de cimientos, columnas, trabes, paredes o techos. La voluntad que expreso: ¿crea algo nuevo? Sé que sólo continúo un muy viejo sendero. Quizá todo lo que hago está destinado a diluirse, destruirse y perderse en el infinito de este pequeñísimo microuniverso que es mi tiempo, la frágil química de mi intelecto, la limitación de mis ojos y mis dedos. Pero quiero decir algo más antes de concluir con ello. 

Contamos los días, meses y años. Hoy decimos que está por comenzar un año nuevo, un ciclo nuevo. Desear lo bueno no es suficiente. La esperanza puede ser dual, como muestra el mito de Prometeo y la caja de Pandora. La dicha, la felicidad, la prosperidad, quizá deban ser pasajeras, efímeras y finitas para ser ciertas. ¿Pero quién duda que estamos hoy, aquí y ahora, vivos, juntos y unidos? Unidas y unidos en un lugar y tiempo. ¿Qué haremos? ¿Qué podemos hacer antes de un nuevo ciclo? ¿Cómo nos preparamos para un futuro cercano o lejano en nuestro universo —pequeño o extenso— que hoy compartimos?

Querida familia, parientes, queridos vecinos, colegas, queridas amigas y amigos, mis estudiantes: estemos, trabajemos juntas y juntos. Si vienen mejores o peores tiempos: ¿acaso no es mejor esta unión que infunde fuerza a nuestros cuerpos y espíritus? 

Infancia es destino. Que nazca en La Paz este 2024 una paz niña que llene el mundo entero con su vida y que de su respiración se alimente todo lo bueno. Luchemos por la vida. Venzamos los falsos finales y apartemos los falsos comienzos. 

Diciembre de 2023

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El centralismo en la asignación de los recursos públicos para "cultura": el caso de Baja California Sur 2021-2022

 Sandino Gámez Vázquez

Ponencia presentada el 28 de enero de 2022 en el Foro por el Arte y la Cultura Los Cabos para el Mundo. Cabo San Lucas, Baja California Sur, México /

 

Hay una enorme legitimidad en convocar a la comunidad artística y cultural de Cabo San Lucas, Los Cabos y Baja California Sur a participar en un foro ciudadano, organizado por ciudadanas y bajo una expectativa de recuperación de la dignidad y el civismo para los gremios y para la sociedad sudcaliforniana.

Que sea un foro realizado físicamente en el extremo sur del estado, en tiempos de pandemia y virtualidad, en la floreciente región de Los Cabos le otorga representatividad a nivel nacional, no sólo entre los municipios sudcalifornianos. Que suceda a cuatro meses del inicio de un gobierno estatal y ayuntamientos surgidos de la elección del 2 de junio de 2021, es además un tiempo adecuado, realista, en el que ya se puede hacer un balance informado y crítico del proceso de transformación social de Baja California Sur y cada uno de sus municipios.

No puede desligarse, en un foro cultural, el aspecto político-electoral reciente. No es posible desligarlo porque, como ha demostrado el presidente de la república y líder del movimiento de transformación nacional Andrés Manuel López Obrador, hay una función profunda de la cultura y el arte en los procesos revolucionarios.

Como evidencia toda historia del arte y la cultura: las corrientes estéticas de ruptura están asociadas por oposición y contraste con las corrientes estéticas precedentes. Pero comúnmente la ruptura estética es una consecuencia de la ruptura en el orden político.

¿Es el movimiento de la cuarta transformación una ruptura en el orden político? Quizá en el nivel nacional así sucede: la legitimidad de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador no sólo se encuentra en el número o proporción de votos con la que fue electo jefe de Estado por seis años. La legitimidad mayor del presidente está en el cumplimiento de la práctica totalidad de sus cien promesas de campaña.

AMLO prometió un plan de transformación nacional desde las instituciones federales en compromisos muy concretos y ha cumplido con honestidad, pese a todas las dificultades que se puedan exhibir. ¿Quién defendería al presidente hoy si en lugar de haber cumplido sus promesas de campaña las hubiera simplemente ignorado, torcido o cumplido sólo en apariencia y no de hecho?

Baja California Sur tiene, desde hace cuatro meses, nueva legislatura, nuevo gobierno estatal y  nuevos ayuntamientos, casi todos llegados por un voto popular que los asoció con AMLO y el movimiento de transformación nacional. ¿Están por realizar un programa, a nivel estatal y municipal, como el que ha prometido y cumplido el presidente AMLO a nivel nacional? Todavía no sabemos, pero el asunto no es ya entre AMLO y la nueva clase gobernante de Baja California Sur, sino entre esta clase gobernante y el pueblo sudcaliforniano.

Creo que todas y todos conocemos cómo el presidente actual de México, el compañero Andrés Manuel López Obrador, decidió que el actual gobernador de Baja California Sur, el compañero Víctor Manuel Castro Cosío, fuera “superdelegado”, como se les decía hasta 2021 a coordinadores de proyectos federales o personas titulares de la Delegación de Bienestar a nivel estatal.

Andrés Manuel López Obrador eligió, como era su facultad y deber, a Víctor Manuel Castro Cosío como su representante personal ante los sudcalifornianos, en cuanto a nivel de gobierno federal se refiere. Pero la gubernatura de Baja California Sur se la dimos quienes votamos por él: el pueblo sudcaliforniano. Muchas y muchos de ustedes saben, además, la historia de la contienda interna para que el actual gobernador fuera nombrado candidato por el partido Movimiento de Renovación Nacional, MORENA.

Puede que algunas y algunos crean que el profe Víctor ganó la contienda interna porque negoció puestos y presupuestos. No, compañeras y compañeros. No se confundan. Ganó porque las mejores mujeres y los mejores hombres de la militancia de MORENA defendieron su precandidatura.

Por esto, doblemente, la persona que actualmente detenta la responsabilidad del poder ejecutivo estatal no le debe el cargo al presidente de la república: se la debe sólo al pueblo de Baja California Sur, a sus votantes directos y a sus compañeras y compañeros de partido que lo llevaron al puesto. Esto mismo sucede con diputadas, diputados, presidentas y presidentes municipales, y regidoras y regidores.

La legitimidad del gobernador Castro y su actual gobierno, como del resto de quienes obtuvieron su cargo por voto popular, está, pues, unida a lo que sucedió en la campaña electoral y el día de la elección. ¿Cómo podría ser de otra forma?

Sin embargo, hemos tenido que dejar para otro momento un análisis más profundo, compañeras y compañeros, sobre el significado de la cuarta transformación en Baja California Sur. El tiempo es breve en estos días y conviene ser doblemente breve para no abusar de la voz de nuestra amiga querida y de la atención de las personas presentes.

Nosotras venimos a escuchar y luego también a compartir un análisis somero sobre las primeras acciones gobierno de Víctor Manuel Castro Cosío para cumplir con dos promesas de campaña muy concretas: aumentar el presupuesto y descentralizar la aplicación de los recursos gubernamentales a “cultura”.

Estas promesas surgieron de un diagnóstico basado en el V Informe de Gobierno de Carlos Mendoza Davis que manifestaba un abandono manifiesto del sector cultural en todo el estado para concentrar los recursos públicos en la construcción del Museo de Arte en la antigua Casa de Gobierno, en el primer cuadro de la capital del estado.

Es decir, la inversión pública en materia cultural se concentró no sólo en la capital del estado sino además sólo en el centro histórico y, específicamente, en un edificio. La decisión para que esto fuera así, además, estuvo centrada en la decisión del gobernador del estado, por motivos familiares: su padre, el primer gobernador constitucional de Baja California Sur, Ángel César Mendoza Arámburo (1975-1981), había dejado como su única promesa incumplida la reconstrucción completa del edificio derribado durante la modernización urbana del jefe político Bonifacio Salinas Leal (1960-1965).

De otra forma, compañeras, si no es por generosas palabras de Ángel César Mendoza Arámburo, expresadas en diversas entrevistas entre los años 2012 y 2014, es posible que ese histórico predio todavía fuera, en gran parte, un baldío que se rentaba como estacionamiento. El gobierno de Carlos Mendoza Davis reportó en su V Informe que destinó cinco millones de pesos para “servicios culturales” y $56 millones para “infraestructura cultural”. Aquellos cinco millones “se aplicaron” en “acciones” en los municipios sudcalifornianos de manera muy significativa: la gran mayoría del recurso público se ejerció en La Paz y Los Cabos, una cantidad mínima en Mulegé y Loreto, y nada en absoluto se destinó a Comondú. Todo esto según el mismo Quinto Informe de Gobierno.

Este centralismo presupuestal del gobierno del estado en los últimos años del sexenio de Carlos Mendoza Davis en el rubro de “cultura” no es único sino que abarca también, por ejemplo, las acciones de pavimentación. Recomiendo asomarse al Sexto Informe de Gobierno, a las tablas de la página 19 del anexo gráfico y estadístico. Las acciones de pavimentación y el número de metros cuadrados están concentrados, cómo no, en La Paz. Mientras que Comondú y Los Cabos tienen un registro de cero acciones y metros cuadrados en diversos años del gobierno de Mendoza Davis.

Nosotras no sabemos ni entendemos este comportamiento de la administración estatal anterior. Pero sí nos parece digno de atención que en rubros tan definidos como cultura y pavimentación el presupuesto se ejerza de tal manera que deja fuera a la gran mayoría de las comunidades del estado. ¿Sucedió esto con otras acciones del gobierno anterior?

Así, lo acontecido en la administración de Carlos Mendoza Davis en materia cultural demuestra lo determinante que el interés y la voluntad personal del gobernador del estado en la aplicación de los recursos públicos. También que existe una inercia histórica en la centralización del presupuesto estatal.

¿Qué sucederá en este nuevo periodo de gobierno en materia de cultura?

Ya existen dos convocatorias del instituto estatal de cultura que pueden señalarse como el primer intento de descentralización y aplicación de los recursos prometidos por el hoy gobernador: Piedritas Pintas y La Cultura nos Une en los Municipios. Sin embargo, al día de hoy, la cantidad presupuestal y el número de proyectos involucrados están muy lejos de representar una diferencia con el gobierno de Carlos Mendoza Davis.

Piedritas Pintas fue una convocatoria en noviembre y diciembre de 2021 para agentes culturales de todos los municipios. Con ella se estrenó la administración “cultural” “estatal”: otorgó 30 apoyos de doce mil pesos cada uno. Es decir, trescientos sesenta mil pesos en total.

La Cultura nos Une en los Municipios, por otra parte, es una convocatoria vigente y establece que se otorgará hasta quinientos mil pesos por municipio a proyectos que no deberán exceder los cincuenta mil pesos de financiamiento solicitado. Como tenemos cinco municipios en Baja California Sur, esto significa que la convocatoria cuenta con dos millones y medio de pesos en total.

Así, tenemos, en número redondos, el ejercicio de 2.86 millones de pesos de inversión pública estatal en materia cultural para proyectos en los municipios: $360 mil en 2021 y $2.5 millones en 2022. ¿Esto es significativo en cuanto a descentralización de las acciones y el presupuesto público estatal en materia de cultura?

Para saberlo, hay que revisar el total del presupuesto de egresos para 2022, aprobado ya por el Congreso del Estado de Baja California Sur: el gobierno del estado de Víctor Manuel Castro Cosío dice que el 1.4 por ciento del presupuesto será para “recreación, cultura y otras manifestaciones sociales”. Esto hace un total de 256 millones de pesos.

Sin embargo, para el Programa Estatal de Cultura, es decir, para el funcionamiento específico del Instituto Sudcaliforniano de Cultura, incluyendo todas sus áreas, edificios y convocatorias, el presupuesto es de 117 millones de pesos para este 2022.

¿Cómo se ejercerá este presupuesto? Dice la ley de egresos para el año 2022 que el “Programa Estatal de Cultura” se divide así:

Dirección General del Instituto Sudcaliforniano de Cultura: $28.6 millones

Fondos Mixtos: $2.7 millones

Casa de la Cultura del Estado “Armando Manríquez Manríquez”: $4.3 millones

Bibliotecas Públicas: $17.3 millones

Museo Regional de Antropología e Historia de B.C.S.: $5 millones

Escuela de Música del Estado: $12 millones

Centro de Artes y Tradiciones Populares de B.C.S.: $708 mil pesos

Coordinación Administrativa y Financiera del ISC: $8 millones

Coordinación de Fomento Editorial: $5.7 millones

Archivo Histórico Pablo L. Martínez: $4.5 millones

Galería de Arte Carlos Olachea: $156 mil pesos

Asesoría Jurídica: $209 mil pesos

Coordinación Técnica: $822 mil pesos

Dirección General del Museo de Arte de B.C.S.: $8 millones

Banda de Música del Estado: $100 mil pesos

Teatro de la Ciudad: $10 millones

Coordinación de Difusión: $4.5 millones

Centro Cultural La Paz: $4.1 millones

 

Hay que decir que la totalidad de las instancias señaladas están en la ciudad de La Paz, y que aún no se ha transparentado cómo se distribuirán estos recursos: qué parte es nómina, gasto corriente, proyectos internos o proyectos externos.

Eso sí, queda claro que la cantidad destinada a Fondos Mixtos es idéntica a lo destinado a la convocatoria de La Cultura nos Une en los Municipios. Antes existía en este fondo un Programa de Desarrollo Cultural Municipal, con aportaciones peso a peso de la federación, estados y municipios. Podemos suponer que La Cultura nos Une en los Municipios es una sustitución de nombre para dicho programa, con financiamiento federal.

Hay mucho más por analizar, por supuesto, porque el Instituto Sudcaliforniano de Cultura no es la única entidad o área del gobierno del estado que maneja recursos públicos para servicios culturales destinados al pueblo de Baja California Sur. Está especialmente un presupuesto para “Servicios Culturales” de la Secretaría de Educación Pública estatal, así como partidas específicas para algún tipo de promoción cultural en la gran mayoría de los organismos públicos descentralizados y en prácticamente todas las secretarías del gobierno estatal.

También hay que considerar lo injusto y excesivo que es dejar toda la responsabilidad de generar un desarrollo cultural en el estado a una entidad sólo porque lleva “cultura” en su nombre, el Instituto Sudcaliforniano de Cultura. El ISC es, en realidad, una entidad que refleja las contradicciones del actual servicio público sudcaliforniano. El poder ejecutivo estatal está entrampado en una centralización histórica de las decisiones  y una falta de desarrollo institucional que se evidencia cada sexenio, con las “innovaciones” que hacen recordar la frase del Eclesiastés: “no hay nada nuevo bajo el sol”, porque son la repetición de proyectos de anteriores décadas o porque son meros cambios de membrete.

No hay duda que una instancia estatal de cultura puede ser un motor de arranque de iniciativas provechosas y útiles si estuviera dirigida a satisfacer las necesidades de las comunidades sudcalifornianas. Iniciativas que pueden transformar para bien las vidas de las comunidades más marginadas del estado, sobre todo cuando es una instancia en la que se deposita el cuidado de los principales bienes patrimoniales históricos, documentales, artísticos e intangibles del pueblo sudcaliforniano.

        Con estos bienes es que es posible generar un orgullo bien sustentado en la riqueza y diversidad cultural e histórica que hay en Sudcalifornia. ¿Pero cómo sucederá algo así si en lugar de la profesionalización del servicio público se sigue "administrando la pobreza" en  una continuidad que recuerda la paradoja marxista de la repetición de la historia?

        Terminamos recordando que en 2019 el gobierno federal aplicó en todo el país, incluyendo Baja California Sur, un Programa de Cultura Comunitaria, que generó un valioso diagnóstico de los agentes culturales en todo el territorio y enseñó un modelo de participación ciudadana que coloca en el centro los intereses de la comunidad y los derechos culturales de los individuos y las sociedades.

La pandemia afectó su aplicación y continuidad, pero ahí están los resultados documentados de manera muy profusa y sistemática: se encuentran disponibles en la Dirección General de Vinculación Cultural de la Secretaría de Cultura federal. Los resultados por sí mismos requieren de más de una revisión profunda: hay información muy detallada sobre los servicios culturales, la percepción social sobre las prácticas culturales y los datos de contacto y características de los principales agentes culturales de todos los estados.*

También existe una investigación académica previa que demuestra la vinculación entre el desarrollo económico y el desarrollo cultural en nuestro estado. Se publicó como libro con el título: ‘Los usos del patrimonio cultural en Sudcalifornia’ y fue realizada por académicas de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. 

¿Y qué decir de todas aquellas personas, como ustedes y nosotras, que hemos revisado, analizado, discutido por escrito el funcionamiento del aparato público y las instituciones culturales de Baja California Sur en las últimas décadas?

No estamos buscando que nos inviten a trabajar. Queremos que se conozca una conclusión evidente a nuestra experiencia: El pueblo sudcaliforniano se ha desarrollado por la educación y la cultura. La mayor parte del tiempo a pesar de gobernantes indiferentes o francamente hostiles a estos temas.

Esperamos sinceramente que el gobierno de Víctor Manuel Castro Cosío venga a darnos la satisfacción de un salto cuantitativo y cualitativo en el desarrollo cultural de las comunidades de Baja California Sur. Pero si esto no ocurre: que estas iniciativas ciudadanas de foros que revisan dicho desarrollo cultural como la presente, aunque nos sean costosas en tiempo, dinero, nervios y esfuerzo, generen año con año la enseñanza necesaria para elegir bien, para presionar bien, para comprender bien, el funcionamiento de la administración pública en el área de cultura, tanto a nivel estatal como municipal y federal.

También esperamos que, sobre la base de ideas generosas como las expresadas por ustedes aquí, la clase política cabeña y la sudcaliforniana en general aprecie la trascendencia, el valor de la inversión en cultura y arte para las comunidades, en particular para dar seguridad espiritual y orgullo a la niñez y juventud sudcaliforniana.

Un abrazo grande y fraterno desde La Paz.

Un agradecimiento enorme a Vicky Güereña por invitarnos, por su voluntad de llamarnos a comenzar una nueva etapa en la vida política y cultural del municipio de Los Cabos y Baja California Sur.

Muchas gracias a todas y todos por su atención.

 

 

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*En el caso de Baja California Sur, la Secretaría de Cultura federal encuestó durante el inicio de este programa en 2019 a más de cinco mil personas en ocho comunidades de los cinco municipios del estado. Esta cantidad es 0.6% de la población del estado, con lo que puede considerarse una muestra muy representativa: incluye poblaciones rurales, comunidades de jornaleros y jóvenes creadores que rara vez o nunca tienen acceso a servicios culturales de las instituciones federal y estatal, e incluso en ocasiones tampoco de las municipales.

Las encuestas incluyen un apartado específico, con cuestionarios más largos, que documentan la práctica y el perfil profesional (o “de agenciamiento”, como se dice en la jerga del documento), de casi trescientas personas dedicadas por profesión o pasión a alguna disciplina artística o promotoría de las artes clásicas o de las populares. A estas personas se les dio el reconocimiento de “agentes culturales”, por su participación activa en la comunidad.

Las encuestas están acompañadas, además de un recuento de las actividades realizadas por los facilitadores de la Secretaría de Cultura federal. Los facilitadores tenían por característica su experiencia como agentes comunitarios y un compromiso social en su trabajo. Esto no sólo fue característico de Baja California Sur sino que fue lo común en todo el país.

Hay mucho más para decir sobre lo útil de toda la información reunida y lo provechosa que fue la experiencia reunida por el Programa de Cultura Comunitaria, repito, no sólo para Baja California Sur. Sin embargo, debido a la pandemia por la covid 19, a partir de 2021 el programa entró en suspenso en casi todos sus componentes, especialmente en el uso de la información reunida para generar políticas culturales dialécticas, policéntricas o, bueno, menos centralistas.

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P.D. De manera reciente el ISC publicó una convocatoria, Iniciemos con arte comunitario en los municipios, para que se realicen talleres artísticos en comunidades rurales de los cinco municipios del estado. Confirma nuestro análisis expuesto arriba. Se trata de 51 "estímulos" de 21 mil pesos  cada uno: un millón de pesos en total, para talleristas que deben trabajar durante seis meses, dos días de la semana, dos horas cada sesión.  En total 96 horas. Todos los gastos del tallerista para dar su taller en la comunidad rural serán cubiertos por sí mismo. No hay seguimiento del método de trabajo sino sólo informes para entregar las ministraciones.  La selección de los ganadores será a criterio de un comité dictaminador conformado por dos "representantes" del ISC, dos de la "comunidad artística" (seleccionados por el ISC) y uno del ayuntamiento respectivo.

 

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Baja California Sur contra la #MineríaTóxica

Sandino Gámez

En 2017 se cumplió una década exacta de la lucha de los sudcalifornianos contra la minería tóxica en las zonas de recarga de sus acuíferos.

En Baja California Sur existen muy pocas fuentes de agua y los proyectos mineros, planeados para la extracción de oro con el uso de millones de toneladas diarias de sustancias tóxicas, precisamente desean colocarse sobre las zonas de recarga de los acuíferos.

La principal, de la que depende la vida cotidiana de tres cuartas partes de la población en el estado, es la Sierra de la Laguna, el único bosque alto de pino-encino en la península al sur del paralelo treinta. Desde 1994 un área natural protegida por decreto federal.

¿Cómo es posible que otorguen concesiones mineras en zonas de recarga del acuífero y especialmente en un área natural protegida con la categoría de Reserva de la Biósfera? Bueno, con ese absurdo que han sufrido innumerables comunidades en México y Latinoamérica es con el que han tenido que enfrentarse los sudcalifornianos desde 2007.

Antes de 2007 ya habían enfrentado la privatización de playas, espacios públicos en ciudades y campos y, sobre todo, la típica mentira oficial de nuestro tiempo en Sudcalifornia: que desde el sector público se va a hacer algo y se termina haciendo lo opuesto.

Durante los años 2001 a 2007 el enemigo social era la codicia de empresarios inmobiliarios, más bien especuladores de bienes raíces, y gobernantes y funcionarios sin escrúpulos, que lastimaron el tejido social diseñando planes de desarrollo urbano para beneficio de los grandes propietarios de predios y las constructoras de vivienda en detrimento de los habitantes actuales de las ciudades de La Paz y Los Cabos.

En esos años de gobiernos surgidos del PRD y el PT hubo tiempo suficiente entre la población para entender que el periodismo estaba controlado y que el discurso político dominante debe comprenderse al revés, no importa la denominación política del gobernante.

Proyectos enormes, que involucraron cambios a la vida cotidiana especialmente de los paceños, como campos de golf, megaplazas comerciales, centrales eléctricas, puentes vehiculares, espectaculares publicitarios y urbanizaciones para extranjeros en la costa, hicieron tangible la total falta de humanidad en los planeadores o tomadores de decisiones.

¿Cómo era posible que “gobiernos de izquierda” fueran precisamente los más depredadores de los bienes públicos de los sudcalifornianos? ¿Esto era el cambio prometido por el fin del partido único en el gobierno?

Hacia 2007 ya se habían ganado las primeras batallas sociales y jurídicas para conservar un área emblemática hoy para los paceños: Balandra, y se avisoraba que los sudcalifornianos, tradicionalmente quietistas, comenzaba a dejar de ver con malos ojos el activismo social.

La llegada de las empresas mineras a Baja California Sur se dio en 2007 con el mismo guión que los “desarrollos turísticos”: venían a traer empleo.

Había una serie de contradicciones, sin embargo. Nosotros nos quejábamos y nos seguimos quejando de que las urbanizaciones costeras sudcalifornianas (i.e. “los desarrollos turísticos”) basen su atractivo en la segregación del territorio a los locales, un abuso de la escasa  disposición de agua en una zona árida y una externalización de los efectos ambientales.

Pero la minería de tajo abierto es aún peor. También utiliza enormes cantidades de agua, pero además explosivos y sustancias tóxicas, y se sostiene en una paradoja: ¿cómo es posible que sea una actividad redituable la obtención de un gramo de oro por tonelada de roca procesada?

La minería aurífera moderna, cuando ya casi no existen yacimientos de oro puro, es una actividad económica que deforesta, destruye el suelo, libera arsénico al aire y tiene un largo historial de accidentes que terminan contaminando los mantos freáticos, esto es, los acuíferos.

Son tantas las ocasiones en que las empresas mineras han recurrido al despojo de las poblaciones habitantes del suelo a ser “explotado” y tantas las veces que se han apoyado en el hostigamiento violento, el crimen y el asesinato para llevar a cabo sus fines que sólo puede considerarse que la minería tóxica es la expoliación hecha sistema.

¿Cómo permitirle la entrada a Baja California Sur?

Los paceños recibieron los casinos en ese tiempo con escepticismo, pero los recibieron. La retórica gubernamental decía que, dada la “vocación turística” de Baja California Sur, los casinos serían un atractivo útil para generar empleos y “derrama” de divisas. Pero los casinos no se establecieron al interior de los “desarrollos turísticos” sino en los centros comerciales de los habitantes locales.

Junto a los casinos se instalaron casas de empeño y, muy poco tiempo después, aumentó en una proporción nunca vista los robos a casa habitación, a automóviles y patios. El consumo de “cristal” o “chuky” se disparó al alza y el estado alcanzó los primeros lugares nacionales por suicidio.

¿Acaso no estábamos listos en 2007 para recibir la mejor de todas las actividades económicas del mundo, la más antigua, la que contaba con mayores raíces en Sudcalifornia, la que más necesitaban nuestros pueblos casi fantasmas, pero otrora prósperos por la minería?

Una decena de concesiones mineras se habían delimitado ya en todo el territorio sudcaliforniano. Pero, organizados como son, parece que las lideraba (y lidera) la más grande, de capital canadiense  en ese entonces (aunque con todas sus acciones en Nueva York), llamada Paredones Amarillos. El “proyecto” se llamaba así por el nombre del sitio a explotar, antaño fuente de pepitas de oro puro, en las faldas de la Sierra de la Laguna, como hemos dicho, la principal fuente de agua de los habitantes de Baja California Sur.

Paredones Amarillos, como buen ‘bróker’ no se requería la paciencia de las inmobiliarias especuladoras del suelo, para colocar a sus agentes en los puestos de gobierno, ayudándolos a escalar los peldaños de la función pública, de uno en uno, o a saltos. La cantidad de recursos a su disposición le permitía simplemente comprarlos.

Así contrató a quien fuera el delegado de la Procuraduría Federal para la Protección del Ambiente para que le resolviera la parte jurídica ambiental y reclutó al más exitoso de los reporteros diaristas de entonces para dirigir la campaña mediática. Así comenzó a cumplir su promesa de generación de empleos: ya llevaba dos.

Con el panorama que estos “agentes locales” le dieron, suponemos, compró de una sola vez todos los medios de comunicación dominantes, impresos y electrónicos, a todos los reporteros de la fuente de política y mostró una abultada cartera para financiar “proyectos políticos”, asociaciones civiles y organizaciones de “trabajadores de la minería”.

Si alguien revisa los periódicos y revistas de esos años, así como grabaciones de noticiarios de radio y televisión local percibirá que siempre daban una nota favorable sobre la “actividad minera” y muy pocas veces nombraban a los opositores: sólo como “agentes de intereses” oscuros, retrógradas o ignorantes.

Se sorprenderá mucho quien haga el seguimiento de esta historia por los medios dominantes. Pues todo en ellos indica que un proyecto como Paredones Amarillos había de “cumplir” con todos los procedimientos legales y comenzar sus actividades inexorablemente, como ha sucedido en todos los estados del país con los proyectos de megaminería.

En Baja California Sur, sin embargo, los paceños, quizá por primera vez sin que los haya convocado un partido político, salieron a la calle ese 2007, en marchas y festivales, cientos de jóvenes divulgaron de boca en boca y mediante volantes impresos una verdad muy sencilla: sólo existe la minería tóxica, ninguna minería está libre de efectos adversos sobre la salud humana o el medio ambiente. El agua vale más que el oro.

A la par, organizaciones de la sociedad civil locales colocaban recursos legales en el ayuntamiento o el gobierno del estado para que la prohibieran, evitaran darle los permisos de cambio de uso de suelo o, de plano, le negaran acceso al uso del agua, principal recurso, junto con el territorio, para este tipo de minería.

Resultó tan sorpresiva esta respuesta activa de los paceños al proyecto minero que la empresa cambió su estrategia a la par que su nombre. De Paredones Amarillos ahora se llamaría:

“Concordia”. Con este nombre salió a pedir una revisión crítica del proyecto y que se le señalaran los cambios necesarios para cumplir “las normas”. Concordia creó una asociación civil “filantrópica” para “apoyar” el desarrollo de las comunidades cercanas a la futura mina.

Nosotros podemos decir que parecía que también estaba buscando los líderes que habían generado la movilización o, cuando menos, el grupo que coordinaba una respuesta tan unívoca entre sectores tan dispersos como trabajadores, empresarios o estudiantes. Detrás de la “Concordia” se estaba generando una típica estrategia de intervención social.

Vimos entonces historietas anónimas de muy cara manufactura con historias para demonizar a los activistas contra la minería tóxica. Vimos un viaje de decenas de “los más influyentes” reporteros y periodistas paceños, todos los gastos pagados, hacia otra mina del consorcio en la sierra de Sonora para mostrar la inocuidad del proyecto minero. Vimos estudios académicos de centros de investigación estatales hechos a modo para justificar la minería aurífera a cielo abierto sobre un acuífero en la zona de amortiguamiento de un área natural protegida federal.

“Concordia” no funcionó. Los “empresarios” canadienses vendieron sus acciones al Grupo México, el más influente consorcio minero en el país pues lo integran televisoras nacionales, periódicos, bancos, casinos, y son sus empleados ciertos jueces, secretarios de estado, senadores y diputados.

El Grupo México cambió el nombre al “proyecto”. Ahora se llama “Los Cardones”. Manchó de inició esta nueva etapa la ominosa compra de la mayoría de los regidores del XIV Ayuntamiento de La Paz que intentaron simular una sesión de cabildo en un domicilio particular para aprobar el cambio de uso de suelo a la minera.

Fallaron también. Por la presión social y la indignación ciudadana.

Todos, juntos, por distintos medios, muy públicos, como pequeños espacios en medios de comunicación masivos, en mítines o reuniones oficiales, comunicamos también, pero a la clase política y gobernante, una resolución sencilla: todo político o servidor público que esté a favor de la minería tóxica está a favor de la contaminación de las fuentes de agua de los sudcalifornianos y, por lo tanto, no merece ser representante social en Sudcalifornia.

Tan fuerte llegó a ser esta resolución pública que todavía hoy la minería tóxica es un tema tabú entre la clase política y muchos medios de comunicación que no se atreven a tratar el tema, ni a favor ni en contra.

(Podemos recordar, por ejemplo, que Marcos Covarrubias Villaseñor y sus contendientes a la gubernatura de Baja California Sur en las elecciones de 2011 tuvieron que comprometerse mediante documentos públicos a no favorecer proyectos mineros en las zonas de recarga de los acuíferos. También Carlos Mendoza Davis, poco después de tomar posesión del cargo de gobernador en septiembre de 2015, pronunció “un rotundo no a la minería tóxica”, en la ceremonia de instalación del XV Ayuntamiento de La Paz.)

La minería es una actividad que la Constitución federal hace de regulación exclusiva por parte de la federación. Pero los ordenamientos territoriales son estatales y municipales. Lo mismo la protección de la salud y el derecho a un medio ambiente sano. Por ello resulta claro que tanto los gobernadores (pese a sus discursos), los presidentes municipales y regidores correspondientes, así como especialmente los legisladores sudcalifornianos han sido omisos en generar la protección jurídica a los acuíferos del estado.

Instrumentos como el Programa de Ordenamiento Ecológico Local de La Paz, el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de La Paz, el Atlas de Riesgo del Municipio de La Paz y muchos otros que ya se han estudiado, redactado, pero no formalizado por cobardía por parte de los actores políticos, ya pudieran estar protegiendo de manera permanente las fuentes de agua, literales fuentes de vida, de los habitantes de Baja California Sur.

Mientras tanto, vale que lo sepan las empresas mineras, nacionales y transnacionales (es algo que ya saben nuestros propios políticos): la población de La Paz y de Baja California Sur seguirá educando a sus generaciones más jóvenes en el conocimiento de la naturaleza y el patrimonio común a todos quienes viven en esta media península. Distinguimos bien entre el discurso y los hechos. Los únicos empleos que queremos y necesitamos son los que mantienen libres de contaminantes los ecosistemas que nos dan agua y alimento.

Celebramos una década de lucha contra la minería tóxica. Comenzamos una segunda. Los sudcalifornianos no se cansan. Más bien, como dice el Cid Campeador en su canto inaugural de la lengua española: “Por necesidad batallo. // Mas ya sobre la silla, // se va ensanchando Castilla // al paso de mi caballo”. Por luchas como ésta los sudcalifornianos han desarrollado su civismo, su participación política y, sobre todo, su justo derecho a vivir en paz y prosperidad en su propia tierra. 

www.defiendelasierra.org

B.C.S.: La renovación democrática desde el municipio libre

Sandino Gámez / 

En Baja California Sur, como en el resto de México, existe una crisis de credibilidad sobre las instituciones públicas, la clase gobernante, los partidos políticos y la misma idea de la democracia.

Esta crisis se refleja no sólo en la baja participación ciudadana en los procesos electorales, sino también la indiferencia de los ciudadanos sobre las acciones de gobierno y el estado de salud de las instituciones, las cuales se han deteriorado profundamente en las últimas décadas.

La misma palabra “política” o “políticos” tiene una connotación comúnmente negativa, al grado de ser asociada directamente con la corrupción, el fraude o el robo de los recursos públicos.

¿Cómo recuperar (o generar) la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y, en especial, en la política y la democracia?

En primer lugar, es necesario garantizar que los representantes populares sean verdaderos representantes. En democracia eso sólo se consigue de manera esencial mediante su elección directa, así como sometiendo sus decisiones de mayor influencia social al escrutinio público.

En México, la Constitución Política federal establece al municipio libre como la base jurídica organizativa territorial de nuestro país. En Baja California Sur, esta estructura básica carece de representación directa de la población en el ayuntamiento, pues el ciudadano sólo tiene acceso a votar por el presidente municipal.

Los regidores, los integrantes el cuerpo colegiado que compone el cabildo y deciden por votación todos los asuntos de competencia municipal y que afectan de manera más directa al ciudadano, se registran en una fórmula que el ciudadano sólo conoce si da vuelta a la boleta para votar al presidente municipal.

Así, tanto los regidores electos carecen de relación con el votante como el ciudadano carece de relación con sus supuestos representantes, quienes una vez instalados en el ayuntamiento deciden asuntos de suma gravedad, como la privatización del espacio público, la administración de los servicios públicos, las licencias de alcoholes o la planeación territorial y urbana.

Una regiduría es el cargo de elección popular que influye de manera más directa e inmediata en el ciudadano, además de ser el primer escalón de un político de carrera. ¿Por qué entonces no tiene una relación directa con los ciudadanos a través del voto?

Hemos visto en Baja California Sur diversos ayuntamientos cuyos regidores han funcionado más como agentes o empleados de empresas privadas o de grupos de interés privado. Sin embargo, dadas las reglas políticas actuales, han actuado con total impunidad, sin contar siquiera con un castigo político por sus acciones.

Así, para renovar la cultura política de nuestro estado, dar representación política a los ciudadanos en el nivel más básico de gobierno y comenzar a cultivar la confianza del ciudadano sudcaliforniano la democracia, proponemos dos reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur:

Uno. Elección directa por mayoría relativa de los regidores mediante subdistritos, en boleta diferente al presidente municipal, conservando la representación proporcional para las primeras minorías.

Dos. Revocación o refrendo del mandato a la mitad del periodo de todos los cargos electos por voto popular en el estado y los municipios, con excepción del gobernador. Esto bajo el principio de que el voto ciudadano es un voto de confianza hacia el cargo electo y que, por lo tanto, el ciudadano debe poder retirarlo en el momento en que la ha perdido.

¿Quién puede estar en contra de estas propuestas para renovar la cultura política de Baja California Sur?

Por supuesto: una parte importante de las cúpulas partidistas (de todas las denominaciones) y los grupos de poder fáctico, político o económico. Lo común es que las regidurías se utilicen como mercancía de cambio para obtener apoyos políticos o económicos.

La revocación o refrendo de mandato es impensable que vaya a ser aceptada con docilidad también desde las cúpulas de los partidos políticos o grupos dominantes: existe la plena certeza en ellos de que el ciudadano debe aceptar que su participación se reduce a ir a votar cada tres años por quienes ellos han decidido que elija.

Así se expresa también esta clase política y gobernante en el sentido de que es una “regla de la democracia representativa” que los cargos electos no tienen por qué cumplir sus promesas de campaña ni preguntar a sus representados en los asuntos que les atañen.

Sin embargo, en Baja California Sur las propuestas de elección por voto directo de los regidores y la revocación o refrendo de mandato son factibles de llevarse a cabo mediante iniciativas ciudadanas gracias a los mecanismos establecidos por una nueva Ley de Participación Ciudadana de Baja California Sur recién promulgada.

Ésta indica que si 1.5 por ciento de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral estatal manifiestan por escrito su apoyo a estas iniciativas, el Congreso del Estado las debe recibir y discutir en su pleno. También la referida ley contiene los mecanismos de plebiscito para la promulgación de leyes o cambios constitucionales, de tal manera que incluso si los diputados estatales se resisten a aplicar estas herramientas tan naturales en una democracia los ciudadanos pueden obligar a su instauración, también, por la vía del voto.

Ninguna de estas medidas es de aplicación sencilla dadas las costumbres, los vicios y la negativa expresa de las cúpulas partidistas, la mayoría de los políticos en cargos electos y, particularmente, los gobernantes actuales de Baja California Sur, pues son renuentes a abandonar el monopolio del poder público.

Pero los ciudadanos sudcalifornianos tienen que considerar, especialmente en la crisis actual que vive su estado, si están dispuestos a quedarse cruzados de brazos viendo el deterioro o la destrucción completa de sus instituciones de gobierno, los servicios públicos y la credibilidad de la democracia electoral.

Aquí conviene que el ciudadano sudcaliforniano recuerde las palabras del sabio Hillel, aunque hayan sido acuñadas hace dos mil años en el distante país de Palestina: “Si no somos nosotros, ¿quién? Y si no es ahora, ¿cuándo?